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Un año de la economía de Alberto Fernández: dólar, Covid, recesión y peleas para tapar el único logro, el arreglo de la deuda

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Alberto Fernández prometió reestructurar los vencimientos y lo logró, evitando así el default. Pero la economía no sólo no repuntó sino que acumuló desequilibrios, en parte por el virus pero también por errores propios.

Alberto Fernández finaliza el año con bochazos en el boletín económico. Salvo en inflación, que bajó respecto al 53,8% que dejó Mauricio Macri (el mercado espera 36,7% este año), el resto de las variables se deterioró: PBI, desempleo, salario, reservas y saldo comercial.

Argentina no es una excepción a la regla. La economía global se contraerá 4,2% en 2020 dijo la OCDE hace unos días. Como señaló uno de los directores de la Reserva Federal este año: es más importante usar barbijo que las políticas fiscal o monetaria.

Sin embargo, y pese a los inconvenientes heredados, hubo muchos otros autoinflingidos. El dólar blue se disparó a $ 195, la brecha cambiaria tocó 130% y el Gobierno perdió el saldo comercial en meses.

Martín Guzmán fue el único hombre de la conducción económica que logró un cometido. Acaso le valió un aplauso en la Rosada: reestructuró la deuda.

El dólar a dos velocidades: el oficial y los alternativos


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 Oficial  CCL  Blue


Infografía: BCRA | DATOS DEL MERCADOClarín

Discípulo de Joseph Stiglitz, elegido de Cristina Kirchner y adoptado por Fernández -el Presidente lo sumó a un viaje a México en noviembre, tras las elecciones, para que le explicara su plan con los acreedores-, este economista de 38 años tenía como hoja de ruta impulsar la economía vía gasto público y patear los vencimientos de la deuda. “En el 2020 no es realista que haya una reducción del déficit fiscal”, dijo en febrero.

“Proyectábamos un déficit de 2% del PBI para el año”, repasa hoy en su archivo Nadín Argañaraz, director del IARAF. “Ahora vemos 7%”.

Las proyecciones y cálculos para 2020 fenecieron en poco tiempo. En el mundo y en Argentina. Pero en el país de lo exagerado, la economía también sobrerreaccionó. La actividad se contrajo 25% en abril, récord histórico. El desempleo saltó a 14%, el más alto en 15 años. La pobreza llegó a 44,2% según la UCA. El salario caerá 3% descontando la inflación, proyecta Analytica. La pendiente del tobogán aquí fue, por lejos, más pronunciada que en la región, salvo Perú.

La recesión causó miserias en la economía. Pero también en la política partidaria y la interna del FdT.

El Gobierno tenía que emparejar la cancha y si iba a contar con menos recursos, los rivales no podían arrancar el partido 2 goles arriba. Quitó recursos a la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más autónomo del país. Bajó su coparticipación de 3,75% a 1,4%.

La recesión y la crisis también provocó tensiones dentro del Gabinete.

Martín Guzmán, en su primer año, cerró el acuerdo de la deuda pero ahora enfrenta nuevos desafíos

Martín Guzmán, en su primer año, cerró el acuerdo de la deuda pero ahora enfrenta nuevos desafíos

Miguel Pesce, Matías Kulfas y Cecilia Todesca, tres economistas que venían trabajando con el Presidente en el Grupo Callao, no opinaron en todos los temas como Guzmán.

El ministro puso cash para el IFE y el ATP. El gasto primario creció encima del 90% anual en abril y el déficit fiscal llegó 2% del PBI en 4 meses. Guzmán no dijo nada.

Pero hacía falta más dinero. Y sin más financiamiento a la vista, Pesce-Kulfas apuntaron a los bancos. El Central indujo a un desarme de las Leliq para que prestaran a las pymes.

“De un día para el otro nos encontramos con un montón de pesos pero no teníamos a quién prestárselos”, cuentan en uno de los bancos más grandes del país. “Muchas pymes no son sujetas de crédito”.

Como dijo el ex viceministro de Economía Emmanuel Alvarez Agis: la política económica en Argentina enfrenta un límite a la hora de reaccionar y es el alto grado de informalidad. Además, nadie quiere pesos.

“El Gobierno intentó hacer en paralelo al estímulo fiscal otro estímulo, de tipo monetario que implicaba forzara los bancos a un desarme de Leliq y al mismo tiempo se bajó la tasa de pases pasivos para incentivarlos a que den crédito”, pasa en claro Federico Furiase, de Eco Go. “Fue un fogonazo para la brecha cambiaria”.

