Allí se establece que se pueden adoptar medidas de seguridad para asegurar la custodia y administración de bienes que se sospechan producto del delito, como la inhibición general de bienes. Esas medidas, dijo Rodríguez, Bonadio recién las ordenó en diciembre de 2016.
“No resulta un detalle menor que el patrimonio del matrimonio Kirchner de manera alguna se ha evaporado, ni se ha visto frustrado el cumplimiento de medida alguna. Incluso si consideramos la cesión realizada por Fernández de Kirchner a sus hijos como un acto preparatorio para intentar insolventarse frente al evento al reclamo que podía avecinarse a raíz de la convocatoria que le fuera formulada para prestar declaración indagatoria no se puede dejar de concluir que su accionar no ha superado aquel umbral preliminar el delito de insolvencia fraudulenta se consuma cuando se realiza el acto de disposición de bienes con conocimiento de la existencia del proceso en su contra independientemente de si media o no sentencia condenatoria y como consecuencia de ese acto de disposición se frustra el cumplimiento de la obligación civil a su cargo”, se añadió.