Radiografía del ajuste que se viene

Un funcionario de contacto diario con el Presidente decía a media tarde, después de que la cotización del dólar perforara el piso de los $28: “Todavía no podemos cantar victoria”. O en palabreñas de uno de los ministros de María Eugenia Vidal: “Parece que la economía salió de terapia intensiva pero está en terapia intermedia y falta para que le den el alta”.

El circunstancial alivio está circunscripto al dólar, porque en lo que refiere a la economía real son conscientes de que lo peor todavía no pasó.

Reconocen que por el efecto combinado de la devaluación, la aceleración inflacionaria, la caída del salario real y las tasas de interés exorbitantes, la recesión que comenzó en el trimestre pasado se extenderá por lo menos hasta la primavera. “Me conformo con que hacia fin de año veamos los primeros síntomas de recuperación”, dijo una de las fuentes.

Algo parecido había respondido el miércoles el vice del Banco Central, Gustavo Cañonero, cuando le preguntaron cuándo cambiaría la tendencia: “Quizás para fin de año”.

Y a todo eso hay que sumar el impacto del ajuste fiscal en curso y del ajuste adicional comprometido con el Fondo Monetario Internacional, que plantea bajar el déficit primario (es decir sin contabilizar el pago de intereses de la deuda) al equivalente al 1,3% del Producto Bruto Interno, desde el 2,7% en que cerraría este año.

¿Qué recorte implica ese ajuste?

En Economía explican que cada punto porcentual del PBI son, a valores de este año, $135.000 millones anuales, con lo cual, en principio, pasar de un déficit de 2,7% a 1,3% del PBI significa un ajuste de $189.000 millones de pesos. Para dimensionar esa cifra, es el doble de lo que este año el Estado Nacional va a destinar a Salud o cerca del cuádruple de la partida para Prevención y Asistencia Social.

Más aún, Nicolás Dujovne dijo en la reunión que mantuvo anteayer con ministros de Economía de provincias oficialistas que el ajuste requerido es aún mayor. Entre otras cuestiones, porque si en el 2019 hay desaceleración de precios, las jubilaciones y las asignaciones familiares le ganarían a la inflación ya que en parte se indexarían en función de lo que sucedió este año (Las erogaciones en Seguridad Social se llevan casi la mitad del presupuesto).

A eso hay que agregar que por el fallo de la Corte Suprema de 2015 que ordenó restituirle a las provincias el 15% de la Coparticipación (que se había desviado a la Anses para compensar la pérdida de los aportes a las AFJP), en 2019 el conjunto de las provincias recibirán un extra de $150.000 millones, o casi 1 punto del PBI.

A lo que, además, se suma que debido a la reforma tributaria bajará la presión en Bienes Personales y en Débitos y Créditos bancarios.

Aunque por otro lado, si bien el compromiso con el Fondo es llegar a un déficit de 1,3% del PBI, el Gobierno tiene margen para vender activos del Fondo de Garantía de la Anses por el equivalente a 0,4% del PBI.

Se viene un 2019 más exigente en materia fiscal

Números más, números menos, cumplir las condiciones del stand by va a requerir un fortísimo apretón de cinturones. Que si bien en términos de reducción del déficit no va a ser muy distinto a los ajustes de 2017 y 2018, el del año que viene será más difícil de lograr y más duro desde el punto de vista social, económico y político.

Por dos razones: una es que, en el mejor de los casos, el país estará saliendo de una recesión; la otra porque, como ayer se dijo en pasillos de gobierno, “a un gordo le resulta más fácil bajar de 100 a 90 kilos, que de 90 a 80 o de 80 a 70 kilos”.

En las reuniones exploratorias que Nicolás Dujovne, Rogelio Frigerio y Cía. vienen teniendo con gobernadores y dirigentes de Cambiemos y con algunos de la oposición, plantearon que hay cuatro vías de ajuste. A grandes rasgos, un tercio se lograría bajando subsidios, otro tercio reduciendo las transferencias a las provincias, y el tercio restante dividido entre recorte en la obra pública y el ahorro que obtendrían por la caída del salario real de los empleados públicos.

En borrador, los subsidios bajarían de 1,9% a 1,4% el PBI. A diferencia de los años anteriores, no están proyectando para electricidad y gas incrementos de tarifas muy por encima de la inflación. La expectativa principal es que el fuerte salto en la producción de gas (aumentaría entre un 25 y un 30 por ciento) disminuya la necesidad de importar gas licuado, abarate el costo de la materia prima y reduzca las compensaciones por parte del fisco.

Un capítulo aparte es el de los subsidios al transporte, que representan unos $100.000 millones. El reclamo de algunos gobernadores peronistas para que la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires se hagan cargo de afrontar parte del dinero que paga el Estado Nacional para mantener el precio del servicio por debajo de su costo, pateó avisperos inesperados.

Restricciones de la Provincia de Buenos Aires

En primer lugar, la Casa Rosada se chocó con cierta resistencia por parte de María Eugenia Vidal, que si bien dijo estar predispuesta a aportar al ajuste argumentó que a pesar de la recomposición que logró en el Fondo del Conurbano, la provincia sigue estando perjudicada en el reparto federal de fondos.

Desde La Plata o desde la sucursal del gobierno bonaerense en Capital Federal se quejan de que “Buenos Aires genera el 37% de los recursos nacionales, tiene el 39% de la población, el 40% del total de pobres que hay en el país y el 48% del total de jóvenes pobres, pero recibe por todo concepto el 27% de lo que se distribuye”, y preguntan con intención “¿por qué un bonaerense vale $13.000 en la coparticipación y un no bonaerense 37.000 pesos?”.

Reconocen que el grueso de los subsidios al transporte va a parar a los bolsillos de bonaerenses y porteños; pero añaden: “Si el resto de las provincias quiere discutir de equidad en el reparto, discutamos todo, no solo ese renglón del Presupuesto”.

De hecho, una de las alternativas en estudio en Casa Rosada es que no solo Buenos Aires y CABA asuman parte de los subsidios, sino también varias provincias: del total de $100.000 millones que paga el Ministerio de Transporte hay $25.000 que corresponden a ciudades del llamado interior del país.

En cuanto a la obra pública, la idea es que las provincias mantengan el nivel de gasto y que la Nación lo reduzca del 1,8 al 1,3% del PBI, lo que sería compensado en términos de nivel de actividad por los proyectos del programa de Participación Público-Privada (PPP).

Al respecto, después de una prórroga solicitada por los consorcios ganadores, el próximo viernes deben firmarse los contratos para los seis corredores viales que conformaron la primera tanda de licitaciones del programa PPP.

La razón de fondo es que la condicionalidad fiscal acordada con el Fondo no le deja margen al Gobierno para repagar la obra.

Otra clara consecuencia del ajuste.