En La Cámpora criticaron a Pesce. ¿Error de cálculo?Ahí nomás se fue Alejandro Vanoli, titular de la ANSeS.

El monstruo de dos cabezas asomó: la brecha pasó de 30% a 64%.

Se empezó a hablar del dólar. Justo en el momento en el que el Gobierno debía cerrar su promesa de campaña: la negociación de la deuda.

La largada de esa carrera había comenzado en abril. Pero una respuesta floja de los acreedores a la oferta oficial estiró la negociación cuatro meses.

Guzmán, celoso de su agenda y rodeado de tecnicismos a la hora de hablar, se recostó en Sergio Chodos (un economista de renombre y reconocido en La Cámpora que introdujo a Guzmán en los espacios del peronismo en 2015-2019). Ambos se conocieron en un seminario de la deuda en Nueva York por 2014. Hoy es el representante en el FMI y negocia con el organismo el nuevo acuerdo. También fue clave en la deuda.

Miguel Pesce y un año en el que las reservas cayeron y la brecha cambiaria aumentó. En la pandemia indujo un desarme de Leliq que tuvo consecuencias isobre el tipo de cambio.

Miguel Pesce y un año en el que las reservas cayeron y la brecha cambiaria aumentó. En la pandemia indujo un desarme de Leliq que tuvo consecuencias isobre el tipo de cambio.

En el power point de Guzmán de diciembre de 2019 decía que en marzo de 2020 el asunto estaba arreglado. La pandemia demoró la operación. Pero las sucesivas mejoras a la oferta fueron insuficientes. En el medio Guzmán debía explicar por qué el Gobierno quería intervenir Vicentín.

Economía extendió la fecha del canje cinco veces a la vez que cayó en default selectivo. El 3 de agosto se selló el acuerdo. “La estructura de los nuevos títulos resultó muy beneficiosa para Argentina en términos del alivio de vencimientos de capital e intereses conseguido”, comenta Jorge Neyro, analista de la consultora ACM.

Con la deuda encaminada, la brecha cambiaria no cedió. Y las reservas cayeron a la mitad. En agosto la cuenta corriente cambiaria arrojó un resultado negativo US$ 462 millones y la cuenta capital US$ 453 millones.

¿Qué había pasado? ¿mal manejo? ¿pesada herencia? ¿el Covid?

Fernández recibió una economía en recesión y con un cronograma de vencimientos imposible de cumplir. Al menos para la confianza que despertaba su gobierno. A favor, no tuvo que poner el cepo y heredó una economía con baja monetización que permitió a Pesce emitir pesos sin subir más la inflación.

En abril de 2018 las reservas netas eran US$ 37.000 millones. A las PASO quedaban sólo US$ 18.000 millones, y a las elecciones de octubre, cuando finalmente se puso el cepo, US$ 10.000 millones. Hoy quedan US$ 2.500 millones y una cantidad de pesos en relación a las reservas que es cinco veces más a la de la era Macri.

Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue establecer el impuesto PAIS, el recargo de 30% para la compra de dólares y los gastos con tarjeta en esa moneda. El dólar ahorro saltó de $ 63 a $ 81,90.

En el Gabinete se echaron culpas.

Pesce decía que la incertidumbre había sido producto de la negociación larga de la deuda. Guzmán, que el banco debía frenar la bajar de tasas.

Ambos apostaron a septiembre a relanzar la economía. Lo único que se relanzó fue el dólar.

El ministro anunció un proyecto de Presupuesto con un déficit fiscal 4,5% del PIB financiado en un 70% con emisión monetaria. Y Pesce un mayor control del cepo: restringió más el acceso al dólar-ahorro con el anticipo de Ganancias (4 millones de personas llegaron a comprar en agosto) y promovió que las empresas privadas reestructuren la deuda en moneda extranjera que tenían como fecha de repago entre octubre y marzo.

La brecha pasó de 80% a 130% en un santiamén. Y el saldo comercial base caja se evaporó en dos meses.

El gran desafío que viene para 2021: el acuerdo con el FMI.

El gran desafío que viene para 2021: el acuerdo con el FMI.

Como dice Marina Dal Poggetto, la política se asustó. El kirchnerismo aceleró la negociación con el FMI, Cristina Kirchner publicó una carta hablando de la necesidad de un acuerdo, y del dólar.

También se asustaron Guzmán y Pesce. Ahí se coordinaron. Economía pidió (¿exigió?) a las sociedades de Bolsas que no operaran por unos días, Pesce compró bonos con reservas y los vendió en simultáneo contra pesos y Guzmán emitió títulos en dólares y atados al IPC.

