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El Gobierno lanzó por decreto un plan de lucha contra la corrupción

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El Gobierno formalizó este jueves el Plan Nacional Anticorrupción, que establece una serie de lineamientos orientados a garantizar mayor transparencia en el Gobierno, así como la prevención, investigación y sanción de infracciones.

El programa fue oficializado a través del decreto 258/2019, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y comprende el período 2019-2023, lo que significa que regulará la gestión del próximo gobierno. 

En concreto, el plan recolecta “más de 250  iniciativas transversales y sectoriales paraconsolidar y profundizar el camino de la transparencia, la integridad, el fortalecimiento institucional y la rendición de cuentas“.

Entre ellas, enumera, se encuentran “mecanismos para mejorar la transparencia y eficiencia de las contrataciones públicas – con especial énfasis en la obra pública -, diversas plataformas para asegurar el acceso de la ciudadanía a información pública o la implementación de una plataforma uniforme para la rendición de cuentas de transferencias, becas y subsidios”.

La normativa destaca a su vez la decisión por parte de la Oficina Anticorrupción de llevar adelante una consulta pública, que estuvo abierta desde agosto del año pasado y donde 24 participantes de la sociedad civil que llevaron 18 propuestas. Entre ellas se abordaron temas como el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, la integridad en el sector privado, la educación en ética a nivel escolar, entre otras.

La titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso (Gustavo Gavotti)

La titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso (Gustavo Gavotti)

Para cada una de ellas contempla plazos de ejecución y la creación de un Consejo Asesor de a cargo hacer el seguimiento de su implementación, para cuya conformación podrá convocar a “organizaciones de sociedad civil, del sector privado y a expertos de reconocida trayectoria”.

“Complementariamente, se creará un mecanismo de seguimiento público, que será diseñado en el marco de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto”, indica el decreto, que además indica que la iniciativa toma como faro las convenciones sancionadas a tales fines por organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la OCDE.

“El cumplimiento de estas convenciones no solo constituye un mandato de derecho interno, sino que además es una obligación internacional de la que deriva la correlativa responsabilidad y a cuya observancia queda subordinada la reputación del país en la comunidad internacional”, resalta el texto que lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Con respecto al primero de los tres ejes centrales, el de “transparencia y gobierno abierto”, el decreto dispone medidas destinadas a agilizar el acceso a la información pública, la asignación de transferencias, becas y subsidios más transparentes, un esquema de compras y contrataciones mucho más riguroso que el actual y mecanismos de transparencia fiscal, presupuestaria e inspecciones más exhaustivas.

Al abordar el tema de “integridad y prevención” se establecen también nuevas cláusulas que deberán cumplir todos los ministerios y dependencias públicas de la órbita del Poder Ejecutivo para el empleo público, la prevención de conflicto de intereses y la ética pública.

En tanto, la parte vinculada con “investigación y sanción”, determina un régimen de auditorías internas más complejo, un sistema de seguimiento de maniobras que puedan potencialmente ser lavado de dinero, el esquema de recupero de activos en el marco de hechos de corrupción, y un régimen disciplinario con esquema de denuncias y delaciones para que los funcionarios puedan denunciar sus pares bajo un esquema de protección especial.

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Politica

Angela Merkel le pidió a Alberto Fernández “una clara señal política” para que la Argentina recupere la confianza de los mercados

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En su participación grabada para la 26° Conferencia Industrial Argentina, la canciller alemana ratificó el apoyo de su país al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

En su participación en la 26° Conferencia Industrial Argentina, la canciller de Alemania, Angela Merkel, le pidió al Presidente Alberto Fernández que la Argentina “lance una clara señal política” destinada a recuperar la confianza de sus acreedores internacionales para de ese modo cumplir el acuerdo cerrado en septiembre. Asimismo, Merkel reafirmó claramente la posición de su país en favor del Acuerdo Unión Europea – Mercosur y convocó a la Argentina a defender los aspectos ambientales de esa alianza.

“Argentina es un socio muy apreciado por Alemania, tanto en el G-20 como a nivel bilateral”, señaló Merkel en el comienzo de su mensaje grabado para la jornada de cierre de la Conferencia organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA), cuyo discurso final estuvo a cargo del presidente argentino.

