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Un ex funcionario devolvió un millón de pesos que cobró ilegalmente

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Durante 14 años percibió una jubilación de un régimen especial y un sueldo del Ministerio de Salud de la Nación. La ley lo prohíbe y fue enviado a juicio oral por fraude. Pero decidió devolver el dinero y pidió no ser juzgado. Un tribunal oral avaló su planteo. Los motivos

Un ex funcionario le devolvió al Estado un millón de pesos para evitar ser juzgado por fraude. Se trata del dinero que cobró de más durante 14 años por tener un doble ingreso que prohíbe la ley: una jubilación del régimen especial Poder Judicial y un sueldo del Ministerio de Salud de la Nación. Además ocultó esa información cuando se jubiló.

Rubens Torresi, un odontólogo de 87 años, fue acusado en 2014 de fraude en perjuicio de la administración pública y enviado a juicio oral. Pero voluntariamente le devolvió a la ANSES el dinero que la justicia entendía que había cobrado de manera ilegal: 1.092.989,04 pesos. Con ese reintegro pidió no ser juzgado. Y el Tribunal Oral Federal 3 aceptó el pedido y lo sobreseyó. Para hacerlo, los jueces Fernando Machado Pelloni, Andrés Basso y Javier Ríos señalaron que un artículo del Código Penal y del nuevo Código Procesal Penal de la Nación establece que la acusación se extinguirá “por conciliación o reparación integral del perjuicio”.

No es la primera vez que un ex funcionario devuelve dinero. En 2017 lo hicieron Juan Carlos Kalfaian y Rubén Chorbadjian, ex funcionarios de la Casa de la Moneda durante el gobierno de Carlos Menem. Fueron condenados a tres años de prisión por pagar sobreprecios a una empresa alemana. También a devolver el dinero de la corrupción. Entregaron 1.343.265,66 de pesos.

Torresi trabajó simultáneamente en el Poder Judicial y en el estado nacional. Ingresó en 1969 como asesor del Ministerio de Salud en planta permanente y en 1978 a la Obra Social del Poder Judicial como jefe del área de odontología. Se jubiló en 1996.

Durante 14 años cobró la jubilación y el sueldo del Ministerio de Salud. Hasta que en 2011 la situación fue advertida y denunciada por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES). En ese momento renunció al Ministerio y se quedó con la jubilación.

La acusación fue que Torresi cobraba dos ingresos cuando la ley lo prohíbe y que para eso había mentido porque cuando se jubiló no informó que trabajaba en el estado. Lo que Torresi, según los cálculos de las constancias de la causa judicial a la que accedió Infobae, cobró de más por los dos sueldos fue un millón de pesos. El juez federal Sebastián Casanello lo citó a indagatoria.

En la justicia, Torresi declaró que nunca ocultó su trabajo en el Ministerio de Salud, que era conocido por sus compañeros y que la Obra Social hizo un relevamiento administrativo en todo su personal donde se dejó constancia de esa situación. También negó que haya ocultado ese trabajo cuando inició los trámites para jubilarse.

Pero el juez Casanello lo procesó en abril de 2014 por el delito de fraude en perjuicio de una administración pública, que tiene una pena de dos a seis años de prisión. El magistrado explicó que hay distintas normas que establecen que está prohibido cobrar una jubilación de un régimen especial, como lo es el del Poder Judicial, y trabajar en simultáneo. “La Ley 24.018 -destinada a regular el régimen provisional extraordinario para magistrados y funcionarios judiciales- establece que la percepción de haberes jubilatorios por parte de dichos agentes, es incompatible con el desempeño de empleos públicos o privados, excepto la comisión de estudios o la docencia”, explicó. Agregó que un decreto de 2001 establece que en un caso como el de Torresi, la persona debe elegir entre la jubilación o el trabajo.

La sede del Ministerio de Salud donde Torresi fue asesorLa sede del Ministerio de Salud donde Torresi fue asesor

El magistrado también destacó que Torresi omitió informar cuando inició los trámites para jubilarse que en ese momento trabajada en el trabajo en el Ministerio de Salud, más allá que anteriormente sí lo había hecho.

