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Politica

Ruta del dinero K: condenaron al empresario Lázaro Báez a 12 años de cárcel por lavado de dinero

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Lo decidió el Tribunal Oral Federal 4. También fueron condenados Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín, Martín Báez y Leonardo Fariña, entre otros. El juicio arrancó en octubre de 2018 y tuvo un total de 27 imputados. El empresario K estaba acusado de montar una maniobra para lavar más de USD 55 millones. La sentencia se postergó dos semanas por diferencias entre los jueces

Fin del misterio: el empresario Lázaro Báez fue condenado hoy a 12 años de cárcel por la maniobra de lavado de dinero de casi USD 55 millones que se conoce como “la ruta del dinero K”. También fueron condenados sus cuatro hijos. Martín, el único que permanece detenido en una cárcel, recibió una pena de 9 años.

Luego de largas discusiones, el tribunal no reveló durante la sentencia cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero. No es un tema menor: el fiscal Abel Córdoba había hablado de la causa de la obra pública, donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales acusadas, y de la evasión fiscal. “Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública, la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes del veredicto.

La omisión sobre el delito precedente surgió de un acuerdo entre los jueces, pero Infobae pudo saber que dos de los magistrados, Néstor Costabel, Adriana Palliotti, votaron por tener en cuenta tanto la obra pública como la evasión. En cambio, López Iníguez fue solo del delito tributario.

Las diferencias previas entre los jueces, que obligaron a postergar la sentencia dos semanas, finalmente quedaron expuestas: el presidente del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, tuvo que leer, al final del veredicto, cada una de las disidencias por los montos y las calificaciones de las penas.

La pena para Báez fue la misma que había pedido la Fiscalía. Pese al cambio de gobierno, las querellas que representan al Ejecutivo también habían solicitado penas muy altas para el principal responsable: 8 años y 6 meses, la Oficina Anticorrupción; 9 años, la Unidad de Información Financiera (UIF); y 8 años, la AFIP.

Luego de casi dos años y medio de juicio, el Tribunal Oral Federal 4 -integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti- también condenó al abogado Jorge Chueco y al contador Daniel Pérez Gadin. Ambos recibieron una pena de ocho años de cárcel.

En el caso de Leonardo Fariña, el tribunal decidió condenarlo a 5 años por su rol de arrepentido. “La pena fue reducida en tres años por su rol de imputado colaborador”, dijo el presidente del tribunal, que quedó a cargo de la lectura del veredicto desde su despacho de Comodoro Py.

Desde el punto de vista patrimonial, el tribunal ordenó el decomiso de USD 54.872.866,69 por la maniobra de lavado general y USD 5.000.000 por la compra del campo “El Carrizalejo”, en la provincia de Mendoza (conocido como el hecho B). Además, impuso a las firmas Austral Construcciones, Top Air S.A., OACI S.A. y Real Estate Investment Fiduciaria S.A. una multa por el doble de las operaciones en que intervinieron. En el caso de Helvetic Services Group, se ordenó la cancelación de la personería jurídica, y una multa correspondiente a siete veces el monto de las operaciones.

Todas las condenas y absoluciones

1) Lázaro Antonio Báez, 12 años

2) Jorge Oscar Chueco, 8 años

3) Daniel Rodolfo Pérez Gadín, 8 años

4) Jorge Leonardo Fariña, 5 años

5) Martín Antonio Báez, 9 años

6) Leandro Antonio Báez, 5 años

7) Melina Soledad Báez, 3 años

8) Luciana Sabrina Báez, 3 años

9) Walter A. Zanzot, 5 años

10) Julio Enrique Mendoza, 6 años

11) Claudio Bustos, 4 años y 6 meses

12) Eduardo César Larrea (absuelto)

13) Walter Santiago Carradori (absuelto)

14) Fabián Virgilio Rossi, 5 años

15) Federico Elaskar, 4 años y 6 meses

16) Juan Carlos Molinari, 4 años y 6 meses

17) Mario Lisandro Acevedo Fernández, (absuelto)

18) Daniel Alejandro Bryn, 3 años

19) Juan Ignacio Pisano Costa, 2 años y 6 meses.

