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Justicia

Stornelli se presentó ante Ramos Padilla

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De fiscal rebelde a un pobre engañado por Marcelo D’Alessio. El fiscal acudió a la citación en la causa por espionaje ilegal y extorsión. Declaró por más de diez horas tras 8 meses en rebeldía. Pidió que sea citado como testigo suyo el arrepentido estrella Leonardo Fariña.

El fiscal Carlos Stornelli, acusado de participar de maniobras de espionaje ilegal junto a Marcelo Sebastián D’Alessio, se despachó con su ya conocida defensa política: ante el juez Alejo Ramos Padilla insistió con que la causa de Dolores es un armado de D’Alessio, junto con dos ex policías (uno de ellos ex agente de inteligencia) y el empresario denunciante Pedro Etchebest. Detrás, estaría el kirchnerismo, y el objetivo, destruir la causa de las fotocopias de los cuadernos, instruida por Stornelli. El fiscal llevaba anoche diez horas de declaración y poco trascendió de sus dichos, pero sí el eje central de la defensa que intentó. A Stornelli no le será fácil desvirtuar los audios en los que le pidió a D’Alessio armarle cámaras ocultas a abogados, hablaron de maniobras para llevar personas a declarar a su fiscalía y hasta planearon un espionaje ilegal al ex marido de su actual esposa. Stornelli pidió que sea citado como testigo suyo el arrepentido estrella Leonardo Fariña, quien en realidad hasta ahora declaró en la causa bajo un artículo del Código Procesal que implica estar imputado. De hecho fue acusado de participar en el armado de acusaciones contra Cristina Fernández de Kirchner y ex funcionarios, guionado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). D’Alessio está citado para el martes próximo en Dolores ya que pidió declarar como arrepentido.

El gran problema que tiene Stornelli son sus múltiples intercambios por whatsapp con D’Alessio respecto de temas diversos sobre los que le tocó declarar ayer como sospechoso de integrar una asociación ilícita. En esos chats se habla en concreto de las cámaras ocultas a los abogados José Manuel Ubeira y Javier Landaburu, hay un seguimiento a Jorge Castañón, ex marido de su actual esposa, y hay referencia a “plantarle” algo en equipaje. Todo indica que la idea era colocarle droga en una valija. También Stornelli y D’Alessio tienen numerosos chats sobre la presión al empresario uruguayo Gonzalo Brusa Dovat para que declare en su fiscalía contra el kirchnerismo y contra la petrolera venezolana Pdvsa. Está probado que el testimonio se le tomó a Brusa Dovat dentro de la fiscalía y en presencia de D’Alessio que ni siquiera es abogado. Y, por supuesto, Stornelli tiene que explicar su encuentro de más de tres horas con D’Alessio, en plenas vacaciones, en un balneario de Pinamar. Este último hecho fue la antesala de la denuncia que presentó Etchebest (que fue testigo de esa reunión), después de la cual D’Alessio le pidió 300.000 dólares para salvarse del caso cuadernos. Esa extorsión destapó una inmensa olla que el juez Ramos Padilla, al dictar procesamientos, definió como una red de espionaje ilegal, con participación de dirigentes políticos, agentes judiciales y del Ministerio Público Fiscal, agentes de inteligencia orgánicos e inorgánicos y funcionarios. Las extorsiones y el armado de causas son dos maniobras claves descriptas, donde el círculo se completa o refuerza con publicaciones periodísticas o difusión en televisión.

