La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó ayer a Mauricio Macri compensar a Santa Fe los 2.535 millones de pesos que dispuso por decreto para financiar las medidas que anunció después de perder las primarias del 11 de agosto. La mayoría del Tribunal sentenció que el costo fiscal de las rebajas del IVA y el impuesto a las ganancias que decidió el Presidente “no pueden afectar los fondos coparticipables que corresponden a las provincias” y deben ser asumidos por el Estado nacional. “Es un fallo trascendente”, dijo a Rosario/12 el fiscal de Estado Pablo Saccone, quien interpuso la demanda dos semanas después del anuncio. “Es muy importante porque la Corte ratifica su doctrina y nos vuelve a dar la razón: los fondos coparticipables no son del Estado nacional. Macri no los puede disponer por decisión unilateral, requiere un acuerdo de las partes, entre la Nación y todas las provincias”, explicó.
El ministro de Economía, Gonzalo Saglione, había estimado esa detracción del gobierno nacional a Santa Fe de 2.535 millones de pesos -un monto equivalente al superávit de 2018- que complicaba aún más los números de 2019 que ya están en rojo: el déficit de la provincia en el primer semestre superó los 10.500 millones y la deuda de la Nación con la Caja de Jubilaciones acumula 5.800 millones.
El fallo de la Corte salió por la mayoría peronista -como la llaman en Cambiemos-. Tres a uno, con la firma de Juan Carlos Maqueda y los santafesinos Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti y la disidencia del presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz. La jueza de la minoría Elena Highton de Nolasco no votó.
“Es llamativa esta disidencia” del presidente de la Corte, opinó el fiscal de Estado de Santa Fe. “Se ve que le falta”, agregó.
La Corte resolvió a partir de una demanda de Entre Ríos, a la que sumaron otras 15 provincias, entre ellas Santa Fe. Y ordena que el “costo fiscal” de los decretos 561 y 567 de Macri “sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias”. La quita a Entre Ríos era 1.000 millones de pesos, menos de la mitad de la detracción a Santa Fe
Saccone planteó la “inconstitucionalidad” de los dos decretos de Macri el 27 de agosto por la “fuerte retracción de ingresos a la provincia”, “no tienen sustento en la Constitución Nacional que veda expresamente al presidente de la República disponer por decreto de cuestiones de política tributaria”. La Corte le dio la razón. “Es un fallo muy importante porque más allá de esta circunstancia, ratifica que los fondos coparticipables no son del Estado nacional y para decidir un reparto se requiere el acuerdo de la Nación y de todas las provincias”, comentó.
La mayoría de la Corte consideró que “las medidas adoptadas” por Macri, “sin tener competencia, podrían importar una erosión de la masa coparticipable a las provincias”. Citó el informe de la Comisión Federal de Impuestos que estimó la quita a Entre Ríos en 1.000 millones (y la de Santa Fe en 2.535 millones). Y concluyó que el manotazo “pondría en riesgo el normal funcionamiento de las instituciones provinciales”, “la atención de las necesidades básicas de su población” y “la ejecución de obras públicas”, “algunas de ellas de carácter social”
En síntesis, frente a la “concreta dificultad de financiamiento de necesidades públicas provinciales” y la “magnitud del perjuicio”, la Corte ordenó a Macri que “los costos fiscales de la aplicación de los decretos sean asumidos con recursos propios del Estado nacional, sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias”.
Rosenkrantz votó en contra, sostuvo que antes de ordenar la cautelar, “debía establecerse” si las provincias “estaba legitimada para efectuar su reclamo”. Si Santa Fe tenía “legitimación activa” para demandar a la Nación. “Es llamativa esta disidencia” del presidente de la Corte, opinó el fiscal de Estado de Santa Fe. “Se ve que le falta. Porque más allá de su inclinación política” y su cercanía a Macri, Rosenkrantz se desarrolló como abogado de la actividad privada. Y esta no es una cuestión complejísima. Si la provincia no tiene legitimación activa en un proceso judicial cuando es parte del Estado federal, ¿quién la tiene? No la tiene nadie”, ironizó Saccone.