20) Sebastián Ariel Pérez Gadín (absuelto)

21) Alejandro Ons Costa, 4 años

22) César Gustavo Fernández, 5 años

23) Jorge N. Cerrota, 2 años y 6 meses.

24) Christian Martín Delli Quadri (absuelto)

25) Eduardo Guillermo Castro, 5 años

26) Martín Andrés Eraso, 4 años y 6 meses

27) Juan Alberto De Rasis, 6 años

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La investigación judicial comenzó en abril de 2013, por ese entonces a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán, a partir de un informe del programa Periodismo para Todos (PPT) y apuntó a la red de cuentas bancarias abiertas en el exterior y la maniobra, mediante la compra de bonos, para reingresar el dinero a la Argentina, justo cuando Báez necesitaba capitalizar su empresa para poder quedarse con la construcción de dos represas en Santa Cruz. Se trata de una causa con implicancias políticas por la cercanía del empresario con la familia Kirchner.

Durante el juicio también se debatió el traslado de dinero en los aviones privados de Báez desde el Sur hasta Buenos Aires, y la compra del campo “El Carrizalejo”. El otro campo, conocido como “El Entrevero”, quedó al margen en otro juicio.

La jornada de este miércoles arrancó con las últimas palabras de Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis, dos ex empleados del banco suizo Lombard Odier que participaron de las maniobras para mandar a ese país parte del dinero del Grupo Austral. Luego, el presidente del tribunal, Néstor Costabel, ordenó un cuarto intermedio hasta las 13.30 horas.

Pasaron dos años y casi cuatro meses desde la primera audiencia. En todo ese tiempo declararon casi 100 testigos, renunciaron abogados, se sumaron dos imputados al juicio, y salieron de la cárcel los tres principales acusados: Lázaro Báez, Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín.

El empresario K amagó varias veces con revelar sus secretos, pero terminó elogiando a su amigo Néstor Kirchner. Hoy el único detenido en la causa es el hijo mayor de Báez, Martín, que sigue con prisión preventiva hasta la primer semana de marzo.

El Tribunal Oral Federal 4 iba a dar a conocer la sentencia hace dos semanas pero de manera sorpresiva lo postergó para hoy, generando una catarata de especulaciones.

Luego de largas discusiones, el tribunal finalmente no expuso en el veredicto cuál es el delito precedente que se tomó en cuenta a la hora de acreditar la maniobra de lavado de dinero.

Durante su alegato, el fiscal Abel Córdoba había hablado de la defraudación mediante la obra pública, que se juzga en la causa de Vialidad -donde la vicepresidenta Cristina Kirchner es una de las principales imputadas- y la evasión impositiva de Austral Construcciones, que todavía se investiga en los tribunales de Bahía Blanca y de la Capital Federal. Las tres querellas, con algunas diferencias, coincidieron en esos delitos.

“Si los jueces dicen que el dinero de Báez venía de la obra pública la complican seriamente a Cristina”, graficó una fuente judicial antes del veredicto. Otro escenario posible era apoyarse solo en la evasión. En ese caso, asoma otro debate jurídico de fondo. “Está muy discutido si el delito de evasión puede ser un delito precedente porque el Estado otorga moratorias. De hecho, Austral está en una moratoria y la está pagando”, explicó uno de los principales abogados de la causa antes de la sentencia.

fiscal Abel Córdobafiscal Abel Córdoba

Durante los alegatos, la defensa de Báez denunció “una operación de inteligencia estatal y paraestatal, con participación de todos los medios de comunicación”. El abogado de Báez, Juan Martín Villanueva, sostuvo que “la causa tiene un objetivo político” y repasó varias tapas de diarios para concluir que “se buscó involucrar a la ex presidenta” Cristina Kirchner en la causa.

La defensa del empresario, en conjunto con otros abogados, también intentó voltear el testimonio de Leonardo Fariña, el arrepentido que cambió el curso de la investigación. Pero el fiscal y las tres querellas derrumbaron esa estrategia. En diciembre pasado, Córdoba aludió al fallo de la Cámara de Casación que ratificó la constitucionalidad de la ley del arrepentido. “La declaración de Fariña reunió los recaudos de la ley del arrepentido. El juicio está concluyendo, cualquier duda sobre el acuerdo se actualizó ante el tribunal. Fariña declaró durante cuatro audiencias”, sostuvo en ese momento.

