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Tras el escándalo de los aportes truchos, el Senado debate si habilita los fondos de empresas

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Los legisladores comenzaron la discusión en comisión. La Cámara Electoral dio el aval para el financiamiento empresario en las campañas electorales.

El Senado comenzó a debatir este miércoles sobre una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos y la Cámara Nacional Electoral se expresó a favor de que las empresas puedan realizar aportes de campaña, algo que actualmente está prohibido.

El debate surgió luego del escándalo desatado por las denuncias de aportes truchos durante las campañas electorales 2015 y 2017 a Cambiemos.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda del Senado recibieron a los jueces de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera, y representantes de Transparencia Internacional, CIPPEC y Red de Acción Política, entre otros.

“El primer punto del debate es si las personas jurídicas privadas pueden aportar y ser reguladas, nosotros estamos de acuerdo con que así sea”, expresó Dalla Vía ante el plenario de comisiones donde hay varios proyectos presentados, entre los que se destacan uno del oficialista Ángel Rozas, y otro del jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto.

En este sentido, el magistrado electoral agregó: “No tenemos un sistema de aportes de empresas privadas cuando el artículo 38 de la Constitución dice que el Estado contribuirá al sostenimiento de los partidos, no dice ´sostendrá´, esto da margen para un sistema mixto, público y privado”.

Dalla Vía también apoyó la “bancarización y trazabilidad” de los aportes de campaña por considerar que “el dinero en efectivo siempre es un marco oscuro y difícil de seguir” y “en estos tiempo el objetivo tiene que ser la transparencia”.

No obstante, el presidente del tribunal electoral expresó su disidencia con la iniciativa de Pichetto, que propone que la trazabilidad de los aportes sea controlada por la AFIP y consideró que “tiene que ser a través de la Cámara Electoral”.

Por otra parte, celebró la propuesta del proyecto de Rozas de aumentar el cuerpo de peritos auditores y explicó: “Hoy son siete personas para auditar miles de cuentas. El proyecto del senador Rozas prevé el aumento a 25, que creemos que es un mínimo para hacer las auditorías”.

De la reunión también participó el presidente de la Fundación Red de Acción Política, Alan Clutterbuck, quien coincidió en “aceptar los aportes de personas jurídicas, que se hacen de hecho y no terminan registrados”, así como la bancarización.

En tanto, la directora ejecutiva del CIPPEC, Julia Pomarés, señaló que “hay evidencia para decir que el sistema de financiamiento de la política en Argentina tiene graves problemas que deben ser subsanados”.

Además, se expresó a favor de que “se puedan bancarizar las donaciones” porque, según dijo, “en Argentina casi todo es en negro, en efectivo”.

Delia Ferreira Rubio, de Transparencia Internacional, inició su exposición con una advertencia a los legisladores en su condición de integrantes de partidos políticos: “Si no están dispuestos a cumplir las normas, les diría que no empiecen a modificar y generar expectativas sobre la transparencia del financiamiento de la política”.

Si bien los senadores no firmaron dictamen para un proyecto, hubo acuerdo respecto de volver a reunirse para arribar a un proyecto de consenso en base a los expresado por los invitados.

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Politica

Tras la condena por lavado, la Justicia investiga más nexos comerciales entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner

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Lo hace a través del área de recupero de activos, en una causa paralela donde se busca determinar si el empresario K adquirió propiedades como testaferro de la vicepresidenta.

Tras la condena de Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado, un expediente pone el foco en los presuntos negocios del empresario con Cristina Kirchner y su familia. En la mira, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan tienen una serie de intercambios comerciales, compra y ventas de inmuebles entre otras transacciones que vinculan a los Báez y los Kirchner. El expediente es el 2146/2019 y allí el empresario K condenado y la vicepresidenta están imputados por lavado de dinero.

