En la primera entrevista tras su asunción, explica los cambios que implementará respecto de la gestión Bullrich y detalla los puntos centrales de las nuevas políticas.
“Nunca soñé que podía ser ministra de Seguridad”. Dice que sus colegas le hicieron ver que tenía que ocupar ese lugar y no lo dice con falsa modestia. Pero también agrega, mientras el sol se cuela por el gran ventanal del despacho del Ministerio de Seguridad el viernes por la tarde, en el corazón de Recoleta, que lo siente “como un reconocimiento a una perspectiva construida durante muchos años, al trabajo hecho con otros, académico y de asesoramiento, asociado a una manera de pensar el vínculo entre producción científica y políticas públicas ”. Lo dice, como todo lo que dirá durante la entrevista exclusiva con Página/12, de forma descontracturada, sin gravedad ni solemnidad afectada, alejada de cualquier gesto marcial. Y si bien la trayectoria de Sabina Frederic está marcada por su trabajo académico , la doctora en antropología por la Universidad de Ultrecht, profesora de la Universidad Nacional de Quilmes e investigadora del Conicet Sabina Frederic no es nueva en la función pública. Ocupó el cargo de subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa entre 2009 y 2011 y fue asesora en la cartera que ahora dirige entre 2012 y 2014, durante la gestión de Nilda Garré.
Sabe que tiene un gran desafío por delante para reorientar la política que le imprimió su antecesora, Patricia Bullrich, pródiga en esfuerzos para defender a integrantes de las fuerzas de seguridad acusados, en unos casos, como el policía Luis Chocobar, de matar disparando por la espalda, y en otros, como en el caso de Santiago Maldonado, de hacer una defensa cerrada de la actuación de los gendarmes.
No deja tema sin tocar: habla del caso Maldondado, de instruir a las fuerzas de seguridad para “que no haya hostigamiento, asedio, maltrato ni abuso”, de la importancia del reentrenamiento de las fuerzas, de las pistolas Taser, de los operativos de saturación, de la necesidad de mejorar las estadísticas y de la posibilidad de poner en agenda la regulación de las drogas blandas. También dice que “no todo lo que se hizo estuvo mal”, pero también que hay mucho “por revisar”. Y, aunque sonríe, sabe que desembarcó en un ministerio caliente, en el que ni bien asumió, le hackearon la cuenta de Twitter, mientras que el viernes una operación política hizo circular en las redes un falso comunicado de la Policía Federal.
–¿Viniendo sobre todo del ámbito académico, éste es el puesto soñado para llevar a la práctica la investigación realizada?
–Todas las veces que ocupé un cargo de gestión, ya sea en la universidad de Quilmes o en el Ministerio de Defensa, nunca lo soñé. Nunca me pasó de querer ese lugar y armar una estrategia para llegar a ese lugar. Todas las veces me pasó que compañeros o colegas me hicieron ver que tenía que ocupar ese espacio construido colectivamente. Ahora, en el momento en que me lo ofrecen, lo siento como un reconocimiento a una trayectoria, a una perspectiva construida durante muchos años, al trabajo hecho con otros, académico y de asesoramiento. El trabajo de asesoramiento y de producir investigaciones y conocimiento que informen a las políticas públicas lo hago desde el año 2006. La investigación sobre las policías, las fuerzas armadas y sobre la gendarmería tuvo siempre un diálogo con la gestión política, con el diseño de políticas públicas.
–¿Qué evaluación hace de la gestión saliente?
–Me parece, y es una visión compartida, porque lo hemos evaluado con los equipos técnicos del Frente de Todos, que la gestión de seguridad durante el gobierno de Cambiemos sobreactuó gran parte de las políticas. Se puede ver desde el lugar que tenía la ministra, la permanente divulgación de protocolos y reglamentaciones que eran todas controversiales, y que se sabía que iban a producir debates. Era una forma de ver la seguridad en agenda todo el tiempo. Y al mismo tiempo una dificultad muy grande por determinar cuál fue la eficacia real de esas políticas. Eso se ve, por ejemplo, en uno de los temas que hizo eje Cambiemos, la lucha contra el narcotráfico, que se hace desde hace muchos años en Argentina. Y una Argentina sin narcotráfico no es algo que se haya alcanzado con ese gobierno. Lo que hubo fueron más decomiso y allanamientos, pero no hay un resultado claro de esa política. Todos estos años la persecución ha sido principalmente sobre el narocomenudeo y consumidores.
–¿Cómo evalúa la producción de enunciados violentos que bajó Bullrich legitimando la violencia, y el uso de protocolos que avanzaron sobre los derechos de la ciudadanía?
–Básicamente en esas normativas y en algunas declaraciones que hizo el gobierno de Cambiemos a través de la ministra de Seguridad hubo un llamado a la extinción de la justicia y a convertir a las fuerzas de seguridad en el brazo armado y en la aplicación de la justicia propiamente dicha. Desde el protocolo de derribo (que habilita derribar aviones), que está dentro de la ley de Emergencia de Seguridad, hasta el que habilita a disparar sin dar la voz de alto, entre varios otros. Al igual que la forma en que el Ministerio de Seguridad salió en el caso Maldonado y en el de Rafael Nahuel. O las declaraciones de ‘el que quiera estar armado que lo esté’ (de Patricia Bullrich) fijaron una posición, por un lado de que la violencia de Estado es legítima, y por otro de habilitar a los ciudadanos al uso de la violencia. Ambas cosas. Eso habilitó a las fuerzas federales, pero también a las provinciales, que no dependen del Ministerio de Seguridad, a mayores abusos y mayor discrecionalidad. Toda una serie de posicionamientos que arrastraron o empujaron una serie de prácticas al ámbito de la delincuencia o la criminalidad.
