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Violencia en el Hospital Tornú: “Gorda de mierda, a vos no te toco ni con un palo”

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“Pacto de caballeros” en el sistema de salud

La escena parece irreal: un médico que atropella a una doctora y en lugar de disculparse, la insulta a los gritos adelante de un jefe de guardia que no sólo no interviene sino que pretende castigarla. Poco después, a la médica no le renuevan su contrato en el sistema de salud de la Ciudad. SOY entrevistó a la doctora María Laura Díaz, que no solo cuenta su historia sino que destapa una serie de discriminaciones intrahospitalarias.

El médico de guardia entró pechando con el hombro de manera muy violenta a la médica residente. Fue en el estar del servicio de terapia intensiva del hospital Tornú. El médico tenía suficiente espacio para pasar, pero eligió el cuerpo a cuerpo. “Podría pedirme permiso”, le señaló la jefa de residentes, María Laura Díaz. Cuando salió del cuarto, el médico volvió a hacerle lo mismo, pero desde atrás, muy deliberadamente. María Laura volvió a encontrarlo en la zona de guardia conversando con el jefe de terapia intensiva y se quejó por el maltrato recibido. La respuesta fue, a los gritos, “gorda de mierda, a vos no te toco ni con un palo”.

Ocurrió el 3 de agosto, en plena pandemia. El jefe de servicio no dijo nada. Desde afuera escuchaban todo, una jefa de infectología del hospital, junto con dos testigos más. La médica residente le respondió al violento “lo voy a denunciar por violencia de género”. La respuesta fue despreciativa: “Señora, señora, usted no me puede hacer nada porque soy abogado”, mientras levantaba la mano, en señal de amenaza. Finalmente, pocos días después de este hecho a María Laura se enteró de que la habían dejado fuera de sistema de Salud de la Ciudad.

Le pedimos disculpas a María Laura Díaz por reproducir en el título de esta nota una frase que al leer la revictimiza. Pero es indispensable que se conozca con exactitud la violencia que padecen muches trabajadores de la salud y se esconde tras los “pactos de caballleros” de ambo blanco. El 5 de abril de 2019 Soy entrevistó a Samanta Malaherre, instrumentadora quirúrgica del Hospital Udaondo, que logró que la Justicia obligue a 2  cirujanos, que la hostigaban al grito de “torta” y le impedían trabajar, a hacer un curso de la Subsecretaría de Derechos Humanos. A la denuncia de Samanta se suma ahora la de María Laura Díaz por violencia de género, en el hospital Tornú. María Laura tiene 34 años y es chaqueña.

GORDOS, TRAVAS Y BOLIVIANOS

¿Cómo dirías, por tu experiencia, es el trato en el sistema médico de CABA hacia los cuerpos no hegemónicos, los que no son como Barbie y Ken?

El ámbito municipal, entre los médicos, es bastante violento con el aspecto físico. Y esa violencia es jerárquica, de arriba hacia abajo. En tiempos de covid usamos el ambo quirúrgico y son muy comunes los comentarios “a vos te queda muy ajustado”. También hay mucha xenofobia, es muy común escuchar “son todos bolivianos”. Lo dicen por detrás, no se lo dicen en la cara a los médicos extranjeros. También ocurre cuando ingresa un paciente trans, el trato suele ser discriminatorio. Durante mi carrera no vi eso, no es algo que ocurra en la facultad o entre los residentes.

¿Cómo era tu relación con el médico de guardia que te maltrató?

Desde que lo conocí tuvimos poco trato, porque suele hacer comentarios malintencionados. Nunca vi a otro médico maltratar tanto a las enfermeras. Son muy odiosos sus comentarios sobre el aspecto físico de los demás.

¿El jefe de servicio te defendió de la agresión?

No, al contrario. Aquel día mi residente me trajo a casa media hora antes de mi horario, porque me sentí muy mal. Pensé que se iba a disculpar por no haber intervenido. Pero no, llamó para amenazarme con hacerme una nota y echarme por abandono de pacientes, por haberme ido media hora antes. Me dijo que la terapia intensiva me quedaba grande y que él no vio nada de lo que estoy denunciando. En Fiscalía están las capturas de pantalla con los horarios de sus llamadas amenazantes, por si es necesario que entren en el expediente. Al día siguiente yo tenía una guardia paga en terapia intermedia, conté lo que me pasó y me dijeron que no podía volver con mi jefe. Me llamaron a la subdirección y me indicaron que cumpliera horario en terapia intermedia hasta que se investigue lo ocurrido. Cosa que nunca se hizo. Mi jefe me fue a buscar violentamente. Volvió a intervenir la subdirectora. Después empezó a mandarme mensajes de manera indirecta a través de enfermeros.

