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Teresa de Anchorena y la polémica por las reformas en Casa Rosada: “No autorizamos que saquen la escalera histórica, pero sí sabíamos que se iba a hacer”

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El polvillo aún abunda en la Casa Rosada. Desde hace un par de años, el interior de la Casa de Gobierno vivió una profunda refacción. Algunos cambios se presentaron como esenciales para su mantenimiento, otros trajeron aparejados una serie de polémicas, como la desaparición de una histórica escalera de mármol de carrara y una lucarna de la terraza, también patrimonial, que se desarmó para armar una especie de deck. Y todo sin la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, el ente dependiente del Ministerio de Cultura que se encarga de proteger el patrimonio arquitectónico del país.

La Comisión tiene a cargo el cuidado de 1400 monumentos históricos en todo el país, “muchos de los cuales están en malas condiciones”, entre los que se encuentran no solo edificios fundacionales del país, sino también la Plaza de Mayo o las 124 esculturas más importantes emplazadas en el espacio público.

En el caso de la escalera histórica, que data de 1890, fue derribada por seguridad, para realizar una salida de emergencia cerrada, que el edificio de Balcarce 50 no tenía. Esta modificación forma parte de un máster plan que comenzó a implementarse durante el gobierno de Mauricio Macri y que no llegó a su fin. Las obras de remodelación contemplaban tres etapas con un presupuesto total por $285 millones, de los cuales aún faltaba la tercera, de $45 millones, aunque en las últimas horas el presidente Alberto Fernández decidió dar por terminado el proyecto Casa Rosada Siglo XXI debido a la crisis económica y para mostrar solidaridad a través de la austeridad.

Arriba: el ascensor que ya existía y una escalera de mármol de la Casa de Gobierno; abajo: imágenes de las refacciones

Arriba: el ascensor que ya existía y una escalera de mármol de la Casa de Gobierno; abajo: imágenes de las refacciones

Pero la pregunta sigue latente: ¿qué pasó y dónde está la escalera? En redes sociales y algunos medios se barajaron diferentes teorías; Infobae Cultura dialogó con Teresa de Anchorena, quien desde 2016 asumió la presidencia de la Comisión por decreto presidencial en acuerdo con el Ministerio de Cultura y que, ratificada por el nuevo ministro, Tristán Bauer, estará en el cargo hasta por lo menos 2022.

-Existen muchos rumores sobre los cambios, pero no hubo una voz oficial que saliera a desmentirlos. ¿Puede relatar qué es lo que sucedió?

-Hicimos un informe bastante largo en el 2016, apenas empezó la gestión de Macri, sobre cuál era nuestra visión de la Casa Rosada con respecto al patrimonio. En uno de los capítulos nos referimos puntualmente a esta escalera, porque había una posibilidad de que quisieran sacarla. Ya entonces hicimos una recomendación de que la dejaran.

-Uno de los rumores no confirmados es que van a colocar un ascensor allí.

-Esa escalera ya tenía un ascensor. En algunos medios se publicó que la habían sacado para hacer un ascensor que en realidad ya existe. En esa recomendación de hecho dejamos claro que el ascensor ya existe.

-Si ustedes recomendaron no quitar la escalera, ¿cómo sucedió?

-La Casa de Gobierno hizo un acuerdo con la facultad de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, por el cual la UBA iba a hacer un gran proyecto de puesta en valor, pero sobre todo de adecuación de la Casa Rosada a la función que tiene. Del estudio que hicieron concluyeron que la Casa Rosada en su uso estaba colapsada, que hay mil personas trabajando y otras mil que van diariamente. Y eso es un uso excesivo de un edificio patrimonial. Hicieron un máster plan del proyecto, pero nunca nos lo dieron completo. No porque no quisieran, sino porque lo iban haciendo y nos iban presentando diferentes momentos. Como tenemos la superintendencia sobre todos los monumentos históricos declarados, nos tienen que mandar los documentos y luego de que lo vemos los 11 miembros de la comisión, se vota y se toma la decisión.

