“Regateaba pero pagué”: la declaración completa de Aldo Roggio en la que reconoce haber negociado el monto de las coimas

Roggió agregó: “Teníamos diferencias con el gobierno, recuerdo que a partir del año 2008 tuve pedidos del gobierno nacional para que nos retirásemos como socios de la Asociación Empresaria Argentina. Los pedidos me fueron formulados por Roberto Baratta en algunas ocasiones y en otras por De Vido. Me decían ‘qué hacés en esa entidad que no aporta nada positivo’, sé que a algunas empresas les hicieron iguales requerimientos. La Asociación Empresaria Argentina es una asociación de dueños de empresa que tenía por esa época opiniones dispares con las autoridades nacionales. Obviamente no accedí a retirarme de AEA. Las diferencias esencialmente radicaban en que no teníamos el mismo ADN de gobierno, a tal punto que en una oportunidad escuché a José López decir que las empresas no eran nuestras sino del pueblo y que nosotros éramos sus gerentes”.

Infobae había publicado la parte de la declaración de Roggio respecto de los pagos que le hacía a Ricardo Jaime, secretario de Transporte entre 2003 y 2009 y quien tenía a su cargo la asignación de los subsidios para el subterráneo de Buenos Aires cuando dependía del gobierno nacional.

El 15 de agosto, en indagatoria ante el juez Claudio Bonadio, Roggio dijo que “conoce que en Metrovías S.A. se debió acceder a la exigencia de efectuar pagos al Secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por expreso pedido que él me efectuara en forma personal en su despacho al inicio de su gestión. En 1994 el Gobierno Nacional nos concesionó la prestación del servicio de Subterráneos y del Ferrocarril Urquiza. El contrato fue inicialmente por 20 años y en 1999 se extendió por 4 años (concluyendo en 2017). La tarifa era la contraprestación por nuestros servicios. La concesión se desarrolló normalmente hasta la crisis nacional de 2002 que produjo el quiebre de la ecuación económico-financiera del contrato, afectada severamente por la devaluación de la moneda nacional y la hiperinflación desatada en ese entonces. El gobierno de Duhalde dispuso un régimen general de renegociación de los contratos (UNIREN) afectados por los episodios mencionados, pese a lo cual no se llegó a concretar y tuvimos que convivir con la modalidad transitoria de compensación a través del régimen de subsidios, que se mantuvo durante toda la gestión kirchnerista. Que esta herramienta la utilizaron para mantener el esquema de subsidios que daban lugar a los pagos que nos exigían e, incluso, nos amenazaban de que nos podían rescindir el contrato por la falta de renegociación del contrato que las autoridades no impulsaban pese a nuestros reiterados reclamos de avanzar al respecto. Fuimos rehenes”.

Roggio agregó: “Presumo que los superiores de Jaime conocían la operatoria, habiéndosenos impuesto un porcentaje del 5% de los pagos recibidos al respecto. Se pagaba en dinero en efectivo, periódicamente, en general mensualmente y en la persona del Secretario de Transporte. Debimos resignar parte de nuestra rentabilidad ya que los subsidios no implicaban una mejora contractual. No tuvimos oportunidad de negarnos a esta exigencia, habiendo soportado la presión hasta el límite de nuestras posibilidades, máxime teniendo en cuenta que se trata de un servicio esencial y la gran incidencia del rubro personal (70% de los costos por operación del servicio)”.

El empresario cordobés describió el modo en que se le pagaba al ex secretario de Transporte: “La gente de Metrovias le entregaba los montos a Jaime, no le puedo precisar si fue en pesos u otra moneda. Jaime me pidió a mí, ningún otro funcionario nacional me solicitó el pago. Suponía que alguien más sabía pero no lo sé”.

Roggio fue uno de los empresarios que describió el esquema de cartelización de la obra pública y el pago de coimas y uno de los que mencionó al financista Ernesto Clarens como el receptor de los pagos. “Tengo referencia -dijo Roggio- también de que en materia de obras viales existió un sistema, del que no participé, fui informado que el gobierno nacional impulsaría un importante plan de obras públicas, privilegiando su ejecución por sobre el precio de las mismas, debiendo las empresas contribuir con las necesidades políticas de orden económico. Recuerdo incluso que De Vido, en alguna oportunidad, me dijo ‘… no se puede hacer política sin plata'”.

Aclaró que no participó de esta propuesta y, “de hecho, me ralearon. Licitamos obras y algunas pocas hemos ganado por precio en libre competencia. En la ejecución de esas obras sentimos el rigor de no haber aceptado las condiciones señaladas, habiéndosenos demorado por plazos extensos el pago de certificados, redeterminaciones de precios, nunca nos pagaron los intereses que manda la ley, etc., obligándonos a tener reconocimientos monetarios para la política para sortear estas dificultades, los ejecutores de este apriete fueron De Vido, López, Baratta, Uberti, habiendo cada uno y en distintas oportunidades exigido esos aportes como forma de superar estos problemas. Estos aportes, en realidad no representaban un porcentaje determinado de la obra en cuestión, sino que nos eran exigidos puntualmente. La persona que recibía estos pagos era Clarens, habiendo dispuesto estos pagos cuando la situación financiera de las obras se volvía insostenible. Sin poder precisarlo, aproximadamente, las entregas de dinero fueron del orden de USD 100.000.- por vez, o su equivalente en pesos, estimando que todos ellos no habrían superado la suma de USD 3.000.000″.

Para concluir su declaración Roggi manifestó: “Deseo aclarar que, de todas maneras, nos presentábamos y ganábamos las obras por precio, y para cobrar teníamos que pagar. Pagábamos contra los pagos que nos realizaban”.

La declaración completa de Roggio: