El Senado volverá a sesionar este jueves para convertir en leyes la nueva normativa para el alquiler de viviendas y también la educación a distancia en casos “excepcionales” como la pandemia del coronavirus. El tratamiento de ambos proyectos fue bloqueado la semana pasada por los senadores de Juntos por el Cambio invocando una cuestión reglamentaria (no habían pasado los siete días de su dictámenes) pero con el objetivo político de mostrar su poder de veto sobre el debate y sobre todo para impedir que se convalide el debate sobre dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del ex presidente Mauricio Macri, que nunca fueron tratados por el Congreso, entre ellos el que traspasó las escuchas judiciales de la Procuración a la Corte Suprema.
Ahora, con el plazo reglamentario cumplido, la bancada de senadores del Frente de Todos volverá a insistir con el debate sobre ambos proyectos. La nueva Ley de Alquileres para viviendas familiares, que extiende los contratos a 3 años, establece una indexación anual (ya no semestral) a través de un cálculo que surgirá entre la inflación y aumentos salariales y que el adelanto para la locación debe ser igual al valor de un solo mes de alquiler; además de proponer un abanico mas amplio en el sistema de garantías para acceder a las mismas.
El otro tema será la modificación de la ley de Educación a Distancia para menores de 18 años, que habilita la implementación de esta modalidad “únicamente en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos”. Aunque aun se desconoce si el oficialismo buscará sumar alguna otra iniciativa a la sesión del jueves.
Los dos proyectos mencionados ya habían obtenido un abrumador respaldo en la Cámara baja. El de alquileres, consiguió la media sanción de Diputados en noviembre pasado, luego de un trabajoso acuerdo entre inquilinos y propietarios pero también entre oficialismo y oposición de entonces. Por lo que se descuenta que ambos se convertirían en ley.
El bloqueo opositor a su tratamiento de la semana pasada respondió a una demostración de fuerza que rompió la tregua parlamentaria que impuso la emergencia frente a la pandemia. JpC afirmó así que no concederá los dos tercios necesarios para tratar o sancionar iniciativas que requieran esa mayoría calificada y que el oficialismo no cuenta a pesar de su supremacía en la Cámara alta.
La postura de la alianza opositora llevaba implícita una amenaza sobre un objetivo que se trazó su ala mas dura: poner en riesgo la posible aprobación del pliego del juez federal Rafecas como Procurador General, que necesita de ese respaldo.
La queja opositora se expresó a través de desconectarse de la sesión remota invocando una cuestión “reglamentaria” para oponerse al tratamiento de los dos DNU de Macri que nunca fueron convalidados por ninguna de las dos Cámaras del Congreso: el traspaso de las escuchas judiciales a la Corte y el que deja en manos de los supremos la designación de camaristas para el manejo de las causas de Delitos Complejos y el Crimen Organizado.
El FdT decidió igual avanzar en la derogación de esos decretos que considera “inconstitucionales” por tratarse de uno de los tres temas que la Constitución le prohíbe al Ejecutivo: decretar sobre temas penales. Más aun después de que estallaron los escándalos sobre el espionaje ilegal de la AFI macrista y las presiones del gobierno de Cambiemos y la llamada Mesa Judicial del macrismo a la justicia en causas de “persecución política a opositores”. Si Diputados ratifica el rechazo del Senado, ambos DNU quedarían sin efecto. Un tema en que el oficialismo ya trabaja en la Cámara baja. No hay registros de muchos casos en que el Congreso rechace un DNU y sobre todo de uno emitido en un gobierno anterior.
