El juez de Dolores inició una serie de resoluciones en las que advierte un intento de desguazar el expediente que él tramita en Dolores. Considera que las maniobras de Marcelo D’Alessio y otros deben ser investigadas en conjunto, como operaciones de una misma banda dedicada al espionaje ilegal, las extorsiones y el armado de causas falsas.
El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, inició una serie de resoluciones en las que virtualmente acusa a magistrados de Comodoro Py de querer desguazar el expediente que él tramita en Dolores y de jugar a favor del procesado fiscal Carlos Stornelli. Ramos Padilla rechazó entonces el envío de partes de la causa a Comodoro Py porque considera que todas las maniobras que perpetraron Marcelo D’Alessio, Stornelli, los comisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, el fiscal Juan Ignacio Bidone, el ex agente Rolando Bareiro, entre otros, deben ser investigados como un todo, como operaciones de una misma asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal, extorsiones y armado de causas falsas, con vínculos con la política y el estado, en especial la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Ramos Padilla respondió al planteo de los tres magistrados que, de una u otra manera, quieren quedarse con partes del expediente, sometiéndolo a una especie de descuartizamiento. Pero, además, el juez de Dolores hace notar el papel de Stornelli en las tres causas: “En uno de esos casos, el doctor Stornelli aparece como parte querellante, en otro como pretenso querellante y en el restante directamente es el fiscal de la causa”, detalla Ramos Padilla.
Los tres planteos al juez de Dolores son inauditos.
Caso I
Una semana después de desatado el escándalo por la extorsión de D’Alessio al empresario Pedro Etchebest, el fiscal Stornelli se presentó a la justicia de Comodoro Py con una denuncia contra el falso abogado por defraudación. Quiso instalar que D’Alessio lo invocaba de manera fraudulenta, o sea que él era una víctima del falso letrado. Fue el camino que encontró Stornelli para llevarse la causa al edificio de Retiro, donde juega de local. El juez sorteado, Julián Ercolini, aceptó este criterio y permitió que Stornelli fuera denunciante y querellante en esa causa.
La respuesta de Ramos Padilla es durísima: “es necesario mantener siempre presente la inversión de los roles procesales: mientras en este juzgado se investigaba el rol de la AFI en los hechos, y se lo tiene a Stornelli como imputado, Ercolini ha avalado que estos mismos actores se constituyeran como querellantes”.
O sea, el juez le dice a su par que en Dolores, D’Alessio, Stornelli, la AFI y compañía están acusados de integrar una asociación ilícita, mientras que Ercolini los acepta como víctimas. Y –continúa Ramos Padilla– en Comodoro Py parecen olvidarse que actuaban en conjunto, que tenían chats, mensajes, reuniones, e incluso D’Alessio espiaba al ex marido de la esposa de Stornelli por pedido de éste último.
Ercolini argumenta que gran parte de los delitos ocurrieron en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que Ramos Padilla no tiene competencia. El magistrado de Dolores le reitera que la extorsión se concretó en el regreso de una reunión entre D’Alessio y Stornelli en Pinamar, es decir que en ese viaje el falso abogado le pidió a Etchebest 300.000 dólares para aliviarle una supuesta complicada situación en la causa de las fotocopias de los cuadernos.
Como se sabe, en esa causa el fiscal era Stornelli y D’Alessio le dijo que Etchebest que había arreglado todo con el fiscal en el encuentro del parador CR. Luego la banda actuó desde la zona de Ezeiza y en otro lugares, de manera que tampoco CABA fue el escenario de todo. Además, Ramos Padilla le recordó que la Cámara Federal de Mar del Plata ya lo confirmó al frente del expediente.
La conclusión es que el juez de Dolores no dejará su lugar como instructor de toda la causa, no sólo la que investiga la extorsión a Etchebest.