–¿Cuáles serán los ejes de su gestión?
–El Ministerio de Seguridad de la Nación tiene cuatro fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. No todas tienen actividades en lo que se llama seguridad ciudadana. Nosotros tenemos pensado, por un lado, fortalecer fundamentalmente lo que es la investigación criminal, ahí hay varias cosas por hacer. Por ejemplo, reconvertir la Policía Federal, que está en ese proceso, no es que no se hizo nada en estos años. Se avanzó, pero tenemos que revisar lo que se hizo. Aparentemente la formación básica de esos agentes se movió hacia la investigación criminal, la Policía Federal no tiene territorio y tiene que dirigirse hacia ese lugar. Hay áreas que ya trabajan sobre lavado de activos, laboratorio de criminalística. Todo eso hay que fortalecerlo y es clave articular las áreas de investigación de todas las fuerzas. Porque creemos que Seguridad de la Nación tiene que dirigirse hacia lo que es el delito complejo y organizado. Y no como estos años centrados en la persecución del narocomenudeo y de consumidores.
No va a ser fácil evitar la competencia entre las fuerzas, hay que buscar la forma de articulación. Gendarmería también creció mucho en ese terreno y defiende lo que tiene. Tenemos que fortalecer también la política federal, de diálogo con las provincias a través del Consejo Federal de Seguridad Interior. Escuchar demandas y producir políticas que estén también dirigidas a las especificidades de cada región, que no son las mismas.
Otro aspecto muy importante es revisar todo lo que es la política de seguridad de fronteras e hidrovías. Queremos darle a la hidrovía el peso que tiene, cosa que hasta ahora no se ha hecho, la hidrovía es un lugar de tránsito y de transporte de sustancias ilícitas. Ese será un tema central. También una política de articulación con la Aduana y Migraciones en los pasos fronterizos, evitar la persecución del pequeño contrabando (bagayeros), sobre todos en algunas regiones como la zona de Aguas Blancas, Río Bermejo, un lugar en donde hay un control de la población que cruza de un lado al otro y decomisos de mercadería en búsqueda de estupefacientes pero que tiene un costo muy alto sobre la fuente de trabajo de la gente, que es ilegal.
–Ahí se cuela la crisis económica.
–Sí, ahí tenemos una cuestión que es cómo hacer para que la emergencia económica y social no termine siendo abordada a través de una agenda securitaria. Es un desafío. Es un punto que tenemos que revisar y no va a ser fácil. La decisión que tomó el gobierno que se fue este año, de introducir una suerte de monotributo para los que llevan y traen mercadería en esa zona fue un fracaso y terminó en piedrazos. Pero creemos que no tiene que ser el Ministerio de Seguridad el que tiene que abordarlo, hay que encontrar la manera de que la Gendarmería no sea la fuerza de seguridad que se termine exponiendo ante la ausencia de otras agencias del Estado que tienen que intervenir para resolver temas de mercado de trabajo. Otra cuestión central será el desarrollo de una política de derechos, bienestar y género para las fuerzas de seguridad.
–¿Cómo se va articular esto con la creación de un Consejo de Seguridad Nacional?
–Por ahora hay un Ministerio de Seguridad, el camino que plantea el presidente es la creación de una dependencia del Estado que convierta la política de seguridad en una política de Estado. No habría política de seguridad si no es a través de esa instancia, que aún no fue creada. Se tiene que presentar como proyecto legislativo en el parlamento y va a llevar un tiempo. Todo esto que estoy planteando es hasta tanto se cree ese organismo, la idea con esa dependencia es que haya intervención no solo federal sino también de otras organizaciones, pero todo eso está en proceso de construcción para que las medidas que se tomen sean políticas de largo plazo y sean definidas con acuerdos de sectores divergentes.
–¿Qué va a pasar con los protocolos que elaboró Bullrich y cuál va a ser la actitud del Ministerio cuando haya denuncias de violencia institucional?
–Lo que estamos haciendo es terminar de revisar los protocolos y reglamentaciones que dejó la gestión que se fue, para derogar aquellos que son claramente violatorios de los derechos constitucionales y de las garantías de los ciudadanos. Y vamos a revisar aquellos que si los derogáramos y volviéramos a lo que había antes no estaríamos siendo lo suficientemente responsables. En ese caso vamos a hacer conversaciones con los jefes de las fuerzas para ver si se adecuan a las condiciones en que ellos prestan el servicio. Una de las áreas que va a existir en la futura estructura del ministerio, que se aprobaría el fin de semana, es un área de control y transparencia. Que va a estar abocada a temas de violencia institucional y también a la atención de las víctimas del delito, no solamente a las víctimas de las fuerzas policiales sino también a la gente que es víctima del delito. Hay capas, una capa que es el discurso, y otra cosa lo que ellos hacían sabiendo que les iba pasar lo que le está pasando a Chocobar (N. de la R.: que va a juicio). El discurso no protege porque hay un sistema judicial y un proceso penal que existe, más allá de lo que el Poder Ejecutivo quiera.
–¿En el caso del protocolo de uso de armas de fuego?
