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Ramos Padilla volverá a exponer el caso D’Alessio en el Congreso

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El día después que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, expuso públicamente ante la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, donde denunció la existencia de una “red de espionaje político y judicial de magnitudes”, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia decidió por unanimidad convocar al magistrado para el jueves 21 de marzo a una reunión a puertas cerradas. El presidente de la bicameral, el senador radical Juan Carlos Marino, abrió ayer la documentación que Ramos Padilla envió el 8 de marzo –que salpican al fiscal Carlos Stornelli– y creó una subcomisión de tres legisladores de distintos bloques partidarios que analizarán su contenido antes de la vista del juez para intentar avanzar en precisiones. También resolvieron citar al jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, para la siguiente semana. A pesar de la “unanimidad” en las decisiones, la reunión fue el epicentro de un duro entredicho entre oficialistas y opositores.

Marino fue también el vocero de la Bicameral ante los periodistas parlamentarios: “Fue muy buena reunión” con “asistencia casi perfecta”, dijo, para luego quejarse: “Hay muchos tuiteros, de un lado y del otro, que hablan de la irresponsabilidad de este presidente que no convocaba al juez. Yo no trabajo para un show mediático, esta es una comisión seria, responsable y que hace las cosas cuando las tiene que hacer”, se justificó el senador pampeano, que una semana antes había rechazado las “presiones” de legisladores opositores para que citara a Ramos Padilla. “No podemos hablar por supuestos. Hay que aplicar toda la responsabilidad posible. Somos absolutamente respetuosos de la justicia. Lo que menos queremos hacer es mezclar un poder con otro”, respondió Marino ante la consulta sobre la denuncia de Ramos Padilla de la existencia de una “red paraestatal de espionaje”.

“Es la primera vez que un juez federal pide venir a la Comisión Bicameral de Inteligencia. Y cada vez que alguien lo pida, lo vamos a recibir”, agregó Marino y recordó que en su momento recibieron a Miguel Ángel Toma y Oscar Parrilli.

El presidente del bloque de senadores del FpV-PJ e integrante de la Bicameral, Marcelo Fuentes, hizo otra interpretación política del convite de la Bicameral al magistrado. “La exposición de Ramos Padilla en Diputados demostró la gravedad institucional de la investigación que tiene a cargo. Esa fue la llave para que la Bicameral lo convoque, ante la negativa sistemática del oficialismo”, sostuvo Fuentes ante PáginaI12.

El encuentro no fue en el tono amable que describió Marino. Los legisladores kirchneristas no se conformaron con la apertura de las cajas con 4 mil fojas que envió el Ramos Padilla -que tiene básicamente el mismo contenido que expuso ante los diputados- y reclamaron que se cite al magistrado. La idea del macrismo era armar la subcomisión, un informe preliminar y recién citar allí al juez.

El kirchnerismo insistió en la convocatoria a Ramos Padilla y en medio de duras discusiones se aprobó la invitación, con la posibilidad de que en el marco de una reunión de carácter reservado, el juez pueda aportar “información sensible”. Lo mismo sucedió con la citación a Arribas: los opositores reclamaron saber cuál es el papel que cumplió la AFI ante un dispositivo paraestatal dedicado al espionaje y hacer inteligencia.

“El objetivo era dilatar la convocatoria a Ramos Padilla hasta que logren quitarle la causa. En ese sentido va la recusación del fiscal (Carlos) Stornelli, la presentación contra el juez de Dolores hecha por el oficialismo en el Consejo de la Magistratura y la no colaboración en la investigación”, insistió Fuentes ante este diario.

La subcomisión quedó integrada por el senador Pedro Guastavino (Justicialista) y los diputados Daniel Lipovetzky (Pro) y Rodolfo Tailhade (FpV-PJ) y analizarán el contenido de las cajas y harán un informe preliminar para la reunión con el magistrado. En tanto, también aprobó por unanimidad la citación de Arribas, que los opositores reclaman desde hace casi dos años. Hasta ahora el jefe de los espías se negó a concurrir al Congreso y ofreció encuentros en su oficina de la AFI. Los legisladores insisten en que sea en al “ámbito institucional” del Parlamento. Habrá que ver si Arribas vuelve a poner reparos para responder ante el Congreso.

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El Gobierno presenta el pedido de juicio político a Ramos Padilla

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El ministro de Justicia, Germán Garavano, le envió las instrucciones al representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura para que solicite la remoción del magistrado. La presentación busca frenar su investigación sobre la red de espionaje ideológico, político y judicial.

El ministro de Justicia, Germán Garvano, envió al Consejo de la Magistratura las instrucciones para avanzar con el pedido de remoción del juez federal Alejo Ramos Padilla por considerar que mantuvo una “actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva” durante su presentación del miércoles pasado ante la Comisión de Libertad de Expresión, donde durante varias horas describió la “red paraestatal de espionaje ideológico, político y judicial de grandes magnitudes” que investiga y por la que ya está con detención preventiva el falso abogado Marcelo D’Alessio y está imputado el fiscal Carlos Stornelli.

