Dos años, cuatro meses y cuatro días después de la última vez que se lo vio con vida a Santiago Maldonado, mientras corría durante un operativo de Gendarmería en la Pu Lof de Cushamen (Chubut), el expediente en el cual se investiga su muerte -confirmada 78 días después de su desaparición con el hallazgo del cuerpo sumergido en el río Chubut- se activa nuevamente.

La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, celebró este jueves en la sala AMIA de Comodoro Py una extensa audiencia de la que participaron la familia Maldonado y el resto de los querellantes en la causa, y también a los abogados defensores del gendarme Emmanuel Echazú.

Todas las partes se reunieron en Py porque en cada caso recurrieron el fallo de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que pidió en septiembre pasado volver a investigar cuándo y cómo fue la muerte de Santiago Maldonado, ocurrida entre el 1 de agosto de 2017 (día de la desaparición del tatuador) y el 17 de octubre (cuando fue hallado el cadáver). Ante los jueces de Casación cada parte expuso sus argumentos. Sobresalió, lógicamente, el pedido de Verónica Heredia, abogada de la familia de la víctima, y de Sergio Maldonado, quienes insistieron para que la Justicia investigue la desaparición forzada seguida de muerte del joven de 28 años.

Tanto Heredia como las querellas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Comisión Provincial por la Memoria y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos cuestionaron la decisión de la Cámara de Apelaciones de descartar la figura de desaparición forzada y rechazaron la decisión de los jueces de mandar a profundizar la investigación solamente respecto de una omisión del personal de Gendarmería.

Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que también integra la querella, pidió que se siga investigando a Echazú.

Los jueces de Casación decidieron hacer la audiencia en la sala AMIA ya que consideraron que se trata de un caso que interesa a la opinión pública. Ante unas 100 personas, entre quienes estaba la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y la mamá de Santiago, Stela Maris Pelozo, Heredia remarcó: “Nos preguntan por qué seguimos insistiendo en que se investigue la desaparición forzada de Santiago. Nos preguntan por qué seguimos insistiendo en eso si apareció el cuerpo de Santiago. Tanto Lleral como la Cámara de Comodoro descartaron analizar el contexto. Se negaron. Esa sola afirmación habilita a que se investigue nuevamente todo este proceso, teniendo como base el delito de desaparición forzada, que se descartó, a pesar de que la Corte Interamericana indica que solamente se puede analizar el tipo penal de desaparición forzada si se tiene en cuenta el contexto. La desaparición forzada es un delito pluriofensivo, que violenta innumerables derechos de la persona. Eso obliga al Estado a investigar el contexto”.

“¿Qué sabemos?”, se preguntó la abogada de la familia Maldonado, quien además reiteró el pedido ante Casación de que se conforme un grupo de investigadores independientes. Y respondió: “La última vez que se lo vio con vida había más de un centenar de gendarmes. Y 78 días después aparece en ese mismo lugar, sin vida. Lugar que fue rastrillado por las mismas fuerzas de seguridad. Este es el contexto que los jueces se negaron a investigar.”

El reclamo para conformar un grupo independiente tampoco es nuevo y apunta a las dudas que tiene la familia de los procesos de investigación que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad nacionales, que en definitiva responden todas a la misma autoridad, el ministerio de Seguridad conducido hasta el próximo martes por Patricia Bullrich.

“Este grupo podría ayudarnos a responder qué hacía el 1 de agosto en la ruta 40, en el kilómetro 1848 el doctor Pablo Noceti (jefe de Gabinete del Ministerio) en el mismo momento que desaparecía Santiago. Por qué el juez Otranto llamaba el 3 de agosto a Noceti advirtiendo que irían a peritar los autos de Gendarmería. Por qué Otranto y la fiscal Avila y el secretario de Coordinación del Ministerio, Gonzalo Cané, a escondidas de las partes, investigaban a Sergio Maldonado, por qué ni Otranto ni Avila querían atender a Sergio pero le escuchaban el teléfono”, enumeró Heredia, quien remarcó que la desaparición forzada seguida de muerte es un delito que prevé la pena a reclusión perpetua.

El momento más emotivo de la audiencia se dio cuando el presidente de Casación, Gustavo Hornos, le preguntó a Sergio Maldonado cómo estaba conformada la familia. El hombre respondió que Santiago era el menor de tres hermanos, y que él era el mayor. “Es doloroso ver cómo una familia se deteriora”, dijo Sergio Maldonado, y su voz se quebró cuando recordó que su abuela murió este año: “Queremos saber la verdad, no importa cuál sea, más allá de lo dolorosa que pueda ser. Hace dos años y cuatro meses que nos cambió la vida. Para que tengan una idea de la necesidad que tenemos, el 8 de julio mi abuela, en la última conversación que tuve, me dijo que quería morirse para saber qué le había pasado a Santiago”.

Para Sergio Maldonado los investigadores y peritos falsearon la profundidad del río para justificar que apareciera allí 78 días después de la desaparición y luego de tres rastrillajes (uno en agosto y dos en septiembre) llevados a cabo en el mismo lugar.

El hermano de la víctima apuntó contra el juez Guido Otranto, quien luego dejaría la causa, por el destrato que sufrió y sugirió connivencia del magistrado y de la fiscal federal de Esquel, Silvina Avila, con el Ministerio de Seguridad. “El 4 de agosto me presento ante Otranto y me encontré con una fiscal que pensé que era abogada de Gendarmería”, remarcó.

