Quiénes son la jueza y la fiscal que liberaron a un motochorro colombiano luego de pagar 700 pesos

El martes de la semana pasada, una joven de 18 años fue asaltada por un motochorro que le robó su teléfono celular cuando esperaba para cruzar el semáforo en avenida La Plata al 100, en Almagro. Efectivos de la Comisaría Vecinal 5A de la Policía de la Ciudad, que se encontraban recorriendo el barrio, fueron alertados por la víctima y otros testigos del robo e iniciaron una persecución que duró poco: a las pocas cuadras, el conductor de la moto hizo una mala maniobra y chocó contra un auto; al inspeccionarlo, los policías encontraron el celular robado entre su ropa.

El ladrón fue identificado como Jair Stevens Jurado Mora, de 24 años. Es de nacionalidad colombiana, llegó al país hace tres meses, aún no tramitó su residencia y cuenta con antecedentes penales: fue condenado en 2011 por “hurto calificado agravado”; en 2016 le abrieron una causa por violencia intrafamiliar; y en 2017 lo sentenciaron por tráfico de armas en su país.

Por orden de la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 54, a cargo de Dora Olivieri, fue trasladado a la alcaidía de la Comisaría Vecinal 5A e imputado por “tentativa de robo arrebato modalidad motochorro”. Al día siguiente, el Juzgado Nacional en lo Criminal en lo Correccional N° 62, a cargo de Patricia Susana Guichandut, inició la causa contra Jurado Mora por “robo en grado de tentativa” y le concedió una “probation” tras el pago de 700 pesos.

Jurado Mora recuperó su libertad 48 horas después. La Justicia le impuso cumplir como condición “abstenerse de consumir estupefacientes y/o abusar de bebidas alcohólicas“, regularizar su situación en Migraciones y aceptar ese pago de 700 pesos en concepto de “reparación del daño” a la víctima.

La jueza Patricia Susana Guichandut fue nominada para ocupar su cargo al frente del juzgado nacional en lo correccional Nº13 de la Capital Federal en 2005, por el entonces presidente Néstor Kirchner y su ministro de Justicia, el actual miembro de la Corte Suprema Horacio Rosatti.

Entre otras causas tuvo a su cargo el desalojo del asentamiento en el circuito KDT, y encabezó el tribunal unipersonal en el juicio contra Luis D’Elía por el delito de “lesiones en riña” contra el ruralista e integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú Alejandro Gahan, en marzo de 2008. El dirigente social fue condenado a cuatro días de prisión, pero en esa oportunidad no fue a la cárcel.

También estuvo al frente de la investigación del crimen de un automovilista en un peaje de la autopista Illia a manos de un cabo de la prefectura.

La fiscal Dora Nancy Olivieri, en tanto, fue designada en abril de 2018 por el entonces procurador Eduardo Casal al frente de la Fiscalía Nacional N°54 en lo Criminal y Correccional. Entre otros casos, llevó la investigación a raíz de la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin.