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Soterramiento del Sarmiento: fiscal ratificó que existió una coima de u$s4 millones y trazó la ruta del dinero que apunta a Calcaterra

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El fiscal informó al juez de la causa, en base a nuevas pruebas, que un grupo de empresas integrado por el primo de Mauricio Macri pagó un soborno para quedarse con la obra. Habrían escondido la operación a través de transferencias en Andorra.

El fiscal federal Franco Picardi ratificó la existencia de un presunto pago de sobornos por 4.495.250 dólares por parte del consorcio empresario, integrado entre otros por Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, que se adjudicó el soterramiento del tren Sarmiento y que habría sido canalizado a través de una firma extranjera.

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Luego del Procrear, cuáles son los planes que prepara el Gobierno destinados a la clase media y los sectores más humildes para reactivar la economía

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Le agregarán el anuncio del Plan Nacional del Suelo para el desarrollo de obras en municipios. También habrá un mensaje en el día de San Cayetano para los sectores pobres mediante programas de generación de empleo

Despejado el horizonte financiero tras el acuerdo con los bonistas por la deuda, Alberto Fernández se encamina ahora a reactivar la golpeada economía mediante el incentivo de fondos y programas de promoción de empleo o vivienda destinados puntualmente a dos sectores clave de la Argentina: los sectores de bajos recursos y la clase media.

El primer gesto lo dio el Presidente esta semana anunciando el relanzamiento del plan Procrear. Las otras señales llegarán hoy con un mensaje a los movimientos sociales en el día de San Cayetano por un lado y a los sectores medios con la presentación del “Plan Nacional del Suelo Urbano”, por otra parte.

En relación al mensaje destinado a dar una señal de ayuda estatal a los sectores vulnerables hoy habrá dos actos. Uno de ellos en el Mercado Central con los curas villeros donde participará el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el otro de los movimientos sociales en la jornada nacional por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo” que se hace todos los años en San Cayetano donde anoche no se descartaba la presencia de Alberto Fernández o bien un mensaje por videoconferencia.

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En tal caso, en ambos actos la señal del Gobierno será la misma: promover el plan Potenciar Trabajo que con un fondo inicial de 20.000 millones de pesos buscará promover la obra pública menor escala y las refacciones en municipios o provincias para emplear a más de 500.000 trabajadores de la economía popular que reciben el salario social. La idea es que parte del salario lo cubran en adelante los estados provinciales o municipales que tomen a esos trabajadores de sectores humildes.

A la vez, ayer se presentó el programa nacional “Obras + Trabajo”, destinado a realizar obras en los barrios populares de todo el país, con la inclusión de más de 40 mil trabajadores y una inversión inicial de 2.000 millones de pesos. El plan fue presentado ayer en un encuentro virtual encabezado por Arroyo y el subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social, Daniel Menéndez.

El Gobierno confía que con la puesta en marcha de estos programas más la asistencia alimentaria que se mantendrá y la Asignación Universal por Hijo se logre mejorar la situación de más de un 45% de la población que está en la pobreza. Una parte de estos sectores se agregaron en los últimos 120 días con la cuarentena y parálisis económica desatada por la pandemia de COVID-19 que expuso los altos niveles de desigualdad en la Argentina.

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En el segundo esquema de esta estrategia destinada a reactivar la economía, el Gobierno busca incentivar a los sectores medios de la sociedad. Se trata de aquel argentino cuentapropista o monotributistas de baja categoría que reciben el IFE o aquellos empleados que están con problemas para llegar a fin de mes.

El relanzamiento del plan Procrear para acceder a una vivienda por medio de créditos blandos fue una parte de este esquema de reactivación de esos sectores medios. La otra cara de la moneda la mostrarán hoy con el lanzamiento del Plan Nacional del Suelo Urbano.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, presentarán este mediodía en la Casa Rosada el programa creado por la resolución 19/2020 del Ministerio de Bielsa. Este plan busca vincular la política de suelo con el desarrollo territorial para construir ciudades más compactas, equitativas y accesibles, bajo el convencimiento de que una política de hábitat virtuosa sólo puede ser eficaz si está acompañada de una adecuada gestión de la tierra.