Caso II
El juez de Comodoro Py Sebastián Casanello le reclama a Ramos Padilla que deje de instruir el caso de la extorsión de D’Alessio a Pablo Erasmo Barreiro, un ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner. El padre de Pablo, Ricardo Barreiro, estaba detenido en la causa de las fotocopias de los Cuadernos y eso fue aprovechado por la banda de D’Alessio para “poner en pánico” al hijo haciéndole saber que también a él estaban por detenerlo. Por supuesto, invocaron la relación con Stornelli y que ellos podrían arreglar todo. Nuevamente el fiscal se ubicó como víctima, pese a que Pablo Barreiro declaró que cuando se presentó a declarar ante el propio Stornelli le advirtió que le estaban pidiendo dinero en su nombre. La declaración de Barreiro nunca apareció en la causa.
El caso exhibe la mano del camarista que forzó las detenciones de los ex funcionarios kirchneristas, Martín Irurzun. Sucede que Casanello opinó inicialmente que la causa le correspondía a Ramos Padilla, pero Stornelli y otro imputado –que luego fue abogado de Stornelli– , Carlos Liñani, apelaron lo decidido por el juez. Irurzun revocó el fallo de Casanello y virtualmente le ordenó que le reclamara la causa a Ramos Padilla.
La jugada de Irurzun también apuntaba a llevar el expediente a Comodoro Py, donde funcionó aceitadamente el juego entre algunos jueces, fiscales, camaristas, el aparato mediático y, por supuesto, la cabeza política con sede en la Casa Rosada.
Nuevamente, el juez de Dolores insistió con que no corresponde desguazar el expediente porque se trata de una única asociación ilícita que él viene investigando desde hace más de un año y en la que hay detenidos, procesados y una cantidad enorme de pruebas recolectadas.
Caso III
Es el caso que con más claridad exhibe el contubernio político-mediático-judicial. En su resolución, Ramos Padilla adelanta que habrá un texto más largo y específico dedicado al planteo que le hizo el fallecido Claudio Bonadío y que heredó el juez Marcelo Martínez de Giorgi, hoy a cargo del juzgado de Bonadío. Uno de los ingredientes de la movida es que en esa causa el fiscal es nada más y nada menos que el propio Stornelli. De manera que Bonadío le estaba exigiendo a Ramos Padilla que diera un paso al costado para que todo quede en manos de él (Bonadío) y de Stornelli.
Es el expediente relacionado con la compra de Gas Natural Licuado (GNL). Como se sabe, la prueba esencial de esa causa fue un peritaje trucho armado por el ingeniero David Cohen, hoy a punto de ir a juicio por falso testimonio agravado. El estudio indicaba la existencia de sobreprecios en base a un precio del GNL que se manejaba en gasoductos de Estados Unidos, incomparable con el gas traído en barcos. Para sostener esa postura descabellada, Cohen copió textos de estudiantes chilenos, sin siquiera citar la fuente y mencionando a organismos internacionales inexistentes.
Dado el hundimiento de la prueba principal, el que vino a tratar de salvar el expediente –que apuntaba a Julio De Vido, Roberto Baratta y también a Cristina– fue Marcelo D’Alessio. El falso abogado declaró dos veces en secreto, el 5 y el 12 de noviembre de 2016. Como es obvio, los elementos de prueba surgieron en los allanamientos a la vivienda de D’Alessio, donde se encontraron archivos de preparación de la maniobra. Esta claro que era otra operación de la asociación ilícita dedicada al espionaje y el armado de causas.
Otra vez, entonces, se produjo la jugada de exigirle a Ramos Padilla que entregue una parte de su investigación, desguazando el expediente que tramita en Dolores. Y esa es la pretensión que fue rechazada por el magistrado.