A última hora de este viernes, Stornelli seguía adentro del juzgado de Dolores. Presentó un escrito, sobre el cual se mantenía la confidencialidad, al igual que sobre detalles de su declaración. Hizo una exposición, llevó algunas anotaciones para guiarse y aceptó preguntas. Entre algunos conceptos de su postura que trascendieron, el más previsible es su ataque a D’Alessio, a quien de hecho querelló también en Comodoro Py. El fiscal niega haber actuado en consonancia con el hombre que además se presentaba como agente de la DEA y le atribuye haber inventado una relación de confianza y connivencia para facilitar el montaje de una falsa acusación en su contra. Lo cierto es que D’Alessio no obtuvo nada en su favor, de hecho está preso desde febrero último, al igual que los ex policías Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi. El fiscal los vincula a todos ellos con el empresario Etchebest, en base a que coincidieron en el uso de una oficina en Puerto Madero hasta el año 2016. Desde entonces y hasta el inicio de este año, el falso abogado y el empresario dicen que no se vieron ni hablaron, por lo que habrá que ver cómo prueba Stornelli el supuesto complot encabezado por ambos. Aún así, el fiscal afirma que detrás del dúo D’Alessio–Etchebest estuvo el kirchnerismo.

Stornelli pidió que declare como testigo suyo el arrepentido Fariña, que en los últimos años siempre mostró una asombrosa voluntad de declarar a favor del macrismo y exhibió conocimientos de todo tipo de temas en causas contra el kirchnerismo. Primero lo fue en la de lavado de dinero contra Lázaro Báez y luego empezó a mostrarse como un gran conocedor de temas de obra pública, como para “aportar” a otros expedientes. Su aparición en la causa de Dolores está relacionada con menciones sobre él hechas por D’Alessio, en mensajes, en conversaciones con Etchebest y con otras víctimas. D’Alessio alardeaba que era él quien manejaba a Fariña. El arrepentido se presentó al comienzo de la causa para negar las operaciones que le atribuían pero declaró bajo un artículo del código procesal que lo definiría como imputado. De hecho fue denunciado también por declarar, con un guión preparado por la AFI, apuntando contra Cristina Fernández de Kirchner en el expediente sobre la obra pública.

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Justicia

Elevan a juicio el expediente por la compra de Gas Natural Licuado

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En un inicio, el caso abarcaba a 25 imputados, incluida Cristina Fernández de Kirchner, y señalaba una defraudación de 6900 millones de dólares. Pero se derrumbó por múltiples irregularidades, desde la actuación de un perito que plagió su informe hasta la declaración de Marcelo D’Alessio. Terminó incluyendo a cinco acusados, sin CFK, y apuntando a un supuesto fraude de 124 millones.

La elevación a juicio de la causa por la compra de Gas Natural Licuado (GNL) es una pintura de las andanzas de la coalición judicial–política–mediática con sede en Comodoro Py y alineada con Cambiemos. Al principio de la causa hubo 25 imputados. En la elevación terminan acusados cinco. La acusación tenía el objetivo principal de apuntar a Cristina Fernández de Kirchner, pero eso se cayó a pedazos, o sea que ella no va a juicio en esta causa. En la imputación original, fogoneada por el perito trucho David Cohen y el abogado trucho Marcelo D’Alessio, se habló de una defraudación de 6900 millones de dólares, pero ahora esa cifra bajó a 124 millones, cifra 55 veces menor que la original, lo que demuestra la manipulación. También se imputa por supuestas maniobras en el puerto, pero no se sabe la cifra ni cuál fue la mecánica ni quién hizo las maniobras. El juez Claudio Bonadio argumenta que no usó a Cohen y a D’Alessio para elevar la causa a juicio, pero lo único que hizo fue no nombrarlos: la acusación es la misma, usando lo que el perito y el falso abogado dijeron, aunque como quedaron evidenciadas las falsedades, las imputaciones terminaron reducidas a la mínima expresión.

Elevación

El expediente ya está en el Tribunal Oral Federal número 7 que tendrá que hacerse cargo de una causa en la que no hay peritajes, porque se cayeron por truchos, y tampoco hay testigos de peso, porque D’Alessio es impresentable. En la causa del GNL, el falso abogado fue llevado a declarar por el periodista Daniel Santoro cuando el expediente se había caído por el falso peritaje.

Por supuesto que D’Alessio declaró como abogado, o sea ya falseó su testimonio desde el primer minuto. Y, además, entregó cuatro carpetas que –según él– recibió de manera anónima. El contenido de esas cuatro carpetas ya estaba detallado en la computadora que le secuestró el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, o sea que también ese material nació de forma fraudulenta: lo escribió e imprimió el propio D’Alessio, quien obviamente mintió diciendo que el origen era desconocido.

