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Un policía de la Bonaerense que investigaba al narco “Verdura” fue detenido con casi 6 kilos de cocaína en un extraño episodio

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José Mújica fue sorprendido por la Policía de la Ciudad en un búnker narco. Argumentó que estaba investigando por orden del juez federal de Morón, pero la orden estaba vencida. Su participación en el caso de “Verdura”, el narco que desencadenó una red de espionaje

El 7 de junio pasado, un llamado al 911 alertó sobre dos sospechosos ingresando a un taller mecánico en el barrio de Parque Chacabuco. Cuando llegó al lugar, la Policía de la Ciudad se encontró con una escena inesperada: cinco personas de nacionalidad peruana, dos policías de la Bonaerense, dos civiles (uno armado) y casi 6 kilos de cocaína. Los efectivos argumentaron que estaban investigando un caso de narcotráfico y mostraron una orden judicial, que luego se comprobó era falsa. Los policías terminaron detenidos y acusados de allanamiento ilegal y tráfico de drogas. El caso tiene un condimento inesperado. Uno de los policías fue custodio del juzgado federal de Lomas de Zamora y estuvo involucrado en la investigación que terminó con la detención de Sergio Rodríguez, alias “Verdura”, el narco que desencadenó con sus dichos la trama de espionaje ilegal contra políticos, jueces, gremialistas y periodistas.

José Rubén Mújica es uno de los dos policías “narcos”. Su legajo muestra que arrancó en la Caballería de Tres de Febrero. En 2015 pasó a la División Servicios de Custodias de Lomas de Zamora. Trabajó como custodio del ex juez Alberto Santamarina y luego de Federico Villena, que heredó ese juzgado. “Se fue hace un tiempo porque él mismo lo pidió”, dijeron allegados al magistrado.

Desde la DDI de Lomas, en el área de Drogas, el entonces oficial principal Mujica participó activamente de la investigación del caso “Verdura”, el narco que se escurría con demasiada facilidad de la Policía. El 13 de noviembre de 2019, Mujica declaró como testigo en ese expediente ante un secretario del juez Villena. Relató que habían hecho tareas de inteligencia sobre una casa ubicada en Mariano Moreno 1329, en el partido de Esteban Echeverría, donde habría visto ingresar a una persona con similares características físicas al narco. “Habría bajado con bolsos oscuros, mirando de manera expectante hacia todos lados”, dice la declaración de Mujica, a la que tuvo acceso Infobae, y que también lleva la firma del comisario Alfredo Rodriguez.

Una semana antes, el 6 de noviembre, Mujica se había topado con “Verdura” en la localidad de Monte Grande, pero el narco logró escaparse. Sin embargo, ese día fue detenida una mujer identificada como Mayra Anabel Kudrez. La declaración del policía sobre aquel día también integra el expediente judicial.

“Verdura” logró esquivar a la Policía durante meses y recién fue detenido el 21 de febrero. En su camioneta tenía una patente falsa y luces como si fuera policía. Además llevaba una Uzi y dos pistolas calibre 40. La organización que lideraba actuaba, según los cálculos de la Justicia, con la complicidad policial en la zona de Esteban Echeverría y Almirante Brown. Se estima que vendían tres kilos de cocaína por día repartidos en más de 10 puntos de venta.

Con sus dichos, el narco terminó desencadenado el escándalo de espionaje que tiene en vilo a todo el arco político. “Verdura” dijo haber tomado contacto con un agente de la AFI, el abogado Facundo Melo, quien le pidió que llevara una bomba a la casa de José Luis Vila, ex subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Mauricio Macri. Villena comenzó a investigar a Melo y terminó descubriendo la red de espionaje.

Por decisión de la Cámara Federal, el atentado fallido contra Vila finalmente quedó en manos del fiscal Guillermo Marijuán, quien insiste para que toda la causa de espionaje se investigue en Comodoro Py. La puja es muy fuerte dentro y fuera de Comodoro Py. El enfrentamiento alcanza a varios estamentos de la justicia federal. “Hay mucha gente nerviosa por el seguimiento a los presos K en las cárceles”, razona un hombre de la Justicia.

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena (Foto: Adrián Escandar)

El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena (Foto: Adrián Escandar)

En mayo de este año, el policía Mújica pasó formalmente a la DDI de La Matanza. Un mes después, terminaría detenido en un taller mecánico de Parque Chacabuco con casi 6 kilos de cocaína. En el lugar también fue detenida una persona de civil que estaba armada y sería una suerte de informante. “Esa persona llevaba documentación de la causa Verdura en una mochila”, reveló a una fuente judicial. Otro elemento muy extraño.