“La generación de suelo urbano asequible producido o promovido por el Estado resulta fundamental, como base sobre la cual generar soluciones habitacionales y contribuir al arraigo de la población”, sostiene un informe del Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat al que tuvo acceso Infobae.

En ese documento se apunta a la articulación con gobiernos provinciales y municipales, y cuenta con cuatro ejes programáticos: el Programa Nacional de Producción de Suelo, el Programa Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica, la Mesa Intersectorial de Política de Suelo y el Observatorio Nacional de Acceso al Suelo.

María Eugenia Bielsa María Eugenia Bielsa

“Los beneficios directos de esta nueva iniciativa incluyen la ampliación del acceso al suelo urbano para familias de todo el país, mejora en las políticas de hábitat con la generación de suelo para la construcción de viviendas, acuerdos entre el Estado y propietarios del suelo para el desarrollo de convenios urbanísticos y la promoción del arraigo en cada localidad del país”, sostiene el informe del Ministerio que conduce Bielsa.

La idea es desplegar este programa en todo el país en acuerdo con gobernadores e intendentes. De hecho, en el lanzamiento de hoy estarán conectados por videoconferencia los intendentes Esteban Piaggio de Gualeguaychú, Entre Ríos; José Luis Zara de Patagones, Buenos Aires; Marcos Ferrer de Río Tercero, Córdoba; Walter Vuoto de Ushuaia, Tierra del Fuego y Claudia Yannet Montanaro de Cervantes, Río Negro, que han implementado políticas de gestión de suelo en sus municipios.

Según los lineamientos de este Plan Nacional de Suelo, se busca complementar el programa con el Procrear, generando suelo para viviendas, desarrollos urbanísticos y habitacionales.

También este programa impulsa acuerdos entre el Estado y los privados para desarrollar suelo urbanizado de calidad, a través de convenios urbanísticos. En la práctica esto es avanzar hacia la generación de lotes con servicios para ampliar el acceso a suelo urbanizado. La promoción de la creación de bancos de tierra a nivel municipal y provincial. La capacitación y asistencia técnica en Políticas de Suelo para mejorar las capacidades de los gobiernos locales y provinciales.Y el financiamiento y apoyo para la producción de lotes con servicios y los instrumentos legales que sean necesarios para favorecer la producción de Suelo Urbanizado.

Se estima que mediante este programa el Gobierno podría generar 40 empleos durante 1 año por cada 100 lotes producidos. Y una vez finalizadas las obras del loteo, se suman los empleos que genera la construcción de viviendas.

Este programa se complementará más adelante con otros planes que empezó a esbozar la Mesa Nacional de Tierras que integran varios ministerios, entre ellos Desarrollo Social, Trabajo, Desarrollo Territorial y Habitat y Producción.

La intención de esta mesa es hacer un relevamiento de todas las tierras fiscales para evaluar cuáles podrían ser óptimas para el desarrollo de programas productivos más allá de plan del Suelo.

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La ONU instó a Argentina y el Reino Unido a retomar el diálogo por Malvinas

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Lo hizo a través de una resolución de su Comité Especial de Descolonización. Pidió “encontrar una solución pacífica y definitiva a la controversia”.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó este miércoles a la Argentina y el Reino Unido a retomar el diálogo por las Islas Malvinas. Lo hizo a través de una resolución de su Comité Especial de Descolonización.

El órgano adoptó por consenso una nueva resolución que reitera el llamado a ambos países para retomar las negociaciones a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, “una solución pacífica y definitiva a la controversia de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

Tras el hecho, el canciller argentino, Felipe Solá, aseguró que “la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Malvinas constituye una política de Estado y un sentimiento del pueblo argentino”.