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El juicio arrancó el 30 de octubre de 2018 con 25 imputados, pero terminó con 27. En mayo de 2019, el TOF 4 decidió sumar a Martín Andrés Eraso y Juan Alberto De Rasis.

Estaba previsto que el juicio dure un año, pero la cantidad de imputados y testigos demoró el desarrollo. Luego vino la cuarentena y las idas y vueltas por el sistema remoto. El debate recién se retomó el 21 de julio del año pasado, con el alegato de la Oficina Anticorrupción (OA).

Báez siguió la última audiencia desde la casa “secreta” donde cumple la prisión domiciliaria desde septiembre, cuando el TOF 4 le otorgó ese beneficio por una orden concreta de la Cámara de Casación. El empresario primero intentó vivir en el country Ayres del Pilar, pero los vecinos no lo dejaron entrar. Luego del escándalo, fue trasladado a una casa, donde tiene custodia permanente.

Recién sobre el final del juicio, el empresario intentó desligar a todos sus hijos. “Lazaro tomaba las decisiones junto con sus colaboradores y no con sus hijos”, dijo su abogado. No alcanzó.

Báez seguirá cumpliendo con la prisión domiciliaria, mientras se definen las apelaciones. Pero la historia no termina. El empresario está participando del juicio de Vialidad y tiene varios procesos pendientes.

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Coronavirus

Estados Unidos donó tres hospitales móviles y Argentina pidió ayuda por más vacunas

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El jefe del Comando Sur se reunió con Carla Vizzotti y Agustín Rossi. La intimidad de la charla y los pedidos del Gobierno.

La visita a Buenos Aires del jefe del Comando Sur, Craig S. Faller marcó un clima de notable acercamiento entre el Gobierno y los Estados Unidos, que donó tres hospitales móviles, generadores de oxígeno, equipos de búsqueda y rescate y otros suministros y una capacitación sobre cómo maximizar el uso de esos establecimientos en situaciones de desastre o pandémicas.

Así se comunicó desde la embajada estadounidense luego de la bilateral que mantuvieron con el militar estadounidense los ministros Agustín Rossi (Defensa) y Carla Vizzotti (Salud), cuyas carteras serán las receptoras de la donación, que tiene un valor de U$S 3.5 millones.

En el Apostadero Naval de Buenos Aires, adonde se había desplegado uno de los hospitales donados, Rossi dijo a la prensa que valoraba esa entrega y destacó “la colaboración de Estados Unidos para obtener más vacunas”. Dijo que “más del 50 por ciento del gasto argentino en equipamiento militar proviene de Norteamérica y allí nuestro país tiene la mayor cantidad de representantes en el mundo con tres agregados militares por cada Fuerza y dos oficinas de compra: una de la Armada y otra de la Fuerza Aérea”.

El ministro de Defensa Agustín Rossi con el jefe del Comando Sur, Craig Faller. El almirante estadounidense también se encontró con la ministra de Salud, Carla Vizzotti - Foto. Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa Agustín Rossi con el jefe del Comando Sur, Craig Faller. El almirante estadounidense también se encontró con la ministra de Salud, Carla Vizzotti – Foto. Ministerio de Defensa

Así, ante una pregunta de Clarín, Rossi contó que le pidieron a Faller que contemple la situación argentina ante el Fondo Covax, el llamando Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, en el que Estados Unidos aportó U$S 4.500 millones. “Aprovechamos para decirle que tenemos hecha una reserva de 9 millones de dosis pagadas y que cuanto antes las recibiéramos más beneficioso iba a ser para nuestro país, habida cuenta de que Estados Unidos es uno de lo principales aportantes y si se pueden acelerar esas gestiones”

Por su parte, Vizzotti, dijo que no se habían modificado las condiciones que diferenciaron al gobierno de laboratorios estadounidense y sueco Pfizer, por el cual la argentina se quedó sin esas eficaces vacunas contra el Covid. Por el contrario, la ministra dijo que hay contratos con Covax, con Astrazeneca, Gamaleya (por la SputnikV), con CanSino, y Sinopharm y que estaban negociando otros laboratorios, como el indio Barat. “Con Sinovac y Moderna, estuvimos conversando pero nos dijeron que no tienen oportunidad de darnos en este momento”. Argentina depende en los próximos días de 2 millones de Sinopharm que aún no llegan y de 900.000 de AstraZeneca que deberían llegar para fines de abril.