Mújica y el otro policía detenido, de apellido Luna, dijeron que estaban investigando una banda de narcos y que tenían una orden del juez federal de Morón Néstor Barral. Cuando fue consultado, ese magistrado dijo que la orden estaba vencida y que era para unas tareas en la zona de Villa Adelina.

La investigación por el caso de Mújica está a cargo del juez Sebastián Casanello, que en los próximos días debería resolver su situación procesal. Los policías siguen detenidos. El miércoles pasado, la Sala I de la Cámara Federal rechazó un pedido de excarcelación de su defensa.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi argumentan riesgos procesales para rechazar su libertad. En cambio, Mariano Llorens destacó la gravedad del hecho. “Debe ponderarse como presupuestos de análisis la escala de sanción de la conducta endilgada -que en el caso, según la calificación provisoria efectuada por el a quo, prevé una pena mínima de 4 años y un máximo de 15 de prisión-, las cualidades particulares de la persona sometida al proceso y por último, la evaluación de riesgos procesales”, dijo en su voto en minoría.

El caso es seguido de cerca por diferentes actores judiciales y podría tener repercusiones dentro de la Bonaerense. Varios jueces federales de la provincia ya pidieron la cabeza del jefe de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, superior directo de los policías detenidos.

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Las pruebas y los testimonios que podrían llevar a Roberto Giordano a la cárcel

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Para el juez Marcelo Aguinsky, que procesó al peluquero y determinó un embargo por 30 millones de pesos, la pruebas son contundentes. Por tener una condena previa en 2014 -evasión simple- si fuera encontrado culpable debería cumplir la pena tras las rejas

Roberto Giordano, el peluquero que supo tener de clientas a las mujeres más famosas del país, está contra las cuerdas en tribunales. No le quedarían muchas opciones de escapatoria. Eso al menos piensan en los tribunales.

En los últimos seis años la justicia acumuló una gran cantidad de pruebas y de testimonios que lo ubicarían como el único responsable de un complejo entramado de empresas fantasmas y testaferros que tenía como objetivo esconder sus bienes, evitar juicios laborales y evadir el pago de cargas sociales de sus empleados.

Giordano ya fue procesado y embargado por 30 millones de pesos por el juez Marcelo Aguinsky.

El delito por el cual fue procesado -insolvencia fraudulenta- tiene una pena de 2 a 6 años según el Código Penal. “Es muy difícil que alguien vaya preso por algo así, salvo que tenga una condena previa”, dicen en los pasillos de la justicia. Pero Roberto Giordano la tiene: en 2014 fue condenado en un juicio abreviado a 2 años y 4 meses de prisión en suspenso por el delito de evasión simple. Ese antecedente es el que hace que cualquier pena que le apliquen en el futuro juicio, deba cumplirla indefectiblemente en un penal.

“Lo que hizo Giordano en esta causa que se investiga fue, básicamente, crear una serie de empresas falsas y sellos de goma que puso a nombre de conocidos suyos, en su mayoría empleados sin capacidad financiera. Empresas que en realidad él manejaba desde las sombras. Es decir, usó testaferros. El objetivo fue esconder en esas sociedades fantasmas 17 bienes para evitar perderlos, ya que la AFIP lo estaba investigando y él lo sabía”, explica una fuente en los tribunales del fuero penal económico.

Según la reconstrucción judicial, al verse acorralado por las requisas fiscales de la AFIP sobre su peluquería, que tenía bajo la sociedad ASPIL S.A, Giordano habría utilizado testaferros para crear empresas paralelas en las cuales él no tenía ningún tipo de responsabilidad en los papeles pero que seguía dirigiendo en la práctica. A esas empresas, llamadas Nilamar S.A, Big Brands S.A, Arimis S.R.L y Unidor S.RL, entre otras, trasladó personal y sobre todo bienes.

“Una vez que hizo todo eso, la empresa que él reconoce como propia, Aspil S.A, quedó vacía, es decir solo quedó el cascarón: sin empleados, sin bienes, sin absolutamente nada. Mientras tanto seguía ahí acumulando deudas, no pagaba impuestos, evitaba abonar las cargas sociales. Si le hacían juicio, ya no tenía nada a su nombre, lo había pasado todo a las empresas truchas. Esa es la maniobra. La realidad es que es muy común que se haga esto solo que él lo llevó al paroxismo”, afirma a Infobae una fuente que conoce los tribunales y sobre todo conoce a Giordano.