El pedido de juicio político impulsado por el Gobierno será presentado formalmente por el representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Juan Mahíques. Mauricio Macri busca correr a Padilla de una investigación sensible para el Gobierno y sostiene que el magistrado “hizo de su investigación una cuestión política y mediática”.

Para sostener esa acusación, el instructivo de Garavano que recibió Mahíques destaca como primer argumento la necesidad de mantener en reserva la investigación sin más acceso que para las defensas y las partes o la posibilidad de que el juez imponga el secreto de sumario las veces que lo crea necesario.

Durante la audiencia del miércoles pasado, Ramos Padilla apuntó que fue un pedido del juez Julián Ercolini, a partir de una denuncia presentada por el propio Stornelli, la que le “impuso tener que levantar el secreto de sumario de esta investigación, lo que generó enormes inconvenientes y riesgos para la misma” y resaltó que el juez le solicitaba la causa aún cuando permanecía en secreto de sumario, o sea sin saber cuál era el contenido de la investigado.

En ese tono, el pedido de juicio político presentado por el Ejecutivo sostiene que Padilla protagonizó “una pérdida total de ecuanimidad”, entre otras cosas, al sostener “categóricamente como verdaderos, extremos de la investigación que conforme sus propios dichos, todavía no han sido verificados y  del mismo modo que cuestionó e involucró a otros magistrados y diputados nacionales”.

De esa manera, el escrito presentado por Garavano apunta contra las referencias que el juez realizó respecto de la imputación contra Stornelli, a quien convocó publicamente a cumplir con el llamado a declaración indagatoria, y a un audio que hizo público que D’Alessio le habría enviado a la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto. “La actitud confrontativa demostrada contra algunos de los legisladores, también exhibe un accionar incompatible con la prudencia y decoro esperados”, apuntó el texto de Garavano.

Además, el escrito tilda de “irregular” la propia realización de la audiencia convocada por el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Leopoldo Moreau, de la que los legisladores de Cambiemos decidieron no participar. La presentación hecha por Garavano indica que el juez había presentado documentación ante la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, pero de manera anticipada “se presentó ante otra comisión, cuyas competencias nada tienen que ver con la materia”.

El tono y el objetivo de la presentación que ahora ingresará al Consejo de la Magistratura había sido adelantada el viernes pasado en un comunicado del Ministerio de Justicia y sintetizado ayer por el propio presidente Macri, durante una entrevista con el periodista Luis Majul: “No es un juez que actúe con ecuanimidad, se prestó a un show mediático, espero que con las pruebas que hay el Consejo de la Magistratura evalúe destituirlo”.

Con esta presentación el Gobierno confirmó su decisión de avanzar sobre el juez que tiene en sus manos una investigación que podría alcanzar a funcionarios y legisladores del oficialismo, pero el camino que tiene por delante el trámite de juicio político no será sencillo para Cambiemos, que no cuenta con aliados suficientes entre los nueves consejeros de la Comisión de Disciplina y Acusación para obtener un dictamen favorable.

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Otra denuncia contra D’Alessio

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El gobierno de la provincia de Santa Fe presentará una denuncia penal contra el falso abogado Marcelo D’Alessio por su presunta vinculación con Los Monos y la serie de atentados que esta banda de narcotraficantes realizó contra políticos, jueces y edificios públicos. Así lo confirmó el gobernador Miguel Lifschitz, quien indicó que la presentación será para “profundizar esa línea de investigación” que “podría explicar muchas cosas que ocurrieron en la provincia”.

La relación entre D’Alessio y la banda narcotraficante que azoló la ciudad de Rosario y cuyos responsables máximos fueron juzgados y condenados salió a la luz luego de la inspección a las computadoras del hasta ahora único detenido en la causa por extorsión, asociación ilícita y espionaje ilegal que lleva el juez federal Alejo Ramos Padilla y en la que está imputado el fiscal Carlos Stornelli.

La inspección del material dio cuenta de la existencia de una carpeta llamada “Narcotráfico Rosario” en la que había conversaciones telefónicas entre D’Alessio y familiares de Claudio Cantero, líder de la organización criminal.

“Es una derivación insospechada” que puede tener “múltiples connotaciones”, remarcó Lifschitz durante una entrevista por la radio Futurock. Para el mandatario provincial, este vínculo podría explicar “la realización de determinados delitos, como la balacera que el año pasado intentó amedrentar jueces y fiscales” que investigaban el accionar de Los Monos.

Otra de las víctimas de esos atentados fue el ex gobernador Antonio Bonfatti, cuyo domicilio fue tiroteado en 2013, mientras se investigaba a la banda. Una de las hipótesis es que D’Alessio habría entregado a Los Monos la direcciones de los funcionarios públicos.

En la actualidad, los líderes de Los Monos “están todos presos” pero, no obstante, se sabe que “tienen ramificaciones y apoyos externos” a los que hay que identificar, dijo el gobernador. Por eso, “hoy vamos a presentar una denuncia en los tribunales provinciales y federales para que se profundice esta línea de investigación y se puedan determinar los vínculos, contactos y responsabilidades de quienes podrían estar involucrados” en esos hechos, concluyó.

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