Dos meses después la Cámara Federal confirmó el procesamiento y Torresi fue enviado a juicio oral y público. En esa instancia le quedaba una condena o una absolución. Pero el acusado eligió otro camino. Devolvió el millón de pesos y presentó en tribunales las constancias de las deducciones sobre su jubilación para saldar la deuda.

Así, la defensa de Torresi pidió ser sobreseído. Explicó que el artículo 59 del Código Penal establece en inciso seis que “la acción penal se extinguirá: Por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes”.

Los jueces aceptaron el planteo. Machado Pelloni, Basso y Ríos explicaron en un fallo del 3 de noviembre que además de esa norma ya entró en vigencia en todo el país el artículo 34 del Código Procesal Penal de la Nación que fija que “el imputado y la víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas o en los delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte” y que “la acreditación del cumplimiento del acuerdo extingue la acción penal”. La norma fue avalada en agosto pasado por la Corte Suprema de Justicia.

Los jueces del Tribunal Oral Federal 3 Basso, Machado Pelloni y Ríos (Maximiliano Luna)Los jueces del Tribunal Oral Federal 3 Basso, Machado Pelloni y Ríos (Maximiliano Luna)

Se trata de una medida alternativa a la causa penal que permite cerrar el expediente a cambio de una reparación por el hecho cometido. Es también un reconocimiento de que el delito se cometió, como ocurre en los juicios abreviados.

En este caso la víctima es el estado y quien lo representa es el fiscal. En el juicio oral a Torresi el fiscal Miguel Ángel Osorio y en una audiencia consideró que estaban las condiciones para cerrar el caso. Explicó que la acusación era de exclusivo contenido patrimonial y que el daño económico que se había causado fue reparado. También ponderó la edad de Torrersi y que así se descomprimía el sistema de justicia al resolver una causa sin hacer el juicio. Señaló que si bien la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se negó al acuerdo y pidió que se haga el juicio, el organismo no es parte de la causa para opinar.

“Se observa que la solución propuesta por el fiscal general refleja una situación de falta de conflictividad desde el punto de vista de los intereses de la vindicta publica (NdA: la Fiscalí), que reviste una cierta fundamentación legal”, sostuvieron los jueces del tribunal oral.

Los jueces Machado Pelloni, Basso y Ríos explicaron que las nuevas normas del Código Penal y del Código Procesal Federal permiten la reparación del daño y el sobreseimiento del acusado. “Sobre estas bases, cabe concluir que la posición adelantada por el acusador importa un desistimiento motivado de la acción penal, en tanto derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las constancias de la causa, por lo que corresponde hacer lugar a la excepción interpuesta por la defensa, declarar extinguida la acción penal y, en consecuencia, dictar el sobreseimiento de Rubens Torresi”, concluyeron.

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Un policía llamó al 911 para denunciar que su pareja se había suicidado: lo detuvieron e investigan si fue un femicidio

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Ocurrió en Villa del Parque. La víctima, de 24 años, también era Policía de la Ciudad. Recibió un disparo en la cabeza.

Habían pasado unos minutos de las 5 de este lunes cuando llamó al 911 y dijo que su pareja, una agente de la Policía de la Ciudad, se había disparado en la cabeza después de una discusión en su casa de Villa del Parque. Cuando los investigadores llegaron a la casa, lo encontraron sentado en el patio. “Se mató”, les dijo. La causa se inició como un presunto suicidio, pero con el correr de las horas creció la hipótesis de un femicidio. El hombre, que también es policía, quedó detenido.

Todo ocurrió este lunes a la madrugada en Terrada al 2500. La víctima fue identificada como la oficial Sol Acuña Bilbao, de 24 años. Hacía un año y dos meses que trabajaba en la Fuerza porteña, en la Comisaría 12B.

Fueron los agentes de la Comisaría 11B los que respondieron al llamado, donde se denunciaba que una joven se había disparado en la cabeza.