En el año transcurrido desde el estallido del caso, se han hecho todas las maniobras imaginables. Hubo un intento de desplazar a Ramos Padilla mediante un juicio político, recusaciones de variado tenor, pedidos de inhibición, la difusión de escuchas ilegales a los detenidos de Ezeiza para instalar que el expediente fue un armado de los presos, anónimos, sobres que llegaron a fiscalías, aprietes y hasta el pedido a una víctima, el ex esposo de la actual pareja de Stornelli, Jorge Castañón, para que no vaya a declarar porque Mauricio Macri había prometido echar a Ramos Padilla en una semana.
Contra viento y marea, el expediente de Dolores avanza.
Los otros ocho acusados, que están detenidos en La Plata, serán juzgados, posiblemente este año.
Si el contexto de la pandemia de coronavirus lo permite, seguramente este año se lleve adelante el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa y serán finalmente ocho los rugbiers que deberán comparecer ante un Tribunal Penal: este miércoles, la Cámara de Apelación y Garantías de Dolores, por mayoría, sobreseyó definitivamente a Alejo Milanesi(21).
Al tiempo que confirmaron esta medida, los camaristas Luis Defelitto, Fernando Sotelo y Mirian Darling Yaltone -votaron en ese orden- ratificaron la elevación a juicio que había hecho en febrero pasado el juez de Garantías David Mancinelli y, también, la prisión preventiva de los ocho rugbiers.
El 10 de febrero de 2020, tres semanas después del crimen del joven estudiante de Derecho, Milanesi había quedado en libertad junto a Juan Pedro Guarino (20). Así lo había dispuesto la fiscal del caso, Verónica Zamboni, quien no encontró pruebas en su contra.
Una imagen de Fernando Báez Sosa, durante una marcha para reclamar justicia. Foto Fernando de la Orden
Los dos recuperaron la libertad desde la Unidad Penal 6 de Dolores en medio de una nube de periodistas y desde entonces se recluyeron con sus familias en sus casas de Zárate.
En febrero de este año, Mancinelli confirmó el sobreseimiento de Guarino, pero por un pedido de los abogados de los papás de la víctima, del estudio de Fernando Burlando, determinó que la situación de Milanesi debía ser dilucidada en un juicio oral.
Su abogado defensor, Hugo Tomei -también del resto de los imputados-, apeló tal decisión y la Cámara Penal hizo lugar al pedido por dos votos a uno: dictó su sobreseimiento definitivo.
En resumen, los camaristas avalaron la instrucción de Zamboni, que no había determinado pruebas en contra de ninguno de los dos amigos de Zárate.
“No puede atribuirse consistencia para imputar un homicidio, en mi opinión, la invocación de filmaciones (no dice cuáles) en las que se vería a Milanesi ‘en una actitud violenta’, o la cita de su salida del local bailable, es decir, mucho antes del hecho que motiva esta causa, o un difuso y dubitativo reconocimiento por un testigo, o las lesiones menores en los brazos del imputado. A todas estas cuestiones se refirió la Dra. Zamboni para explicar por qué las consideraba insuficientes, con argumentos que comparto”, apuntó el juez Sotelo.
Recuerda el magistrado que el Código Procesal “es terminante al exigir que el acusador debe contar con elementos para avanzar en la persecución. Pues bien, tales elementos no están visibles, y tampoco fueron invocados”.
Cuándo será el juicio
Una alta fuente judicial dijo a Clarín que el juicio contra los ocho rugbiers podría realizarse en el transcurso de 2021, siempre que los avatares de la pandemia lo permitan.
Así, Máximo Thomsen (21), Ciro Pertossi (21), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (22), Enzo Comelli (21), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21) serán los juzgados por el crimen de Fernando. Desde mediados de 2020, los ocho están alojados en celdas de la alcaidía 3 del Penal de Melchor Romero, en La Plata.
Su abogado defensor, al tiempo que pidió diversas nulidades, había anticipado que los rugbiers descartaron la posibilidad de enfrentar un juicio por jurados, compuesto por una docena de vecinos de la región, por lo que lo harán ante un Tribunal Oral en lo Criminal.
El delito que les imputan contempla la máxima pena, prisión perpetua: “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas“.
