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“Regateaba pero pagué”: la declaración completa de Aldo Roggio en la que reconoce haber negociado el monto de las coimas

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Aldo Roggio es uno de los empresarios más importantes del país. Tiene negocios en obra pública y también -a través de la firma Metrovías- la explotación del subte en la Ciudad de Buenos Aires. Declaró como arrepentido en la causa iniciada a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno y admitió haber pagado coimas durante el kirchnerismo.
Algunas partes de la declaración fueron publicadas desde agosto pasado.

Infobae accedió ahora a la declaración completa de Roggio -presidente de la compañía Benito Roggio e Hijos (BRH)- en la que explicó cómo le pagó coimas a Roberto Baratta previo regateo de las cifras. En su declaración aparecen el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y el director del OCCOVI Claudio Uberti.

El 10 de agosto, ante el fiscal Carlos Stornelli, Roggio dijo: “… fui objeto en forma directa de requerimientos de parte del señor Roberto Baratta para campañas electorales según este expresara en distintas oportunidades a los que en varias no accedí. Particularmente respecto de los hechos que en los ‘cuadernos de Centeno’ refieren a entregas de sumas de dinero concretadas en Alem 1050 reconozco que ellas respondieron a las contribuciones exigidas que finalmente y previo regateo accedí a efectuar, precisando que lo fueron por sumas sensiblemente inferiores a las denunciadas. Las sumas fueron, según recuerda, el equivalente a 50 mil dólares y otra vez 100 mil dólares, no recuerdo si lo fue en pesos o en dólares. Sobre el particular deseo aclarar que las exigencias fueron por sumas hasta dos y dos veces y media superiores, que el regateo fue el que lo llevó a la suma mencionada. Quiero resaltar que en todos los casos se trató de dineros propios, a título personal, habiendo procedido de esta manera en función de las exigencias de Roberto Baratta de las que fui objeto al respecto y ante la evidente probabilidad que me represente de que BRH pudiera ser objeto de represalias si no accedía… Por la manera en que se efectuaban las exigencias y el clima que se vivía me representé esa posibilidad. Nunca pretendí torcer la voluntad de algún funcionario público ni los requerimientos que sufrí se vinculaban con la actividad funcional. Desde mi función como presidente de BRH siempre obré con cautela y prudencia frente a una gestión de gobierno de neto corte autoritario (que además nunca consideró debidamente a la empresa pese a su trayectoria y antecedentes) obviando asumir riesgos empresarios que pudieran comprometer la normal actividad de la compañía. En esta dirección tomé la decisión de acceder a los requerimientos que se me formulaban significativamente reducidos en su magnitud con fondos propios y a título personal sin que estuvieran vinculados a una obra o contrato en particular”.

Roggió agregó: “Teníamos diferencias con el gobierno, recuerdo que a partir del año 2008 tuve pedidos del gobierno nacional para que nos retirásemos como socios de la Asociación Empresaria Argentina. Los pedidos me fueron formulados por Roberto Baratta en algunas ocasiones y en otras por De Vido. Me decían ‘qué hacés en esa entidad que no aporta nada positivo’, sé que a algunas empresas les hicieron iguales requerimientos. La Asociación Empresaria Argentina es una asociación de dueños de empresa que tenía por esa época opiniones dispares con las autoridades nacionales. Obviamente no accedí a retirarme de AEA. Las diferencias esencialmente radicaban en que no teníamos el mismo ADN de gobierno, a tal punto que en una oportunidad escuché a José López decir que las empresas no eran nuestras sino del pueblo y que nosotros éramos sus gerentes”.

Infobae había publicado la parte de la declaración de Roggio respecto de los pagos que le hacía a Ricardo Jaime, secretario de Transporte entre 2003 y 2009 y quien tenía a su cargo la asignación de los subsidios para el subterráneo de Buenos Aires cuando dependía del gobierno nacional.