–Es uno de los que seguramente se derogará porque es de una discrecionalidad y de un abuso que es intolerable. El programa Ofensores en Trenes, que habilita a las fuerzas de seguridad a pedir el DNI de los pasajeros en las estaciones, aunque lo han dejado de usar, también se derogará, porque además tenemos el feedback de las fuerzas que lo estaban usando, y genera mucho conflicto innecesario con la gente. También estamos revisando el de derribo de aviones.
–¿Qué pasará con el protocolo para manifestaciones?
–Ese no se aplicó, no sirve, pero está vigente, y lo estamos revisando también. No queremos sobreactuar. Queremos hacer las cosas con responsabilidad. Y tenemos que ver si lo sacamos cuál queda. Estamos haciendo el estudio y seguramente el lunes (por hoy) o martes ya lo tendremos definido.
–La ex ministra Bullrich habilitó el uso de las pistolas Taser a las fuerzas policiales y de seguridad federales. ¿Qué se va a hacer?
–Las pistolas Taser no llegaron aún, y ahí lo que tenemos pensado es llevarlas a las fuerzas especiales, no para que se haga uso frente a la ciudadanía o en contextos de operaciones normales sino de fuerzas especiales como Geof o Alacranes. Pero lo que hay que derogar es el protocolo que existe, y generar uno que sea específico para su uso en ocasiones como secuestros o aquellos que atienden las fuerzas especiales. Y hay que revisar la capacitación, porque lo que vi es una capacitación que no se corresponde con el daño que las Taser provocan. El punto es que en el protocolo se habla de armas de uso no letal y para la empresa que las fabrica son menos letales, no no letales. Hay que revisar esa capacitación y adecuarla, y no puede ser en las estaciones de tren ni en aeropuertos, sino para uso de las fuerzas especiales.
–¿Qué pasará con el Servicio Cívico Voluntario?
–Lo que pudimos averiguar es que ingresaron en la prueba piloto 1200 jóvenes y terminaron 600. Ya no hay jóvenes dentro de las instalaciones de Gendarmería, estamos buscando el listado de los inscriptos y, en el caso de que los hubiera, vamos a reconvertir ese servicio en un plan educativo y de contención en el ámbito deportivo. Eso implica una conversación con el Ministerio de Educación para que atienda y contenga a este sector que es numeroso y le dé un horizonte en términos laborales y educativos. Lo que no descartamos es que haya alguna instancia de intervención de las fuerzas en tanto algunas tienen algunas capacidades para enseñar oficios, o tal vez algunos de los jóvenes pueden estar interesados en ingresar a las fuerzas y puede haber una instancia de visita a alguna unidad, pero todo lo que es el plan educativo y de formación en oficios tiene que correr por cuenta de los ministerios de Educación y de Salud”.
–¿Qué otros aspectos de la gestión anterior se revisarán?
–Algunos de los protocolos que aprobaron no están mal. No todo lo que hicieron estuvo mal. El Plan Nacional de Seguridad para la reducción de femicidios en principio se mantendría. Aparentemente hay un trabajo que está bastante bien hecho con la Corte con todo lo que son los datos de femicidio, hubo un mejoramiento de la información y un seguimiento del proceso judicial también. Es un trabajo que lo que hay que hacer es mejorarlo pero no eliminarlo.
Lo mismo con las estadísticas, hay un trabajo que no alcanza pero lo que se hizo no está mal, hay que profundizarlo. Se fortaleció el sistema de estadísticas de información criminal, que son las que produce la policía. Esa información no alcanza, y hay un sesgo en esa información porque todos sabemos que la Policía desarrolla estrategias para fortalecer unas estadísticas y bajar otras, entonces puede haber una manipulación que está vinculada con el hecho de que se mide su desempeño. Esto tiene que complementarse con otras informaciones que produce la justicia. Hay que fortalecer el área de información a través de un Observatorio. Hay que producir información propia que hoy no está, o mejor dicho, no está sistematizada. Como, por ejemplo, los policías muertos fuera y dentro del servicio o los muertos por la policía o los heridos por la policía. Información que muchas veces hay que recurrir para contar con ella al Cels, que la produce sobre la información que sale en los diarios. Hace poco hubo una situación entre Correpi, que tiene su información sobre violencia institucional, y la gestión anterior del Ministerio de Seguridad que salió a contestarle, y no se termina de entender qué parámetro usa uno y otro. Nosotros tenemos que tener esa información y producirla sistemáticamente.
–¿Cómo se deconstruye el discurso de mano dura implementado durante estos cuatro años?
–Hay una tarea, que no es solo hacia la sociedad, de explicar que los problemas emergentes obedecen a diferentes causas y que atacarlos por el uso de la fuerza o el encarcelamiento en el corto plazo parece que lo resuelve, pero en el mediano plazo no. Ahora, hacia adentro de las fuerzas no pasa sólo por la formación. Durante gestiones anteriores de nuestro gobierno se hizo mucho énfasis en la formación y eso tuvo resultado altamente positivos: uno se encontraba durante el trabajo de campo con gendarmes y policías que estaban en contra de los protocolos más abusivo. La formación que se impartió y la democratización de la Argentina introdujeron prácticas y perspectivas entre los policías que son alentadoras. Ahora, hay otros aspectos para incorporar y que forman parte de lo que queremos desarrollar: el reentrenamiento de las fuerzas, unido a la modificación de las condiciones de trabajo de regímenes de servicio que no expriman a la gente. Y eso hay que trabajarlo con ellos. No contra ellos.