Cuando vino al país una misión del FMI, un mes atrás, el Gobierno ofrendó en la alfombra roja que Argentina iba a buscar un Programa de Facilidades Extendidas con el FMI, se lanzó un programa fiscal financiero y monetario hasta diciembre (poniendo una cota implícita al déficit fiscal de 2020 en 7% del PIB y no 8,3% como decía el Presupuesto), se avanzó con una batería de decisiones fiscales como el recorte del IFE y la reducción del ATP. También se avisó que en marzo arrancaría el descongelamiento de tarifas y se achicó el programa de precios máximos. Máximo Kirchner se sacó una foto junto a Guzmán mostrando una nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

Hay un debate sobre si hace unos días el FdT sobreactuó con la carta de los senadores al FMI y el cambio de la fórmula de jubilaciones de Guzmán. ¿Se pueden ganar las elecciones firmando un plan con el FMI?

No se puede ganar las elecciones con el dólar subiendo y en recesión.

La economía no da señales de recuperación. ¿La habrá?

La actividad creció 13.2% en el tercer trimestre en relación al trimestre anterior, “una recuperación más fuerte de la esperada”, dice Andrés Borenstein, de Econviews. “Para octubre nuestro modelo está dando un crecimiento mucho más moderado, en torno a medio punto, y noviembre y diciembre no serían mucho mejores. Mejoramos casi un punto la performance desde -11,6 a -10,7%. No se ve un boom de consumo para la recuperación”.

Fernández, en su primer año, evitó el default y reestructuró la deuda. Pero la economía está en falsa escuadra. Y más respecto a un año atrás.

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La Cámara de Casación consideró que no fueron delitos de lesa humanidad las vejaciones a soldados en la guerra de Malvinas

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El tribunal penal dio la razón a un ex oficial del Ejército en el sentido de que se trataron de delitos comunes que ya prescribieron. El fallo podría hacer caer toda la causa que se instruye en el juzgado federal de Río Grande.

La Cámara Federal de Casación Penal consideró esta semana que las vejaciones a soldados argentinos cometidas por oficiales durante la guerra de Malvinas 1982 no fueron delitos de lesa humanidad sino delitos comunes.

Los hechos denunciados, que se investigan en el juzgado federal de Río Grande, no pueden tomarse como crímenes de guerra porque “las presuntas víctimas tenían estado militar y por tanto estaban sometidos a la justicia militar, no resultando ser población civil o grupos perseguidos”, señaló un fallo del máximo tribunal penal antes de la Corte.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña votaron por hacer lugar al recurso de casación de un oficial del Ejército y tomaron esa posición que haría prescribir las causas por vejaciones que, incluso ya tienen procesamientos.

“Se advierte que asiste razón a la defensa en cuanto a que en aquel fallo se ha insistido con una cuestión que fue zanjada por esta Cámara Federal de Casación Penal (en el 2009) en el decisorio reseñado en el punto precedente -el cual se encuentra firme-, al referirse a la categorización que corresponde otorgarle a los hechos por los cuales mediara requerimiento de instrucción por parte del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Petrone.

Tomó esa posición, al hacer lugar a un recurso de casación presentado por un ex militar acusado de cometer torturas durante la guerra de Malvinas llamado Jorge Oscar Ferrante, que tenía el cargo de subteniente y había oficiado como jefe de una sección de una compañía.

La Sala I, con las firmas de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, aceptó el recurso de casación presentado por el abogado Manuel Eduardo Barros, defensor de Ferrante.

 Además, con el voto mayoritario de Barroetaveña y Petrone le devolvió el expediente a la Federal Cámara de Comodoro Rivadavia “para que dicte una nueva resolución de acuerdo con los lineamientos expuestos en la presente”.

Ferrante fue llamado a indagatoria por las supuestas torturas contra el soldado Julio César Más, quien “habría sido estaqueado entre doce y dieciocho horas y que habría culminado cuando otro conscripto lo liberó durante un bombardeo”.

“La cuestión sometida a inspección casatoria relativa a la categorización de los hechos juzgados en este legajo, fue dirimida por esta Sala –con diferente integración- en la ya citada causa de fecha 13 de noviembre de 2009, sentencia que adquirió́ firmeza tal como expresamente lo puso de relieve el más Alto Tribunal en su ya referenciado pronunciamiento en estos actuados, de fecha 13 de mayo de 2015″, agregó Barroetaveña.

