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Ramos Padilla volverá a exponer el caso D’Alessio en el Congreso

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El día después que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, expuso públicamente ante la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, donde denunció la existencia de una “red de espionaje político y judicial de magnitudes”, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia decidió por unanimidad convocar al magistrado para el jueves 21 de marzo a una reunión a puertas cerradas. El presidente de la bicameral, el senador radical Juan Carlos Marino, abrió ayer la documentación que Ramos Padilla envió el 8 de marzo –que salpican al fiscal Carlos Stornelli– y creó una subcomisión de tres legisladores de distintos bloques partidarios que analizarán su contenido antes de la vista del juez para intentar avanzar en precisiones. También resolvieron citar al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, para la siguiente semana. A pesar de la “unanimidad” en las decisiones, la reunión fue el epicentro de un duro entredicho entre oficialistas y opositores.

Marino fue también el vocero de la Bicameral ante los periodistas parlamentarios: “Fue muy buena reunión” con “asistencia casi perfecta”, dijo, para luego quejarse: “Hay muchos tuiteros, de un lado y del otro, que hablan de la irresponsabilidad de este presidente que no convocaba al juez. Yo no trabajo para un show mediático, esta es una comisión seria, responsable y que hace las cosas cuando las tiene que hacer”, se justificó el senador pampeano, que una semana antes había rechazado las “presiones” de legisladores opositores para que citara a Ramos Padilla. “No podemos hablar por supuestos. Hay que aplicar toda la responsabilidad posible. Somos absolutamente respetuosos de la justicia. Lo que menos queremos hacer es mezclar un poder con otro”, respondió Marino ante la consulta sobre la denuncia de Ramos Padilla de la existencia de una “red paraestatal de espionaje”.

“Es la primera vez que un juez federal pide venir a la Comisión Bicameral de Inteligencia. Y cada vez que alguien lo pida, lo vamos a recibir”, agregó Marino y recordó que en su momento recibieron a Miguel Ángel Toma y Oscar Parrilli.

El presidente del bloque de senadores del FpV-PJ e integrante de la Bicameral, Marcelo Fuentes, hizo otra interpretación política del convite de la Bicameral al magistrado. “La exposición de Ramos Padilla en Diputados demostró la gravedad institucional de la investigación que tiene a cargo. Esa fue la llave para que la Bicameral lo convoque, ante la negativa sistemática del oficialismo”, sostuvo Fuentes ante PáginaI12.

El encuentro no fue en el tono amable que describió Marino. Los legisladores kirchneristas no se conformaron con la apertura de las cajas con 4 mil fojas que envió el Ramos Padilla -que tiene básicamente el mismo contenido que expuso ante los diputados- y reclamaron que se cite al magistrado. La idea del macrismo era armar la subcomisión, un informe preliminar y recién citar allí al juez.

El kirchnerismo insistió en la convocatoria a Ramos Padilla y en medio de duras discusiones se aprobó la invitación, con la posibilidad de que en el marco de una reunión de carácter reservado, el juez pueda aportar “información sensible”. Lo mismo sucedió con la citación a Arribas: los opositores reclamaron saber cuál es el papel que cumplió la AFI ante un dispositivo paraestatal dedicado al espionaje y hacer inteligencia.

“El objetivo era dilatar la convocatoria a Ramos Padilla hasta que logren quitarle la causa. En ese sentido va la recusación del fiscal (Carlos) Stornelli, la presentación contra el juez de Dolores hecha por el oficialismo en el Consejo de la Magistratura y la no colaboración en la investigación”, insistió Fuentes ante este diario.

La subcomisión quedó integrada por el senador Pedro Guastavino (Justicialista) y los diputados Daniel Lipovetzky (Pro) y Rodolfo Tailhade (FpV-PJ) y analizarán el contenido de las cajas y harán un informe preliminar para la reunión con el magistrado. En tanto, también aprobó por unanimidad la citación de Arribas, que los opositores reclaman desde hace casi dos años. Hasta ahora el jefe de los espías se negó a concurrir al Congreso y ofreció encuentros en su oficina de la AFI. Los legisladores insisten en que sea en al “ámbito institucional” del Parlamento. Habrá que ver si Arribas vuelve a poner reparos para responder ante el Congreso.

