Se reanuda el cuestionado juicio por la obra pública con Cristina Kirchner como principal imputada

Como anticipó la Vicepresidenta en su vehemente declaración, el proceso tiene un nítido contenido político. Hasta ahora casi no hubo testimonios ni argumentos técnicos, referidos a hechos concretos. Y el expediente en sí mismo, se inició con una denuncia del ex titular de Vialidad, Javier Iguacel, militante macrista, a partir de una auditoría que ni siquiera encontró irregularidades de relevancia: la conclusión fue que no se pagó ningún tramo que no se hubiera construido, que los atrasos fueron los lógicos de las obras en todo el país y que no se pudieron determinar sobreprecios. La denuncia sostiene que se construyeron demasiadas rutas en Santa Cruz –los presupuestos y las obras se votan en el Congreso– y que es irregular que empresas de Lázaro Báez hayan ganado, licitaciones mediante, 51 de las 81 obras que se hicieron. Tal vez los aportes a la acusación vengan del propio Iguacel que está convocado para declarar el lunes 9 de marzo, aunque tiene el antecedente de haber pedido una postergación hace un mes.

Zuvic fue llamada a declarar pese a que su denuncia es anterior a la que se trata en el juicio oral. Ella simplemente se sumó en 2013 a otra denuncia anterior de Elisa Carrió, de 2008, pero sostuvo que escuchó a Fariña en televisión y entonces se presentó en la justicia transcribiendo los dichos del arrepentido. El expediente del juicio recién se inició en 2016, ni bien asumió Macri, y por encargo del propio ex presidente. Un dato sorprendente es que Zuvic se refirió a la obra pública de Santa Cruz en general y el juicio trata sólo de las obras viales, pero aún así la convocaron. Todo hace pensar que sus respuestas tampoco aportarán ninguna prueba, sino que estarán en el terreno político. Zuvic es parlamentaria de Juntos por el Cambio, santacruceña, ex esposa del líder y eterno candidato del radicalismo, el multimillonario, Eduardo Costa, la figura de Cambiemos en la provincia sureña.

El juicio oral, si el rumbo es el actual, parece un barco destinado al naufragio. Sucede que declara un testigo por semana, lo que permite un cálculo sencillo: si declaran unos 40 testigos por año –están las ferias judiciales, de verano e invierno, y muchos lunes feriados–, sólo la parte de los testigos tardaría más de cuatro años. Es algo insostenible y contrario al espíritu de justicia. En 2024 pocos se acordarán lo que ocurrió en 2016 y, además, es un escándalo que los imputados tengan que pagar abogados durante todo ese tiempo.

Pero, además, antes que empezara el juicio, la Corte Suprema le hizo saber al tribunal –Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu– que lo mejor era esperar que el máximo tribunal se pronuncie sobre distintos planteos. En ese momento, hubo un conato de frenar el juicio, pero se produjo una descomunal presión político-mediática para que no se suspenda y se publique la foto de Cristina sentada en el banquillo de los acusados. Los medios sacaron la foto y aún así Cambiemos perdió las elecciones en primera vuelta. Y ahora está pendiente que la Corte resuelva. Por ejemplo, el juez Julián Ercolini recibió en 2011 una denuncia sobre 49 de las 51 obras cuestionadas en el juicio. Se declaró incompetente porque consideraba que debía investigarse en la justicia federal de Santa Cruz. Tras una apelación, el fiscal anti-K Germán Moldes estuvo de acuerdo con enviar el expediente al sur. La causa se instruyó allí y un año después se archivó por inexistencia de delito. Las defensas argumentan que, por lo tanto, el juicio trata sobre hechos que ya fueron juzgados