“La Comisión dejó de tener esa capacidad de detener una obra para pasarlo al ministro de Cultura. Y solo podemos hacer recomendaciones al ministro, de quien dependemos”, dijo

-Y la decisión en este caso era mantenerla.

-Sí. Tuvimos conversaciones con la gente de la UBA, después del análisis de uso que hicieron y llegaron a la conclusión de que si había un incendio era muy peligroso. Porque no había una escalera de escape. Muchas veces nos pasa que el cuidado patrimonial se enfrenta con el tema seguridad. Es muy delicado, porque nos dicen que si alguien muere es culpa de la comisión. Es muy bravo tomar la responsabilidad de que ocurra un accidente y que sea por salvar el patrimonio. Igual, nosotros lo analizamos, porque muchas veces se dice que es una medida de seguridad y no lo es, es una obra. Entonces ese era un argumento muy fuerte para nosotros. Por otro lado, el poder ejecutivo de entonces también opinó y ellos querían que se hiciera esa obra.

-¿Cuáles son las potestades de la Comisión ante una obra que va contra la protección del patrimonio?

-Nosotros antes de noviembre de 2015 podíamos llegar y paralizar una obra. Teníamos el poder de policía, pero a partir de esa fecha, justo antes de que ingresara Macri, se cambió eso. La Comisión dejó de tener esa capacidad de detener una obra para pasarlo al ministro de Cultura. Y solo podemos hacer recomendaciones al ministro, de quien dependemos. De pronto se nos presentó esta disyuntiva. Lo que hicimos entonces fue no autorizar la escalera, pero sí sabíamos que se iba a hacer, porque ellos querían hacerla igual. Y nosotros ahí, no dijimos nada. Esa es la realidad de lo que pasó. Nosotros sí sabíamos que se había hecho la escalera en 2018. No participamos en el proceso de sacar la escalera, pero sabemos que está toda inventariada en un depósito en Villa Martelli, en Tecnópolis, que están los mármoles y que están las barandas. Eso lo chequeamos.

-¿No hubo otra posibilidad de realizar una salida de emergencia sin quitar la escalera?

-Nosotros buscamos otro lugar para hacer la escalera y los ascensores. Y no lo encontramos. No había ningún lugar que uniera el piso superior con los inferiores. Toda la Casa Rosada es patrimonio, hasta la canilla. Si movíamos la escalera a otro lugar, se afectaba otro espacio que incluso podía ser más valioso. Si bien no lo aceptamos, no dijimos nada.

-Si toda la Casa Rosada es un patrimonio, desde el mobiliario a la canilla, ¿es normal que el ejecutivo de turno realice cambios?

Todos los gobiernos han hecho cambios. Y muchas veces con el ok de la comisión, otras no. Nos pasa muchas veces que debemos hacer cambios que no son los ideales. Otro ejemplo es la accesibilidad, que es obligatoria. Todas las personas con medios de locomoción disminuida tienen derecho a entrar por la puerta principal. Eso muchas veces, en un monumento histórico nacional, poner una rampa acá, otra allá, es estropearlo, pero nosotros lo tenemos que hacer. Tenemos que buscar la mejor manera de hacerlo. Otro ejemplo son los aires acondicionados en las fachadas, que estropean mucho, pero por otro lado es una necesidad en un edificio antiguo.

-¿Y con los aires acondicionados en la fachada sucede algo similar?

-Sí. El ex presidente ha puesto tres aires acondicionados que se ven los caños. Nosotros podemos recomendar la mejor manera de colocarlos, pero ese tema nunca nos llegó. No nos llegó con el proyecto anterior. Es un tema muy importante y tenemos que intervenir sí o sí, porque puede entrar en colisión con el patrimonio, para que se note lo menos posible. Evidentemente lo vamos a tener que hacer, vamos a tener que satisfacer la necesidad de trabajar mínimamente cómodos en la Casa de Gobierno.

-Otra de las polémicas fue la desaparición de dos lucarnas.