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Nacionales

El ginecólogo Rodríguez Lastra, culpable de obligar a gestar a una joven violada

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El ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra fue hallado culpable de incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber interrumpido el aborto que cursar la joven R.P., de 19 años, que había sido violada y no quería gestar ni parir el producto de esa violación. El juez Álvaro Maynet consideró que el médico llevó adelante “una maniobra dilatoria”, exigió requisitos que el acceso a la interrupción legal del embarazo no requiere y mintió, primero a la paciente y luego a la justicia, para forzar la continuidad de la gestación. El médico, que “a la fecha de los hechos no estaba incluido en el registro de objetores de conciencia” de la provincia, “en todo momento mantuvo (…) una actitud negadora de la práctica que se le demandaba, a la cual estaba obligado por ley, negación que oculta con excusas de diversa índole y la cual, además, no informó, como era su obligación, respetando el derecho de la paciente”, aseveró el magistrado Meynet.

El veredicto consideró acreditadas las maniobras dilatorias y mentiras del ginecólogo Rodríguez Lastra, cuya imputación movilizó al aparato de activistas antiderechos de distintos puntos del país hasta Río Negro. Por esa evidencia, indicó el juez, “no puedo menos que concluir que el acusado nunca tuvo la menor intención siquiera de contemplar efectuar la práctica que le reclamaba” la joven violada.

El ginecólogo, que además era jefe de servicio en el hospital al que había llegado R.P. con el aborto en curso, se sirvió de su poder como médico y como autoridad en el sistema de salud pública par avasallar los derechos de la paciente. “Hay un valimiento de su posición profesional médico frente a una joven mujer de escasos recursos comunicativos, como quedó evidenciado en la audiencia, a la que además no contaba con la contención adecuada desde que solo se acompañaba de su hermana”, advirtió el veredicto.

Sobre el final, el juez se refirió a “un fundamento cuanto menos extraño invocado por la defensa” de Rodríguez Lastra durante el alegato. El abogado había pedido que el juez, “al tomar la decisión, lo haga conciente que era observado por el nacido, que, según dijo, hoy contaría con dos años de edad”. “No es un argumento adecuado al caso ni tampoco jurídico. Sin embargo, me propongo responderlo desde la razón; el solo hecho de considerar lo que importaría juzgar con disvalor la decisión que al amparo de la ley tomó una joven mujer ultrajada, que acudió al sistema público de salud de la provincia en la búsqueda de una respuesta que le fue negada por la conducta del acusado”, observó Meynet, quien citó un párrafo del fallo en el que el máximo tribunal de Chubut se refirió al fallo FAL, de la Corte Suprema. “Es evidente que ante la colisión de intereses, vida humana versus libertad sexual y autodeterminación, en el caso de la concepción producida por la violación, la ley hace prevalecer al segundo sobre el primero”, leyó el magistrado, que añadió: “la experiencia traumática sólo puede ser vivida por una mujer”.

El médico llegó a juicio tras ser denunciado por la diputada provincial Marta Milesi, defensora y autora de la ley 4796 que regula y controla la atención sanitaria en casos de abortos no punibles. La joven fue obligada a seguir con un embarazo no deseado y el bebé fue dado en adopción.

El debate oral había comenzado el 13 de mayo. Durante las audiencias declararon la joven R.P., el ginecólogo ahora hallado culpable, médicas que escucharon a la joven reclamar la ILE en el Hospital y la diputada Milesi, entre otros.

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La pesada herencia judicial: el Gobierno quiere avanzar con la designación de 66 jueces

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El Gobierno busca avanzar con la designación de 66 jueces en el Senado, luego de que consiguiera hace poco aprobar otros 21 pliegos. Entre los que están en discusión entre el oficialismo y el peronismo federal, existen juzgados clave como los del fuero Contencioso Administrativo y también los jueces del Tribunal Oral 9, al que la Cámara de Casación intentó sortearle causas vinculadas a Cristina Fernández de Kirchner, pero la medida fue revertida por la Corte Suprema, que consideró que sus jueces no tenían acuerdo de todos los poderes del Estado. A la lista se suma el hijo del fiscal Germán Moldes que –de ser aprobado– pasaría a integrar la Cámara Federal de San Martín.

