Surge del estudio clínico que se inició hace 13 meses en el Garrahan con 49 chicos y adolescentes que sufren epilepsia refractaria. Piden extenderlo a otras patologías.
Ocho de cada diez pacientes mejoraron su estado clínico, su calidad de vida y la de su entorno familiar. En promedio, desaparecieron dos de cada tres episodios de convulsiones de nenas, nenes y adolescentes que padecen epilepsia refractaria y que sufrían entre uno y cuatrocientos de esos episodios por día. Uno de cada diez pacientes ya no tiene convulsiones. Y el 50% de los que mejoraron redujeron esas crisis en por lo menos un 80%.
Son los primeros resultados oficiales que arroja el ensayo clínico con aceite de cannabis que el Hospital Garrahan puso en marcha hace 13 meses. Es la primera experiencia que se administró bajo responsabilidad estatal desde que se sancionó la ley que obliga al Estado a investigar el uso medicinal de la planta, en marzo de 2017.
“Teníamos que evaluar la efectividad y la seguridad del tratamiento: la conclusión de nuestro ensayo es que el cannabis es efectivo y seguro para tratar epilepsia refractaria“, dice Carlos Kambourian, presidente del Consejo de Administración del Garrahan, y agrega: “Nuestra obligación ahora es informar los resultados a las autoridades sanitarias y continuar con este ensayo, que dura dos años para cada paciente. Con la información científica contundente, el Estado debería disponer de esa medicación para los chicos que la necesiten“.
En promedio, se usan 10 miligramos de aceite de cannabis por kilo por día. // Mauricio Nievas
El ensayo clínico empezó en noviembre del año pasado. Participaron 49 chicos de entre 7 meses y 17 años: todos padecen, entre otras patologías neurológicas, epilepsia refractaria, es decir, para la que ninguno de los tratamientos intentados hasta ahora había tenido efecto. Según estadísticas del Hospital Garrahan, el 1% de los argentinos sufren epilepsia y, entre esa población, 2 de cada 10 casos son refractarios.
Los pacientes del ensayo clínico fueron admitidos tras una evaluación clínica y neuropsicológica. Se les administró aceite de cannabis rico en CBD, uno de los cannabinoides de la planta. El aceite -producido y donado para este ensayo por el laboratorio canadiense Aphria- tiene 25 partes de CBD por cada parte de THC, componente psicoactivo del cannabis. En promedio, cada paciente del ensayo usó 10 miligramos por kilo por día.
“Fuimos cautos y modestos al fijar las expectativas de este ensayo. Creíamos que iba a ser efectivo en un 30% de los casos, pero lo fue en el 80%: de los 49 pacientes que participaron, 39 tuvieron resultados positivos. Estamos gratamente impactados“, describe Roberto Caraballo, jefe de Neurología del hospital e investigador principal del ensayo.
Según cuenta, entre los 39 casos que redujeron sus crisis de convulsiones, el 30% las disminuyó en un 90%; y otro 20%, entre un 80% y 90%. “Esos resultados se mantuvieron por al menos tres meses”, explica Graciela Demirdjian, coordinadora de Unidad de Evaluación de Tecnología Sanitaria del Garrahan y asesora metodológica del proyecto de investigación sobre cannabis.
Entre médicos del servicio de Neurología, técnicos y otros médicos de planta, participaron unos 40 profesionales. “En total, entre quienes trabajan en la farmacia, en el sector de Logística y el personal médico, más de 100 personas fueron parte del ensayo“, precisa Alejandra Villa, directora médica ejecutiva del hospital.
“Durante el primer mes hicimos controles semanales de los pacientes. Las mamás llevaban registros diarios de las crisis. Después de ese primer mes, y siempre que no se presentaran situaciones que ameritaran adelantar la visita, veíamos a los chicos mensualmente. Cada tres meses hicimos análisis de laboratorio, un control neuropsicológico y una videolectropoligrafía para medir la actividad cerebral”, cuenta Caraballo.