-Sí. Ahí autorizamos un ascensor en el segundo patio, lo discutimos muchísimo y afectaba a una lucarna que no era histórica porque en 1955 (la Casa de Gobierno) había sido bombardeada y fue reemplazada. Esa la autorizamos. Después había otra lucarna que no llegó a autorizarse, estábamos pidiendo más informes, e igual se hizo.

Anchorena junto a Laura Weber, vocal secretaria de la Comisión

Anchorena junto a Laura Weber, vocal secretaria de la Comisión

En ese momento, Laura Weber, vocal secretaria de la Comisión, que cumple las funciones de una directora ejecutiva, en palabras de Anchorena, comenta: “Venía con el proyecto del master plan de las reformas en la terraza. Pedimos más información que no nos llegó, porque el master plan, en definitiva, no nos llegó nunca completo. Y se hizo. Se reemplazó la lucarna”.

“Por otro lado, cuando vimos aparecer un tinglado enorme en la terraza, escribimos urgente diciendo que eso no iba, que no podía ser. Se veía desde la Plaza de Mayo. Ahora depende del nuevo gobierno, si lo quieren sacar, lo sacan”, agrega Anchorena.

Weber explica que esta lucarna que “sí es histórica”, la “sacaron pero las piezas existen. Todos los elementos que sacaron están inventariados. No las pudimos ver físicamente, pero nos dijeron que parte está en Casa Rosada y parte en Villa Martelli”.

-¿Cómo fue que la Comisión perdió el poder de “policía”, de parar una obra?

-En 2015, se reglamentó nuevamente el funcionamiento de la Comisión. Se cambiaron unas cuantas cosas, entre ellas, ese poder. De todas maneras, parar una obra en Casa de Gobierno, por más independiente que sea la Comisión, es muy complicado. Un ejemplo es cuando se colocó la reja en Plaza de Mayo. Por unanimidad nos manifestamos en contra. Mandamos notas, pero se puso igual. Se adujo un tema de seguridad, que para nosotros no era necesario.

-¿Qué medidas a futuro se podrían tomar para proteger la Casa Rosada con mayor facilidad, ya que adolecen del poder de detener una obra?

-Queremos proponer que en la Casa de Gobierno, donde se seguirán haciendo obras, que la Comisión pueda hacer una propuesta como en otros monumentos históricos. Dividir los planos en tres colores: la parte en rojo no se puede tocar; la amarilla sí, pero con consulta a la Comisión y la verde es libre. Con ese plano de evaluación de espacios, se pueden manejar desde arquitectos hasta gente de mantenimiento, crea compatibilidad en los criterios. Y otra medida, que tratamos de conseguirlo con el gobierno anterior y no lo logramos, es que haya un equipo de arquitectos restauradores, expertos en patrimonio dentro de la Casa Rosada. Esto sucede todo el tiempo en el Congreso, donde existe un equipo de gente que tiene un ida y vuelta constante con nosotros. Si tenés un arquitecto en la casa de gobierno que no es patrimonialista, no tienen la sensibilidad ni el conocimiento para saber que tienen que proteger un montón de cosas.

-¿Considera que falta un trabajo más profesional en el país para el cuidado patrimonial?

-Sí, totalmente. Falta una nueva ley de monumentos históricos nacionales, en la que estamos trabajando. Una ley que tome en cuenta la realidad y cuáles pueden ser los alcances y responsabilidades.

-¿Qué carencias buscaría solucionar una nueva ley?

En un país con un patrimonio importantísimo y que no está bien mantenido, necesitaríamos que se generasen fondos para la puesta en valor del patrimonio, que es nuestra historia, nuestra identidad y constituye un recurso económico fenomenal para lo que tanto queremos, que es el turismo. Aquí viene gente de todo el mundo y esa variedad, esa convivencia de estilos, es lo que fascina a los visitantes. No vienen a la Argentina solamente para ver paisajes. Si a eso le sumás arquitectura, originalidad, es mucho más interesante.

La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos tiene sus oficinas en el Cabildo de Buenos Aires

La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos tiene sus oficinas en el Cabildo de Buenos Aires

-Y esa variedad arquitectónica no está protegida como corresponde.