¿Podés decir los nombres de estos médicos?

Sí, porque están hechas las denuncias no solo en la dirección del hospital sino también ante el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Trabajo y el Inadi. El médico de guardia que me agredió es Claudio Garabedian. Y el jefe del servicio es Marcelino Laureano Linares.

EL HOSPITAL POR DENTRO

¿Por qué elegiste el Tornú para hacer la residencia?

Porque cuando estudiaba tuvimos muchas rotaciones en ese hospital y me gustaba el trato entre médicos y hacia los pacientes en el servicio de clínica médica. No conocía la unidad de terapia intensiva. Estudié en la Fundación Barceló. En la facultad no hay rotación por terapia intensiva ni por emergentología. Son especialidades que se eligen poco porque exigen mucho sacrificio y están mal pagas.

¿En qué año ingresaste a terapia?

Fue en 2017. La residencia consta de 4 años. El primero se cursa en clínica médica. Allí se trabaja muy bien en el Tornú, todos los residentes están supervisados. En segundo pasé a terapia intensiva. No había otros residentes ni jefe de residentes. Elegí la especialidad porque el anterior jefe del servicio le daba importancia a la formación de nuevos terapistas y de allí salieron muy buenos residentes. Con el cambio del jefe de servicio, todo eso se desplomó.

¿O sea que te formaste con este nuevo jefe de servicio? El que estuvo presente cuando el médico de guardia te agredió verbalmente.

La terapia del Tornú funciona así: está el jefe de servicio y debería haber médicos de planta que lleven el seguimiento de los pacientes todos los días (esto no se cumple). Y médicos de guardia, a razón de 2 por día. Estos médicos cobran por 24 horas, pero nadie permanece tanto tiempo en el servicio. No se hacen cargo de los residentes. Yo no sabía ni intubar ni poner una vía básica. Por suerte me enseñaron una médica de guardia (es muy tímida, no le va a gustar que la nombre) y el ex médico de guardia de los lunes, que regresó a su país, Bolivia. Es otro problema que hay con esta especialidad. Los residentes de terapia extranjeros vuelven a su país de origen porque en Argentina está muy mal pago este trabajo.

¿Cuánto cobrás?

Alrededor de 48 mil pesos por trabajar de lunes a viernes de 8 a 17, más las guardias. Una trata de quedarse con guardias para sumar ingresos. Pero en este servicio es imposible. El jefe cobra la guardia, se va y se queda un residente. Por lo general, un jefe de servicio quiere retener a sus residentes, pero no es el caso en la terapia intensiva del Tornú.

Y el residente que queda solo, ¿sabe qué hacer con los pacientes?

Yo tuve la suerte de tener a esa médica y ese médico que me enseñaron lo básico, pero los chicos que vinieron después, no. En los otros servicios, cuando el paciente está muy crítico, tiene que contar con la terapia intensiva. Se supone que debe haber gente capacitada. Me autogestioné muchos cursos en estos años, pero como residente de primero y de segundo no estaba preparada para resolver muchas cosas.

¿Y cómo es la mortalidad del servicio en esas condiciones?

Intenté hacerme cargo de llevar un score con estadística. Pero el jefe de servicio me dijo: “Laura, vos estás calculando mal los scores. La mortalidad está dando demasiado alto. Dejá que la calculo yo”.

¿Cómo manejan estas situaciones en la terapia intensiva en tiempos de covid? ¿Quiénes te ayudan a cambiarte? ¿Qué hacen los demás médicos?

Nos ayudamos entre residentes y enfermeros. Los médicos no entran a ver pacientes. Excepto el del miércoles, que es el único que cumple sus 24 horas de turno. Y la médica de los jueves, que también ve pacientes, porque le interesa mucho la parte asistencial de la terapia. El jefe del servicio entraba a ver pacientes antes del covid. Desde que empezó la pandemia, los mira desde afuera. En un momento dije “esto es un desastre”. Los residentes nos vamos a las 17 y si un paciente precisa ser intubado a las 19, hay que esperar al otro día. Peleamos para que los médicos de guardia vayan y hagan su trabajo.