Además protestó porque Otranto le intervino el teléfono y era seguido por personal de Seguridad nacional. “Queremos que se investigue, que a partir de la desaparición forzada se pueden desprender otras partes del hecho. Hicieron tres rastrillajes y no vieron a Santiago. Y aparece el 17 de octubre. Otranto el 17 de septiembre decía que presumía que Santiago se había ahogado. El 18 fue (a rastrillar) y Santiago no estaba”, insistió Maldonado.

“Cómo podemos confiar en las fuerzas de seguridad, Prefectura no lo encuentra tres veces y lo encuentran la cuarta, en un lugar donde la comunidad mapuche iba a buscar agua, ¿y no lo vieron? El cuerpo no condice con tantos días en el agua”, exclamó el hermano de la víctima, quien acusó además al juez Lleral de romper la cadena de custodia del DNI de su hermano para un peritaje.

“¿Cómo se puede explicar que aparezca un cuerpo con cuero cabelludo, uñas, huellas digitales si estuvo 78 días en el agua y que 400 efectivos no lo pudieron encontrar tres veces?”, se preguntó Sergio Maldonado.

En la sala también estuvieron Manuel Barros y Mauricio Castro, abogados defensores de Echazú, quienes pidieron que Casación revise la decisión de la Cámara de Comodoro Rivadavia de echar para atrás el sobreseimiento del gendarme, dictado en noviembre del año pasado por Lleral.

“Echazú lleva más de dos años en el proceso. Ha sido victimizado, estigmatizado, apareció en medios de prensa, se lo mostró, se ha negado que recibiera una pedrada, fue víctima de los hechos, se presentó espontáneamente en estas actuaciones, prestó declaraciones, siempre estuvo a disposición de la Justicia”, remarcó Castro, ante el bullicio y la reprobación del público que asistió a la audiencia.

“Entendemos que las medidas ha sido allanamiento en escuadrones, inspección y peritaje de vehículos, secuestro de computadoras, inspecciones oculares, procedimientos en Pu Lof, se tomó testimonial a toda Gendarmería. Y la prueba fundamental para poner fin es la participación del cuerpo médico forense con más de 55 peritos que determinó por unanimidad que no hay espacio para sospechar que Santiago Maldonado falleció en el lugar donde fue hallado sin intervención de personas ni que lo hayan golpeado o arrastrado”, agregó Barros, quien consideró que la sentencia de la Cámara de Comodoro “es contradictoria”.

“Ante el rastrillaje llevado a cabo el 17 de octubre a siete metros de la costa el resultado de la autopsia anuló prácticamente la posibilidad de sostener cualquier accionar doloso por parte de la fuerza. No sabemos cuál es el hecho que se le puede imputar al alférez Echazú”, dijo Barros.

Ante esto, Federico Efrón, abogado en representación del CELS, remarcó: “El fallo tiene una estructura argumental muy clara y no es contradictoria. Queda muy en claro que el principal argumento de la defensa de Echazú no se sostiene porque el fallo no tiene contradicciones. La defensa dice que todas las pruebas son relacionadas con una desaparición forzada, lo cierto es que en cualquier caso si una prueba es determinante es luego de realizada. Es difícil anticipar. La Cámara dice que la investigación no está agotada“.

En cualquier caso los jueces de la Sala IV tienen 20 días hábiles para definir por dónde sigue su curso la investigación. Podrían resolver que Echazú siga imputado o darle la razón a Lleral y sobreseerlo. Lo mismo con el pedido de la familia Maldonado: determinarán que se investigue una desaparición forzada, homicidio culposo o abandono de persona.

Si Casación usa todos su tiempo a disposición, la resolución saldría después de la feria judicial de enero. Aunque quizá el resultado esté antes. Una fuente del caso adelantó que los jueces quizá “resuelvan en estos días”.

Por qué el caso llegó a la Cámara de Casación

En septiembre pasado, los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia tomaron distancia de la conclusión de Lleral, basada casi exclusivamente en la autopsia. Sostuvieron que si bien todo parecería indicar que la muerte se produjo por “asfixia por sumersión” y “el cuerpo habría permanecido desde su desaparición en el medio acuático”, es necesario “despejar cualquier duda razonable y favorecer el derecho a la verdad”.

La Cámara descartó en esa sentencia que haya existido el delito de desaparición forzada de persona, pero dejó abierta la posibilidad de que uno o más gendarmes –o algún miembro de la comunidad mapuche- hayan abandonado al joven artesano en las aguas del río Chubut. Por eso, ordenó una serie de medidas tendientes a precisar cómo y cuándo ocurrió la muerte de Santiago Maldonado.

A partir de los resultados de la autopsia, los camaristas sostuvieron: “Advertimos y las partes también lo hacen -pese a la participación de sus propios peritos- la existencia de ciertos puntos del informe pericial que merecen mayor explicación o su eventual ampliación, en aras a despejar cualquier duda razonable y a favorecer el derecho a la verdad”.

Y solicitaron nuevas medidas para precisar cuál fue la fecha exacta de la muerte, cómo se explica la presencia de polen en las ropas, a pesar de que la licenciada en Geología y Palinología Leticia Povilauskas dijo que eso era imposible en esas condiciones, ampliar el informe sobre la existencia de microalgas y realizar pericias sobre el bastón y los billetes que llevaba Maldonado. Además de “reeditar” las declaraciones del testigo mapuche Lucas Pilquiman con garantías de la ley y con registro audiovisual.