El 15 de agosto, en indagatoria ante el juez Claudio Bonadio, Roggio dijo que “conoce que en Metrovías S.A. se debió acceder a la exigencia de efectuar pagos al Secretario de Transporte, Ricardo Jaime, por expreso pedido que él me efectuara en forma personal en su despacho al inicio de su gestión. En 1994 el Gobierno Nacional nos concesionó la prestación del servicio de Subterráneos y del Ferrocarril Urquiza. El contrato fue inicialmente por 20 años y en 1999 se extendió por 4 años (concluyendo en 2017). La tarifa era la contraprestación por nuestros servicios. La concesión se desarrolló normalmente hasta la crisis nacional de 2002 que produjo el quiebre de la ecuación económico-financiera del contrato, afectada severamente por la devaluación de la moneda nacional y la hiperinflación desatada en ese entonces. El gobierno de Duhalde dispuso un régimen general de renegociación de los contratos (UNIREN) afectados por los episodios mencionados, pese a lo cual no se llegó a concretar y tuvimos que convivir con la modalidad transitoria de compensación a través del régimen de subsidios, que se mantuvo durante toda la gestión kirchnerista. Que esta herramienta la utilizaron para mantener el esquema de subsidios que daban lugar a los pagos que nos exigían e, incluso, nos amenazaban de que nos podían rescindir el contrato por la falta de renegociación del contrato que las autoridades no impulsaban pese a nuestros reiterados reclamos de avanzar al respecto. Fuimos rehenes”.

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime

Roggio agregó: “Presumo que los superiores de Jaime conocían la operatoria, habiéndosenos impuesto un porcentaje del 5% de los pagos recibidos al respecto. Se pagaba en dinero en efectivo, periódicamente, en general mensualmente y en la persona del Secretario de Transporte. Debimos resignar parte de nuestra rentabilidad ya que los subsidios no implicaban una mejora contractual. No tuvimos oportunidad de negarnos a esta exigencia, habiendo soportado la presión hasta el límite de nuestras posibilidades, máxime teniendo en cuenta que se trata de un servicio esencial y la gran incidencia del rubro personal (70% de los costos por operación del servicio)”.

El empresario cordobés describió el modo en que se le pagaba al ex secretario de Transporte: “La gente de Metrovias le entregaba los montos a Jaime, no le puedo precisar si fue en pesos u otra moneda. Jaime me pidió a mí, ningún otro funcionario nacional me solicitó el pago. Suponía que alguien más sabía pero no lo sé”.

Roggio fue uno de los empresarios que describió el esquema de cartelización de la obra pública y el pago de coimas y uno de los que mencionó al financista Ernesto Clarens como el receptor de los pagos. “Tengo referencia -dijo Roggio- también de que en materia de obras viales existió un sistema, del que no participé, fui informado que el gobierno nacional impulsaría un importante plan de obras públicas, privilegiando su ejecución por sobre el precio de las mismas, debiendo las empresas contribuir con las necesidades políticas de orden económico. Recuerdo incluso que De Vido, en alguna oportunidad, me dijo ‘… no se puede hacer política sin plata'”.

Aclaró que no participó de esta propuesta y, “de hecho, me ralearon. Licitamos obras y algunas pocas hemos ganado por precio en libre competencia. En la ejecución de esas obras sentimos el rigor de no haber aceptado las condiciones señaladas, habiéndosenos demorado por plazos extensos el pago de certificados, redeterminaciones de precios, nunca nos pagaron los intereses que manda la ley, etc., obligándonos a tener reconocimientos monetarios para la política para sortear estas dificultades, los ejecutores de este apriete fueron De Vido, López, Baratta, Uberti, habiendo cada uno y en distintas oportunidades exigido esos aportes como forma de superar estos problemas. Estos aportes, en realidad no representaban un porcentaje determinado de la obra en cuestión, sino que nos eran exigidos puntualmente. La persona que recibía estos pagos era Clarens, habiendo dispuesto estos pagos cuando la situación financiera de las obras se volvía insostenible. Sin poder precisarlo, aproximadamente, las entregas de dinero fueron del orden de USD 100.000.- por vez, o su equivalente en pesos, estimando que todos ellos no habrían superado la suma de USD 3.000.000″.

Para concluir su declaración Roggi manifestó: “Deseo aclarar que, de todas maneras, nos presentábamos y ganábamos las obras por precio, y para cobrar teníamos que pagar. Pagábamos contra los pagos que nos realizaban”.

La declaración completa de Roggio:

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La Justicia acelera la quiebra del Correo Argentino y no descarta que la familia Macri deba pagar la deuda exigida por el Estado

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En medio del enfrentamiento entre la Casa Rosada y el expresidente, el fuero comercial dio curso a una presentación del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que coloca a la compañía al borde de la liquidación

En una resolución de apenas ocho renglones, la jueza comercial María Cirulli desmanteló la defensa que trataba de evitar que la posible quiebra del Correo Argentino S.A. provoque un efecto dominó contra la estabilidad económica del Grupo Socma y el patrimonio personal de los hermanos y sobrinos del expresidente Mauricio Macri.