Orígenes

La causa del GNL empezó en 2014 a raíz de una denuncia de Laura Alonso, Patricia Bullrich y Federico Pinedo. Los dirigentes del PRO simplemente dieron cuenta de una sospecha: que podría haber sobreprecios en las compras del gas, que empezaron en 2008, y que fueron necesarias a raíz del crecimiento de la economía y varias oleadas de frío.

El dúo del fiscal Carlos Stornelli y el juez Bonadio no se anduvo con chiquitas y fijó la defraudación en 6900 millones de dólares, una cifra tan descomunal que hasta el propio ministro macrista Juan José Aranguren sostuvo que era un delirio. El gas se compraba a las más grandes empresas del mundo British Petroleum; Gas Natural Fenosa, Shell, Stanley & Poors, Repsol y otras. Del lado argentino, fueron procesadas 25 personas. En cambio, ninguno del lado de los vendedores: se supone que si hubo sobreprecios debía haber complicidades de los dos lados del mostrador.

Lo cierto es que el peritaje realizado por David Cohen se cayó a pedazos. El juez tomó su trabajo y descartó los estudios de otros peritos, pese a que se demostró que lo hecho por Cohen fue copiado de estudiantes chilenos y no tenía el menor rigor científico. Falsificó siglas de centros de estudios inexistentes y puso como parámetro de costos un índice norteamericano –el Henry Hub– que en todas las instancias fue demolido por los expertos porque no sirve para comparar con los precios de gas trasladado en barcos. El perito ya afronta un juicio oral por falso testimonio agravado.

La cuestión es todavía más seria: en un entrecruzamiento de llamadas presentado por el ex funcionario de Infraestructura Roberto Baratta, se advierte que Cohen hablaba por teléfono con grandes estudios de abogados ligados al PRO, funcionarios de Cambiemos, abogados que trabajaban para la Agencia Federal de Inteligencia; el Ministerio de Seguridad, el de Justicia. La impresión es que estaba complotado con toda la trama judicial–política–mediática que respondía a la Casa Rosada.

Caído el peritaje de Cohen, la Cámara Federal anuló los procesamientos y les dijo al fiscal y el juez que debían demostrar sobreprecios con un nuevo estudio. La causa se elevó ahora a juicio sin que se haga el estudio ordenado por los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Es más, el magistrado estima un sobreprecio, ya no de 6900 millones sino de 124 millones de dólares, otra vez sobre la base del Henry Hub, que los propios camaristas destrozaron.

O sea, el juez dice que sacó a Cohen de la causa, pero lo dejó tácitamente.

Rescate

Cuando la causa se hundía irremediablemente por el fraude del perito, a fines de 2018, el periodista Daniel Santoro presentó a D’Alessio, tal como lo reveló el fiscal Stornelli.

El 5 y el 12 de noviembre de 2018, D’Alessio declaró en la causa ante Stornelli, sin que el fiscal tuviera delegada la investigación: dijo ser abogado, entregó documentación robada de Enarsa, empresa en la que dijo que se había infiltrado y entregó cuatro carpetas que, según él, recibió de manera anónima en su estudio. La declaración de D’Alessio estuvo escondida: recién se incorporó al expediente en febrero cuando ya había estallado el escándalo en la causa de Dolores. Ramos Padilla desarmó toda la patraña basándose en lo que encontró en la computadora de D’Alessio, secuestrada durante el allanamiento a su vivienda.

¿Qué decía D’Alessio? Que en realidad hubo una defraudación con los seguros de los barcos y que Cristina Fernández de Kirchner llamó personalmente a Enarsa para interiorizarse de la cuestión. La mentira no se sostuvo: los camaristas Bruglia y Bertuzzi sacaron a CFK de la causa porque no se podía basar esa acusación en los dichos del oportuno D’Alessio.