La policía Sol Acuña Bilbao trabajaba en la comisaría 12B.  Fotos: Facebook

La policía Sol Acuña Bilbao trabajaba en la comisaría 12B. Fotos: Facebook

Al llegar al lugar, se encontraron con el cuerpo ya sin vida de Sol: tenía un orificio de bala en su cabeza. Ahí estaba su pareja.

Se trata del oficial Germán Baigorria, de 29 años y que trabaja en la división Servicios Especiales de Tránsito de la Policía de la Ciudad.

Baigorria les dijo a sus colegas que Sol se había disparado luego de una discusión entre ambos. Sin embargo, los investigadores sospechan todo ocurrió en el marco de una pelea.

Así, la versión del supuesto suicidio perdió claridad. Además, en la casa se encontraron elementos desparramados por el piso.

Germán Baigorria (29), acusado del homicidio de su pareja. Fotos: Facebook

Germán Baigorria (29), acusado del homicidio de su pareja. Fotos: Facebook

Allegados a la pareja contaron a Clarín que los jóvenes fueron compañeros en la escuela de policía. Baigorria se había separado y empezó a salir con Sol. Se fue a vivir a su casa, pero al poco tiempo decidieron separarse. “Él era muy celoso y la trataba mal”, contaron las fuentes consultas.

Volvieron a vivir juntos cuando él tuvo problemas económicos y ella quiso ayudarlo. El domingo a la noche, Sol había salido con una amiga. En la madrugada del lunes hubo una discusión. Cerca de las 5, Sol recibió el disparo que terminó con su vida.

Baigorria fue detenido y acusado por el delito de homicidio de su pareja por disposición de María Lucrecia Saenz Samaniego, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°8.

Las pericias del caso quedaron a cargo de la Policía Federal.

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Cuatro peligrosos presos se fugaron rociando lavandina en los ojos de sus guardias

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Ocurrió este domingo en una comisaría de San Martín. Todavía queda uno prófugo.

Lavandina, el hipoclorito de sodio sagrado y aliado desde hace un año para combatir al virus que provocó una pandemia mundial, fue el “arma” de cuatro presos que se fugaron ayer, domingo 28 de febrero, de la comisaría 4ta de San Martín. En un descuido, y aprovechando el momento en el que los efectivos les acercaron comida, les tiraron con el líquido amarillento directo a los ojos.

Tres de ellos fueron recapturados mientras que uno continúa prófugo y es intensamente buscado por efectivos de la Policía Bonaerense. Además, hay guardias con heridas punzantes y con quemaduras en la piel producto del contacto con la sustancia química.

La dependencia policial está ubicada en Avenida Márquez y Echague, en la localidad de José León Suárez, en el Partido de San Martín. Allí, cuatro hombres permanecían detenidos y alojados en el sector de los calabozos, imputados por resistencia a la autoridad, robo calificado, y dos de ellos por el delito de homicidio.

Minutos antes de las 18, horario en el que los efectivos debían ingresar alimentos para los alojados en esa dependencia, los detenidos comenzaron a rociar con lavandina a los policías, apuntándoles directamente a los ojos.

Uno de ellos, el oficial Walter Bustamante, comenzó un forcejeo con los detenidos para evitar que se escaparan y sufrió heridas (aparentemente de arma blanca) en su mano izquierda y laceraciones en su abdomen.

Los cuatro detenidos aprovecharon la situación para escapar. Fueron en dirección a un estacionamiento donde se encuentran las motos secuestradas pero fueron sorprendidos por dos mujeres: la oficial Claudia Hevia y la oficial Belén Cejas, quienes respondieron tirando con escopetas anti tumulto y lograron hacerlos retroceder nuevamente hacia los calabozos.

Pero nuevamente intentaron huir: esta vez, tres de los detenidos lograron saltar el paredón que da al fondo de la comisaría. Inmediatamente comenzó un rastrillaje que logró recapturar a dos de los prófugos en las inmediaciones de la Villa Cárcova, en el predio ferroviario ubicado en el acceso sobre la calle Fría y Guido. Actualmente personal policial se encuentra trabajando para dar con el delincuente prófugo.