-No, no está protegida de ninguna manera. Necesitamos un gobierno que le dé importancia al rescate de pueblos olvidados que hay en todo el país, por ejemplo. Nosotros empezamos con ese trabajo y ya tenemos 10 declarados como monumentos históricos nacionales, como Purmamarca y Yavi (Jujuy), Cachi (Salta), Camarones (Chubut) o Concepción de Yaguareté Corá (Corrientes). Además queremos declarar a La Cumbre (Córdoba) y Medina (Tucumán). Ser patrimonio histórico es un gran honor, y una vez que sale el decreto se pueden gestionar fondos para poner en valor el lugar y hacer acuerdos con turismo para que lo coloque en su circuito de pueblos históricos. Es una manera de ponerlo en el mapa. Por ejemplo, lo último que se incorporó fue el sitio arqueológico del alero de Charcamata (Santa Cruz), que es tan importante como la Cueva de las Manos.

-¿Pudo conversar con el ministro Tristán Bauer del tema cuando se reunieron?

-Sí. Coincidimos en todo. Creo que es un hombre comprometido, de la cultura, que le importan los temas y me parece que es una persona que le importa mucho la Argentina.

-¿Cuáles serán los objetivos a futuro?

-Nosotros siempre tuvimos como objetivo conseguir fondos para preservar la mayor cantidad posible, aun sin una ley que nos apoye. En Uruguay, por ejemplo, por cada noche de hotel queda un dólar para restaurar patrimonio. Nosotros eso no lo tenemos, en muchos lugares de EE.UU. también sucede. Vamos consiguiendo fondos construyendo alianzas con el Ministerio del Interior, con el de Turismo. Me parece que con Tristán Bauer eso va a funcionar. También tratamos de conseguir fondos de privados. En Camarones hay unas casas de estilo patagónico preciosas que se están restaurando con fondos privados.

-¿Se podría instalar lo que sucede en Uruguay en el país?

-Sería ideal, pero primero necesitamos el apoyo político para presentar esta ley. Que lo apruebe la Comisión de Monumentos, presentarlo al ministro y a la secretaria de Patrimonio, Valeria González. La ley no está lista, hay que seguir pensándola.

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Coronavirus

“No vacunamos lo que prometimos y va a llegar el invierno con una nueva ola”, advirtió un infectólogo que asesora al Gobierno

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Lo dijo Eduardo López. quien admitió un “déficit” de dosis. Y sostuvo que es fundamental inmunizar a más de 7 millones de adultos mayores. Crítica a Axel Kicillof.

El infectólogo Eduardo López, uno de los miembros del comité de expertos que asesora al Gobierno desde el inicio de la pandemia, admitió que no se llegó al número de vacunados prometido para febrero y que, a raíz de ello, advirtió que, de no avanzar con premura en la vacunación, se podría repetir una nueva ola de contagios, como la del invierno pasado.

Lo que más me preocupa es que no llegamos a vacunar lo que habíamos prometido: 4 millones de dosis en enero de la vacuna Sputnik V y 14 millones en febrero. No han llegado y esto sí que no es bueno”, sostuvo López, en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Si usted no vacuna, va a ser lo mismo que el año pasado. Va a llegar el invierno y a empezar a aumentar y una nueva ola. Creo que esto es muy importante”, agregó.

Para el infectólogo es crucial que antes de la llegada del frío se cubra “el target” principal en el que debería focalizarse el plan de vacunación: los mayores de 60 años. “Nuestro objetivo es de 7.400.000 adultos mayores para vacunar, como ideal. antes de que llegue el invierno”, detalló para luego advertir: “Estamos con un déficit de vacunas que tenemos que subsanarlo lo más rápidamente posible“.

La vacunación contra el Covid-19 en la Argentina. Foto: Andrés D’Elia.

La vacunación contra el Covid-19 en la Argentina. Foto: Andrés D’Elia.

López consideró que para evitar una nueva ola de contagios de la magnitud que hubo durante 2020 “tenemos tres meses o cuatro por delante” en los que “si trabajamos fuerte, creo que se puede evitar o por lo menos minimizar”.

