El juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials rechazó un amparo para anular el acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri firmó en junio pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y para que no se puedan utilizar los 50.000 millones de dólares del convenio stand by.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que el magistrado rechazó un amparo que presentó el ex diputado nacional Claudio Lozano, que consideró el acuerdo con el FMI como inconstitucional y violatorio porque no se le dio intervención al Congreso Nacional para que apruebe su contenido.
Lozano pidió que se anule el acuerdo y que no se utilicen los fondos hasta tanto intervenga el Congreso. También solicitó que se dicte una medida judicial intermedia que suspenda de manera inmediata el acuerdo.
Pero el juez rechazó el amparo. Cayssials, en una resolución de ocho páginas a la que accedió este medio, no fue al fondo del planteo sino que sostuvo que Lozano no tiene “legitimidad” para actuar en la causa en nombre de los ciudadanos, tal como se presentó.
“Resulta plenamente aplicable la inveterada jurisprudencia en virtud de la cual se ha sostenido que la mera condición de ciudadano no es apta para autorizar la intervención de los jueces a fin de ejercer su jurisdicción, por cuanto dicho carácter es de una generalidad tal que no permite tener por configurado el interés concreto, inmediato y sustancial, que lleve a considerar a la presente como una causa, caso o controversia”, señaló el magistrado.
Para Cayssials, Lozano tampoco cumple los requisitos del Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos para actuar en una causa colectiva.
El fallo fue firmado antes de ayer. El mismo día que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la titular del FMI, Christine Lagarde, firmaron la ampliación del acuerdo de junio que incluye una ampliación de más de 7 mil millones de dólares de préstamo y nuevas condiciones de entrega del monto total.
Lozano no solo presentó un amparo en la justicia en lo contencioso, sino que también denunció penalmente a Macri, a Dujovne, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ex titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Luis Caputo, por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Todos ellos fueron imputados por el fiscal federal Jorge Di Lello para que se abra una investigación.
Pero el juez federal Julián Ercolini desestimó investigar el caso porque no hay delito, ya que una ley sancionada en 1992 que delegó en el Poder Ejecutivo las facultades para poder tomar préstamos con organismos internacionales.