“Por ello, lo establecido en la LCQ 48, restantes normas legales, precedentes jurisdiccionales vinculantes y doctrina citada, resuelvo:

1. Establecer que el paquete accionario de Correo Argentino S.A. carece de valor positivo.

2. Citar la audiencia informativa establecida en la LCQ 48, inciso 5, en el día 29 del mes de marzo de 2021 a las 12 hs.

3. Notifíquese por ministerio de la ley”, dictaminó la magistrada.

La traducción del argot jurídico es fácil de ejecutar. La juez Cirulli resolvió que las acciones de la familia Macri en el Correo Argentino no valen nada, y que por lo tanto -si en un plazo fijado por el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial- no acercan una nueva propuesta, se acelera la quiebra de la compañía familiar y ante la ausencia de fondos para resolver la deuda se podría avanzar sobre el Grupo Socma y el patrimonio de los familiares directos del exjefe de Estado.

Desde la perspectiva del Gobierno, la familia Macri y su empresa, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4500 millones de pesos.

El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019

Si la cifra alegada por Balcarce 50 fuera cierta, Socma y el patrimonio de la familia Macri no alcanzaría a satisfacer la deuda reclamada por el Estado Nacional al Correo Argentino.

En este contexto, la defensa del Correo Argentino sostiene que se trata de una ofensiva judicial que está teñida por las diferencias entre Alberto Fernández y su antecesor. Desde esta perspectiva, a los abogados del Correo Argentino les sorprendió que la jueza Cirulli accediera al expediente hacia fines de febrero y que apenas seis días hábiles después decidiera que no tiene sentido seguir con la instancia de “cramdown” y permita la posibilidad de iniciar la quiebra del Correo para luego avanzar sobre otros bienes del Grupo Socma y la familia Macri.

“Esa resolución se tomó hoy. Significa que la jueza de primera instancia, en un plazo llamativamente breve, no valoró ni tomó en cuenta las impugnaciones a la valuación del paquete accionario de Correo que hicieron Socma y otros interesados en adquirir el paquete accionario. Sorpresivamente, tampoco ordenó una notificación para que el estudio evaluador brinde explicaciones cómo hubiese correspondido en una valuación de tanta complejidad. Evidentemente la resolución va a ser apelada. Con respecto a la fecha establecida, corresponde al plazo para que Correo y/o los interesados acompañen las conformidades correspondientes para homologar una propuesta. Este plazo podría ser suspendido en caso de que prosperen los recursos que se han planteado”, aseguró a Infobae un vocero de la compañía.

Pese a los cuestionamientos jurídicos presentados por la defensa del Correo Argentino, en Casa Rosada explicaron que todo está ajustado a derecho, que se cumplieron los plazos, y que la decisión de la jueza Cirulli es irreprochable.

Al otro lado de la trinchera legal, los defensores del Correo Argentino aseguraron que el fallo de la jueza no quedará firme, que presentarán todas las apelaciones habilitadas por las leyes vigentes y no descartan llegar a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario.

La cita clave será el próximo 29 de marzo. Si la defensa del Correo Argentino no prospera, la Justicia comercial podría avanzar sobre los bienes del Grupo Socma y a continuación, sobre el patrimonio de los accionistas Gianfranco, Mariano, Florencia, y los hijos de Sandra Macri.

Todo en medio del enfrentamiento visceral entre Alberto Fernández y Mauricio Macri.

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Cuáles son los argumentos del Gobierno para impulsar un juicio por el crédito que Macri tomó con el FMI

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Un escrito del Banco Central da cuenta de las ideas oficiales sobre las que gira esta estrategia, que critica la forma en que se endeudó el país en 2018

La investigación que el Banco Central pidió que se transforme en un expediente judicial para comprobar si hubo una defraudación en el crédito al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 se basa en dos grandes argumentos. Así se desprende de un memo de la entidad que preside Miguel Pesce y que expresa que: el dinero sirvió para la fuga de capitales y que el crédito no pasó el filtro previo de las instancias jurídicas y legislativas correspondientes.

“El expediente administrativo del registro del Ex Ministerio de Hacienda de la Nación en el que tramitaran las actuaciones relativas al acuerdo stand by de acceso excepcional suscripto con el FMI, fue iniciado el 21 de junio de 2019, esto es, con posterioridad a la suscripción y formalización de los documentos que sellaran dicho acuerdo”, se indicó. En cambio, “la carta de Intención y los memorándums fueron suscriptos el 12 de junio de 2018”.