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En total son 17 los bienes que el peluquero habría pasado de su empresa a las sociedades fantasmas manejadas por sus conocidos. Lo hacía a través de ventas a valores nulos, bajos o transferidos directamente a personas carentes de solvencia económica. Luego los desapoderaba de sus bienes en detrimento de sus patrimonios.

Cuando el peluquero tuvo la oportunidad de defenderse en indagatoria dijo desconocer esas maniobras. Dijo que era un simple empleado. Aseguró que las empresas falsas lo habían contratado a él y que no tenía ningún tipo de responsabilidad: “Las presuntas evasiones fueron llevadas a cabo por sociedades de las cuales yo no tengo ninguna participación societaria”.

“Debido a la inmensa cantidad de juicios laborales que tuve que afrontar y pagar, sumado a los bajos ingresos de la peluquería, decidí dejar de explotar los diversos salones y ofrecer mis servicios como asesor en marketing, profesor de peinado y cortes de cabellos a diferentes empresas. Mi beneficio económico era por ese asesoramiento. A su vez le vendí a esas sociedades mi nombre (marca) para que promocionen sus comercios. Por eso no es extraño que en los tickets aparezca mi nombre”, declaró Giordano frente al magistrado.

El juez Aguinsky no le creyó. Básicamente porque en el expediente hay una serie de pruebas que contradicen a Giordano en varios aspectos.

El magistrado construyó en base a eso su hipótesis: “Sin perjuicio de que Roberto Leonardo Giordano no integraba formalmente las empresas Unidor, Arimis, Big brands y Nilamar era quien en los hechos dirigía y tomaba las decisiones inherentes al funcionamiento de aquellas, es decir era el verdadero responsable de la explotación de la cadena de peluquerías y que los cargos directivos de tales empresas se encontrarían ocupados a título formal por personas relacionadas con aquel”.

Las pruebas que complican al peluquero

Un cotejo realizado por la AFIP en cuanto a los empleados en relación de dependencia que trabajaron para Giordano develó que ASPIL, la empresa que el acusado reconoce como propia, traspasó 227 empleados a Big Brands, 55 a Arimis y 3 a Unidor, mientras que luego hubo pases de empleados entre las propias sociedades. Para el magistrado esto no parece lo más común si se tiene en cuenta que Giordano nada tenía que ver con las nuevas sociedades.

Otro dato fundamental que llamó la atención al juez tuvo que ver con el resultado de un allanamiento. El 8 de marzo de 2012 se realizó un operativo en una oficina de la calle Montevideo al 700 perteneciente al escribano Juan José Almirón, hermano de Mirtha Selva Servando de Almirón, esposa de Giordano. Allí se encontró documentación vinculada a Big Brands y a Unidor.

¿Por que el cuñado de Giordano tendría en su estudio voluminosa documentación de dos empresas en las que el peluquero era, según su declaración, un simple empleado?, se preguntaron los investigadores.

Más pruebas en contra del hombre de los desfiles, según la investigación: la empresa Televisión Federal (Telefe) informó al juzgado que para celebrar contratos con la empresa Unidor y Big Brands se contactó con Roberto Giordano.

A todo esto se suman los testimonios de muchos de los empleados que Giordano tuvo durante varios años. Una peluquera, M.J.C, dijo en en el juzgado: “A mi entender el dueño y el que dirigía la empresa era Roberto Giordano. Se comentaba entre los empleados que tenía varios testaferros”.

Por su parte, una colorista, S.F, que fue empleada de ASPIL hasta 2007, y luego lo fue de Big Brands y posteriormente de Unidor, relató:“Los empleados nos enterábamos que cambiaba la razón social porque figuraba en el recibo de sueldo pero siempre trabajábamos igual en las peluquerías de Roberto Giordano. Las condiciones no cambiaban, era todo lo mismo. Se notaba que para decidir algo las encargadas de los locales debían consultar a Giordano. Él estaba a la cabeza de todo”.

“Cada vez que le transmitíamos a alguna de las encargadas un pedido relacionado a dinero ellas nos decían que debían consultarlo con Giordano. La máxima autoridad de cada local era el gerente, salvo que estuviese Giordano. Una vez, cuando trabajábamos para Big Brands, vino Roberto a una reunión del local de Paseo Alcorta y despidió en el mismo momento a cinco personas juntas porque se rumoreaba que estaban armando su propia peluquería”.