Craig llegó a Buenos Aires en una gira que también lo llevó a Montevideo, y esta jueves a la tarde viajaba a la base naval de Ushuaia, punto estratégico en la navegación antártica. Estuvo en todo momento acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Martín Paleo.

Su visita es marca un gesto importante del gobierno de Alberto Fernández al de Joe Biden, y este al argentino. Las relaciones del gobierno de Cristina y Néstor Kirchner fueron conflictivas con los republicanos como con los demócratas. Tampoco hubo un buen vínculo entre Alberto F. y Donald Trump.

El martes próximo llegará Juan González, el asesor principal del presidente estadounidense en el Consejo Nacional de Seguridad. Y el viernes pasado hablaron por primera vez por teléfono, el canciller Felipe Solá y el secretario de Estado, Antony Blinken. Es un acercamiento central también en el marco de las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar el pago de una deuda de unos 44.000 millones de dólares contraída en 2018

“Estados Unidos “ha trabajado en estrecha colaboración con sus socios argentinos’, dijo por su parte Faller, sin tener contacto con los periodistas. Juntos, hemos realizado 15 donaciones de asistencia humanitaria relacionadas con COVID para apoyar la respuesta de Argentina a la pandemia, entregando equipo de protección, suministros médicos y herramientas de monitoreo y detección, señaló, el almirante, quien si el Senado lo aprueba será reemplazado pronto por la teniente general Laura Richardson. Es la candidata nominada por el presidente Joe Biden para dirigir bajo su administración el Comando Sur, uno de los diez que tiene el Pentágono bajo su jurisdicción. La primera mujer en acceder al cargo si confirma.

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Politica

Juntos por el Cambio rechaza restringir actividades y pone condiciones para retrasar las PASO

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Ante la ola de contagios, su mesa nacional exigió defender la mayor normalidad posible.

En una reunión presencial en un salón de Palermo, los integrantes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio pidieron “defender la mayor normalidad posible” ante la situación sanitaria otra vez complicada por la pandemia y dejaron abierto el escenario para negociar una postergación de las primarias, con la condición de tener garantías de que no se suspendan ni se unifiquen con las generales.

En cuanto a la discusión del calendario electoral, los miembros de la coalición opositora decidieron esperar a conocer un proyecto concreto del oficialismo y exigir otros cambios, como la implementación de la boleta única y la habilitación del voto por carta para los argentinos residentes en el exterior.

“Estamos en contra del cambio en las reglas de juego. Hasta hoy no hemos recibido ninguna propuesta concreta por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Y de haberla, tiene que significar una mejora estructural y no sólo para esta elección”, aseguraron los referentes opositores en un comunicado, enfocado en el rechazo a eventuales medidas de aislamiento ante el aumento de casos de coronavirus.

Reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, este martes.

Reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, este martes.

“Nos parece particularmente preocupante que frente al fracaso de la estrategia sanitaria del Gobierno la respuesta repetida sea insistir con restricciones excesivas y mal calibradas”, cuestionaron en el comienzo.

Entrada la noche los jefes parlamentarios no habían recibido la convocatoria de Sergio Massa para reunirse con Wado de Pedro en el Congreso, aunque en caso de confirmarse la cita para este miércoles acordaron asistir.

Los integrantes de Juntos por el Cambio unificaron posiciones con el rechazo a eliminar las primarias o a juntarlas con las generales, como propuso el titular de la Cámara. Ahí apuntó la negativa a aceptar “cambios en las reglas” ya iniciado el año electoral.

Pedido de garantías

Una vez que el oficialismo avance de manera formal, los opositores exigirán “garantías” de que habrá PASO en una fecha separada de las generales.