“El Comité de Descolonización de la ONU reconoce manifiestamente que existe una disputa de soberanía y llama a la Argentina y al Reino Unido a dialogar, y nuestro país reitera una vez más su permanente disposición a negociar”, afirmó Solá.

La determinación fue copatrocinada por todos los países latinoamericanos integrantes del Comité Especial: Chile, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Año tras año, desde 1983, el Comité Especial hace un llamado a la Argentina y el Reino Unido para que reanuden las negociaciones de conformidad con la resolución 2065 (XX) y posteriores de la Asamblea General sobre la Cuestión de las Islas Malvinas.

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, destacó la “necesidad de retomar un diálogo sustantivo sobre la disputa de soberanía” e instó al Reino Unido “a dar cumplimiento con el deber impuesto por el Derecho Internacional de resolver pacíficamente esta disputa y poner fin a una situación colonial, anacrónica en el Siglo XXI”.

Además, remarcó que “Argentina logró un avance histórico para consolidar la soberanía sobre Malvinas luego de que el Congreso Nacional sancionó por unanimidad la ley de creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, una instancia plural que tendrá el objetivo de trazar y sostener políticas de Estado a mediano y largo plazo”.

El Comité Especial de Descolonización, creado en 1961 como órgano subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas, tiene la función de velar por la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de Naciones Unidas y en ese marco examina anualmente las 17 situaciones coloniales que aún se encuentran pendientes de descolonización, adoptando resoluciones que permitan avanzar hacia el fin del colonialismo.

El llamado de las Naciones Unidas para la reanudación de negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido como vía para la solución de la disputa es compartido por diversos foros multilaterales, tales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el MERCOSUR, el Grupo de los 77 más China, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y las Cumbres Iberoamericanas, entre otros. Sin embargo, el Reino Unido persiste en su negativa a reanudar las negociaciones al respecto.

La noticia llega apenas un día después de que el Congreso aprobara un paquete medidas enviado por el Ejecutivo para “afianzar la soberanía” sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.

Este martes, tras el visto bueno del Senado, Diputados dio luz verde a distintas medidas como la creación del Consejo de Malvinas y la nueva demarcación, que amplía la plataforma continental argentina más allá de las 200 millas náuticas.

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La Cámara del Crimen consideró inconstitucional el proyecto de reforma judicial que impulsa el Gobierno

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Los jueces que la integran apuntaron contra las modificaciones en el fuero donde se investigan los delitos comunes (homicidios, robos, violaciones) de la Capital Federal

La reforma judicial que encara el Gobierno todavía no comenzó a andar y ya tiene la primera crítica importante. Los integrantes de la Cámara del Crimen manifestaron sus diferencias con el proyecto de ley que el gobierno de Alberto Fernández envió al Congreso en el que se plantea la reforma del fuero federal con la clara intención política de licuar el poder de los jueces asentados en Comodoro Py. Y consideraron que es inconstitucional.

La Cámara del Crimen fijó posición en contra de la parte de la reforma que toca el fuero donde se investigan los delitos comunes (homicidios, robos, violaciones, etc.) de la Capital. En ese sentido, fijó posición en contra de la reforma mediante un Acuerdo General firmado a distancia por los camaristas Alberto Seijas, Mariano González Palazzo, Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Julio Marcelo Lucini, Mauro Antonio Divito, Ricardo Matías Pinto, Mariano A. Scotto, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán Martín López, Magdalena Laiño y Pablo Guillermo Lucero.

Los camaristas integran las salas que revisan los fallos de los jueces de Instrucción que serán convocados para ocupar las 23 vacantes que se propone abrir el Gobierno en el nuevo Fuero Penal Federal que fusionará el fuero Criminal y Correccional Federal con el Penal Económico. Serán 46 juzgados y la mitad se llenará con los jueces y juezas actuales y el resto con los magistrados de Instrucción que decidan anotarse para subrogar. Y en la reforma se prevé el traspaso de las competencias que tiene ese fuero a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Así como el no llamado a concurso para llenar las vacantes, el paso voluntario de jueces y juezas a la Justicia de la Ciudad y la disolución de los juzgados y tribunales que fueran quedando vacantes a medida que avanza la reforma.