“Las relaciones que cultivamos son polifacéticas, algo que usted, Presidente, recalcó de manera particular en su visita a Alemania a principios de año. En aquel encuentro, aún no podíamos imaginar que, poco después, la pandemia de la Covid-19 nos enfrentaría en Argentina, en Alemania y en todo el mundo a un gran desafío, también en lo económico”, agregó la canciller alemana.

Lejos de dar un discurso protocolar, la mandataria dio su parecer sobre la economía argentina y la relación del país con los mercados internacionales, luego del proceso de reestructuración de su deuda pública. Merkel señaló que la pandemia “azota la Argentina en una situación económica ya de por sí muy tensa”.

“Ahora, es verdaderamente importante recuperar la confianza con los acreedores internacionales y de los actores del mercado. Lo cual, naturalmente, requiere que la Argentina lance una clara señal política, que el acuerdo pueda llevarse a la práctica tal como se pretende”, afirmó Merkel.

“Como socios económicos, compartimos también nuestras experiencias, ya sea en materia de formación profesional dual o en los campos de la innovación y la digitalización”, agregó.

El mensaje de Merkel, cuyo mensaje fue transmitido en forma previa al arribo del Presidente a la fábrica de Cervecería Quilmes que fue sede del evento, enfatizó que a la Argentina y a Alemania están unidas por muchas convicciones. Y en ese sentido, señaló: “Consideramos que el libre comercio es esencial para la economía mundial. Por esta razón, abogamos por un sistema multilateral de comercio moderno con normas comunes. Asimismo, nos mostramos abiertos a acuerdos comerciales bilaterales y regionales”.

La referencia al comercio internacional dio pie a una referencia a uno de los temas centrales en la agenda diplomática: el avance del acuerdo Unión Europea – Mercosur, firmado en 2018 y que debe contar con la ratificación parlamentaria de cada uno de los países que integran ambos bloques.

Alemania también comparte el espíritu y la intención del acuerdo comercial Unión Europea – Mercosur, incluidas sus normas de sostenibilidad. Sin embargo, particularmente los acontecimientos acaecidos en la actualidad en la región del Amazonas cuestionan seriamente que el acuerdo pueda llevarse a la práctica tal como se pretende. Esta cuestión requiere un respuesta. En este contexto, unámonos en defensa de la selva tropical”

En la conclusión de su mensaje a FernándezMerkel señaló: “Se lo aseguro: deseamos que la cooperación con Argentina sea estrecha. Y también abogamos por ello en el seno de la Unión Europea”.

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Causa Ciccone: Amado Boudou espera que lo autoricen a continuar la condena en su nueva casa

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El ex vicepresidente tiene prisión domiciliaria desde abril. Durante la pandemia logró mudarse, pero no pidió permiso para salir a la calle. La Corte Suprema confirmará hoy todas las condenas

Boudou ya no será inocente por el caso Ciccone. La Corte Suprema tiene previsto rechazar todos los recursos presentados por los condenados en ese caso. De esa manera, quedarán firmes las condenas para el ex vicepresidente, su amigo José María Nuñez Carmona, Nicolás Ciccone, y el resto de los acusados. En el caso de Boudou, son 5 años y 10 meses de prisión. Ya pasó por la cárcel tres veces y desde abril sigue cumpliendo la pena desde su domicilio.

El ex vicepresidente se enteró de los primeros rumores ayer por la mañana, por un llamado de su amigo, José María Nuñez Carmona, que venía siguiendo el trámite del expediente por las vocalías de la Corte Suprema y notó una repentina aceleración en los últimos diez días. La primera reacción fue en tono político. “Esto es un mensaje para alguien”, dijeron en su entorno. Esa misma fuente sospecha que el fallo de la Corte tiene un hilo conductor con la resolución de la Cámara de Casación sobre la ley del arrepentido y otros fallos que surgen desde la Justicia.

Otras fuentes cercanas a Boudou relativizan las motivaciones políticas del fallo. “Amado estaba en la fila y le tocó, al Gobierno no le preocupaba su suerte. Si se confirma la condena es porque nadie estaba pidiendo por él”, graficó un allegado del ex vicepresidente, que nunca tuvo relación con el actual presidente Alberto Fernández.