Diez de los 49 pacientes no siguieron con el protocolo: “En todos esos casos hubo aumento de las crisis de convulsiones. Esto ocurre con muchos fármacos en casos pediátricos: se llama ‘efecto paradójico’, y en esa situación se decide suspender el ensayo. A la vez, tres de esos diez casos tuvieron complicaciones gastrointestinales”, explica Caraballo. Según describe, “la hipótesis es que el cannabis, especialmente el CBD, actúa en los canales iónicos del cerebro que permiten la transmisión de los impulsos eléctricos entre las neuronas”.
La primera señal que detectaron los médicos -y también las familias- fue la disminución de las crisis de convulsiones. “En el primer mes ya se notaron reducciones”, sostiene Kambourian. Esas mejoras, suma el médico pediatra, derivaron en otras: “Los chicos duermen mejor, conectan más con sus familiares, recuperan la posibilidad de fijar la mirada, activan la comunicación no verbal”.
La ley que insta al Estado a investigar el uso medicinal del cannabis se reglamentó en 2017. En ese momento, se restringió la investigación a una sola patología: la epilepsia refractaria. Por fuera de la reglamentación y aunque el autocultivo continúa conminado a la ilegalidad, los derivados de la planta -aceites, cremas- son usados por pacientes de cáncer, reuma, fibromialgia y dolores crónicos, entre varias patologías.
“Presentaremos los resultados apenas estén definidas las autoridades del área de Salud, ahora estamos en plena transición. Esta información tiene que ser la puerta de entrada para que se lleven a cabo ensayos sobre otras patologías“, apuesta Kambourian.
El aceite de cannabis fue donado por un laboratorio canadiense. Los pacientes que respondan al tratamiento recibirán el aceite gratis de por vida. // Juan José García
Consultado por Clarín, Diego Sarasola, titular del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y su Derivados y Tratamientos No Convencionales, responde que aún no está previsto ampliar la reglamentación de la ley para que alcance a pacientes de otras patologías. El programa que encabeza destina 986 pesos por día a la investigación del uso medicinal del cannabis: es la misma suma que se asignó en 2018, en un contexto de inflación anual estimada en más del 50%.
Organizaciones civiles dedicadas a la difusión e investigación del uso medicinal del cannabis como Mamá Cultiva o Cannabis Medicinal Argentina (CaMedA) son parte de lo que la reglamentación de la ley estableció como Consejo Consultivo Honorario del programa que depende de la Secretaría de Salud de la Nación. El Consejo fue convocado a una sola reunión en marzo de 2018. Habían sido convocados a un segundo encuentro que tendría lugar el 27 de noviembre pero la renuncia del titular del área, Adolfo Rubinstein, hizo que quedara suspendido.
El ensayo destinado a pacientes adultos de epilepsia refractaria que ese programa anunció en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, aún no empezó. Fuentes de ese hospital estimaron que podría empezar este mes o en enero de 2020. Según Sarasola, está previsto un tercer ensayo -también para pacientes adultos- del que serán parte el Hospital Italiano, la Fundación Favaloro, los hospitales Ramos Mejía, Álvarez y Penna, Fleni y los sanatorios Finocchieto y Los Arcos, entre otros. No hay fecha prevista para su inicio.
“El ensayo demuestra que el uso del cannabis cambia la vida de toda una familia. El chico está más conectado, menos irritable, menos agresivo. Un chico que tenía 400 episodios convulsivos por día se pasaba el día entero con esas crisis: sólo reducirlas a la mitad hace que ese chico esté doce horas sin convulsionar. Eso es una fiesta en cada casa“, define Kambourian. E insiste: “La información ya está disponible. El cannabis, como coadyuvante de otras medicaciones, es seguro y efectivo para los pacientes de epilepsia refractaria. Ahora hay que abrir la puerta a otros protocolos de investigación”.
El cambio adentro de casa
Abril tiene 11 años y es paciente del Hospital Garrahan desde los siete meses. Una convulsión a los cuatro meses de vida activó la identificación del síndrome de Miller-Dieker, que dificulta el desarrollo del sistema nervioso central y altera severamente las funciones neurológicas. Hace cinco años, su mamá -Haydée- vio una nota periodística que hablaba de cómo había mejorado la vida de una nena con crisis de epilepsia similares a las de su hija por el uso del cannabis.