Sabemos que dentro de la fuerza hay personal jerárquico subalterno que entiende que no hay forma de hacer un buen servicio y un servicio que implique un trato humanitario hacia el otro si no es con un trato humanitario hacia adentro de las fuerzas. Por eso vamos a crear un área de derechos, bienestar y género dentro del Ministerio, que se va a ocupar de ese tema y es probable que estemos anunciando un consejo que nos permita discutir con integrantes de la fuerza pero también con especialistas y otros actores de la sociedad civil cómo mejorar las condiciones del servicio. Eso es un aspecto fundamental que la gestión que se fue no cumplió como dijo, si bien hizo una sobreactuación de la protección y el cuidado, no ha sido efectivo.
Viajaban en un gomón que naufragó. La Policía confirmó la muerte de un hombre de 26 años y de una mujer que aún no fue identificada.
Luego que un gomón con 26 personas naufragara en el Río Bermejo cuando intentaba cruzar de manera ilegal la frontera entre Salta y Bolivia, las autoridades encargadas de la búsqueda de desaparecidos informaron que este jueves por la tarde encontraron el cuerpo de una mujer, por lo que ya son dos los fallecidos en el accidente.
Durante la mañana de este jueves desde la Policía de Salta informaron el hallazgo del cadáver de Ángel Damián Quispe Santos (26 años, boliviano). Más tarde, voceros oficiales confirmaron que encontraron un segundo cuerpo,a dos kilómetros del lugar en el que apareció el gomón. Se trata de una mujer que aún no fue identificada.
Fuente de la investigación precisaron que la búsqueda comenzó el miércoles, con la hipótesis de seis desaparecidos en base al testimonio de un hombre que logró ser rescatado ileso del cauce del río por el accionar de personal de Gendarmería Nacional.
Pero más tarde se supo que en la embarcación viajaban 26 personas.El cruce del río es parte de una actividad informal, por lo que no existen registros de quienes viajaban en el bote.
Voceros policiales señalaron que ya se confirmó que 22 personas sobrevivieron a la tragedia. Por esa razón, la búsqueda continúa enfocada en tres personas, una mujer -resta confirmar si se trata del cuerpo hallado este jueves- y dos bebés de uno y tres meses, de los que todavía nada se sabe.
El vocero de la Policía de Salta, Miguel Velardez apuntó que las tareas de búsqueda se suspendieron en los primeros minutos de la madrugada de este jueves debido a las condiciones climáticas. Se retomaron unas horas después, aunque el cauce del río creció considerablemente por las intensas lluvias registradas en Bolivia.
El hecho ocurrió cuando la precaria barcaza, que había partido desde la localidad salteña de Aguas Blancas hacia Bermejo, en Bolivia, a través del cauce del río Bermejo, intentaba cruzar la frontera de manera ilegal.
Al atravesar una palizada, el gomón sufrió una rotura, lo que motivó que muchos de los ocupantes de la barcaza se lanzaran al río para salvar sus vidas, nadando hacia la orilla.
El 3 de marzo de 2020 comenzó la pandemia en la Argentina. El 7, falleció Guillermo Gómez, la primera víctima de COVID-19. Aquí, diez casos emblemáticos que narran cómo se esparció el dolor por el país
Nos acostumbramos a demasiadas cosas. Nos acostumbramos a convivir, desde hace un año, con un reporte diario de las cifras de la pandemia. Nos acostumbramos a esa palabra, “pandemia”, y también a medirla en números, porque ponerles nombre es demasiado doloroso. ¿Cómo naturalizar la crueldad de no poder despedir a nuestros muertos, de hijos viendo morir a sus padres a través de una ventana o un teléfono, de familias sin derecho a velar a los que amaron?
Casi 53.000 personas murieron en la Argentina por coronavirus, la mayoría tenía más de 60 años y patologías previas. Recordar hoy algunas de sus historias es un intento de darles esa despedida que tantos no pudieron tener. Una forma de duelo colectivo que nos permita honrarlos para seguir adelante.
Guillermo Abel Gómez, el primer muerto por COVID-19 en el país
El primero en morir fue un sobreviviente
Las tragedias de las personas, como las de los países, a veces se superponen de la manera más dolorosa. La primera de las víctimas de COVID-19 en la Argentina fue un militante político y social que pasó su vida en el exilio después de ser secuestrado y torturado por la Triple A. Guillermo Abel Gómez murió el 7 de marzo de 2020.
Hacía solo seis años que había regresado de Francia junto a su mujer, Nelly. Pero allí quedó su hija María Eugenia, a la que visitaron el verano pasado cuando todavía se sabía poco y nada de la pandemia. No era un viaje más: habían ido a conocer a su nieta. Volvieron el 25 de febrero. Los síntomas comenzaron dos días después: fiebre y dolor de garganta.
En los 70, Guillermo trabajaba como recolector de basura y militaba en el Movimiento Villero Peronista en las villas de emergencia de Soldati cuando él y su compañera embarazada fueron secuestrados. Lograron escapar a Europa antes de la dictadura militar con la ayuda de curas que conocían del barrio. Su hija nació en París. Pero las cosas allá tampoco fueron fáciles: Guillermo consiguió un puesto de lavacopas y, más tarde, como ordenanza en un organismo público francés en donde con el tiempo lo eligieron delegado. También fue parte de los grupos que denunciaban la desaparición de personas en la Argentina. Nunca dejó de extrañar su patria.