Boudou no habló ayer en público: quiere esperar la “letra fina” del fallo de la Corte Suprema, anticipado ayer por Infobae. Sus abogados defensores no prepararon ninguna presentación judicial, al menos para las próximas horas. Con la confirmación de las condenas, el trámite quedará en manos del juez de ejecución, Daniel Obligado, quien le otorgó la domiciliaria en abril por la emergencia sanitaria.

“Las circunstancias no se modifican por el fallo de la Corte. Ellos no tienen nadie que los ayude con sus hijos, los padres de su mujer viven en México y Amado perdió a sus padres durante la cuarentena”, respondieron desde el entorno de Boudou para justificar que debería seguir con la prisión domiciliaria.

(Foto: Franco Fafasuli)(Foto: Franco Fafasuli)

Boudou ya estuvo detenido tres veces. La primera vez fue el 3 de noviembre de 2017, cuando la Prefectura lo sorprendió en su departamento de Puerto Madero con una orden del juez Ariel Lijo. Luego volvió a la cárcel en agosto de 2018, tras la condena del Tribunal Oral Federal 4 por el caso Ciccone. Ese período se extendió hasta el 11 de diciembre de ese año, cuando ese mismo tribunal, con otra composición, decidió otorgarle la excarcelación tras el pago de 1 millón de pesos y la colocación de una tobillera electrónica con GPS. Su tercer paso por el complejo penitenciario de Ezeiza arrancó el 18 de febrero del año pasado, luego de un fallo de la Cámara de Casación que decidió revocar su excarcelación.

El ex vicepresidente está cumpliendo con arresto domiciliario desde abril. Comenzó en un departamento del barrio de Barracas y luego pidió permiso para mudarse a una casa, confirmó a Infobae una fuente de su defensa.

La mudanza fue su única salida al exterior. Durante la pandemia su vida se concentró en su dos hijos mellizos. También dedica buena parte del tiempo a estudiar historia y francés. “Siempre fue una máquina de leer y con esta situación mucho más”, contó alguien del entorno.

Su socio, Nuñez Carmona, también decidió concentrase en el estudio. En el verano, según pudo saber Infobae, retomará la carrera de Derecho en la UADE. Su objetivo es recibirse a mediados de 2021.Con ese título, descontaría cuatro meses a la condena de 5 años y 6 meses, aunque ya suma unos 30 meses entre todas las detenciones.

Núñez Carmona también obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria: desde agosto pasa sus días en un departamento de Mar del Plata, donde vive junto a su mamá de 93 años. Solo salió a la calle para visitar médicos. Siempre con una orden judicial y monitoreado por la pulsera electrónica.

Por el caso Ciccone también fueron condenados el empresario Nicolás Ciccone, que cumple con prisión domiciliaria desde hace más de dos años, el arrepentido Alejandro Vandenbroele (el único que no apeló), Rafael Resnick Brenner (ex funcionario de la AFIP), y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri.

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La movilidad jubilatoria comenzará a debatirse hoy en el Senado

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La reunión se realizará desde las 14 y está previsto que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y la directora ejecutiva de ANSES, María Fernanda Raverta, expongan a través de videoconferencia ante los legisladores.

El proyecto de ley que modifica el índice de movilidad jubilatoria, enviado por el Poder Ejecutivo al Senado, comenzará a ser debatido hoy durante un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, se informó oficialmente.

La reunión se realizará desde las 14 y está previsto que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y la directora ejecutiva de ANSES, María Fernanda Raverta, expongan a través de videoconferencia ante los legisladores.

El proyecto de ley, enviado la semana pasada al Congreso, “propicia una nueva fórmula de movilidad de las prestaciones, mediante la sustitución del artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificaciones cuya aplicación se encuentra suspendida por el artículo 55 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia”.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo modifica el índice de movilidad jubilatoria, elaborado en base al trabajo de una comisión mixta, y comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.

El proyecto contempla un aumento semestral mediante una fórmula que combina los índices de evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%), vigente durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

El texto fue elaborado en base a la propuesta de 131 páginas elevada por esa comisión, creada a partir de la Ley 27.541 de Solidaridad Social e integrada por 17 miembros -legisladores del oficialismo y de la oposición y funcionarios nacionales-, cuya labor constó de 17 reuniones en las que se recibieron a 24 expositores.

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