El expedientes viene avanzando a paso firme y allí Marijuan y Casanello buscan determinar si los bienes por más de 205 millones de dólares que adquirió el contratista K son producto de un ilícito y si actuó como testaferro de los ex presidentes. Esta semana después de la dura condena contra Báez, se sumó nueva documentación al caso.

Lázaro Báez aún no se recupera de la sentencia dictada el miércoles pasado por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), que lo acusó de haber lavado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Lo condenaron a doce años de prisión. Sus cuatro hijos también fueron condenados con penas diferentes.

Esa causa, conocida como la Ruta del Dinero K, tuvo entre sus ejes centrales la determinación de a cuánto ascendía el patrimonio de Lázaro Báez. Hubo un paralelismo que se investigó: mientras su firma insignia Austral Construcciones recibía licitaciones viales del gobierno kirchnerista, parte de esos fondos los volcó a las maniobras de lavado. Las mismas incluyeron la compra compulsiva de propiedades y diversos bienes: 1.412 en ocho distritos diferentes.

Muchas de esas compra ventas de casas, terrenos y negocios celebrados comercialmente, se realizaron con Austral Construcciones, piedra angular de las operaciones investigadas en la Ruta del Dinero. Pero a su vez, muchas de esa adquisición de propiedades, como la venta de otras, se concretaron con la familia Kirchner.

Por ese motivo y a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) de la gestión macrista, se abrió una nueva investigación que se desprendió de la causa principal cuyo juicio oral concluyó el miércoles pasado. El expediente actual se concentra exclusivamente en la fortuna del empresario K.

En la causa sólo están imputados Báez y Cristina Kirchner por decisión del fiscal Guillermo Marijuan y se investigan las operaciones “de adquisición de bienes en el país mediante sociedades del Grupo Báez” como también a título personal.

La fiscalía pidió a los colegios de Escribanos de al menos ocho provincias que remitan toda la documentación vinculada a la compra de propiedades por parte de Austral Construcciones, los dueños de la misma y demás integrantes de la compañía. La documentación comenzó a llegar la semana pasada, confirmaron fuentes judiciales a Clarín.

No descartan, desde la investigación, que el patrimonio de Báez sea aún mayor como también que aparezcan más nexos y operaciones cruzadas con la familia Kirchner.

El análisis de la documentación, estará a cargo del área de Recupero de Activos, dependiente de la Procuración, y tiene como finalidad determinar la cantidad de nexos entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez respecto al acervo patrimonial y así poder llegar a responder el planteo central de este expediente: el origen de los bienes adquiridos y si el empresario K actuó como una “persona interpuesta”, es decir, como un testaferro, en esta caso, de la ex Presidenta.

La Justicia determinó que la fortuna de Báez en bienes registrados y detectados por la fiscalía asciende a 205.134.525 dólares, que “fueron adquiridos con dinero desviado de las arcas del Estado mediante maniobras de asignación irregular de obra pública, siendo Lázaro Báez, testaferro del matrimonio Kirchner”, remarcó la UIF al pedir la investigación.

Para determinar los puntos que dieron origen a la causa, el fiscal Marijuan inició un relevamiento de todos los bienes registrados a nombre de Báez como de su grupo empresarial. “No se descarta que la fortuna supere los 205 millones de dólares, y que aparezcan más propiedades que deberán tasarse”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.

Ese cuantioso y millonario patrimonio quedó decomisado por orden del TOF 4 al entender que Báez lavó 60 millones de dólares, que debe afrontar una multa de 480 millones de dólares y además, otra correspondiente Austral Construcciones por 120 millones de dólares.

Ahora el área especializada de la Procuración, realiza los entrecruzamientos entre los nexos que tienen el empresario K y la vicepresidenta. Para ello, se requirió información a áreas de catastro de diferentes lugares, principalmente Santa Cruz, para determinar bien las fechas de las operaciones, quiénes intervinieron en las mismas, los montos implicados y de dónde provino el dinero comprometido.