Pero si Massa metió presión con una postura de máxima, los opositores acordaron sumar pedidos: la boleta única -resistida por el oficialismo- y la marcha atrás de la derogación del decreto para que voten de manera anticipada los argentinos en el exterior.

La reunión fue la primera con formato presencial, después de la última virtual con las controversias por la imagen de Mauricio Macri en la habitación y su mujer Juliana Awada en la cama.

Además del ex presidente asistieron Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni por el PRO; Alfredo Cornejo, Mario Negri, Luis Naidenoff, Martín Lousteau y esta vez se sumaron los gobernadores Rodolfo Suárez, Gerardo Morales y Gustavo Valdés por el radicalismo; Maximiliano Ferraro, Maricel Etchecoin y Juan López por la Coalición Cívica y Miguel Pichetto por el Peronismo Republicano.

El encuentro transcurrió sin cruces. Los mandatarios trazaron un panorama de la situación sanitaria y económica en sus distritos.

Rodríguez Larreta y Morales coincidieron en el pedido de mantener las actividades y “lo máximo posible la normalidad” de acuerdo con la evolución de la pandemia.

En el inicio, Macri habló de “enfocarse en los problemas de la gente”.

En el comunicado exigieron “garantizar el derecho a la educación, el trabajo y el ejercicio de las libertades fundamentales” y enumeraron “la falta de vacunas en la escala necesaria, la inflación, el aumento de la pobreza, la inseguridad, la falta de empleo, el cierre de negocios y la caída de la actividad económica” entre los principales problemas.

A la salida hablaron Bullrich, Cornejo y Ferraro, los titulares de los partidos.

El ex gobernador de Mendoza adelantó el pedido por la boleta única y el voto de los argentinos en el exterior.

En la reunión acordaron no ir más allá y esperar hasta conocer la propuesta concreta: criticaron las “múltiples opiniones” del oficialismo, desde Massa a Máximo Kirchner.

La coincidencia se mantuvo en el rechazo a la eventual unificación de las primarias y las generales: consideraron que de concretarse será una suerte de ley de lemas que beneficiará al Frente de Todos: “Te arman muchísimas más listas y meten adentro al peronismo de punta a punta”.

Una postergación también será conveniente para el Gobierno, para intentar ganar tiempo con el proceso de vacunación, aunque a la vez votar en agosto tendría un costo para Juntos por el Cambio, según evaluaron.

Elisa Carrió lo había admitido públicamente: “Si a nosotros nos conviene no importa que sea una manipulación del Gobierno”.

Los opositores venían considerando negativo hacer campaña en medio de la pandemia, y también estimaron que en pleno invierno podría haber menor participación de adultos mayores, una porción del electorado más favorable a Juntos por el Cambio que al Frente de Todos.

“Es razonable mover las PASO un mes, pero hay desconfianza y puede ser una trampa. Por ahora no hay proyecto del Gobierno. Tiene que ser algo muy institucional, por escrito, y que se comprometan a no retrasarlas más allá del acuerdo de un mes”, resumieron como postura mayoritaria, con la exigencia de un marco formal para discutirlo, luego del ruido que generó la reunión en la Casa Rosada, en la que Máximo Kirchner, Massa, Axel Kicillof y Wado de Pedro hablaron sobre el tema con Ritondo, Jorge Macri y Erica Revilla.

El encuentro del ministro del Interior con las autoridades parlamentarias podría funcionar como un primer paso.

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Politica

La Justicia les devolvió a los Kirchner el manejo de sus empresas, hoteles y propiedades

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Incluye Los Sauces SA, una inmobiliaria familiar, la firma hotelera Hotesur SA y el condominio que administra los bienes de la sucesión de Néstor Kirchner.

El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) decidió devolverle a la familia Kirchner el manejo de Los Sauces SA, una inmobiliaria, la firma hotelera Hotesur SA y el condominio que administra los bienes de la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner, al ponerle fin a la intervención judicial que recaía sobre estos bienes. Así, después de cuatro años, la familia Kirchner recuperó el manejo y explotación de sus empresas y propiedades.

Este conjunto de bienes son parte de la investigación por lavado de dinero por la que fueron enviados a juicio oral la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos.