¿La dirección del hospital no hizo nada?

Desde el 12 de agosto, no hay respuesta. El director se llamó a silencio. Ese día quisieron que ingresara sola a una entrevista con el director, Luis Castañiza, y la abogada del hospital, cuando la Ley Micaela indica que la víctima de violencia debe estar acompañada. Ese día me iban a acompañar el presidente de la Gremial del hospital y también desde el Comité de Prevención de las Violencias del Tornú. Desde la Dirección General Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dijeron que “en pandemia queda mal cerrar la residencia de terapia intensiva” del Tornú. Al comienzo estaban orientados a cerrarla, después dijeron que no tenían capacidad para hacerlo y le pasaron la pelota al director. Pero que siga en estas condiciones… Nuestros reclamos son acompañados por las asambleas de residentes y concurrentes del Tornú y de CABA, la Filial Tornú de Médicos Municipales y el Comité de Prevención de las Violencias del hospital.

¿Qué va a pasar con vos?

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Crimen de Fernando Báez Sosa: Alejo Milanesi, el único rugbier que iba a juicio en libertad, fue sobreseído

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Los otros ocho acusados, que están detenidos en La Plata, serán juzgados, posiblemente este año.

Si el contexto de la pandemia de coronavirus lo permite, seguramente este año se lleve adelante el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa y serán finalmente ocho los rugbiers que deberán comparecer ante un Tribunal Penal: este miércoles, la Cámara de Apelación y Garantías de Dolores, por mayoría, sobreseyó definitivamente a Alejo Milanesi (21).

Al tiempo que confirmaron esta medida, los camaristas Luis Defelitto, Fernando Sotelo y Mirian Darling Yaltone -votaron en ese orden- ratificaron la elevación a juicio que había hecho en febrero pasado el juez de Garantías David Mancinelli y, también, la prisión preventiva de los ocho rugbiers.

El 10 de febrero de 2020, tres semanas después del crimen del joven estudiante de Derecho, Milanesi había quedado en libertad junto a Juan Pedro Guarino (20). Así lo había dispuesto la fiscal del caso, Verónica Zamboni, quien no encontró pruebas en su contra.

Una imagen de Fernando Báez Sosa, durante una marcha para reclamar justicia. Foto Fernando de la Orden

Una imagen de Fernando Báez Sosa, durante una marcha para reclamar justicia. Foto Fernando de la Orden

Los dos recuperaron la libertad desde la Unidad Penal 6 de Dolores en medio de una nube de periodistas y desde entonces se recluyeron con sus familias en sus casas de Zárate.

En febrero de este año, Mancinelli confirmó el sobreseimiento de Guarino, pero por un pedido de los abogados de los papás de la víctima, del estudio de Fernando Burlando, determinó que la situación de Milanesi debía ser dilucidada en un juicio oral.

Su abogado defensor, Hugo Tomei -también del resto de los imputados-, apeló tal decisión y la Cámara Penal hizo lugar al pedido por dos votos a uno: dictó su sobreseimiento definitivo.      

En resumen, los camaristas avalaron la instrucción de Zamboni, que no había determinado pruebas en contra de ninguno de los dos amigos de Zárate.

“No puede atribuirse consistencia para imputar un homicidio, en mi opinión, la invocación de filmaciones (no dice cuáles) en las que se vería a Milanesi ‘en una actitud violenta’, o la cita de su salida del local bailable, es decir, mucho antes del hecho que motiva esta causa, o un difuso y dubitativo reconocimiento por un testigo, o las lesiones menores en los brazos del imputado. A todas estas cuestiones se refirió la Dra. Zamboni para explicar por qué las consideraba insuficientes, con argumentos que comparto”, apuntó el juez Sotelo.

Recuerda el magistrado que el Código Procesal “es terminante al exigir que el acusador debe contar con elementos para avanzar en la persecución. Pues bien, tales elementos no están visibles, y tampoco fueron invocados”.

Cuándo será el juicio

Una alta fuente judicial dijo a Clarín que el juicio contra los ocho rugbiers podría realizarse en el transcurso de 2021, siempre que los avatares de la pandemia lo permitan.