Hace cinco años, pudo por fin instalarse con Nelly en un PH en San Telmo. La lucha de toda una vida le había dejado secuelas en el cuerpo: era diabético, hipertenso y tenía insuficiencia renal. Un viejo compañero de militancia fue el que lo cargó en un taxi y lo llevó al hospital Argerich porque la ambulancia no llegaba. Se habían reencontrado en 2019. Dicen que era “un gordo querible y solidario, sencillo, vehemente, capaz, calentón y un extraordinario contador de anécdotas”.
No estuvo aislado, sino en una unidad coronaria: recién en la autopsia se determinó la causa de su muerte. Guillermo tuvo al menos esa suerte frente a los muertos de Covid que le seguirían: no murió solo.
Eric Luciano Torales con el barbijo puesto al volver de Miami, foto de sus redes sociales.
Luis: del festejo a la fatalidad
El miedo y la necesidad de encontrar explicaciones, certezas y culpables a toda costa nos hicieron señalar con el dedo a familias que ya estaban atravesadas por el desconsuelo. Luis María Suárez murió el 1 de abril de 2020. Tenía 78 años y era diabético e hipertenso. Dos semanas antes había podido reunir a todo el clan para la fiesta de 15 de su nieta en un salón de La Reja. Otro de sus nietos, Eric Luciano Torales, de 24 años, había vuelto de Miami el día anterior y, pese a que un decreto presidencial ya señalaba la obligatoriedad de aislarse durante 14 días al llegar del exterior, no quiso perderse el cumpleaños de su prima.
Torales, que es empleado bancario, ingresó con síntomas de coronavirus en la Clínica Adventista de Belgrano al día siguiente. Había estado bailando y conversando con varios de los cien invitados al festejo. Se cree que así fue como infectó a una docena de personas, entre ellos el disc-jockey, la cumpleañera, la madre de Torales y su abuelo Luis María. Suárez fue internado en la Clínica Mariano Moreno el 22 de marzo. “Durante la internación evolucionó desfavorablemente, manifestó distrés respiratorio y requirió asistencia respiratoria mecánica”, informó la Secretaría de Salud de Moreno. Su nieto ya no volvió a verlo. Ni siquiera pudo despedirlo ni ir a su entierro. Fue procesado por el juez Néstor Barral como “autor penalmente responsable del delito de propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa culposa agravada por el resultado de enfermedad y muerte”. Y juzgado con crueldad por la opinión pública; convertido en un símbolo de la letalidad de la imprudencia, tuvo que cerrar todas sus redes sociales por el aluvión de críticas. Su pecado nos hubiera parecido absurdo en cualquier otro contexto: no faltar a una fiesta familiar.
Liliana del Carmen Ruiz tenía 52 años, un marido y dos hijos. Contrajo dengue y luego le diagnosticaron Covid-19. Murió a causa de una insuficiencia respiratoria
Liliana, la médica humilde que trabajó hasta el final
Fue la primera médica en contagiarse en el país, y el primer caso en La Rioja. Liliana del Carmen Ruiz era una mujer humilde que había superado lo inimaginable para llegar a ejercer su profesión. Tenía 52 años, estaba casada, era madre de dos hijos y pediatra. De origen humilde, su padre era panadero y su madre una empleada doméstica que murió de cáncer cuando ella tenía solo 12 años.
Su hija menor, Sofía, contó en un posteo en Facebook que su mamá creció jugando con muñecas de trapo: en su casa no había dinero, “pero sí mucho amor y pan calentito”. Se fue a estudiar medicina a Córdoba cuando terminó la secundaria: vivió de pensión en pensión y “tomando sopa todas las noches para no gastar”.
Con 20 años y en plena cursada, recibió un diagnóstico que puso en pausa su carrera: cáncer de cuello de útero. Pero salió adelante y se recibió. A los 33, ya casada con el padre de sus hijos, la salud volvió a jugarle una mala pasada: se enteró de que tenía artritis reumatoidea y celiaquía. Sin embargo, ni el dolor crónico pudo quitarle la entrega por sus pequeños pacientes. “Se acordaba de todos –recordó Sofía–. Estoy segura de que a un tercio de ellos los atendió gratis. No le importaba: sabía lo que era estar del lado de quien no tiene nada”.
Hasta el 20 de marzo del año último repartió sus consultas entre el Hospital Vera Barros y la Clínica Mercado de La Rioja. Allí la internaron ese día por problemas respiratorios. Los primeros estudios indicaron dengue. Cuando el hisopado de coronavirus dio positivo, fue una sorpresa: no había viajado al exterior ni podía identificar en qué momento había estado en contacto con personas contagiadas. Fue la primera en morir de Covid-19 en su provincia, el 31 de marzo de 2020. Su hija contó el desgarro de un duelo que con el tiempo y los muertos llegamos a normalizar: nadie pudo estar ahí para rezar por ella, para sostener su mano, ni para darle un beso. Cientos, en cambio, honraron en las redes la memoria de esa mujer que había puesto la misión de curar niños incluso por encima de su propia salud.
Alicia Iriarte, de 34 años, junto a su hija, fallecida por Covid-19. Tenía patologías preexistentes: parálisis cerebral y EPOC
Rosario: demasiado pronto
Y llegó un día en que supimos que el virus también podía ser impiadoso con los más chicos. El 12 de junio de 2020 el COVID-19 se cobró a la más inocente de sus víctimas en la Argentina. Rosario Zamudio tenía 8 años y su mamá tampoco pudo sostener su mano chiquita en el minuto final. Alicia Iriarte, una madre soltera de 23 años, se despidió de su hija con un beso el 11 de junio por la noche. Le dijo “te amo” y le acarició la cara. Estaban, las dos, en la fría sala de terapia intensiva del sanatorio Nuestra Señora del Rosario de San Salvador de Jujuy. Una hora atrás había llegado el resultado del test de coronavirus: era positiva. El protocolo indicaba que debía ser trasladada al Hospital Materno Infantil de la ciudad, y Alicia pensó que en unos días volverían a estar juntas. Rosario murió el domingo 12 a las seis de la tarde. Su mamá nunca más la vio. Ni viva, ni muerta.