Alejo Milanesi, adelante, y Juan Pedro Guarino, detrás, tras ser liberados. Foto: Mario Quinteros.
Además, los jueces confirmaron que los acusados del crimen continuarán en prisión a la espera del juicio, tras rechazar una serie de nulidades que habían sido planteadas por la defensa.
Tomei había pedido el cese de la prisión preventiva de sus defendidos. Excepto el pedido por Milanesi, todas fueron rechazadas por los camaristas de Dolores.
Mancinelli, cuando en febrero no hizo lugar al cese de la prisión preventiva, lo que ahora avaló el Cámara Penal, había explicado que tuvo en cuenta, además de la pena expectativa (prisión perpetua), otros dos episodios: la actitud evasiva de los imputados ante policías después del asesinato y la introducción de una pista falsa, en referencia a la mención del remero de Zárate Pablo Ventura, que ni siquiera estaba en Gesell esa noche.
Fernando, de 18 años, fue atacado a golpes la madrugada del 18 de enero de 2020 a la salida del boliche “Le Brique”, en avenida 3, pleno centro de Villa Gesell, adonde había ido a bailar con unos amigos. Un altercado en la pista del boliche hizo que los hombres de seguridad expulsaran a ambos grupos.
La mamá de Fernando Báez Sosa, en Parque Rivadavia. Foto Maxi Failla.
Fernando tomaba un helado con un amigo cuando los rugbiers lo atacaron por la espalda. Lo molieron a golpes. También les pegaron a sus amigos que intentaron intervenir.
Horas después de la muerte del joven estudiante de Derecho, que vivía en la Ciudad de Buenos Aires y había viajado a la Costa a pasar unos días de vacaciones, la Policía detuvo a los 10 rugbiers de Zárate que habían alquilado una casa a pocas cuadras de la escena del crimen.
Se vieron en principio las imágenes de aquellas detenciones, con los rugbiers esposados boca abajo en el parque de esa casa, y luego las que shockearon al país, repetidas una y otra vez por la TV.
Porque lo que ocurrió esa madrugada quedó filmado por cámaras de seguridad públicas y privadas, y de teléfonos, de punta a punta. Mostraron cómo la banda de rugbiers esa vez (en su pueblo eran famosos por sus acometidas en patota) asesinaban, escapaban y, en una esquina antes de irse a dormir, se felicitaban por el ataque.
Buscan recabar información sobre los movimientos financieros del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Diaz en el periodo en que trabajaron para el Diez
Los fiscales de San Isidro que investigan la muerte de Diego Armando Maradona solicitaron al juez de la causa Orlando Diaz que se libren tres oficios a diferentes bancos con el objetivo de recabar información sobre los movimientos financieros del neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Diaz en el periodo en que trabajaron para el Diez.
El objetivo de la solicitud es conocer si hubo algún ingreso de dinero fuera de lo común en alguna de esas cuentas y si efectivamente cobraban el dinero que se supone por cuidar al ex capitán de la Selección Argentina.
En el expediente figuran los montos de los honorarios que cobraban cada uno de los médicos pero eso debe ser corroborado oficialmente, por eso se libraron los oficios a las entidades bancarias. “Queremos sacarnos la duda de si alguno recibió, además de su sueldo, alguna suma exagerada de dinero y si eso tuvo que ver con su actividad médica relacionada a Maradona aunque no creemos que haya sucedido”, señaló a Infobae una de las fuentes consultadas.
La solicitud a las entidades bancarias se produce mientras los investigadores esperan los resultados de la junta médica que, se estima, expedirá sus conclusiones recién dentro de 10 o 12 días. En total son 24 las preguntas que deben contestar los especialistas, incluidos, los peritos de parte.
El sábado, los médicos de distintas especialidades se juntaron de manera presencial en un lugar reservado donde se les proyectó el video completo de la autopsia al cadáver de Maradona. Allí cada uno tomo nota y además debatieron un largo rato. Luego existió una nueva reunión entre todos pero esta vez por Zoom.