La jueza Figueroa votó por rechazar el recursos de Ferrante y a favor de que se siga investigando: “Conforme el estado procesal de la causa y la totalidad de las constancias glosadas al expediente, se advierte que la decisión cuestionada cuenta con los fundamentos mínimos y necesarios que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido”.

El fallo podría llevar a la suspensión de las 15 indagatorias previstas desde el 8 de junio al 7 de julio próximos, además de la resolución de la situación procesal del exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada, indagado el pasado 21 de abril, y la elevación a juicio de la causa respecto de los tres primeros procesamientos firmes: el de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

La Cámara de Casación Penal, con otra integración diferente de la actual, ya había dictado una resolución en 2009, considerando que los presuntos estaqueamientos y “enterramientos” de soldados durante el conflicto bélico de 1982 no podían ser clasificados como delitos de lesa humanidad porque no formaban parte de un plan sistemático del Estado.

La medida benefició a Jorge Eduardo Taranto, un exsubteniente del Regimiento 5 de Paso de los Libres, a quien señalaban como partícipe de cinco hechos de torturas a los soldados Edgardo Oscar Arnoldo, Daniel Mártires González, Gustavo Andrés Nadal, Rosendo Prado y Juan de la Cruz Martins.

Taranto fue sobreseído en 2010 por prescripción de la acción penal.

El fallo de Casación no fue apelado ni por la Fiscalía ni por las querellas y se consideró firme, mientras que, por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia rechazó su revisión en 2015 y el caso fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora, llegó a la instancia casatoria la situación de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5 y cuya defensa planteó ser alcanzado por el precedente de Taranto.

Ante ello, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone entendieron, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que el organismo ya se había expedido sobre la cuestión en 2009 y que no podía volver a hacerlo, porque lo resuelto tenía valor de “cosa juzgada”.

“Es decir que, sin emitir su opinión personal, acerca de si se trata o no de delitos de lesa humanidad, correspondía hacer valer el criterio del tribunal en 2009, con lo que el efecto es el mismo y Ferrante será seguramente sobreseído también”, explicaron los voceros judiciales.

Por su parte el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que interviene como querellante en la causa, emitió un comunicado en el que criticó el fallo de Casación y consideró que “reproduce conceptos que se dan de patadas con las obligaciones que la República Argentina ha asumido”, además de ser “arbitrario, infundado, despótico, contrario al derecho internacional, multiplicador de prejuicios y revictimizante”.

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Federico Basualdo sigue en su puesto y se muestra en una actividad oficial

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Desde el kirchnerismo salieron a difundir un encuentro del subsecretario con el sindicato de Luz y Fuerza.

Desde uno y otro lado dejan trascender que el conflicto terminó. El ministro de Economía Martín Guzmán seguirá en su puesto, aunque no haya podido despedir a su subalterno, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

El presidente Alberto Fernández respaldó a Guzmán. El Instituto Patria, a Basualdo.

Pero aunque pareciera que desde ambos “bandos” buscan bajarle la espuma al conflicto, este martes desde el kirchnerismo salieron a mostrar que Basualdo sigue con su actividad como si nada. Hace horas, sin embargo, desde Economía decían que Basualdo debería dejar su cargo más temprano que tarde.

La forma de dejarlo claro fue la difusión de un encuentro de Basualdo, y la Interventora del ENRE, el ente regulador de la electricidad, Soledad Manin, con representantes del Sindicato de Luz y Fuerza.

La pelea de fondo entre los funcionarios era el aumento de las tarifas. Mientras que Guzmán buscaba reducir los subsidios con subas similares a la inflación para así quitar combustible al déficit fiscal, desde el kirchnerismo más duro y La Cámpora pugnaban por un incremento mínimo, casi testimonial, para no afectar los bolsillos de los consumidores en el año electoral.

El sábado pasado se anunció un alza del 9% para Edenor y Edesur. Por ahora, ese sería el único aumento del año. Guzmán esperaba poder anunciar otro en julio para totalizar 15% en el año.

Según el comunicado del encuentro con Luz y Fuerza, la interventora del ENRE explicó que el organismo se encuentra completando la verificación de la ejecución de la primera etapa del plan de inversión y obras de infraestructura de distribución eléctrica en el AMBA, “impulsado por el Ente Regulador y la Subsecretaría de Energía Eléctrica”, para que no queden dudas.

“En este marco, las distribuidoras ejecutaron más de 800 millones de pesos en el primer trimestre del año, y se encuentra iniciada la segunda etapa con un compromiso de inversiones por 1.493 millones de pesos”, agregaron.