Así, Máximo Thomsen (21), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21) serán los juzgados por el crimen de Fernando. Desde mediados de 2020, los ocho están alojados en celdas de la alcaidía 3 del Penal de Melchor Romero, en La Plata.

Su abogado defensor, al tiempo que pidió diversas nulidades, había anticipado que los rugbiers descartaron la posibilidad de enfrentar un juicio por jurados, compuesto por una docena de vecinos de la región, por lo que lo harán ante un Tribunal Oral en lo Criminal.

El delito que les imputan contempla la máxima pena, prisión perpetua: “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas“.

Alejo Milanesi, adelante, y Juan Pedro Guarino, detrás, tras ser liberados. Foto: Mario Quinteros.

Alejo Milanesi, adelante, y Juan Pedro Guarino, detrás, tras ser liberados. Foto: Mario Quinteros.

Además, los jueces confirmaron que los acusados del crimen continuarán en prisión a la espera del juicio, tras rechazar una serie de nulidades que habían sido planteadas por la defensa.

Tomei había pedido el cese de la prisión preventiva de sus defendidos. Excepto el pedido por Milanesi, todas fueron rechazadas por los camaristas de Dolores.

Mancinelli, cuando en febrero no hizo lugar al cese de la prisión preventiva, lo que ahora avaló el Cámara Penal, había explicado que tuvo en cuenta, además de la pena expectativa (prisión perpetua), otros dos episodios: la actitud evasiva de los imputados ante policías después del asesinato y la introducción de una pista falsa, en referencia a la mención del remero de Zárate Pablo Ventura, que ni siquiera estaba en Gesell esa noche.

Fernando, de 18 años, fue atacado a golpes la madrugada del 18 de enero de 2020 a la salida del boliche “Le Brique”, en avenida 3, pleno centro de Villa Gesell, adonde había ido a bailar con unos amigos. Un altercado en la pista del boliche hizo que los hombres de seguridad expulsaran a ambos grupos.

La mamá de Fernando Báez Sosa, en Parque Rivadavia. Foto Maxi Failla.

La mamá de Fernando Báez Sosa, en Parque Rivadavia. Foto Maxi Failla.

Fernando tomaba un helado con un amigo cuando los rugbiers lo atacaron por la espalda. Lo molieron a golpes. También les pegaron a sus amigos que intentaron intervenir.

Horas después de la muerte del joven estudiante de Derecho, que vivía en la Ciudad de Buenos Aires y había viajado a la Costa a pasar unos días de vacaciones, la Policía detuvo a los 10 rugbiers de Zárate que habían alquilado una casa a pocas cuadras de la escena del crimen.

Se vieron en principio las imágenes de aquellas detenciones, con los rugbiers esposados boca abajo en el parque de esa casa, y luego las que shockearon al país, repetidas una y otra vez por la TV.

Porque lo que ocurrió esa madrugada quedó filmado por cámaras de seguridad públicas y privadas, y de teléfonos, de punta a punta. Mostraron cómo la banda de rugbiers esa vez (en su pueblo eran famosos por sus acometidas en patota) asesinaban, escapaban y, en una esquina antes de irse a dormir, se felicitaban por el ataque.

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Causa Maradona: la justicia pidió investigar los movimientos bancarios de los médicos de Diego

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Buscan recabar información sobre los movimientos financieros del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Diaz en el periodo en que trabajaron para el Diez

Los fiscales de San Isidro que investigan la muerte de Diego Armando Maradona solicitaron al juez de la causa Orlando Diaz que se libren tres oficios a diferentes bancos con el objetivo de recabar información sobre los movimientos financieros del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Diaz en el periodo en que trabajaron para el Diez.

El objetivo de la solicitud es conocer si hubo algún ingreso de dinero fuera de lo común en alguna de esas cuentas y si efectivamente cobraban el dinero que se supone por cuidar al ex capitán de la Selección Argentina.

En el expediente figuran los montos de los honorarios que cobraban cada uno de los médicos pero eso debe ser corroborado oficialmente, por eso se libraron los oficios a las entidades bancarias. “Queremos sacarnos la duda de si alguno recibió, además de su sueldo, alguna suma exagerada de dinero y si eso tuvo que ver con su actividad médica relacionada a Maradona aunque no creemos que haya sucedido”, señaló a Infobae una de las fuentes consultadas.