Según trascendidos, los peritos de parte puestos por la defensa del médico Luque son los que más objeciones presentan ante cada punto. Por eso motivo los plazos se están extendiendo más de lo previsto. El resto de los médicos, en general, coinciden en la mayoría de los tópicos planteados por la fiscalía.
Para los investigadores las conclusiones de la junta serán fundamentales. Una vez que ese documento aterrice en el escritorio de los fiscales se tomarán unos días para analizar cuidadosamente todos los puntos y determinar si efectivamente se da un cambio de calificación en la causa que por el momento se mantiene en homicidio culposo.
También se evaluarán las supuestas falencias de la internación domiciliaria en el country San Andrés de Tigre, donde murió sin un llamador de cama, suero, tubo de oxígeno, siquiera un aparato para tomarle la presión, con sus teléfonos manipulados por su entorno según testimonios y sin siquiera un baño propio en su habitación.
Para los fiscales Cosme Iribarren, Patricio Ferrari y Laura Capra, dirigidos por John Broyad, fiscal general de San Isidro, el resultado de la junta médica será el punto de inflexión, con el análisis de 17 cuerpos de expediente que incluyen al menos 9 historias clínicas de diversos centros médicos como el Sacre Coeur, que en 2004 ya adelantaba que Maradona sufría una “miocardiopatía dilatada con lesiones de microinfartos”. En esos 17 cuerpos de expediente hay al menos 400 fojas de desgrabaciones de chats de teléfonos, donde se incluye la mezquindad y el destrato de quienes debían cuidar a Diego.
Varias condenas y confirmaciones de sentencias contra Julio De Vido, José López, Ricardo Jaime y Lázaro Báez cierran le camino para desmentir la acusación en esa causa.
Además de la crucial convalidación de los testimonios de los arrepentidos en esa causa por parte de la Cámara Federal de Casación, en los últimos meses las condenas a Julio De Vido y Lázaro Báez, y la muy probable e inminente ratificación de la sentencia por enriquecimiento ilícito contra José López respaldan la acusación central del expediente de los Cuadernos de las Coimas: que en los gobiernos K existió una asociación ilícita para convertir el ministerio de Planificación Federal en una virtual “oficina de sobornos” a gran escala y a través del tiempo.
Cristina Kirchner no escatimó en críticas hacia la justicia en su último paso, virtual, por Comodoro Py. Sostiene que las ocho causas que tiene elevadas a juicio oral por corrupción, sólo responden al lawfare: una persecución política para desprestigiarla. Su explicación va más allá, y desde esa argumentación puso en duda el funcionamiento del fuero que investiga diferentes delitos vinculados al proceder de los funcionarios públicos, tanto en ejercicio de la función como fuera de ella.
En los últimos meses, la Justicia federal dictó varias condenas y confirmó otras, por hechos de corrupción y lavado de dinero en distintos expedientes, en los que se reitera la misma tesis: una presunta estructura para cobrar sobornos que funcionó desde el extinto Ministerio de Planificación Federal, que dirigió durante doce años Julio De Vido.
En medio del enfrentamiento del gobierno con el Poder Judicial, la Cámara de Casación confirmó la condena contra Julio De Vido por administración fraudulenta en la Tragedia de Once, la confirmación de las acusaciones en uno de los casos de Odebrecht donde se investiga una ruta de coimas aplicada a dos plantas potabilizadoras de AySA.
Viejos colegas. José López y Julio De Vido en los 90, cuando eran funcionarios de Néstor Kirchner en Santa Cruz.
Por otro lado, en febrero se condenó hace un mes a Lázaro Báez por lavado de dinero en la Ruta del Dinero K con doce años de prisión: el juicio analizó las maniobras del ex socio de Néstor y Cristina Kirchner para lavar al menos 55 millones de dólares provenientes de contratos de obras públicas que según se juzga en otra causa fueron pactadas con sobreprecios y en muchos casos ni siquiera se terminaron. Un episodio absolutamente congruente con la acusación de la causa Cuadernos.
