El Gobierno lanzó por decreto un plan de lucha contra la corrupción

El Gobierno formalizó este jueves el Plan Nacional Anticorrupción, que establece una serie de lineamientos orientados a garantizar mayor transparencia en el Gobierno, así como la prevención, investigación y sanción de infracciones.

El programa fue oficializado a través del decreto 258/2019, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y comprende el período 2019-2023, lo que significa que regulará la gestión del próximo gobierno. 

En concreto, el plan recolecta “más de 250  iniciativas transversales y sectoriales paraconsolidar y profundizar el camino de la transparencia, la integridad, el fortalecimiento institucional y la rendición de cuentas“.

Entre ellas, enumera, se encuentran “mecanismos para mejorar la transparencia y eficiencia de las contrataciones públicas – con especial énfasis en la obra pública -, diversas plataformas para asegurar el acceso de la ciudadanía a información pública o la implementación de una plataforma uniforme para la rendición de cuentas de transferencias, becas y subsidios”.

La normativa destaca a su vez la decisión por parte de la Oficina Anticorrupción de llevar adelante una consulta pública, que estuvo abierta desde agosto del año pasado y donde 24 participantes de la sociedad civil que llevaron 18 propuestas. Entre ellas se abordaron temas como el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, la integridad en el sector privado, la educación en ética a nivel escolar, entre otras.

Para cada una de ellas contempla plazos de ejecución y la creación de un Consejo Asesor de a cargo hacer el seguimiento de su implementación, para cuya conformación podrá convocar a “organizaciones de sociedad civil, del sector privado y a expertos de reconocida trayectoria”.

“Complementariamente, se creará un mecanismo de seguimiento público, que será diseñado en el marco de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto”, indica el decreto, que además indica que la iniciativa toma como faro las convenciones sancionadas a tales fines por organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la OCDE.

“El cumplimiento de estas convenciones no solo constituye un mandato de derecho interno, sino que además es una obligación internacional de la que deriva la correlativa responsabilidad y a cuya observancia queda subordinada la reputación del país en la comunidad internacional”, resalta el texto que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Con respecto al primero de los tres ejes centrales, el de “transparencia y gobierno abierto”, el decreto dispone medidas destinadas a agilizar el acceso a la información pública, la asignación de transferencias, becas y subsidios más transparentes, un esquema de compras y contrataciones mucho más riguroso que el actual y mecanismos de transparencia fiscal, presupuestaria e inspecciones más exhaustivas.