“Como consecuencia de ello, la Carta de Intención, el Memorándum de Entendimiento de Política Económica y Financiera y el Memorándum de Entendimiento Técnico, por los que la República Argentina solicitara el acuerdo más grande de la historia del FMI, fueron todos suscriptos sin un dictamen jurídico previo que analizara cuestiones medulares que necesariamente deberían haber sido objeto de estudio legal previo a la suscripción de los documentos”, sostiene el BCRA.

Esto es, “si el Poder Ejecutivo Nacional y en especial el Ex Ministerio de Hacienda se encontraba facultado a decidir y formalizar un acuerdo con el FMI por semejante monto, y sujeto a las condicionalidades establecidas en los documentos que lo conforman”.

“La opinión legal emitida –reitero, posterior a la formalización del acuerdo- se ha limitado a analizar una cuestión meramente formal, consistente en la facultad del Ex Ministerio de Hacienda para cursar las misivas al Organismo Internacional, de acuerdo al rol que le asigna el artículo V, sección I del Convenio Constitutivo de ese Organismo”.

“A pesar del principio general contenido en el art.60 de la ley 24.156 promulgada en el año 1992, que prohíbe a las entidades de la APN formalizar operaciones de crédito público no contempladas en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica, dicho acuerdo fue suscripto en ausencia absoluta de ley formal que lo autorizara”, precisó.

Dicho acuerdo fue suscripto en ausencia absoluta de ley formal que lo autorizara

“La excepción a ese principio general contenido en la norma cuando la operación de crédito fuera formalizado con un organismo financiero internacional del que la Nación formara parte, constituía una delegación prohibida a la luz del art.76 de la Constitución Nacional, y los claros términos de la cláusula provisoria octava que acompañó la sanción de la nueva Constitución, que dispuso la caducidad de toda la legislación delegada preexistente que no contuviera plazo establecido para su ejercicio”, indica el escrito.

Tampoco se trató de un préstamo tomado para realizar inversiones para el desarrollo económico del país declaradas de interés nacional por ley o por el PEN, único caso en que la ley 11.672 permanente de presupuesto faculta al PEN a contratar préstamos con Organismos Internacionales a los que la República pertenezca como miembro, siempre que el préstamo se ajuste a las condiciones usuales de los respectivos convenios básicos, condición ésta que tampoco se cumplía por la excepcionalidad del monto en términos cuantitativos, a la luz de la cuota correspondiente a la Nación”, advirtió el BCRA.

Tampoco se trató de un préstamo tomado para realizar inversiones para el desarrollo económico del país

En este sentido, el Banco Central “no emitió el informe previo a la formalización del acto, sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, herramienta fundamental para dilucidar la capacidad de repago del país frente a los compromisos asumidos, a la luz de los distintos rubros que conforman la cuenta corriente y de capital, y que el artículo 61 de la ley 24.156 de Administración financiera y de los sistemas de control de la APN, considera esencial cuando la operación de crédito público, origine la constitución de deuda pública externa”.

La entidad cita el informe “Mercado de cambios, Deuda y Formación de Activos externos 2015-2019”, elaborado por el B.C.R.A. a solicitud del presidente de la Nación Argentina, que “dio cuenta del aumento exponencial en la formación de activos externos (coloquialmente llamada “fuga de capitales”)”.

Miguel Pesce, presidente del BCRA  Miguel Pesce, presidente del BCRA

“A lo largo de todo el período, se triplicó, superando los USD 86.000 millones. Aún durante la primera fase de auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los USD 41.100 millones. En la etapa de aceleración de salida de capitales, entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos recién en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de USD 44.500 millones”, detalló.

Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los USD 45,1 mil millones”, afirmó .

Por lo tanto, ante “la ausencia absoluta de medidas de contención de dicha fuga durante, dan cuenta de la flagrante violación a los diáfanos términos del art. VI del convenio constitutivo del FMI aprobado por la República Argentina por Ley 21.648 que prohíbe la utilización de los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable y continua de capitales”.

A su vez, de “la contradicción explícita con los objetivos expuestos en el memorándum de Entendimiento sobre Políticas Económicas y Monetarias en el marco del acuerdo con el FMI, ya que se asumió, entre otros compromisos, el de disminuir las tensiones en la balanza de pago, incrementando las reservas internacionales”.

“Todo ello, en el marco de un acuerdo suscripto sin el más mínimo de control de legalidad y legitimidad”, sentenció.