La solicitud a las entidades bancarias se produce mientras los investigadores esperan los resultados de la junta médica que, se estima, expedirá sus conclusiones recién dentro de 10 o 12 días. En total son 24 las preguntas que deben contestar los especialistas, incluidos, los peritos de parte.

El sábado, los médicos de distintas especialidades se juntaron de manera presencial en un lugar reservado donde se les proyectó el video completo de la autopsia al cadáver de Maradona. Allí cada uno tomo nota y además debatieron un largo rato. Luego existió una nueva reunión entre todos pero esta vez por Zoom.

Según trascendidos, los peritos de parte puestos por la defensa del médico Luque son los que más objeciones presentan ante cada punto. Por eso motivo los plazos se están extendiendo más de lo previsto. El resto de los médicos, en general, coinciden en la mayoría de los tópicos planteados por la fiscalía.

Para los investigadores las conclusiones de la junta serán fundamentales. Una vez que ese documento aterrice en el escritorio de los fiscales se tomarán unos días para analizar cuidadosamente todos los puntos y determinar si efectivamente se da un cambio de calificación en la causa que por el momento se mantiene en homicidio culposo.

También se evaluarán las supuestas falencias de la internación domiciliaria en el country San Andrés de Tigre, donde murió sin un llamador de cama, suero, tubo de oxígeno, siquiera un aparato para tomarle la presión, con sus teléfonos manipulados por su entorno según testimonios y sin siquiera un baño propio en su habitación.

Para los fiscales Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra, dirigidos por John Broyad, fiscal general de San Isidro, el resultado de la junta médica será el punto de inflexión, con el análisis de 17 cuerpos de expediente que incluyen al menos 9 historias clínicas de diversos centros médicos como el Sacre Coeur, que en 2004 ya adelantaba que Maradona sufría una “miocardiopatía dilatada con lesiones de microinfartos”. En esos 17 cuerpos de expediente hay al menos 400 fojas de desgrabaciones de chats de teléfonos, donde se incluye la mezquindad y el destrato de quienes debían cuidar a Diego.

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Los mensajes con los que la Justicia viene respaldando el caso de los Cuadernos de las Coimas

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Varias condenas y confirmaciones de sentencias contra Julio De Vido, José López, Ricardo Jaime y Lázaro Báez cierran le camino para desmentir la acusación en esa causa.

Además de la crucial convalidación de los testimonios de los arrepentidos en esa causa por parte de la Cámara Federal de Casación, en los últimos meses las condenas a Julio De Vido y Lázaro Báez, y la muy probable e inminente ratificación de la sentencia por enriquecimiento ilícito contra José López respaldan la acusación central del expediente de los Cuadernos de las Coimas: que en los gobiernos K existió una asociación ilícita para convertir el ministerio de Planificación Federal en una virtual “oficina de sobornos” a gran escala y a través del tiempo.

Cristina Kirchner no escatimó en críticas hacia la justicia en su último paso, virtual, por Comodoro Py. Sostiene que las ocho causas que tiene elevadas a juicio oral por corrupción, sólo responden al lawfare: una persecución política para desprestigiarla. Su explicación va más allá, y desde esa argumentación puso en duda el funcionamiento del fuero que investiga diferentes delitos vinculados al proceder de los funcionarios públicos, tanto en ejercicio de la función como fuera de ella.

En los últimos meses, la Justicia federal dictó varias condenas y confirmó otras, por hechos de corrupción y lavado de dinero en distintos expedientes, en los que se reitera la misma tesis: una presunta estructura para cobrar sobornos que funcionó desde el extinto Ministerio de Planificación Federal, que dirigió durante doce años Julio De Vido.

En medio del enfrentamiento del gobierno con el Poder Judicial, la Cámara de Casación confirmó la condena contra Julio De Vido por administración fraudulenta en la Tragedia de Once, la confirmación de las acusaciones en uno de los casos de Odebrecht donde se investiga una ruta de coimas aplicada a dos plantas potabilizadoras de AySA.

Viejos colegas. José López y Julio De Vido en los 90, cuando eran funcionarios de Néstor Kirchner en Santa Cruz.

Viejos colegas. José López y Julio De Vido en los 90, cuando eran funcionarios de Néstor Kirchner en Santa Cruz.

