–Las pistolas Taser no llegaron aún, y ahí lo que tenemos pensado es llevarlas a las fuerzas especiales, no para que se haga uso frente a la ciudadanía o en contextos de operaciones normales sino de fuerzas especiales como Geof o Alacranes. Pero lo que hay que derogar es el protocolo que existe, y generar uno que sea específico para su uso en ocasiones como secuestros o aquellos que atienden las fuerzas especiales. Y hay que revisar la capacitación, porque lo que vi es una capacitación que no se corresponde con el daño que las Taser provocan. El punto es que en el protocolo se habla de armas de uso no letal y para la empresa que las fabrica son menos letales, no no letales. Hay que revisar esa capacitación y adecuarla, y no puede ser en las estaciones de tren ni en aeropuertos, sino para uso de las fuerzas especiales.

–¿Qué pasará con el Servicio Cívico Voluntario?

–Lo que pudimos averiguar es que ingresaron en la prueba piloto 1200 jóvenes y terminaron 600. Ya no hay jóvenes dentro de las instalaciones de Gendarmería, estamos buscando el listado de los inscriptos y, en el caso de que los hubiera, vamos a reconvertir ese servicio en un plan educativo y de contención en el ámbito deportivo. Eso implica una conversación con el Ministerio de Educación para que atienda y contenga a este sector que es numeroso y le dé un horizonte en términos laborales y educativos. Lo que no descartamos es que haya alguna instancia de intervención de las fuerzas en tanto algunas tienen algunas capacidades para enseñar oficios, o tal vez algunos de los jóvenes pueden estar interesados en ingresar a las fuerzas y puede haber una instancia de visita a alguna unidad, pero todo lo que es el plan educativo y de formación en oficios tiene que correr por cuenta de los ministerios de Educación y de Salud”.

–¿Qué otros aspectos de la gestión anterior se revisarán?

–Algunos de los protocolos que aprobaron no están mal. No todo lo que hicieron estuvo mal. El Plan Nacional de Seguridad para la reducción de femicidios en principio se mantendría. Aparentemente hay un trabajo que está bastante bien hecho con la Corte con todo lo que son los datos de femicidio, hubo un mejoramiento de la información y un seguimiento del proceso judicial también. Es un trabajo que lo que hay que hacer es mejorarlo pero no eliminarlo.

Lo mismo con las estadísticas, hay un trabajo que no alcanza pero lo que se hizo no está mal, hay que profundizarlo. Se fortaleció el sistema de estadísticas de información criminal, que son las que produce la policía. Esa información no alcanza, y hay un sesgo en esa información porque todos sabemos que la Policía desarrolla estrategias para fortalecer unas estadísticas y bajar otras, entonces puede haber una manipulación que está vinculada con el hecho de que se mide su desempeño. Esto tiene que complementarse con otras informaciones que produce la justicia. Hay que fortalecer el área de información a través de un Observatorio. Hay que producir información propia que hoy no está, o mejor dicho, no está sistematizada. Como, por ejemplo, los policías muertos fuera y dentro del servicio o los muertos por la policía o los heridos por la policía. Información que muchas veces hay que recurrir para contar con ella al Cels, que la produce sobre la información que sale en los diarios. Hace poco hubo una situación entre Correpi, que tiene su información sobre violencia institucional, y la gestión anterior del Ministerio de Seguridad que salió a contestarle, y no se termina de entender qué parámetro usa uno y otro. Nosotros tenemos que tener esa información y producirla sistemáticamente.

–¿Cómo se deconstruye el discurso de mano dura implementado durante estos cuatro años?

–Hay una tarea, que no es solo hacia la sociedad, de explicar que los problemas emergentes obedecen a diferentes causas y que atacarlos por el uso de la fuerza o el encarcelamiento en el corto plazo parece que lo resuelve, pero en el mediano plazo no. Ahora, hacia adentro de las fuerzas no pasa sólo por la formación. Durante gestiones anteriores de nuestro gobierno se hizo mucho énfasis en la formación y eso tuvo resultado altamente positivos: uno se encontraba durante el trabajo de campo con gendarmes y policías que estaban en contra de los protocolos más abusivo. La formación que se impartió y la democratización de la Argentina introdujeron prácticas y perspectivas entre los policías que son alentadoras. Ahora, hay otros aspectos para incorporar y que forman parte de lo que queremos desarrollar: el reentrenamiento de las fuerzas, unido a la modificación de las condiciones de trabajo de regímenes de servicio que no expriman a la gente. Y eso hay que trabajarlo con ellos. No contra ellos.

Sabemos que dentro de la fuerza hay personal jerárquico subalterno que entiende que no hay forma de hacer un buen servicio y un servicio que implique un trato humanitario hacia el otro si no es con un trato humanitario hacia adentro de las fuerzas. Por eso vamos a crear un área de derechos, bienestar y género dentro del Ministerio, que se va a ocupar de ese tema y es probable que estemos anunciando un consejo que nos permita discutir con integrantes de la fuerza pero también con especialistas y otros actores de la sociedad civil cómo mejorar las condiciones del servicio. Eso es un aspecto fundamental que la gestión que se fue no cumplió como dijo, si bien hizo una sobreactuación de la protección y el cuidado, no ha sido efectivo.