“Pregunté en el hospital y me dijeron que en ese momento no estaba protocolizado. Pero apenas estuvo, el año pasado, me informaron que era posible que Abril entrara. Ya habíamos probado otros tratamientos, pero con el cannabis vimos muchos cambios. Me sigue con la mirada, está más despierta”, dice Haydée. La acompaña Laura, su hermana, que cuida durante el día a Abril. Habla lento: tiene el llanto anudado en la garganta pero lo demora. “Yo veo el cambio en terapia: cuando la paraban estaba flácida, había que sostenerla. Y ahora está firme”, cuenta.
Laura y Haydeé cuidan a Abril, de 11 años. Belén es la mamá de Alma, de 8. Sus vidas mejoraron a partir del tratamiento con cannabis. // Constanza Niscovolos
Haydée y Laura llevan registro de esos cambios en el cuaderno que llevan desde González Catán hasta el Garrahan cada vez que visitan a los neurólogos. Antes de empezar el tratamiento con aceite de cannabis, Abril sufría, en promedio, 120 convulsiones por mes. Ahora son 40.
Alma tiene 8 años y vive en Monte Grande. Lleva once meses en el ensayo clínico del Garrahan, en el que se atiende desde que tiene seis meses por su encefalopatía crónica. Los médicos le hablaron a su mamá, Belén, de la posibilidad de ser parte del ensayo. Al empezar el protocolo sus convulsiones llegaron a duplicarse: pasaron de 30 o 40 por día a alrededor de 70. “Se reajustó la dosis y este mes tuvo sólo 5 convulsiones en treinta días, y hay que tener en cuenta que fue en medio de un episodio de fiebre. El mes pasado no tuvo ninguna convulsión”, cuenta Belén.
Alma agregó talleres en la escuela. Las docentes le dijeron a su mamá que la llevara más horas porque, en vez de quedarse dormida, ahora estaba atenta. Son talleres de pintura que reemplazaron las largas siestas de la tarde un par de tardes por semana.
“Duerme mejor, está más activa, le pone más intención a todo lo que hace. Y verla mejor a ella es todo para mí”, dice la mamá de Alma. “Ella llegó a decir cinco palabras: ‘hola’, ‘mamá’, ‘papá’, ‘agua’ y ‘pan’. Desde hace un tiempo volvió balbucear, y mi expectativa es que vuelva a decir algunas de esas palabritas”, cuenta.
Las dos madres cuentan que sintieron algo de miedo ante la posibilidad de un nuevo tratamiento. “Pero yo hice lo que hago desde que dejé de buscar en Internet las posibilidades de complicaciones: les pregunté a mis médicos de qué tenía que cuidar a Abril, y fuimos para adelante”, cuenta Haydée. “Yo por las mías no lo hubiera intentado. Varios amigos y familiares me habían dicho que probara con el cannabis pero no me parecía. Esto es distinto: tengo el seguimiento y el apoyo de los médicos”.
“Una siempre sueña. Y de a poquito Alma va llegando a como deseamos que sea”, dice su mamá. En la casa de Abril, cuenta Haydée pasa algo parecido: “Estamos contentos. Para muchos, eso de que ella se conecte con su mirada es un pequeño logro. Para nosotros es algo grandioso”. Las nenas completarán dos años de ensayo. Si los resultados beneficiosos se mantienen, el laboratorio canadiense las proveerá de la medicación de por vida.
El ministro de Desarrollo Social afirmó que los padrones de familias en situación más crítica ya están hechos y que las tarjetas para comprar alimentos se entregarán a sus beneficiarias directamente, en cada localidad.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, explicó que “no habrá que anotarse en ningún lado” para acceder a la tarjeta para comprar alimentos, porque los padrones sobre las familias en situación más crítica ya están hechos. Las tarjetas alimentarias se entregarán así a sus beneficiarios directamente, en cada localidad. Comenzará a funcionar en los próximos días, primero en los barrios donde están los mil comedores del país con mayores demandas.