“La vacuna, aún con la primera dosis, tiene una eficacia del 71%, tanto la de Astrazeneca como la Sputnik V y además previene la enfermedad grave”. explicó el especialista, pero volvió a enfatizar en su preocupación: “Ahora, si nosotros seguimos corriendo la fecha de arrancar con una vacunación masiva en el adulto mayor, entonces estamos en problemas para ver qué pasa en el mes de mayo o junio”.

Según Lopez, en la actualidad, la pandemia en Argentina muestra cifras de “casos amesetados”. “Ha caído de los 14 mil (contagios) de fin de diciembre, estamos entre los 7 y 8 mil, que es una meseta alta. Y tenemos una mortalidad que tampoco es baja“, remarcó.

En la entrevista radial, el asesor epidemiológico del Gobierno no esquivó referirse a la polémica del Vacunatorio VIP montado en el Ministerio de Salud. “Es un episodio desafortunado y triste”, sostuvo pero estimó que los ciudadanos “lo vieron como un hecho pésimo, pero igual la gente se quiere ir a vacunar, especialmente el adulto mayor, que está muy cansado del distanciamiento social y el aislamiento“.

Una dura crítica a Axel Kicillof

Pero fue cuando a López le consultaron sobre las declaraciones de Axel Kicillof, que sus críticas se encendieron. El gobernador bonaerense había dicho no tener manera de corroborar si los que se dieron la vacuna son o no personal de la salud si mienten en una declaración jurada. “Eso es incorrecto”, cruzó el infectólogo a la pregunta en el programa de Nelson Castro.

El infectólogo Eduardo López

El infectólogo Eduardo López

Hay que tratar de pedirle a los políticos, en general, que no se metan con la ciencia porque siempre pierde la ciencia. Hay una matrícula nacional, tanto para las enfermeras como para los médicos (para chequear los datos). A mí me sorprende que digan eso, es fácil de verificar”, se quejó el experto.

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Nacionales

Vacunatorio vip: el laboratorio que quedó afuera de la negociación con Rusia denunció a Ginés por tráfico de influencias

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Es HLB Pharma Group. Sus directivos también acusan al ex ministro por asociación ilícita y “puesta en peligro de la salud pública”.

El polémico laboratorio HLB Pharma Group, que había iniciado los contactos con Rusia para la compra de la vacuna Sputnik V y luego fue desplazado de las negociaciones, denunció al ex ministro de Salud, Ginés Gonzáles García, por los supuestos delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y “puesta en peligro de la salud pública”.

La denuncia, que por sorteo será investigada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, fue impulsada por el apoderado del laboratorio, el doctor Ariel Fernando García.

“El gobierno argentino ha invertido una ingente cantidad de recursos en granjearse la mayor cantidad de dosis de vacunas posibles, las que hasta la fecha de ningún modo se acercan al número necesario o deseable para inmunizar a la totalidad de la población. A raíz, de dicha escasez, el propio Ministerio de Salud, elaboró y publicó protocolos a los fines de realizar los actos de vacunación a través de un sistema de prioridades, que consideraba particularmente a aquellos más expuestos a contagiarse (como el personal de salud) y a aquellos más expuestos a morir a raíz de la enfermedad (como aquellas personas mayores, inmunodeprimidas, con afecciones respiratorias, etc.). En términos generales, más allá de en las resoluciones del propio Ministerio de Salud de la Nación, los criterios epidemiológicos específicos que determinan el orden de vacunación, se encuentran expuestos en el Plan Estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina”, explica la denuncia.

“En dicho documento la vacunación se ha postulado gubernamentalmente como ‘gratuita, equitativa e igualitaria‘. Corresponde destacar que, en cualquier caso, las personas de los distintos grupos, a su tiempo, deben seguir pasos burocráticos preestablecidos -como obtener un turno en su jurisdicción– para ser vacunados. Dichos pasos garantizan, entre otras cosas, la equidad e igualdad de oportunidad, dentro del grupo, a cada candidato a la vacunación, así como también el cumplimiento de rutinas de administración, tales como la revisión del empadronamiento y registro de cada vacunado”.