Otros cuatro fugados, el mismo día, a 155 kilómetros

Otro escándalo con presos fugados sucedió este mismo domingo, pero a 155 kilómetros de San Martín: en la localidad de Magdalena. Cuatro pesos de la Unidad Penal N° 28 de Magdalena, cerca de La Plata, escaparon a las 3.30 de la madrugada de la cárcel ubicada en el kilómetro 111 de la ruta provincial 11.

Según fuentes policiales, los reclusos limaron los barrotes de una celda, saltaron un muro y le robaron a un guardia una escopeta 12/70, una pistola calibre 9 milímetros, dos cargadores con municiones y vestimenta.

La Unidad 28 de Magdalena, en 2005, fue noticia por la muerte de 33 presos. Se convirtió en la mayor tragedia dentro de cárceles argentina.

La Unidad 28 de Magdalena, en 2005, fue noticia por la muerte de 33 presos. Se convirtió en la mayor tragedia dentro de cárceles argentina.

Luego robaron un Volkswagen Suran gris y escaparon. Alertado personal policial de la fuga, intentaron detenerlos en un camino vecinal en dirección a Verónica, pero los prófugos evadieron el control y atravesaron las vallas de contención.

Luego de entrar al pueblo, siguieron escapando por la ruta 36 y descartaron el VW Suran en Magdalena, adonde robaron otro auto, un Chevrolet Aveo, y se llevaron de rehén a su conductor, de 69 años, hasta Villa Lynch, en San Martín, adonde lo abandonaron ileso.

Los cuatro evadidos se encontraban en la celda 17 del pabellón 9. Tres estaban imputados por robo y el restante por homicidio simple.

Asuntos Internos inició una investigación interna y como primera medida se ordenó el desplazamiento del jefe del penal y de siete agentes que se encontraban trabajando al momento del hecho. El caso está a cargo de la UFIJ N° 15 del Departamento Judicial La Plata.

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Síndrome del bebé sacudido: detienen a un policía por la muerte de su hija de 3 meses

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Ocurrió en San Luis. Los médicos que trataron a la beba fueron los que denunciaron el caso tras detectar lesiones cerebrales. Agonizó 4 días.

Trece días atrás, cuando la beba de 3 meses llegó al hospital de San Luis, los pediatras que la reanimaron pidieron una tomografía cerebral. Cuando obtuvieron el resultado, algo les hizo sospechar de que podrían estar frente al “síndrome del bebé sacudido” y no dudaron en denunciarlo: la paciente murió a las 96 horas. Este domingo, detuvieron al papá.

El Juzgado Penal N° 2 de San Luis ordenó la detención de un oficial de la policía puntana que era investigado por la muerte de su hija. Danilo Sarmiento (32) está acusado del delito de “homicidio agravado por el vínculo”, según el Diario de la República.

Fue el juez de Instrucción Ariel Parrillis quien pidió la detención del padre de la beba muerta. Y este mediodía, policías del Departamento Homicidios, dependientes de la Dirección General de Investigaciones, hicieron el arresto.

El padre de la beba, acusado de ser el autor de las lesiones que derivaron en la muerte de la beba, trabaja en la Policía de San Luis y sus superiores lo separaron de la fuerza de forma inmediata cuando conocieron que era investigado.

Aquel 15 de febrero trágico, Sarmiento llevó a su única hija, de 3 meses, al Hospital Central de San Luis: sufría un paro cardiorespiratorio. El 19 de febrero la beba murió por lesiones cerebrales y en las retinas, compatibles con el “síndrome del bebé sacudido”: una forma de maltrato o violencia infantil.

Los estudios médicos que se le hicieron a la beba determinaron que no padecía ninguna enfermedad preexistente ni asociada que le pudieran provocar los síntomas que le causaron la muerte.

El policía acusado de matar a su hija será indagado por el juez este lunes.

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