El patrimonio de Báez se compone de terrenos, casas, departamentos, cocheras, hoteles, empresas, estancias, locales comerciales, estaciones de servicio, galpones, edificios, aviones, vehículos y maquinaria vial. Las propiedades están distribuidas en diez localidades de Santa Cruz, también en las provincias de Chubut, Buenos Aires, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco y Santiago del Estero, además de Capital Federal. Además, se contabilizaron en 972 vehículos y maquinaria vial perteneciente a Austral Construcciones.

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Eduardo Duhalde: “Soy parte de una generación fracasada… no somos el modelo de nadie”

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El ex presidente habló en un ciclo de charlas de la Universidad Católica Argentina. No hizo alusión al vacunatorio vip del que fue beneficiario junto a su familia y se calificó al también ex mandatario Fernando de la Rúa como “empastillado”

En el marco de una charla organizada por la Universidad Católica Argentina que se lleva adelante en este momento y lleva por título “El Diálogo Argentino, lecciones para el presente” –de la que también participan el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz, el senador nacional Martín Lousteau, el neurocirujano Facundo Manes (que reapareció luego de su internación por COVID-19) y el secretario de Relaciones Institucionales del Gabinete y dirigente del Movimiento Evita Fernando “Chino” Navarro, entre otros–, el ex presidente Eduardo Duhalde señaló con crudeza: “Soy parte de una generación fracasada, de una generación que les echa la culpa a otros permanentemente. Que los jóvenes, que son nuestra expectativa, sepan que no somos modelo para nadie”. Sin hacer alusión al escándalo de las vacunas ni a su papel en el affaire del vacunatorio VIP que funcionaba en el Ministerio de Salud, su presentación giró en torno a la gestación del Movimiento Argentino Productivo junto a Raúl Alfonsín.

La semana pasada se conoció que tanto Duhalde (de 79 años) como su esposa Chiche y sus hijas María Eva y Juliana fueron inoculados con la vacuna Sputnik V en su domicilio de Lomas de Zamora en un hecho irregular. Ginés González García, el ministro que fue echado al descubrirse los pormenores del vacunatorio, fue el titular de esa cartera durante su presidencia. Según Clarín, ante una consulta puntual sobre cómo fue el mecanismo mediante el que se aplicó la vacuna, se desligó de cualquier responsabilidad: “Yo no gestioné nada, el que tiene que dar explicaciones es el Gobierno”.

La exposición de Duhalde se remontó a los primeros años de la democracia y su llegada al poder después de la renuncia de Fernando de la Rúa, para quien no ahorró duros epítetos, diciendo que estaba “empastillado” y que “no estaba en sus cabales”.

El entonces presidente Eduardo Duhalde junto a su ministro de Salud, Ginés González GarcíaEl entonces presidente Eduardo Duhalde junto a su ministro de Salud, Ginés González García

“Los consensos no se logran de un día para el otro –comenzó diciendo–. Buscar consenso y un clima de amistad entre los dirigentes es muy importante. Encontré en mi camino a un gran presidente, el Dr. Raúl Alfonsín. Descubrí una cosa, esa mentira tan común de Perón y Balbín: el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Mentiras, mentiras. Yo viví que quien ganaba intentaba gobernar, y el que perdía intentaba que no gobierne. Lo viví en el gobierno del Dr. Alfonsín. A los dos meses ya vinieron a proponerme ser parte de un golpe de Estado. “Hay que echar a los zurdos”, me dijeron. Lo saqué patitas para arriba al coronel (no lo nombró) y con su tarjeta al otro día fui a ver al presidente y le conté lo que había pasado. Tomó el bastón, caminó detrás mío, habrá sido uno o dos minutos, yo pensé que habían sido uno o dos años. ‘Le agradezco, intendente’. No, doctor, no vengo a contarle, vengo a hacer una denuncia por escrito. Al otro día me llamó Alfonsín y me dijo ‘no levantemos la perdiz’, estamos trabajando…’”.