Alicia, gendarme y hasta hace poco en pareja con Andrea (“la segunda mamá de Rosario”), le contó a Infobae entonces que su hija “tenía una patología preexistente. Había nacido prematura, a los ocho meses del embarazo, con parálisis cerebral y EPOC”. Su papá le dió el apellido, y eso fue todo lo que hizo. Alicia se hizo cargo de todo. “¡No sabés lo que luchó mi hija por vivir! Por cómo había nacido, no le daban ni dos semanas de vida. Le hablabas y ella se conectaba, se sonreía. La peleó hasta lo último. Siempre fuimos muy fuertes porque estábamos juntas. Nunca nos separamos: en las internaciones, donde ella estaba, yo también. Fue muy amada, muy querida por su familia y todos quienes la conocieron”.
Alicia trató de darle la mejor vida: “Siempre quisimos que la pase bien. Aunque era como una bebé grande, que no caminaba y estaba en la cama o en su sillón, bailaba. Con todo, tuvimos buenos momentos. Pude llevarla a un cine, a un parque, le encantaba la calesita. Ella no jugaba, no hablaba, pero tuve una hija maravillosa”.
Rosario fue internada un viernes por una obstrucción respiratoria por una bacteria que ya le había colonizado los pulmones. Al día siguiente, sin embargo, llegó el resultado del hisopado positivo de coronavirus. Alicia fue separada de su hija y solo obtuvo noticias por teléfono. Tres partes lacónicos y definitivos. El de la mañana decía que estaba estable. El del mediodía, como un mazazo, “que se preparara para lo peor”. Y el de las siete de la tarde, que había fallecido. “Yo no la podía ver. No me dejaron ni acercarme para vestirla”, relató quebrada. Logró finalmente, que le concedieran un derecho básico: “Me autorizaron a esperar su féretro a la salida de la morgue. Pude tocar el cajón, que tenía una funda, y decirle que la amaba. Lo único que quería era despedirme”.
Ramona Medina tenía 42 años y era paciente diabética, insulino-dependiente
Ramona, la referente
Ramona Medina tenía 42 años. Era tucumana y amaba bailar. Se había convertido en una referente barrial de la Villa 31, en donde compartía una casa sin agua con su pareja, sus hijas Maia y Guadalupe (que tiene Síndrome de West y Síndrome de Aicardi, no puede hablar ni comer ni sostener su postura sin ayuda y requiere oxígeno todas las noches) su cuñada de 62 años, su cuñado de 68, su sobrino con problemas cardíacos y su sobrina diabética. El 3 de mayo de 2020, en un video difundido por la organización La Poderosa, denunció la dura realidad de muchas familias como la suya: “Nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos, que tengamos mayor cuidado, que nos pongamos tapabocas, que no salgamos a la calle ¿Y con qué lo hacemos si no tenemos agua?”.
Ramona era diabética e insulino dependiente, pero sobre todo tenía miedo por la salud de Guadalupe. Una semana después de su mensaje, fue diagnosticada con coronavirus e internada en grave estado, sedada y conectada a un respirador en la terapia intensiva del Hospital Muñiz. Fuerte como era, murió el 17 de mayo. Aislada, como todos los que mueren por coronavirus, justo ella que había construido una red para que tantos se sintieran menos solos en su vulnerabilidad.
Solo en la Ciudad, 18.593 personas se contagiaron y 295 murieron de COVID-19 en barrios populares desde que comenzó la pandemia según datos del gobierno porteño. Ramona Medina les puso nombre y apellido.
El recuerdo de Gabriel, el florista de Las Cañitas, que murió a los 57 años por COVID-19 (Thomas Khazki)
Gabriel, o la pérdida de lo cotidiano
Gabriel Torranzo vivía y murió en Vicente López, territorio bonaerense. Pero seis veces por semana llenaba de flores su esquina de Las Cañitas. Era el único de su familia que vivía en Buenos Aires, todos los demás seguían en su San Luis natal. Es lo que más les dolió a sus vecinos, que perdieron con él la natural belleza de lo cotidiano: saber que ninguno de sus parientes pudo despedirse de él, ni siquiera su única hija.
Gabriel tenía 57 años y durante tres décadas había vendido flores en Matienzo y Soldado de la Independencia. Era hincha de River y le gustaba hablar con todo el mundo. Su puesto olía a jazmines.
Llegó al Hospital de Vicente López con una neumonía. Ya internado le diagnosticaron coronavirus. Su situación se agravó, estuvo en Terapia Intensiva tres semanas, intubado, hasta que mejoró. Entonces lo extubaron, se despertó varias veces, y parecía que se iba a recuperar. Pero el 30 de junio de 2020 sufrió varios infartos de los que no lo pudieron sacar.
Después de su muerte, los comerciantes y los vecinos de Las Cañitas convirtieron su puesto en un santuario. Cada barrio tuvo este año su Gabriel, el símbolo de esas pérdidas que nos enfrentaron con la realidad de un virus tan capaz de quitarnos el olfato como de robarnos el perfume de lo conocido.