“La función administrativa -y la negociación o toma de deuda por parte del Poder Ejecutivo lo es- está sometida al test de la razonabilidad que implica analizar la oportunidad, mérito o conveniencia de su dictado y la competencia de los órganos para decidir y formalizar el acto, esto es, su legitimidad”, destacó.

“La efectivización de una decisión política está sujeta a una serie de procedimientos; requisitos; informes y dictámenes cuyo cumplimiento y respeto resultan obligatorios para los funcionarios públicos”, indicó.

“Su omisión constituye una grave irregularidad que compromete la responsabilidad personal de los funcionarios involucrados en la misma”, concluyó el escrito que seguramente pasará a formar parte de la causa judicial que el Gobierno quiere impulsar.

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La Asociación de Magistrados rechazó el pedido del Presidente para que el Congreso investigue a los jueces

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“El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de ´control cruzado´”, sostuvo la entidad a través de un comunicado. También se refirió a un “afirmación errada” del Presidente sobre el Impuesto a las Ganancias

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) emitió ayer a última hora de la noche un comunicado en el que rechazó el pedido que el presidente Alberto Fernández hizo el lunes en la apertura de la asamblea legislativa para que el Congreso de la Nación controle a los jueces.

“El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de ‘control cruzado’, ajeno al orden constitucional jurado”, sostuvo la entidad y agregó que Fernández omitió “considerar que el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional”.

“El Poder Judicial de la Nación está en crisis”, dijo el jefe de Estado y agregó “que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”. Por eso pidió al Congreso “que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”. El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli habló ayer sobre la creación de esa comisión.

Sobre la definición de vivir al margen del sistema republicano, la AMFJN , presidida por el juez Marcelo Gallo Tagle, dijo que “debe precisarse que la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático. Sin ello, no hay República”. El comunicado fue firmado por todos los integrantes de la mesa directiva de la entidad que la integran las tres listas políticas que tiene la justicia.

La asociación respondió otro pasaje del discurso del Presidente en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Fue el referido al pago del impuesto a las ganancias. “Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el Impuesto a las Ganancias que si tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado”, dijo.

Marcelo Gallo Tagle, presidente de la AMFJNMarcelo Gallo Tagle, presidente de la AMFJN

“También ha preocupado una afirmación errada”, dijo la entidad sobre la referencia a Ganancias y agregó: “cuando sabido es que a partir de la ley Nº 27.430, todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo. Si no hay más comprendidos en tal imposición, es porque se encuentran demoradas cientos de designaciones en cargos vacantes, problema crucial al que no se hizo referencia”.

“Por ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se encuentra en el triste deber de tener que señalar, con respetuosa firmeza, que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que desagraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que entre todos debemos construir”, agregó la AMFJN en su comunicado de cinco párrafos.

En el último la entidad dijo que avalaba uno de los aspectos de los dichos del jefe de estado. “Empero, coincidimos plenamente con el Sr. Presidente de la República cuando dice: “´Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca´. Esta grave situación es la que debemos prevenir y solucionar, en necesario marco de Verdad, sin agravios y sin presiones”, concluyó.

Comunicado completo

En el discurso de apertura de las sesiones legislativas, el Sr. Presidente de la Nación dijo a toda la ciudadanía que el Poder Judicial “es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”. Por el contrario, debe precisarse que la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático. Sin ello, no hay República.

Pidió también al Congreso “que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”, omitiendo considerar que el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional. El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de “control cruzado”, ajeno al orden constitucional jurado.

También ha preocupado una afirmación errada sobre que “ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias”, cuando sabido es que a partir de la ley Nº 27.430, todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo. Si no hay más comprendidos en tal imposición, es porque se encuentran demoradas cientos de designaciones en cargos vacantes, problema crucial al que no se hizo referencia.

Por ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se encuentra en el triste deber de tener que señalar, con respetuosa firmeza, que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que desagraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que entre todos debemos construir.

Empero, coincidimos plenamente con el Sr. Presidente de la República cuando dice: “Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca”. Esta grave situación es la que debemos prevenir y solucionar, en necesario marco de Verdad, sin agravios y sin presiones.

Buenos Aires, 2 de marzo de 2021

Paula Asaro

Marcelo Gallo Tagle

Vicepresidente MPF

Presidente

Atilio Álvarez

Osvaldo Facciano

Vicepresidente MPD

Vicepresidente Jueces

Maximiliano Callizo

Enrique Comellas

Vicepresidente por Funcionarios

Secretario General

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