Más adelante, expresó: “Fuimos teniendo una confianza con el Dr. Alfonsín que se materializa en 1991. Soy elegido gobernador, lo convoco, le muestro un compromiso ético de 10 puntos. El primero era eliminar la corrupción estructural. Lo leyó, le parecía bien… ‘y para qué me lo muestra’. Quiero que gobernemos juntos. ¿Y cómo es eso? Yo administro fondos y ustedes controlan. ¿Qué? Todo, creado o a crearse del Estado provincial, parlamento y todos los municipios de la provincia. Y comenzó otro paradigma. El que gana gobierna y el que pierde también gobierna. Son los consensos mayores. Gobernar juntos”.

Luego, recordó: “Pierdo la elección del 99 con el Dr. De la Rúa y a finales del 2001 pasa lo que todos sabemos. Para entonces con el Dr. Alfonsín creamos –trabajamos juntos en todo– el Movimiento Productivo Argentino, junio del 2001. ¿Para qué? Para llevarle al Dr. De la Rúa una salida distinta a la que estaba empeñado. El Dr. De la Rúa no estaba en sus cabales, estaba empastillado, se burlaban periodistas de él. Estaba herido en un ala con la salida de Chacho Álvarez y no se recuperó. Me llama el Dr. Alfonsín nueve veces el 31 de diciembre de 2001. Yo estaba escondido, sabía que me querían hacer presidente. Le dije a Chiche ‘si llama de nuevo, lo atiendo’. Me dijo: ‘Lo llamé 15 veces, usted va a ser responsable de una matanza si no asume mañana la presidencia. Le doy dos horas pero no acepto el no como respuesta’. Dos horas después le dije que tenía razón pero que no alcanzaba con el 90% de los votos del PJ y la UCR. Si no viene gente del Frepaso, no voy a asumir. Vinieron y asumimos con gran consenso. Pero la gente no creía en nosotros. ‘Que se vayan todos’ era el grito de guerra. Dije en mi discurso que iba a convocar a la Iglesia para que prestara su ámbito físico y espiritual para llamar a un diálogo. Estuvieron las religiones, la gente de campo, industria, comercio, los piqueteros que eran invitados. Setenta y cinco agrupaciones participaron, más de mil personas interactuaron. Enviamos proyectos productivos y venían mejorados”.

Por último, señaló: “Quiero decirles a los jóvenes que soy parte de una generación fracasada, de una generación que les echa la culpa a los otros permanentemente. Que los jóvenes, que son nuestra expectativa, sepan que no somos modelo para nadie. Y finalmente, que tengo una esperanza absoluta. Las cosas son más fáciles, es copiarse de Europa, ¡por favor! ¿Cómo sale Europa de las crisis? No con tantos estudios, laburando, trabajando. Generando eso. Y acá no se hace porque los dirigentes argentinos no tienen ADN productivo. Eso es lo que hace falta. Poner en marcha la enorme potencialidad de un país que ha sido bendecido por Dios o por la naturaleza”.

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Ruta del dinero K: condenaron al empresario Lázaro Báez a 12 años de cárcel por lavado de dinero

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Lo decidió el Tribunal Oral Federal 4. También fueron condenados Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Martín Báez y Leonardo Fariña, entre otros. El juicio arrancó en octubre de 2018 y tuvo un total de 27 imputados. El empresario K estaba acusado de montar una maniobra para lavar más de USD 55 millones. La sentencia se postergó dos semanas por diferencias entre los jueces

Fin del misterio: el empresario Lázaro Báez fue condenado hoy a 12 años de cárcel por la maniobra de lavado de dinero de casi USD 55 millones que se conoce como “la ruta del dinero K”. También fueron condenados sus cuatro hijos. Martín, el único que permanece detenido en una cárcel, recibió una pena de 9 años.

Luego de largas discusiones, el tribunal no reveló durante la sentencia cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero. No es un tema menor: el fiscal Abel Córdoba había hablado de la causa de la obra pública, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales acusadas, y de la evasión fiscal. “Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública, la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes del veredicto.