Pero el falso abogado también mencionó defraudaciones en materia de gastos portuarios y por la intermediación del estudio de los hermanos Dromi. La Cámara ordenó entonces que se estudiara la cuestión, que se profundizara la investigación sobre una posible defraudación. El magistrado ignoró la orden y elevó el expediente a juicio mencionando una generalidad: que hubo facturaciones de hasta 700 mil dólares en cada barco, pero sin precisar si hubo maniobras o no, ni de cuánto podría ser el perjuicio. En una palabra dijo: “que se ocupe el Tribunal Oral”.

Como se ve, el juez dice que no usó a D’Alessio pero lo único que evitó fue nombrarlo. Mantuvo las acusaciones formuladas por el falso abogado, pese a que la Cámara ordenó la anulación de aquella declaración auspiciada por Santoro y concretada ante Stornelli.

Juicio

El TOF 7 recibe entonces el expediente sin que se hubieran hecho ni los peritajes ni los estudios que reclamaba la Cámara Federal. Pero, además, el magistrado dijo que no podía probar sobreprecios entre 2008 y 2011 porque no consiguió que le entregaran la documentación necesaria, que había pasado por la Auditoría General de la Nación. La Cámara le ordenó conseguir ese material. El juez tampoco lo hizo.

O sea que se pretende llegar a un juicio oral sin peritajes, sin la descripción ni datos reales sobre los supuestos delitos, sin la documentación pedida por los camaristas, con un testigo (D’Alessio) que está preso y con un perito (Cohen) procesado y camino a juicio.

Nada de eso importó. Es una causa que fue clave para la ofensiva política de Cambiemos: se usó para meter presos a Julio De Vido y Roberto Baratta; para acusar a CFK y dictarle otra prisión preventiva y luego, de manera grotesca, armaron sobre el expediente del GNL el de las fotocopias de los cuadernos, argumentando que eran los mismos acusados y la misma asociación ilícita.

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Justicia

Sergio Varisco fue condenado por narcotráfico a 6 años y medio de prisión

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El exintendente de Paraná Sergio Varisco fue condenado a 6 años y medio de prisión. Estaba acusado de narcotráfico junto a otras 32 personas de narcotráfico. El veredicto se dio a conocer esta tarde en los tribunales de la capital entrerriana.

Los jueces que dictaron la sentencia contra Varisco son Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango. El viernes pasado, durante las “últimas palabras” de los imputados, Varisco había afirmado ser víctima de una “campaña política”. También negó haber financiado operaciones narcos desde el municipio.

En ese contexto, el exintendente de Cambiemos dijo en los últimos dos años sufrió “un calvario, estigmatizado como narco” y fue agredido, pero aseguró que desde los ’80 sólo se dedicó a la política y no tiene auto, casa, ni cuenta bancaria.

En relación con su vínculo con el sindicado narcotraficante Daniel Celis, también acusado en el juicui, dijo que sólo tuvo una “relación política” vinculada a la incorporación de personal al municipio.

Sobre el exintendente pesaba un pedido de pena de 10 años de prisión formulado por el fiscal José Candioti, quien lo consideró coautor de “financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes” junto a otros dos funcionarios municipales, el ex concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad local Griselda Bordeira, para quienes solicitó 9 años de cárcel.

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Justicia

Envían a Cristina Kirchner a juicio oral por la cartelización y coimas en la obra pública

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El juez Bonadio finalizó la instrucción de este expediente, vinculado a los cuadernos de las coimas. Junto a la vicepresidenta, serán enjuiciados De Vido, López y medio centenar de empresarios.

La vicepresidenta Cristina Kirchner irá a juicio oral junto a Julio De Vido, José López y más de medio centenar de empresarios, entre ellos Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra, Gerardo Ferreyra y Juan Chediack, por la cartelización en la obra pública y el circuito de sobornos que según la justicia funcionó alrededor de esos contratos. Se trata de la décima causa que la ex mandataria, tiene elevada a juicio oral. 

Con el expediente principal del caso cuadernos elevado a juicio oral, Bonadio dio por clausurada la instrucción del tramo que investigó el circuito de sobornos que vinculados a la Cámara de la Construcción.

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