Al abordar el tema de “integridad y prevención” se establecen también nuevas cláusulas que deberán cumplir todos los ministerios y dependencias públicas de la órbita del Poder Ejecutivo para el empleo público, la prevención de conflicto de intereses y la ética pública.
En tanto, la parte vinculada con “investigación y sanción”, determina un régimen de auditorías internas más complejo, un sistema de seguimiento de maniobras que puedan potencialmente ser lavado de dinero, el esquema de recupero de activos en el marco de hechos de corrupción, y un régimen disciplinario con esquema de denuncias y delaciones para que los funcionarios puedan denunciar sus pares bajo un esquema de protección especial.