La primera de las críticas al proyecto es de característica general. Los camaristas –que analizaron artículo por artículo el contenido del proyecto de ley– dijeron; “El fuero –computando también los tribunales orales– registra actualmente setenta y cinco vacantes en sus juzgados y vocalías, por lo que la ocupación de 23 juezas y jueces del fuero en las mayores labores implicadas en la atención simultánea de sus Tribunales y de los nuevos juzgados federales ha de resentir la administración de justicia. Esto con el agravante de la naturaleza de los asuntos de nuestra competencia, constituida por los hechos que en mayor medida afectan a los ciudadanos comunes, en tanto víctimas de homicidios, lesiones, despojos, violencias familiares, abusos sexuales, fraudes y criminalidad organizada en general, así como la debida atención de los niños en conflicto con la ley penal y el resguardo de las personas detenidas contra los abusos e indebidas penurias a los que pudieran encontrarse expuestos”.

Otro de los cuestionamientos generales se refiere a la situación de los empleados y funcionarios del fuero criminal y correccional de la Capital. “El proyecto importa además el completo desguace y desmantelamiento de nuestro centenario fuero, omitiendo toda referencia a la suerte que han de correr sus magistradas y magistrados (el art. 40 sólo se refiere a funcionarias, funcionarios, empleadas y empleados), que quedarán por completo privados de funciones una vez que se agote el trámite de las causas pendientes, lo que habrá de ocurrir en un tiempo relativamente breve una vez verificadas las transferencias de las competencias (art 28)”. Y agregaron que “en el caso de los funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas sólo se hace referencia a que serán reubicados (art. 40, párrafo 2do), sin especificación alguna relativa a su destino, ni siquiera si habrán de integrar los Juzgados y Tribunales del fuero que no se encuentren vacantes o si serán transferidos a los organismos del nuevo fuero federal, así como tampoco se ha contemplado ningún procedimiento de consulta a las personas interesadas o a los gremios”.

Los camaristas concluyeron: “Lo señalado en los puntos anteriores traduce una afectación a la estabilidad en las condiciones del empleo de funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas, como también imprevisión respecto de las futuras funciones de juezas y jueces, aspectos que requerirían un mayor grado de precisión en las normas de forma tal de evitar un trato que pueda ser interpretado como lesivo de derechos laborales y constitucionales”.

El plenario de la Cámara, presidido por el juez Seijas, señaló que es inconstitucional el traslado de magistrados a la Justicia local. Dijeron que “…las únicas causales para el cese –además del cumplimiento de la edad prevista constitucionalmente– de las juezas y los jueces de la Nación en el cargo son su renuncia actual, expresa e incondicional, presentada al Presidente de la Nación, o bien su remoción, previo enjuiciamiento, en caso de comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones. Carece de sostén constitucional la pretensión de transferir a juezas o jueces de la Nación a cualquier otra jurisdicción, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las juezas y los jueces Nacionales no puedan ser transferidos a la órbita local sin su consentimiento, pues la Corte se ha pronunciado acerca del traspaso de las competencias locales. Sobre el punto corresponde aclarar que el traspaso de las magistradas y los magistrados de la Justicia Nacional podría generar reparos de índole constitucional, en la medida en que podría verse afectado el principio de inamovilidad de los jueces”.