La tarjeta será recargada de manera mensual, y sólo podrá ser utilizada para comprar comida. En el momento de hacer la compra, quienes la utilicen accederán a un 15 por ciento de devolución del IVA en los productos de la canasta básica alimentaria. De esta manera el gobierno busca mejorar el acceso de las familias en situación de pobreza a lácteos, carnes, verduras y frutas, es decir a los alimentos frescos que hoy faltan no sólo en la mesa familiar, sino incluso en los comedores.
La tarjeta llegará inicialmente a dos millones de mujeres con niños a cargo, menores de seis años, y embarazadas.
En el país hoy atraviesan una situación de inseguridad alimentaria severa 15 de cada cien chicos y diez de cada cien adultos, señaló el ministro. “El 60 por ciento de los niños están bajo la línea de la pobreza”, agregó sobre la situación social dejada por la gestión de Mauricio Macri.
Cómo será la tarjeta alimentaria
La presentación de la tarjeta se realizará antes de fin de año. Según versiones arrancará en la ciudad de Concordia, localidad que tiene los peores índices del país. Desarrollo Social tiene terminado, junto con el mapa de los mil barrios que necesitan auxilio con mayor urgencia, un cronograma para la implementación de la tarjeta.
Emitida por un banco oficial, contará con un posnet que permitirá no sólo compras en supermercados, sino también en ferias. La idea es que de esta manera parte de los fondos del programa impulsen el fortalecimiento de cooperativas de la alimentación, fábricas recuperadas y productores de la agricultura familiar.
Arroyo detalló que, en el mismo sentido, el ministerio lanzará una línea de microcréditos a bajo interés para la compra de herramientas y máquinas, destinados a que el sector de la economía popular pueda mejorar su capacidad . “Hay cuatro millones de personas que ya están trabajando” y necesitan incorporar estos elementos para mejorar a su producción, completó el funcionario.
Dos años, cuatro meses y cuatro días después de la última vez que se lo vio con vida a Santiago Maldonado, mientras corría durante un operativo de Gendarmería en la Pu Lof de Cushamen (Chubut), el expediente en el cual se investiga su muerte -confirmada 78 días después de su desaparición con el hallazgo del cuerpo sumergido en el río Chubut- se activa nuevamente.
La sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, celebró este jueves en la sala AMIA de Comodoro Py una extensa audiencia de la que participaron la familia Maldonado y el resto de los querellantes en la causa, y también a los abogados defensores del gendarme Emmanuel Echazú.
Todas las partes se reunieron en Py porque en cada caso recurrieron el fallo de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que pidió en septiembre pasado volver a investigar cuándo y cómo fue la muerte de Santiago Maldonado, ocurrida entre el 1 de agosto de 2017 (día de la desaparición del tatuador) y el 17 de octubre (cuando fue hallado el cadáver). Ante los jueces de Casación cada parte expuso sus argumentos. Sobresalió, lógicamente, el pedido de Verónica Heredia, abogada de la familia de la víctima, y de Sergio Maldonado, quienes insistieron para que la Justicia investigue la desaparición forzada seguida de muerte del joven de 28 años.
Tanto Heredia como las querellas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Comisión Provincial por la Memoria y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos cuestionaron la decisión de la Cámara de Apelaciones de descartar la figura de desaparición forzada y rechazaron la decisión de los jueces de mandar a profundizar la investigación solamente respecto de una omisión del personal de Gendarmería.
Además, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que también integra la querella, pidió que se siga investigando a Echazú.