En el documento el juez enumera alguno de los inmuebles que Roberto Giordano intentó esconderle a la AFIP y a sus acreedores: un departamento en calle Arenales 1251, las unidades funcionales 1 y 2 del edificio de Libertador 4880 y tres vehículos.

Sobre el final del procesamiento, Aguinsky, que se trata del mismo magistrado que lo condenó en 2014, es contundente en cuanto a la responsabilidad de Giordano: “El acusado no habría desconocido la existencia de las diversas fiscalizaciones que le fueron iniciadas por la AFIP, ni la constitución de las sociedades indicadas ni mucho menos las distintas transferencias de bienes de su patrimonio que se hicieron a estas empresas las cuales, pese a no encontrarse formalmente designado como autoridad, eran manejadas por el imputado. Todas estas circunstancias permiten inferir que Roberto Giordano habría obrado con conocimiento y voluntad”.

La defensa del peluquero apeló el procesamiento y el embargo y ahora la suerte del imputado quedó en mano de la sala B de la Cámara Federal. En caso de que se rechace el planteo, el juez Aguinsky enviará inmediatamente la causa a juicio oral.

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“Le quise hacer una joda y le pegué el tiro”, la confesión de un absurdo crimen que conmociona a Tapalqué

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La víctima tenía 26 años y era el hermano del presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio.

“Me mandé la cagada. Le quise hacer una joda y le pegué el tiro”.

Tomás Echegaray tenía 26 años y su pasión era el fútbol. No había llegado a Primera División pero en Atlético Tapalqué se había destacado. Tanto que en 2020 había firmado con Boca Juniors de Azul, aunque el coronavirus no lo dejó debutar. Ya no tendrá la chance: fue víctima de un crimen absurdo.

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Fabián Gutiérrez tenía un corte en el cuello y signos de tortura

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Según los datos que trascendieron de la autopsia a Fabián Gutiérrez, tenía golpes, signos de tortura y herida en el cuello por un cuchillo tipo “Tramontina”.

El empresario Fabián Gutiérrez fue hallado muerto y enterrado este sábado en una casa de la localidad de El Calafate, Santa Cruz, luego de que cuatro sospechosos que fueron detenidos por su desaparición. Si bien este lunes se revelarán los detalles de la autopsia del exsecretario del ex presidente Néstor Kirchner y la actual vicepresidenta Cristina Kirchner, trascendió que el cuerpo presenta un corte en el cuello realizado con un cuchillo tipo serrucho, como los que se usan habitualmente para comer.

El dato fue confirmado por una fuente de Tiempo Sur, que también indicó que la cabaña ubicada en calle Cañadón Seco, señalada como la escena del crimen, se encontraba “repleta de sangre”. También revelaron que el cadáver de Fabián Gutiérrez mostraba golpes en la cabeza.

Por su parte, la agencia OPI Santa Cruz indicó que “extraoficialmente se sabe que el informe contiene confirmaciones como el fallecimiento por acción violenta, previa tortura, golpes en rostro, brazos, piernas y tórax“. También indicaron que se detectaron “graves puntazos en el cuello”. no obstante, “no se tiene conocimiento si el médico ha podido precisar el horario de la muerte o el rango horario en el cual pudiera haber ocurrido el deceso”.

Mientras tanto, La Opinión Austral contó en su edición impresa de este domingo que “la primera hipótesis del homicidio es la de un crimen extorsivo. Facundo Zaeta, principal sospechoso del asesinato, tenía una relación con Gutiérrez y habría planeado robarle junto a sus dos amigos, Pedro Monzón y Facundo Gómez”.

Durante una la entrevista con Radio 10, el juez del caso, Carlos Narvarte, advirtió este domingo: “La autopsia es un tema que no voy a develar porque es la materia de análisis más profundo y aún no lo tengo en mi escritorio. No quiero adelantar opinión sobre algo que no tengo en vista”.

“Se encontró el cuerpo y se realizó la autopsia. Los cuatro jóvenes han estado en el lugar”, agregó el juez del caso que investiga el asesinato de Fabián Gutuiérrez y aseguró: “No encuentro razón para que actúe la Justicia Federal en este caso, no veo nada que indique una cuestión política de fondo”.

En ese sentido, el magistrado de Santa Cruz argumentó que el asesinato de Fabián Gutiérrez “se trata de un delito ordinario que ocurrió en El Calafate”.

Respecto al caso, el juez de Santa Cruz evaluó que “todo indica que participó más de una persona en el asesinato. Hay un cuchillo que se está analizando y el escenario donde se produjo el hecho es la casa de Fabián Gutiérrez”

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