También consideraron que no es acorde a la Constitución y a las Convenciones el hecho de dejar sin atribuciones al fuero de Instrucción. Lo explicaron así: “Análoga objeción (…) merece la pretensión de privar a los tribunales de nuestro fuero de toda competencia y, consecuentemente, de jurisdicción, con el alcance de una suspensión de hecho o una suerte de puesta en comisión de las juezas y los jueces. Es indiferente que ello sea consumado a plazo –por cierto cercano– en tanto el proyecto lo supone como resultado inexorable, y no contiene recaudo alguno relativo a la continuidad de sus funciones, como podría haber sido la asignación –eventualmente también progresiva– del conocimiento en todas o parte de las materias de competencia federal. Por ello, sería razonable y plausible una previsión en la normativa proyectada para que una vez que acepte el convenio de transferencias la legislatura de la CABA se les asigne competencia en asuntos de índole federal. Como lo señalamos antes, ello supone tanto la afectación a las garantías constitucionales de estabilidad e intangibilidad de la función judicial –que son reaseguros de su imparcialidad–, como un trato desigual hacia el conjunto de las juezas y los jueces afectados”.

Para los camaristas del crimen no es legal el sistema de subrogancias que establece el proyecto de ley para ocupar los 23 cargos que se crean en el nuevo Fuero Federal Penal. Al respecto los jueces señalaron: “Por otra parte, las funciones de subrogancia que habrían de cumplir las juezas y los jueces de nuestro fuero en los 23 nuevos juzgados concebidos en el proyecto, en tanto tales tribunales no sean habilitados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no cuenten con sus titulares, designados previo concurso, resultan contrarias a la previsión expresa del art. 14 de la Ley 27.439 que establece que “será nula, de nulidad absoluta, la designación de un juez subrogante para desempeñar funciones en un juzgado o tribunal que no hubiese contado previamente con magistrados titulares designados conforme al procedimiento constitucional ordinario”. Asimismo, el sistema de selección directa, independientemente de las mayorías que han de exigirse en el Consejo de la Magistratura o de la previsión del acuerdo del Senado, se aparta de la regla del sorteo (artículos 5to y 7mo), mecanismo fundamental de tal ordenamiento”.

Y agregaron: “De la misma manera, la pretensión de retrotraer las reglas consolidadas con la sanción de la Ley 27.439, importa además la violación de los principios de progresividad y de no regresividad en materia de Derechos Humanos y su tutela merced a la garantía de imparcialidad y objetividad en la designación de las magistradas y los magistrados que deben velar por su vigencia. Si un Estado ha reconocido un derecho, como la mayor transparencia y garantía de imparcialidad en la designación de juezas o jueces y tribunales, no puede más que ampliarlo, mas nunca puede retroceder restringiéndolo. En esto consiste el principio de no regresividad contemplado en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales de Derechos Humanos al establecer que toda regresividad es ilegítima…”.

También consideraron “discrecional” y contrario a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el hecho de que los jueces subrogantes que pasen de Instrucción al Fuero Penal Federal se queden con los casos nuevos durante el primer año de funcionamiento del fuero unificado, tal como lo establece el proyecto de ley.

La Cámara del Crimen criticó al proyecto de reforma judicial por carecer de información respecto al funcionamiento de los fueros involucrados en la fusión. Y hablaron de ignorancia. En el Acuerdo señalaron que “tal ignorancia ha conducido, a su vez, a postular una reforma de las jurisdicciones que la Nación ejerce en la Ciudad de Buenos Aires, que supone el completo desguace de nuestro fuero, con la consecuente dilapidación de recursos que semejante acto implica, en particular frente a las flaquezas que la República enfrenta en su capacidad de atender los servicios más elementales al ciudadano”.

Los camaristas explicaron que dejaron sentada su opinión sobre la parte de la reforma que afecta al fuero nacional criminal y correccional. Y fue difundida un día antes del inicio de la exposiciones en el Senado de la Nación de distintos actores consultados por la reforma judicial. Uno de los que vía Zoom hablarán mañana en el Senado es Seijas, el presidente de la Cámara del Crimen que firmó el Acuerdo.

El Acuerdo firmado por los camaristas fue enviado a ambas Cámaras del Congreso de la Nación, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, a la Procuración General de la Nación, a la Defensoría General de la Nación, al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a asociaciones profesionales, y a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.

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