Santiago Maldonado tenía 28 años y había llegado desde El Bolsón hasta la comunidad mapuche de Cushamen para solidarizarse por la detención del lonko Facundo Jones Huala
Los jueces de Casación decidieron hacer la audiencia en la sala AMIA ya que consideraron que se trata de un caso que interesa a la opinión pública. Ante unas 100 personas, entre quienes estaba la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y la mamá de Santiago, Stela Maris Pelozo, Heredia remarcó: “Nos preguntan por qué seguimos insistiendo en que se investigue la desaparición forzada de Santiago. Nos preguntan por qué seguimos insistiendo en eso si apareció el cuerpo de Santiago. Tanto Lleral como la Cámara de Comodoro descartaron analizar el contexto. Se negaron. Esa sola afirmación habilita a que se investigue nuevamente todo este proceso, teniendo como base el delito de desaparición forzada, que se descartó, a pesar de que la Corte Interamericana indica que solamente se puede analizar el tipo penal de desaparición forzada si se tiene en cuenta el contexto. La desaparición forzada es un delito pluriofensivo, que violenta innumerables derechos de la persona. Eso obliga al Estado a investigar el contexto”.
“¿Qué sabemos?”, se preguntó la abogada de la familia Maldonado, quien además reiteró el pedido ante Casación de que se conforme un grupo de investigadores independientes. Y respondió: “La última vez que se lo vio con vida había más de un centenar de gendarmes. Y 78 días después aparece en ese mismo lugar, sin vida. Lugar que fue rastrillado por las mismas fuerzas de seguridad. Este es el contexto que los jueces se negaron a investigar.”
El reclamo para conformar un grupo independiente tampoco es nuevo y apunta a las dudas que tiene la familia de los procesos de investigación que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad nacionales, que en definitiva responden todas a la misma autoridad, el ministerio de Seguridad conducido hasta el próximo martes por Patricia Bullrich.
Sergio y Santiago Maldonado, hermanos
“Este grupo podría ayudarnos a responder qué hacía el 1 de agosto en la ruta 40, en el kilómetro 1848 el doctor Pablo Noceti (jefe de Gabinete del Ministerio) en el mismo momento que desaparecía Santiago. Por qué el juez Otranto llamaba el 3 de agosto a Noceti advirtiendo que irían a peritar los autos de Gendarmería. Por qué Otranto y la fiscal Avila y el secretario de Coordinación del Ministerio, Gonzalo Cané, a escondidas de las partes, investigaban a Sergio Maldonado, por qué ni Otranto ni Avila querían atender a Sergio pero le escuchaban el teléfono”, enumeró Heredia, quien remarcó que la desaparición forzada seguida de muerte es un delito que prevé la pena a reclusión perpetua.
El momento más emotivo de la audiencia se dio cuando el presidente de Casación, Gustavo Hornos, le preguntó a Sergio Maldonado cómo estaba conformada la familia. El hombre respondió que Santiago era el menor de tres hermanos, y que él era el mayor. “Es doloroso ver cómo una familia se deteriora”, dijo Sergio Maldonado, y su voz se quebró cuando recordó que su abuela murió este año: “Queremos saber la verdad, no importa cuál sea, más allá de lo dolorosa que pueda ser. Hace dos años y cuatro meses que nos cambió la vida. Para que tengan una idea de la necesidad que tenemos, el 8 de julio mi abuela, en la última conversación que tuve, me dijo que quería morirse para saber qué le había pasado a Santiago”.
Para Sergio Maldonado los investigadores y peritos falsearon la profundidad del río para justificar que apareciera allí 78 días después de la desaparición y luego de tres rastrillajes (uno en agosto y dos en septiembre) llevados a cabo en el mismo lugar.
Stella Maris Peloso, mamá de Santiago Maldonado, estuvo en Comodoro Py
El hermano de la víctima apuntó contra el juez Guido Otranto, quien luego dejaría la causa, por el destrato que sufrió y sugirió connivencia del magistrado y de la fiscal federal de Esquel, Silvina Avila, con el Ministerio de Seguridad. “El 4 de agosto me presento ante Otranto y me encontré con una fiscal que pensé que era abogada de Gendarmería”, remarcó.
Además protestó porque Otranto le intervino el teléfono y era seguido por personal de Seguridad nacional. “Queremos que se investigue, que a partir de la desaparición forzada se pueden desprender otras partes del hecho. Hicieron tres rastrillajes y no vieron a Santiago. Y aparece el 17 de octubre. Otranto el 17 de septiembre decía que presumía que Santiago se había ahogado. El 18 fue (a rastrillar) y Santiago no estaba”, insistió Maldonado.