Por otro lado, en febrero se condenó hace un mes a Lázaro Báez por lavado de dinero en la Ruta del Dinero K con doce años de prisión: el juicio analizó las maniobras del ex socio de Néstor y Cristina Kirchner para lavar al menos 55 millones de dólares provenientes de contratos de obras públicas que según se juzga en otra causa fueron pactadas con sobreprecios y en muchos casos ni siquiera se terminaron. Un episodio absolutamente congruente con la acusación de la causa Cuadernos.

El 14 de abril habrá una audiencia en la Cámara de Casación, luego del a cual sus jueces tendrán veinte días para analizar la condena contra José López, ex secretario de Obras Públicas, acusado de enriquecimiento ilícito por aquellos bolsos con nueve millones de dólares que buscó esconder en el convento de General Rodríguez en junio de 2016. El dinero ilícito de López -que también está acusado por los Cuadernos- habría provenido de las coimas que se gestionaban desde distintas oficinas de Planificación.

Otro ex secretario de esa cartera, Ricardo Jaime, tiene un pedido de elevación a juicio en otra causa por corrupción y ya admitió el cobro de sobornos cuando buscó un juicio abreviado.

Aquellas causas vinculadas a Odebrecht, tanto el caso de Aysa como el expediente sobre la ampliación de los gasoductos NOA-NEA, investigan un circuitos de sobornos por los cuales ya están procesados De Vido, Roberto Baratta, López y el ex secretario de Energía Daniel Cameron, entre otros. Todos integrantes del ministerio de Planificación.

Algunos de esos mismos ex funcionarios también tienen casos elevados a juicio por desvío de fondos que desde el Ministerio de Planificación debían dirigirse a la mina de carbón de Río Turbio, atravesados por denuncias de sobreprecios en obras que debían realizarse.

En todos los casos son expedientes individuales, pero que -como dijo la justicia- demuestran una “matriz de corrupción instaurada desde el Ministerio de Planificación Federal que funcionó desde 2003 a 2015”. Ese textual es parte de la imputación del caso de los Cuadernos de las Coimas.

“Parecen ser todas maniobras en diferentes momentos de ese lapso, que a su vez son partes de una gran maniobra criminal“, explicó una fuente judicial cercana al caso Cuadernos.

Cristina Kirchner, flanqueada por su ministro de Planificación Federal, Julio de Vido y el secretario de Obras Públicas, José López en un acto, en 2010. Foto Télam.

Cristina Kirchner, flanqueada por su ministro de Planificación Federal, Julio de Vido y el secretario de Obras Públicas, José López en un acto, en 2010. Foto Télam.

Así, mientras la Justicia sigue resolviendo en casos que rozan de cerca a la vicepresidenta, como lo fue la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la sentencia contra Amado Boudou en el caso Ciccone, en Comodoro Py otros trámites judiciales siguen alimentando la hipótesis del caso Cuadernos.

El fallecido juez Claudio Bonadio, describió el expediente como “la principal organización criminal” de las últimas décadas, dedicada a la “recaudación de fondos ilegales” que se volcaron en algunos casos “a operaciones de lavado de dinero en el país y fuera de él”.

El año pasado, la Cámara de Casación avaló la Ley del Arrepentido y así los 31 testimonios con los que cuenta el expediente Cuadernos, cuya acusación principal se convirtió en el esqueleto de seis expedientes más, en los que se buscó analizar área por área en la que el Ministerio de Planificación otorgó contratos. Así, se abrieron causas por las coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz.

En todas estas áreas “se vienen confirmando fallos en otras instancias que alimentan ese esquema que funcionó desde Planificación Federal”, indicó otra fuente que trabaja sobre el caso ya elevado para su debate oral.

Las investigaciones conexas a Cuadernos están relacionadas con el cuerpo principal del caso, en el que la vicepresidenta está procesada como jefa de la asociación ilícita. Esa imputación se replicó en las derivaciones del caso, pero la Cámara Federal porteña redujo a la mitad los procesamientos contra Cristina por no encontrarla directamente relacionada. A ella sólo le quedaron la imputación en la “causa madre”, en el tramo que investigó la cartelización de la obra pública y en el que se centró en los subsidios al servicio de trenes. Misma suerte corrieron los pedidos de prisión preventiva: todos fueron revocados.

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