El hecho de que Guzmán tenga rango de ministro y Basualdo de subsecretario no quiere decir nada en un gobierno donde la vicepresidenta marca agenda. De hecho, el cristinismo ya forzó la salida de Guillermo Nielsen de la presidencia de YPF, donde recaló un hombre de Máximo Kirchner, Pablo González.

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Sin otras vacunas a la vista, el Gobierno espera que Joe Biden libere dosis para la Argentina

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En Estados Unidos hay más de 60 millones de dosis fabricadas por AstraZeneca que no se usan. China no mandará más vacunas por ahora y nadie sabe cuándo seguirán llegando las Sputnik V.

La farmacéutica AstraZeneca ya le advirtió al Ministerio de Salud que las vacunas cuyo principio activo se elabora en la planta de Mabxience en Garín, provincia de Buenos Aires, siguen atrapadas en una cadena de retrasos y fallos. Lo más probable es que no regresen envasadas al país durante mayo. China ya había avisado antes a la Cancillería que no enviará más dosis de la vacuna Sinopharm durante los próximos meses, ya que Pekín se concentrará en inocular a sus propios ciudadanos.

Con ese panorama, y sin otros contratos con laboratorios a la vista, Alberto Fernández sólo podrá esperar durante este mes a que el Fondo Ruso de Inversión Directa libere cargamentos de la Sputnik V de manera aleatoria y con una frecuencia imposible de predecir para los funcionarios argentinos.

Esa situación podría cambiar si Joe Biden se decide a fortalecer su programa de “diplomacia de las vacunas” y anunciar la transferencia de dosis guardadas en depósitos estadounidenses hacia zonas en situación crítica por la pandemia, como India y varios países de América latina, entre los que se destaca la Argentina, asfixiada por la falta de vacunas en el horizonte inmediato.

En la Casa Rosada esperan que ese cuadro de escasez desesperante se modifique en los próximos días con un anuncio de Biden, que este martes dijo en Washington que el 70% de los adultos estadounidenses estará vacunado dentro de dos meses.

El presidente norteamericano, que acaba de ganarse los aplausos de Cristina Kirchner y también de Alberto Fernández por su plan destinado a promover que el Estado compre bienes y servicios producidos en terreno estadounidense y a gravar las superganancias de las grandes empresas, tiene sectores dentro del propio partido demócrata que lo presionan para que acelere la transferencia de vacunas.

Este lunes, la mayoría oficialista de la Subcomisión para la Crisis del Coronavirus de la Cámara de Representantes, publicó en Washington una carta que les envió el 30 de abril al Secretario de Salud Xavier Becerra y el Secretario de Estado Antony Blinken, en la que les piden una reunión para que expliquen cómo y en qué fechas piensa la Casa Blanca distribuir las vacunas que se encuentran almacenadas en Estados Unidos y que no se usarán para inocular a su propia población.

En su carta, los miembros de la Cámara de Representantes Raja Krishnamoorthi, Carolyn B. Maloney, James E. Clyburn y Stephen F. Lynch les adelantan a Blinken y Becerra que su objetivo es que Biden “distribuya las más de 60 millones de dosis de AstraZeneca” que están en depósitos estadounidenses cuyo uso no ha sido aprobado por las autoridades sanitarias de Estados Unidos pero sí por las de otros países.

Puntualmente, los miembros de la Subcomisión dicen que esas vacunas podrían enviarse a “países como India, Argentina y Brasil, afectados por contagios masivos” en este momento.

La Subcomisión legislativa, según le recuerdan en la carta los representantes demócratas a los ministros de su propio gobierno, tiene la atribución de “conducir una investigación completa y exhaustiva” de las “cuestiones relacionadas a la crisis del coronavirus”, incluidas la “preparación de la respuesta a la crisis y el desarrollo de las vacunas y tratamientos” y el resto de las decisiones sobre esa materia tomadas por el Poder Ejecutivo en Washington.

En la Casa Rosada creen que esa decisión de Biden podría ocurrir incluso en esta misma semana. “Estamos esperando una buena noticia desde Estados Unidos”, le dijo a Clarín este martes un funcionario que conoce el detalle de las negociaciones entre el Gobierno y Washington. En el Frente de Todos se ilusionan incluso con que los envíos alcancen los 5 millones de dosis, una cifra que podría servirle a la Argentina para sobrellevar la sequía de vacunas durante las próximas semanas. Sin embargo, ningún miembro del Gobierno se arriesga a mencionar fechas ni números precisos.

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