“Cómo podemos confiar en las fuerzas de seguridad, Prefectura no lo encuentra tres veces y lo encuentran la cuarta, en un lugar donde la comunidad mapuche iba a buscar agua, ¿y no lo vieron? El cuerpo no condice con tantos días en el agua”, exclamó el hermano de la víctima, quien acusó además al juez Lleral de romper la cadena de custodia del DNI de su hermano para un peritaje.
“¿Cómo se puede explicar que aparezca un cuerpo con cuero cabelludo, uñas, huellas digitales si estuvo 78 días en el agua y que 400 efectivos no lo pudieron encontrar tres veces?”, se preguntó Sergio Maldonado.
El gendarme Emmanuel Echazú, único imputado (NA)
En la sala también estuvieron Manuel Barros y Mauricio Castro, abogados defensores de Echazú, quienes pidieron que Casación revise la decisión de la Cámara de Comodoro Rivadavia de echar para atrás el sobreseimiento del gendarme, dictado en noviembre del año pasado por Lleral.
“Echazú lleva más de dos años en el proceso. Ha sido victimizado, estigmatizado, apareció en medios de prensa, se lo mostró, se ha negado que recibiera una pedrada, fue víctima de los hechos, se presentó espontáneamente en estas actuaciones, prestó declaraciones, siempre estuvo a disposición de la Justicia”, remarcó Castro, ante el bullicio y la reprobación del público que asistió a la audiencia.
“Entendemos que las medidas ha sido allanamiento en escuadrones, inspección y peritaje de vehículos, secuestro de computadoras, inspecciones oculares, procedimientos en Pu Lof, se tomó testimonial a toda Gendarmería. Y la prueba fundamental para poner fin es la participación del cuerpo médico forense con más de 55 peritos que determinó por unanimidad que no hay espacio para sospechar que Santiago Maldonado falleció en el lugar donde fue hallado sin intervención de personas ni que lo hayan golpeado o arrastrado”, agregó Barros, quien consideró que la sentencia de la Cámara de Comodoro “es contradictoria”.
Mauricio Castro, uno de los abogados del gendarme Echazú (Adrian Escandar)
“Ante el rastrillaje llevado a cabo el 17 de octubre a siete metros de la costa el resultado de la autopsia anuló prácticamente la posibilidad de sostener cualquier accionar doloso por parte de la fuerza. No sabemos cuál es el hecho que se le puede imputar al alférez Echazú”, dijo Barros.
Ante esto, Federico Efrón, abogado en representación del CELS, remarcó: “El fallo tiene una estructura argumental muy clara y no es contradictoria. Queda muy en claro que el principal argumento de la defensa de Echazú no se sostiene porque el fallo no tiene contradicciones. La defensa dice que todas las pruebas son relacionadas con una desaparición forzada, lo cierto es que en cualquier caso si una prueba es determinante es luego de realizada. Es difícil anticipar. La Cámara dice que la investigación no está agotada“.
En cualquier caso los jueces de la Sala IV tienen 20 días hábiles para definir por dónde sigue su curso la investigación. Podrían resolver que Echazú siga imputado o darle la razón a Lleral y sobreseerlo. Lo mismo con el pedido de la familia Maldonado: determinarán que se investigue una desaparición forzada, homicidio culposo o abandono de persona.
Si Casación usa todos su tiempo a disposición, la resolución saldría después de la feria judicial de enero. Aunque quizá el resultado esté antes. Una fuente del caso adelantó que los jueces quizá “resuelvan en estos días”.
Por qué el caso llegó a la Cámara de Casación
En septiembre pasado, los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia tomaron distancia de la conclusión de Lleral, basada casi exclusivamente en la autopsia. Sostuvieron que si bien todo parecería indicar que la muerte se produjo por “asfixia por sumersión” y “el cuerpo habría permanecido desde su desaparición en el medio acuático”, es necesario “despejar cualquier duda razonable y favorecer el derecho a la verdad”.