El doctor Juan Lobel es la primera víctima fatal que el coronavirus deja en el SAME. Tenía 47 años, 4 hijos y no poseía antecedentes de otras patologías
Juan: morir en el frente de batalla
Durante la primera etapa de la cuarentena, los médicos eran aplaudidos cada noche y hasta los noticieros hacían una pausa a las 21 en punto para marcar la hora del saludo a los que estaban en la primera línea de batalla. Con el tiempo, el foco se corrió y los homenajes se espaciaron. Pero las sirenas no dejaron de sonar nunca.
Juan Lobel tenía 47 años y cuatro hijos. Fue el primer médico del SAME en morir a causa de la pandemia. Integraba el sistema de atención de emergencias porteño desde octubre de 2017. No tenía patologías previas y había elegido estar ahí donde más lo necesitaban. En junio de 2020 contrajo coronavirus y fue internado en el Sanatorio Güemes de Palermo, donde trabajaba. Murió dos meses más tarde, el 29 de agosto. El domingo 30, sus compañeros hicieron una emotiva despedida en el Obelisco. Con un gran despliegue de ambulancias y un helicóptero sobrevolando la Plaza de la República, los médicos hicieron sonar las sirenas cerca del mediodía. Volvieron entonces los aplausos.
“Es un día difícil para nosotros. Venimos a despedir a un compañero y amigo. Espero que Dios lo tenga en el cielo; era un buen tipo que nos va a seguir acompañando”, dijo el titular del SAME, Alberto Crescenti, que a la vez destacó el trabajo del resto de sus colegas. Recordar a Juan es tener presente la lucha cotidiana de miles de profesionales que siguen en el frente.
Paola de Simone murió mientras dictaba una clase virtual
Paola, la vocación hasta el último minuto
Paola de Simone tenía 46 años y era una reconocida politóloga y profesora de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Murió el 2 de septiembre mientras dictaba una clase virtual. Los minutos previos a su desvanecimiento quedaron registrados y fueron sus alumnos quienes intentaron socorrerla cuando ella les indicó que tenía problemas para respirar.
Apenas unos días antes había contado en su cuenta de Twitter sobre las dificultades del coronavirus: “Está muy complicado. Llevo más de cuatro semanas y los síntomas no se van. Un amigo nuestro está complicado. Mi marido está agotado por trabajar tanto en este momento (médico de terapia y emergencias). Llega a más público y daña más”. Paola estaba casada con Leandro hacía diez años y tenían una hija. Y los cientos de mensajes que inundaron las redes después de su partida dicen que era tal como la refleja ese tuit: una mujer que se preocupaba primero por los demás; el cansancio del hombre que amaba, la salud de su amigo.
Nunca dejó de estudiar. Se había graduado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador, tenía un MBA de la Universidad Torcuato Di Tella, y se había especializado en Recursos Humanos. Pero su pasión era la docencia. Era adorada por sus colegas y alumnos de la Universidad de Buenos Aires, de la Di Tella y de la UADE, en donde trabajó durante los últimos quince años.
Los estudiantes que asistían al zoom la acompañaron hasta el final, impotentes desde sus casas. Llegaron a preguntarle cuál era su dirección, para enviarle una ambulancia, pero ella estaba descompensada. Solo atinó a responder: “No puedo”. En uno de los últimos posteos que compartió en las redes se ve un dibujo de ella que hizo su hijita, que la pintó con capa y antifaz, y el puño en alto. Una heroína que vivió su vocación hasta el final.
Mariela Romero tenía 38 años y era mamá primeriza
Mariela no pudo conocer a su hijo
Mariela Romero tenía 38 años y esperaba con ansias la llegada de su primer hijo. Estaba casada con Fredy y el suyo era un embarazo muy buscado. Durante 14 años había trabajado como enfermera en el hospital de Villa Regina, en Río Negro. Aunque la pandemia había cambiado su rutina: para cuidar su embarazo realizaba actividades administrativas desde su casa, en la localidad de General Enrique Godoy.
Faltaba poco para que naciera el bebé cuando contrajo coronavirus. Su marido también se contagió. El 18 de septiembre fue sometida a una cesárea en el hospital donde trabajaba. Lucio nació en buen estado de salud y negativo de COVID-19. Pero el cuadro de su mamá, que sufría de diabetes e hipertensión, se agravó. Sus compañeros denunciaron negligencia, porque pasó varias horas del posoperatorio en una camilla de la guardia, antes de ser trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de General Roca.
Mariela murió el 23 de septiembre de 2020 sin conocer a su hijo. Su marido, que estaba contagiado, tuvo que esperar para encontrarse con Lucio y ni siquiera pudo despedirse de ella en el cementerio. Lo hizo con un posteo en Facebook: “Me dejaste ese bebé hermoso, cuidanos desde el cielo. Te amo con todo mi corazón, hasta siempre mi amor”.
Adriana Cheble (62) y Gustavo Salemme (67) estuvieron juntos 40 años. Ambos médicos cordobeses, contrajeron coronavirus y fallecieron con una semana de diferencia
Gustavo y Adriana: ni la muerte los separó
“Nacieron para estar juntos y se fueron juntos. No podía suceder de otra manera”. El que se lo dijo a Infobae fue Matías, el hijo mayor de Gustavo Salemme (67) y Adriana Cheble (62), el matrimonio de médicos cordobeses que murió de coronavirus con una semana de diferencia. Estaban casados hacía cuarenta años. Él era especialista en Diagnóstico por Imágenes y ella, médica clínica.