Ese repaso de las condiciones oficiales para recibir la vacuna anticipa la lógica conclusión con la que el laboratorio argumenta su denuncia: “Se ha hecho público y notorio, a través de la prensa, que un número indeterminado de ciudadanos cercanos al actual Ministro de Salud, habrían sido vacunados a pesar de no pertenecer al grupo vigente en vacunación (adultos mayores de 80 años) o, perteneciendo al mismo, habiéndose saltado el mecanismo burocratizado previsto para la recepción de la vacuna”.

Luego de relatar cómo Horacio Verbitsky y Eduardo Valdés admitieron haber sido inoculados, el directivo de HLB Pharma concluye que “las conductas descriptas indudablemente podrían constituir el delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el tipo penal comprendido en el Art. 205 del Código Penal de la Nación (‘puesta en peligro de la salud pública’). Asimismo, resulta claro e indudable que el Sr. González García no pudo haberse bastado solo para el cometido que llevó adelante, requiriendo a un número de personas para perpetrar las ilicitudes descriptas (tales como alguien que agendara turnos y recibiera a aquellas personas que habrían de ser inoculadas ilícitamente).”

La denuncia podría ser una más de las varias que ingresaron a Comodoro Py en las últmas horas, pero en su tramo final se exponen los motivos de una diferencia sustancial.

“El denunciante no es otro que el laboratorio que realizó las negociaciones primarias con el Fondo de Inversión de la Federación Rusa que comercializa las vacunas ‘Sputnik V’. Asimismo, fue personal del laboratorio el que, en un acto a los fines de que los argentinos pudieran ser finalmente vacunados, facilitó gratuitamente el contacto de dicho fondo de inversión a autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, acompañándolas en el primer viaje que realizaron al mencionado país, a fin de negociar todo lo pertinente”, plantea la demanda.

García, el apoderado de HLB Pharma Group, fue quien participó en ese primer viaje, en octubre, encabezado por la ahora flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Cuando se conoció la intervención de este laboratorio en las negociaciones por las vacunas, la diputada nacional Graciela Ocaña presentó un pedido de informes para que el Gobierno detalle los antecedentes de la empresa.

“Este laboratorio ha sido muy cuestionado por la propia industria farmacéutica, por no contar con buenos antecedentes en materia empresarial, sobre todo en lo relacionado a la transparencia de sus actos y a la seguridad”, afirmó la legisladora.

Antes de ser accionista de HLB Pharma Group, García tuvo en Rosario la fábrica de suero Apolo, que se hizo conocida por una enorme explosión que dejó cinco heridos graves y se produjo poco después de que se declarara la quiebra de la empresa. Había estado preso entre 2002 y 2005. En la cárcel se recibió de abogado, fundó un sindicato de presos y terminó como dirigente de Alicia Kirchner montando en el barrio de Flores la verdulería La Colina. Era parte del plan de Cristina Verdura para Todos.

“El laboratorio, sin ánimo de lucro alguno en esa gestión, invirtió tiempo y capitales, y como parte de su responsabilidad social empresaria, en virtud de la consecución de un fin noble como la posibilidad de que todos los argentinos pudieran vacunarse”, sigue explicando la denuncia impulsada por García.

“Asimismo, se destaca que la persona jurídica denunciante es la solicitante ante la ANMAT del registro de la vacuna ‘Sputnik V’, y cuenta -a través de un convenio firmado con el Fondo de Inversión de la Federación Rusa– con la representación comercial en lo respectiva a dicha vacuna. Todo esto hace que se vea particularmente ofendido por el ilícito cometido, en tanto el mismo fue posible por gestiones que el Laboratorio HLB Pharma Group había realizado desinteresadamente y con fondos propios.” Este párrafo es clave para la Justicia, y también justifica el pedido del laboratorio para constituirse como querellante en la causa.