La Cámara descartó en esa sentencia que haya existido el delito de desaparición forzada de persona, pero dejó abierta la posibilidad de que uno o más gendarmes –o algún miembro de la comunidad mapuche- hayan abandonado al joven artesano en las aguas del río Chubut. Por eso, ordenó una serie de medidas tendientes a precisar cómo y cuándo ocurrió la muerte de Santiago Maldonado.
A partir de los resultados de la autopsia, los camaristas sostuvieron: “Advertimos y las partes también lo hacen -pese a la participación de sus propios peritos- la existencia de ciertos puntos del informe pericial quemerecen mayor explicación o su eventual ampliación, en aras a despejar cualquier duda razonable y a favorecer el derecho a la verdad”.
Y solicitaron nuevas medidas para precisar cuál fue la fecha exacta de la muerte, cómo se explica la presencia de polen en las ropas, a pesar de que la licenciada en Geología y Palinología Leticia Povilauskas dijo que eso era imposible en esas condiciones, ampliar el informe sobre la existencia de microalgas y realizar pericias sobre el bastón y los billetes que llevaba Maldonado. Además de “reeditar” las declaraciones del testigo mapuche Lucas Pilquiman con garantías de la ley y con registro audiovisual.
Lo hicieron pagando el mínimo de la tarjeta o pidiendo plata a familiares y amigos, según una encuesta. La mayoría, además, redujo compras en el súper y se volcó a marcas económicas.
Los números dejaron de cerrar. Con una inflación que se prepara para cerrar el año en torno al 55%, sueldos que quedaron muy atrás y crecientes problemas de empleo, los hogares argentinos se vieron obligados a hacer “malabares” para llegar a fin de mes. Hubo medidas de emergencia de todo tipo y en distintos frentes, que incluyeron desde masivos recortes de gastos en rubros como el de los alimentos y el de la salud, hasta “manotazos de ahogado” en lo financiero: 4 de cada 10 personas debieron endeudarse.
Eso es lo que surge, al menos, de una encuesta de la consultora Voices! a la que Clarín accedió en exclusiva, realizada en noviembre entre 900 adultos de todos los niveles socioeconómicos del Área Metropolitana de Buenos Aires y de las principales ciudades del interior del país: Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, La Plata, Mar del Plata y Salta.
Consultada sobre qué hicieron en el último año para afrontar la situación económica, un 35% de la gente contó que debió “pedir dinero prestado a familiares o amigos para cubrir gastos corrientes”. Y un 42% reveló que, al menos en una oportunidad, tuvo que hacer el pago mínimo de la tarjeta de crédito o abonar sólo una parte del resumen, refinanciando el resto.
El problema de esta forma de endeudarse con los bancos es lo cara que resulta para el usuario: en los últimos meses, por la política monetaria de muy altas tasas de interés, representó incurrir en costos financieros del 200% al 300% anual.
Del sondeo surgen otras medidas drásticas. Un 25% de la gente, por ejemplo, ajustó en remedios: dejó de comprar algún medicamento o discontinuó un tratamiento médico por no poder pagarlo. Más de un tercio, en tanto (34%), se atrasó con las expensas; casi la mitad (46%) se dio de baja de su prepaga o cambió a un plan más económico; y un 56% redujo sus compras de alimentos.
Aún más masivamente, y siempre según la encuesta de Voices!, 6 de cada 10 personas buscaron este año hacer un menor uso de los servicios públicos (como luz y gas) y reducir la cantidad de viajes que hace en medios de transporte. También casi todos recortaron salidas y actividades recreativas pagas (86%), compraron menos ropa (85%) y postergaron la compra de electrodomésticos (81%).
Lo que sucedió en paralelo, según la investigación, fue que casi todos los encuestados (95%) pusieron en marcha este año alguna estrategia para gastar menos o ahorrar en sus compras de todos los días, siendo la principal comprar más en promociones y aprovechar descuentos, algo dicho por el 64%.
Además, 4 de cada 10 personas manifestaron que ahora frecuentan más comercios “para buscar precio”, llevan menos cantidades y eligen marcas más baratas.