La omisión sobre el delito precedente surgió de un acuerdo entre los jueces, pero Infobae pudo saber que dos de los magistrados, Néstor Costabel, Adriana Palliotti, votaron por tener en cuenta tanto la obra pública como la evasión. En cambio, López Iníguez fue solo del delito tributario.

Las diferencias previas entre los jueces, que obligaron a postergar la sentencia dos semanas, finalmente quedaron expuestas: el presidente del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, tuvo que leer, al final del veredicto, cada una de las disidencias por los montos y las calificaciones de las penas.

La pena para Báez fue la misma que había pedido la Fiscalía. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también habían solicitado penas muy altas para el principal responsable: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP.

Luego de casi dos años y medio de juicio, el Tribunal Oral Federal 4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti- también condenó al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadin. Ambos recibieron una pena de ocho años de cárcel.

En el caso de Leonardo Fariña, el tribunal decidió condenarlo a 5 años por su rol de arrepentido. “La pena fue reducida en tres años por su rol de imputado colaborador”, dijo el presidente del tribunal, que quedó a cargo de la lectura del veredicto desde su despacho de Comodoro Py.

Desde el punto de vista patrimonial, el tribunal ordenó el decomiso de USD 54.872.866,69 por la maniobra de lavado general y USD 5.000.000 por la compra del campo “El Carrizalejo”, en la provincia de Mendoza (conocido como el hecho B). Además, impuso a las firmas Austral Construcciones, Top Air S.A., OACI S.A. y Real Estate Investment Fiduciaria S.A. una multa por el doble de las operaciones en que intervinieron. En el caso de Helvetic Services Group, se ordenó la cancelación de la personería jurídica, y una multa correspondiente a siete veces el monto de las operaciones.

Todas las condenas y absoluciones

1) Lázaro Antonio Báez, 12 años

2) Jorge Oscar Chueco, 8 años

3) Daniel Rodolfo Pérez Gadín, 8 años

4) Jorge Leonardo Fariña, 5 años

5) Martín Antonio Báez, 9 años

6) Leandro Antonio Báez, 5 años

7) Melina Soledad Báez, 3 años

8) Luciana Sabrina Báez, 3 años

9) Walter A. Zanzot, 5 años

10) Julio Enrique Mendoza, 6 años

11) Claudio Bustos, 4 años y 6 meses

12) Eduardo César Larrea (absuelto)

13) Walter Santiago Carradori (absuelto)

14) Fabián Virgilio Rossi, 5 años

15) Federico Elaskar, 4 años y 6 meses

16) Juan Carlos Molinari, 4 años y 6 meses

17) Mario Lisandro Acevedo Fernández, (absuelto)

18) Daniel Alejandro Bryn, 3 años

19) Juan Ignacio Pisano Costa, 2 años y 6 meses.

20) Sebastián Ariel Pérez Gadín (absuelto)

21) Alejandro Ons Costa, 4 años

22) César Gustavo Fernández, 5 años

23) Jorge N. Cerrota, 2 años y 6 meses.

24) Christian Martín Delli Quadri (absuelto)

25) Eduardo Guillermo Castro, 5 años

26) Martín Andrés Eraso, 4 años y 6 meses

27) Juan Alberto De Rasis, 6 años

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La investigación judicial comenzó en abril de 2013, por ese entonces a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz. Se trata de una causa con implicancias políticas por la cercanía del empresario con la familia Kirchner.

Durante el juicio también se debatió el traslado de dinero en los aviones privados de Báez desde el Sur hasta Buenos Aires, y la compra del campo “El Carrizalejo”. El otro campo, conocido como “El Entrevero”, quedó al margen en otro juicio.

La jornada de este miércoles arrancó con las últimas palabras de Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis, dos ex empleados del banco suizo Lombard Odier que participaron de las maniobras para mandar a ese país parte del dinero del Grupo Austral. Luego, el presidente del tribunal, Néstor Costabel, ordenó un cuarto intermedio hasta las 13.30 horas.