El 14 de abril habrá una audiencia en la Cámara de Casación, luego del a cual sus jueces tendrán veinte días para analizar la condena contra José López, ex secretario de Obras Públicas, acusado de enriquecimiento ilícito por aquellos bolsos con nueve millones de dólares que buscó esconder en el convento de General Rodríguez en junio de 2016. El dinero ilícito de López -que también está acusado por los Cuadernos- habría provenido de las coimas que se gestionaban desde distintas oficinas de Planificación.
Otro ex secretario de esa cartera, Ricardo Jaime, tiene un pedido de elevación a juicio en otra causa por corrupción y ya admitió el cobro de sobornos cuando buscó un juicio abreviado.
Aquellas causas vinculadas a Odebrecht, tanto el caso de Aysa como el expediente sobre la ampliación de los gasoductos NOA-NEA, investigan un circuitos de sobornos por los cuales ya están procesados De Vido, Roberto Baratta, López y el ex secretario de Energía Daniel Cameron, entre otros. Todos integrantes del ministerio de Planificación.
Algunos de esos mismos ex funcionarios también tienen casos elevados a juicio por desvío de fondos que desde el Ministerio de Planificación debían dirigirse a la mina de carbón de Río Turbio, atravesados por denuncias de sobreprecios en obras que debían realizarse.
En todos los casos son expedientes individuales, pero que -como dijo la justicia- demuestran una “matriz de corrupción instaurada desde el Ministerio de Planificación Federal que funcionó desde 2003 a 2015”. Ese textual es parte de la imputación del caso de los Cuadernos de las Coimas.
“Parecen ser todas maniobras en diferentes momentos de ese lapso, que a su vez son partes de una gran maniobra criminal“, explicó una fuente judicial cercana al caso Cuadernos.
Cristina Kirchner, flanqueada por su ministro de Planificación Federal, Julio de Vido y el secretario de Obras Públicas, José López en un acto, en 2010. Foto Télam.
Así, mientras la Justicia sigue resolviendo en casos que rozan de cerca a la vicepresidenta, como lo fue la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la sentencia contra Amado Boudou en el caso Ciccone, en Comodoro Py otros trámites judiciales siguen alimentando la hipótesis del caso Cuadernos.
El fallecido juez Claudio Bonadio, describió el expediente como “la principal organización criminal” de las últimas décadas, dedicada a la “recaudación de fondos ilegales” que se volcaron en algunos casos “a operaciones de lavado de dinero en el país y fuera de él”.
El año pasado, la Cámara de Casación avaló la Ley del Arrepentido y así los 31 testimonios con los que cuenta el expediente Cuadernos, cuya acusación principal se convirtió en el esqueleto de seis expedientes más, en los que se buscó analizar área por área en la que el Ministerio de Planificación otorgó contratos. Así, se abrieron causas por las coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el otorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al ex secretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz.
En todas estas áreas “se vienen confirmando fallos en otras instancias que alimentan ese esquema que funcionó desde Planificación Federal”, indicó otra fuente que trabaja sobre el caso ya elevado para su debate oral.
Las investigaciones conexas a Cuadernos están relacionadas con el cuerpo principal del caso, en el que la vicepresidenta está procesada como jefa de la asociación ilícita. Esa imputación se replicó en las derivaciones del caso, pero la Cámara Federal porteña redujo a la mitad los procesamientos contra Cristina por no encontrarla directamente relacionada. A ella sólo le quedaron la imputación en la “causa madre”, en el tramo que investigó la cartelización de la obra pública y en el que se centró en los subsidios al servicio de trenes. Misma suerte corrieron los pedidos de prisión preventiva: todos fueron revocados.