“La conducta de buscar descuentos y promociones se instaló desde la crisis de 2001, pero se agudiza muchísimo en momentos de crisis económica como los actuales”, explicó Mariana Rodríguez, directora de Atención al Cliente de Voices!.
Otro de los hallazgos fue que, en las distintas góndolas, el ajuste adquirió características particulares. En las de lácteos, productos de almacén y de limpieza, la mitad de la gente pasó a comprar marcas más baratas o productos sueltos. Pero en artículos de perfumería y cuidado personal, bebidas alcohólicas y carnes, la opción predominante fue comprar menos unidades de las mismas marcas.
“Los niveles socioeconómicos (NSE) medios han tenido que reducir sus consumos tanto como los bajos -destaca el informe-. Los más jóvenes y los de NSE medio y bajo han cambiado más de marcas en limpieza. Y en lácteos, el cambio de marca por precio atraviesa a todos por igual.”
“Llama la atención que los encuestados, en su gran mayoría (un 83%), sienten que las marcas de consumo masivo no los están acompañando en estos momentos difíciles, ni con sus precios ni con el tono de sus comunicaciones”, subrayó Rodríguez.
“¿Qué deberían hacer las marcas para acompañar?”, fue otra pregunta. Y casi la mitad de las respuestas se refirieron a los precios: que los bajen (28%) o que al menos dejen de aumentarlos (15%) y no los suban “por las dudas” o para “especular” (5%). “No quitar producto para vender más caro menos cantidad en un nuevo packaging”, sugirió un encuestado.
Según el sondeo, entre los que más hábitos cambiaron por la crisis se destacan los menores de 50 años, los hogares más pobres y también las mujeres en mucho mayor medida que los hombres. Ejemplos de esta brecha de género son que el 66% de ellas redujo sus compras de alimentos, frente al 46% de ellos; el 53% de las consultadas debió cambiar o dar de baja la prepaga, contra un 39% de los varones; y un 52% de las consumidoras debió hacer pagos mínimos o parciales de su tarjeta, mientras que sólo el 32% de los encuestados masculinos respondió lo mismo.
El 15% de la gente hizo encargos en el Cyber Monday
Cyber Monday, el megaevento de venta online hecho del 4 al 6 de noviembre, no pasó inadvertido: el bombardeo publicitario logró que un 96% de los consumidores se haya enterado de su existencia, según la encuesta de Voices!.
De todo modos, los que aprovecharon para hacer algún encargo fueron muchos menos: un 15% de la población, que casi en su totalidad comparó precios antes de dar al paso, tanto en Internet como yendo a negocios físicos.
Otro 34%, aunque miró e investigó las ofertas, decidió no comprar. Principalmente, según respondieron, porque los precios no le parecieron atractivos (60%), porque no estaba en promoción lo que deseaban (38%) o porque no se ofrecía un plan de financiación que les resultara conveniente (37%).
Finalmente, hubo un 46% de los usuarios que, pese a haberse enterado del Cyber Monday, no se involucró de ningún modo. Los motivos, en este caso, pasaron por creer que los precios no serían buenos (28%) y por cuestiones más “estructurales”, como la falta de dinero (22%)o de una tarjeta de crédito o de débito disponible (18%).
En la encuesta, el 66% afirmó sospechar que, en el Cyber Monday, se suben precios para luego rebajarlos. Y un 85% dijo que usa el evento para comprar más barato cosas que ya tenía previsto adquirir, frente a sólo un 44% que lo utilizó para compras más impulsivas o para darse lujos. “Esto debería leerse como algo propio de la coyuntura de crisis”, analiza la consultora.
Distintas actitudes
El sondeo halló grupos bien diferenciados entre la gente, según cómo enfrenta la crisis. Estos son los tres más numerosos:
Racionales y planificadores (39%). Aunque sufren el estrés, buscan mantenerse calmos y recortar sólo donde convenga. Priorizan y administran.
Restrictivos a ultranza (27%). Muy preocupados, restringen fuerte sus consumos y buscan comprar todo con promociones, ofertas y cupones.
Negadores optimistas (14%). Ven la crisis como pasajera y evitan deprimirse. Planifican y sólo hacen leves ajustes.