La denuncia también remarca: “Lo realmente importante es la estafa moral que implica que, en un país que supera los 50.000 muertos por Covid-19, los medicamentos que el Estado Nacional se haya procurado para poder finalmente frenar esa aberrante tasa de mortalidad, no se distribuyan equitativamente, sino en función de cuestiones personales tales como la posesión de dinero o influencias”.

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Coronavirus

Autorizan la vacuna china Sinopharm y esperan un millón de dosis para los próximos días

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La avaló el Ministerio de Salud a través de una resolución firmada por Carla Vizzotti. El embarque podría llegar el jueves.

El Gobierno autorizó el uso de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm. Fuentes oficiales consultadas por Clarín informaron que se está trabajando en los últimos pasos administrativos con el objetivo de que el primer lote llegue al país el jueves por la noche.

Serán un millón de dosis -el embarque más grande hasta ahora- que permitirían inmunizar a 500.000 personas, ya que se deben aplicar dos a cada paciente, con una diferencia de al menos 21 días entre una y otra.

Este domingo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, firmó la resolución 688/2021 que autoriza con carácter de emergencia la vacuna, que es desarrollada por Sinopharm en colaboración con el Laboratorio Beijing Institute of Biological Products de China.

La medida se tomó luego de recibir la aprobación de ANMAT, que evaluó los datos del ensayo en fase 3. El proceso -previsto en la Ley de Vacunas (27.573)- fue similar al que se aplicó para darle luz verde a la rusa Sputnik V.

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna china Sinopharm. (XINHUA)

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna china Sinopharm. (XINHUA)

En una entrevista radial, la ministra detalló que ANMAT “realizó consultas puntuales y han sido respondidas”, un proceso que se vio favorecido porque el laboratorio estatal chino realizó estudios de fase 3 simultáneamente en varias partes del mundo (Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Bahrein, Serbia, Perú, Pakistán, Marruecos) pero también en la Argentina.

En nuestro país los ensayos se realizaron sobre una población testigo de 3.008 voluntarios que participaron de un “estudio aleatorizado” (reciben al azar vacuna o placebo).

El responsable de los ensayos de Sinopharm en la Argentina fue el infectólogo Pedro Cahn, fundador de la Fundación Huésped. “Es extremadamente segura, en los ensayos no hemos registrado eventos adversos serios relacionados a la vacuna, así que desde la punto de vista de la seguridad le puedo dar garantía”, aseguró Cahn ante la consulta de la agencia Télam.

La vacuna china Sinopharm se aplica en dos dosis para lograr una mayor inmunidad. (XINHUA)

La vacuna china Sinopharm se aplica en dos dosis para lograr una mayor inmunidad. (XINHUA)

El Gobierno cerró el jueves su acuerdo con Beijing para comprarle un millón de vacunas, y la información trascendió el viernes, el mismo día del escándalo por el “Vacunatorio VIP” y la salida del ministro de Salud, Ginés González García.

Se trata de una vacuna inactivada, lo que significa que porta una versión del virus alterada genéticamente que le impide reproducirse y desarrollar la enfermedad, pero que genera una respuesta inmune en el organismo con capacidad protectora.

Una de las ventajas logísticas de esta vacuna es que puede transportarse y almacenarse entre 2 y 8°, lo que facilita la logística para su traslado.

La llegada de este millón de dosis de Sinopharm podría ser el primer lote de una serie de nuevas compras, aseguraron a Télam fuentes que siguen en detalle la negociación. De hecho, el grupo farmacéutico que desarrolló el fármaco, China National Pharmaceutical Group, ya avisó que a partir de marzo estará listo para suministrar periódicamente cantidades significativas.

La llegada de la vacuna china se da en medio de las demoras para acceder a las dosis previstas de la rusa Sputnik V. Tras el cuarto embarque que llegó al país el viernes 12, la Argentina recibió poco más de 1,2 millón de dosis, mientras que por contrato estaba previsto que entre enero y febrero arribaran cerca de 20 millones. Este fin de semana partió a Moscú la asesora presidencial Cecilia Nicolini, con el objetivo de analizar con las autoridades del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) los contratiempos que surgieron en las últimas semanas y definir un nuevo cronograma de entregas.

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