Con pocos meses para que se termine su mandato, el gobierno de Mauricio Macri pisó el acelerador para designar jueces. Desde el Ministerio de Justicia indicaron que este año llevan aprobados 21 pliegos de jueces, que se suman a los 93 de 2018, los 52 de 2017 y los 23 de 2016. Para este año, el Senado tiene 66 pliegos más enviados por el Ejecutivo. Entre ellos, hay cinco jueces del fuero Contencioso Administrativo, que es un fuero estratégico, dado que resuelve los litigios con el Estado. 

También están Silvia Mora, Alejandro Becerra y Alejandro Nocetti Achával, tres jueces que se desempeñaban en tribunales orales ordinarios y que pasaron a integrar el Tribunal Oral 9, que ya fue fruto de controversias. Sucede que era el tribunal en el que cayeron las causas del Memorándum con Irán y de la obra pública en Santa Cruz, por una decisión de la Cámara de Casación de incluirlos en el sorteo, pese a que sus jueces provenían de los tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires, hace tiempo colonizados por el macrismo. No obstante, la Corte Suprema anuló el sorteo de esas causas y le advirtió a Casación que había incurrido en “un indebido avance sobre las atribuciones de superintendencia”. La Corte dispuso que se sortearan esas causas entre los tribunales orales federales que eran previos a las transferencias de tribunales de 2016. A su vez, los supremos le recordaron “enfáticamente a la Cámara Federal que, en lo sucesivo, se abstenga de realizar actos que excedan su ámbito de competencia”. Pero la Corte no terminó allí: indicó que los jueces de ese Tribunal debían tener su paso por el Senado, cosa que ahora el macrismo intenta conseguir.

Otra de las figuras que intentará colar el PRO entre los 55 jueces es Germán Manuel Moldes, el hijo del fiscal de Cámara del mismo nombre que viene dando sobradas pruebas de su compromiso con Cambiemos –al, por ejemplo, desistir de las causas que complican al actual Gobierno e impulsar sin tregua las que complican al anterior–.

El macrismo ya consiguió en la sesión del 16 de abril que el Senado apruebe 21 pliegos y va por los otros 66. Intentará conseguirlo en la sesión de pasado mañana. La mayoría consiguieron dictamen en las sesiones de la Comisión de Acuerdo, que preside el peronista Rodolfo Urtubey. Las negociaciones del oficialismo, en manos del ministro Germán Garavano y del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, son con Urtubey y con el senador Miguel Pichetto. En el último encuentro del PJ, del que participó la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los dirigentes expresaron la preocupación por la cantidad de jueces que dejará la gestión de Macri al siguiente gobierno. “No estamos dispuestos a acompañar una maniobra para dejar jueces sembrados por todos lados”, sostuvo el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes.

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La UOM acordó una suba del 28% en las paritarias 2019

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Los metalúrgicos lograron además otros beneficios y en total la mejora salarial del 36%.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que lidera el dirigente Antonio Caló, acordó con las cámaras empresarias de la industria un 28% de incremento salarial para este año que se abonará en tres cuotas y una revisión en noviembre para volver a discutir el acuerdo en caso de una mayor inflación.

El gremio informó que el primer incremento será del 17% retroactivo a abril; el segundo del 8% desde julio y el tercero de 5% en octubre.

Además del aumento salarial para 2019, se acordó también una recomposición del 8% para compensar la caída del poder adquisitivo de los trabajadores metalúrgicos durante 2018. Los metalúrgicos recibirán un plus de 2% y y un extra no remunerativo de $12 mil que se pagará en seis sumas fijas de $2 mil. Todos los incrementos juntos totalizan alrededor de un 36%.

El acuerdo salarial beneficia a casi 200 mil trabajadores metalúrgicos y llega en un momento en que la actividad industrial ha menguado. Se espera la oficialización del acuerdo por parte del ministro de Desarrollo y Trabajo, Dante Sica.

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