La semana pasada, el abogado Carlos Beraldi había reclamado ante el TOF 5 que finalicen de forma urgente, en un plazo no mayor a 60 días, las intervenciones judiciales ordenadas desde 2016 cuando se los investigó por operaciones de lavado de dinero.

En aquel entonces, con el avance de las intervenciones, Máximo Kirchner había perdido el poder de administración del condominio que nuclea los 26 inmuebles que recibió junto a su hermana Florencia, producto de la sucesión de Néstor Kirchner. Además, fueron desplazados del manejo de la inmobiliaria Los Sauces y la firma hotelera Hotesur. El dinero que ambas firman generaron estos años, fue derivado a una cuenta judicial.

La resolución del TOF 5

El Tribunal, que está integrado por los jueces Daniel Obligado, Adrián Grunberg y Adriana Pallioti, firmó una resolución de 40 páginas, a la que accedió Clarín, en la que determinaron el cese a la intervención judicial de Los Sauces SA, Hotesur y el condominio Máximo y Florencia Kirchner.

Si bien la familia Kirchner recuperó la administración del conjunto de propiedades y de las empresas, no podrán vender ninguno de sus activos.

Según el abogado defensor durante estos años el deterioro de los inmuebles fue notorio, mientras que en el caso de la inmobiliaria no lograron alquilar sus principales departamentos.

Por tal motivo, se les dio diez días hábiles a los Interventores Administradores Judiciales Raquel J. Moyano, Jordan Kristoff y Daniel E. Altman para que “hagan entrega de las respectivas administraciones a las personas que la asistencia técnica de los imputados Máximo Kirchner y Florencia Kirchner designen para tal fin”.

En tanto, a los accionistas de las firmas “Hotesur SA, Los Sauces SA y a los condominios Máximo Kirchner y Florencia Kirchner se los instó a que designen las personas que ocuparán los cargos del órgano de administración de las Sociedades comerciales antes señaladas, y cumplan con las obligaciones contables de rigor; como así también, se sirvan designar la persona que administrará dicho condominio”, ya que los directorios hace cuatro años están acéfalos.

Una trama de lavado

Tanto Los Sauces SA como Hotesur son las firmas de los Kirchner investigadas por operaciones de blanqueo. Se determinó que fueron usadas para lavar más de 120 millones de pesos entre 2009 y 2013. El mayor inconveniente radica en la inmobiliaria, cuyos principales activos no lograron alquilarse nuevamente, y en el caso del condominio, acumuló deudas impositivas por más de cuatro millones de pesos.

La Justicia determinó que Los Sauces no tenía como finalidad operar comercialmente, sino ser una “pantalla para poner en circulación de origen ilícito y así darle apariencia de licitud”. Mismo criterio rigió el funcionamiento de Hotesur, que continúa operando bajo una intervención judicial.

Según la justicia, la empresa hotelera manejada desde su compra en 2008 por Lázaro Báez (condenado a 12 años por lavado de dinero) fue utilizada para blanquear 80 millones de pesos, simulando contratos de locación como alquiler de habitaciones con empresas del Grupo Austral que nunca se utilizaron. Para su gerenciamiento, el empresario K utilizó Valle Mitre SRL que se financiaba con préstamos de Austral Construcciones, principal contratista de obras viales en Santa Cruz durante el gobierno kirchnerista.

La inmobiliaria tuvo como principales inquilinos a Lázaro Báez y a Cristóbal López (representaron el 86% de la facturación). Las maniobras de blanqueo rondaron los 30 millones de pesos. Los principales activos de la firma se encuentran en Capital Federal, más específicamente en Puerto Madero, y en Río Gallegos. Esos inmuebles no lograron alquilarse.

Cristóbal López era quien alquilaba en Puerto Madero, y Austral Construcciones tenía varios de los contratos en Río Gallegos. El fiscal señaló que la pericia ordenada en este caso, “se encuentra en su etapa final” y que “los técnicos intervinientes (oficiales y propuestos por las partes) ya han dejado en claro el panorama ante los puntos solicitados por las partes”, explicó por lo que “se entiende que los objetivos de la intervención en este caso se encuentran cumplidos”.

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