Se conocieron cuando eran adolescentes y estudiaron la carrera de Medicina juntos. Hasta trabajaron en el mismo colegio de Córdoba para “bancarse” mientras cursaban: él como secretario y ella como preceptora. Cuando se recibieron, se entregaron por completo a la profesión. Entre otras cosas, fueron a trabajar al Norte para atender el brote de cólera. “Tenían mucha vocación y amor por el prójimo”, contó su hijo, de 37 años, que fue el que los asistió cuando se contagiaron, primero Adriana y, después, Gustavo. La hermana de Matías estaba embarazada y su hermano menor, que vivía con ellos, también se tuvo que aislar. Al día siguiente de que se internaran, pudo verlos por la ventana en el hospital. Después ya no pudo hacerlo nunca más. Su papá entró en terapia intensiva y lo siguió su mamá.
Gustavo murió el 9 de octubre de 2020. Adriana, siete días después, el 16. Se fueron sin cumplir la ilusión de conocer a su primer nieto, el último legado de toda una vida de amor. Un amor que fue más fuerte que la más cruenta de las pandemias mundiales: ni el coronavirus los separó.
La cantidad de vacunas fue confirmada por fuentes oficiales. Es el mayor cargamento recibido hasta hoy. El primer avión de Aerolíneas Argentinas aterrizó este domingo a la tarde.
En un contexto de demoras en el proceso de inmunización en la Argentina y luego del escándalo por la vacunación VIP, este domingo por la tarde llegó desde Rusia el primero de los dos aviones de Aerolíneas Argentinas que el Gobierno envió para traer más vacunas Sputnik V.
Según informaron fuentes oficiales a Clarín, se trata del mayor cargamento recibido hasta ahora de la vacuna rusa: 1,2 millón de dosis entre ambos vuelos. El segundo podría arribar este lunes, aunque aún no se confirmó un horario.
Así, el país llegará a los 4 millones de dosis recibidas desde el inicio del plan de vacunación.
Coronavirus en la Argentina: llegó el primero de los dos vuelos que traen 1,2 millones de dosis de Sputnik V. Foto Rafael Mario Quinteros
“El primer vuelo de Aerolíneas desde Moscú se encuentra camino a nuestro país y estimamos arribo a Ezeiza a las 19:30 horas. En cuanto al segundo, se encuentra en proceso de carga en el aeropuerto de Sheremétievo y apenas termine podremos estimar su hora de llegada”, había escrito en su cuenta de Twitter Pablo Ceriani, presidente de la aerolínea de bandera.
Fuentes oficiales confirmaron a Clarín que entre ambos vuelos traerán cerca de 1,2 millón de dosis, aunque no precisaron cuántas serán del primer y segundo componente. Por lo pronto, el piloto Alejandro Chebar reveló que el primer vuelo embarcó cerca de “500 mil dosis”.
“Vinimos dos aviones con tres horas de diferencia entre uno y el otro; yo vine en el segundo. El primer avión, luego de haber estado 12 horas esperando arriba del avión en el aeropuerto, recibió las dosis prometidas, que son aproximadamente 500.000. Fueron cargadas y ya partió, está en vuelo”, indicó más temprano el piloto desde Rusia, en diálogo con Radio 10.
Sobre el segundo vuelo, del cual es responsable, Chebar señaló que se registraron demoras en la entrega y podría regresar en la madrugada de este lunes.
El primer vuelo de @Aerolineas_AR desde Moscú se encuentra camino a nuestro país y estimamos arribo a Ezeiza a las 19:30hs. En cuanto al segundo, se encuentra en proceso de carga en el aeropuerto de Sheremétievo y apenas termine podremos estimar su hora de llegada.
“La información que tenemos es que llegará dentro unas horas, que estimo sean pocas, la segunda remesa. Estimo que vamos a estar llegando esta noche (por el domingo) o en la madrugada de mañana (lunes)”, completó.
Fuentes de la aerolínea de bandera consultadas por Clarín informaron que aún no tienen confirmado el horario de arribo de este segundo avión.
Este operativo es el quinto que realiza el Gobierno en Rusia, luego de los concretados el 12 de este mes (400 mil dosis), el 24 de diciembre (300 mil), el 16 de enero (300 mil) y el 28 de enero (220 mil).
Así, sumado el nuevo cargamento, la Argentina habrá recibido 2.420.000 dosis de Sputnik V, poco más del 12% de las 20 millones previstas entre enero y febrero en el plan de vacunación que el Gobierno había difundido a fines de enero.
Coronavirus en la Argentina: llegó el primero de los dos vuelos que traen 1,2 millones de dosis de Sputnik V. Foto Rafael Mario Quinteros
Mientras tanto, este domingo por la mañana llegó un lote de 96 mil dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus provenientes de Beijing, China, que se suman a las 904 mil que arribaron el pasado jueves.
El vuelo KL701 de Air France que salió de Beijing hizo escala en el aeropuerto de Amsterdam antes de arribar a la Argentina. En esta oportunidad, Air France KLM utilizó un Boeing 777-300W, que tiene mayor espacio para carga, para poder asegurar el embarque de las vacunas.
Según anunció el Gobierno, la llegada de las dosis de Sinopharm permitirá empezar a inmunizar al personal docente en todo el país.
De esta manera, si se tiene en cuenta que las 580.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus Covishield, desarrollada por la India con tecnología de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, Argentina llega a los 4 millones de dosis recibidas desde el inicio del plan de vacunación.