Pasaron dos años y casi cuatro meses desde la primera audiencia. En todo ese tiempo declararon casi 100 testigos, renunciaron abogados, se sumaron dos imputados al juicio, y salieron de la cárcel los tres principales acusados: Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín.

El empresario K amagó varias veces con revelar sus secretos, pero terminó elogiando a su amigo Néstor Kirchner. Hoy el único detenido en la causa es el hijo mayor de Báez, Martín, que sigue con prisión preventiva hasta la primer semana de marzo.

El Tribunal Oral Federal 4 iba a dar a conocer la sentencia hace dos semanas pero de manera sorpresiva lo postergó para hoy, generando una catarata de especulaciones.

Luego de largas discusiones, el tribunal finalmente no expuso en el veredicto cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero.

Durante su alegato, el fiscal Abel Córdoba había hablado de la defraudación mediante la obra pública, que se juzga en la causa de Vialidad -donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas- y la evasión impositiva de Austral Construcciones, que todavía se investiga en los tribunales de Bahía Blanca y de la Capital Federal. Las tres querellas, con algunas diferencias, coincidieron en esos delitos.

“Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes del veredicto. Otro escenario posible era apoyarse solo en la evasión. En ese caso, asoma otro debate jurídico de fondo. “Está muy discutido si el delito de evasión puede ser un delito precedente porque el Estado otorga moratorias. De hecho, Austral está en una moratoria y la está pagando”, explicó uno de los principales abogados de la causa antes de la sentencia.

fiscal Abel Córdobafiscal Abel Córdoba

Durante los alegatos, la defensa de Báez denunció “una operación de inteligencia estatal y paraestatal, con participación de todos los medios de comunicación”. El abogado de Báez, Juan Martín Villanueva, sostuvo que “la causa tiene un objetivo político” y repasó varias tapas de diarios para concluir que “se buscó involucrar a la ex presidenta” Cristina Kirchner en la causa.

La defensa del empresario, en conjunto con otros abogados, también intentó voltear el testimonio de Leonardo Fariña, el arrepentido que cambió el curso de la investigación. Pero el fiscal y las tres querellas derrumbaron esa estrategia. En diciembre pasado, Córdoba aludió al fallo de la Cámara de Casación que ratificó la constitucionalidad de la ley del arrepentido. “La declaración de Fariña reunió los recaudos de la ley del arrepentido. El juicio está concluyendo, cualquier duda sobre el acuerdo se actualizó ante el tribunal. Fariña declaró durante cuatro audiencias”, sostuvo en ese momento.

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El juicio arrancó el 30 de octubre de 2018 con 25 imputados, pero terminó con 27. En mayo de 2019, el TOF 4 decidió sumar a Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis.

Estaba previsto que el juicio dure un año, pero la cantidad de imputados y testigos demoró el desarrollo. Luego vino la cuarentena y las idas y vueltas por el sistema remoto. El debate recién se retomó el 21 de julio del año pasado, con el alegato de la Oficina Anticorrupción (OA).

Báez siguió la última audiencia desde la casa “secreta” donde cumple la prisión domiciliaria desde septiembre, cuando el TOF 4 le otorgó ese beneficio por una orden concreta de la Cámara de Casación. El empresario primero intentó vivir en el country Ayres del Pilar, pero los vecinos no lo dejaron entrar. Luego del escándalo, fue trasladado a una casa, donde tiene custodia permanente.

Recién sobre el final del juicio, el empresario intentó desligar a todos sus hijos. “Lazaro tomaba las decisiones junto con sus colaboradores y no con sus hijos”, dijo su abogado. No alcanzó.

Báez seguirá cumpliendo con la prisión domiciliaria, mientras se definen las apelaciones. Pero la historia no termina. El empresario está participando del juicio de Vialidad y tiene varios procesos pendientes.

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