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Economia

Qué dice la ley de 1974 que el Presidente aplicará a quienes acopien materiales de construcción

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Alberto Fernández dijo que será inflexible. La norma autoriza al Ejecutivo a realizar inspecciones, suspender comercios e incautar productos

El presidente Alberto Fernández anunció ayer en un acto por el Día de la Construcción que aplicará la ley de abastecimiento a quienes especulan con una suba de precios y retienen materiales.

Siempre consideré despreciable la conducta del especulador, pero especular en pandemia es mucho más que despreciable y no voy a permitir que eso ocurra. El ministro Kulfas tiene instrucciones para caer con todo el peso de la ley allí donde veamos que alguien está acaparando recursos para la construcción y está frenando la salida de la Argentina solo para buscar un mejor precio o un mejor resultado el día de mañana. No lo vamos a permitir. Es un acto de miserabilidad profundo hacer esto en medio de una pandemia”, aseguró.

El mandatario no dio nombres ni señaló a ningún sector concreto por esta actitud. Dijo que detectaron que hay “alguien” que tiene la “nefasta actitud” de comprar la producción de materiales de construcción y retenerla, lo que genera dificultades no sólo en la cadena de comercialización, sino también en la obra pública, uno de los motores de la economía.

Efectivamente, en las últimas semanas hubo desabastecimiento en diferentes ramas de la producción en medio de la escalada del dólar libre. La ley citada por Fernández fue sancionada en 1974 y modificada en 2014 por el kirchnerismo: faculta al Estado a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. Además, le permite aplicar sanciones, suspender comercios y realizar allanamientos y procedimientos en establecimientos industriales sin orden judicial.

Los artículos 4 y 5 establecen las sanciones para quienes “acapararen materias primas o productos”.

La norma prevé multas económicas de hasta 10 millones de pesos; clausura del establecimiento por 90 días; inhabilitación para el acceso al mercado de créditos; inhabilitación especial de 5 años para ejercer el comercio y la función pública; suspensión de 5 años en los registros de proveedores del Estado; pérdida de concesiones y privilegios en regímenes impositivos; comiso de la mercadería.

A su vez, el artículo 12 faculta al Estado a ingresar e inspeccionar establecimientos, secuestrar libros contables, intervenir el transporte de los materiales, realizar clausuras preventivas, inmovilizar mercadería y citar a presuntos infractores a prestar declaración.

Ya en 2019, el gobierno de Mauricio Macri anunció que iba a aplicar la Ley de Abastecimiento, en aquella instancia, para impedir el aumento de precios de los combustibles.

Perón había aplicado medidas similares

A continuación el texto completo:

Normas que regirán con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios.

Ley Nº 20.680

Sancionada: 20 de junio de 1974

Promulgada: 24 de junio de 1974

ARTICULO 1º — La presente ley regirá con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios —sus materias primas directas o indirectas y sus insumos— lo mismo que a las prestaciones —cualquiera fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere originado, de carácter gratuito u oneroso, habitual u ocasional— que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga —directamente o indirectamente— necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población.

El ámbito de aplicación de esta ley comprende todos los procesos económicos relativos a dichos bienes, prestaciones y servicios y toda otra etapa de la actividad económica vinculada directamente o indirectamente a los mismos.

Quedan exceptuados del régimen establecido en la presente ley, los agentes económicos considerados micro, pequeñas o medianas empresas (MIPyMEs), de conformidad con lo previsto en la ley 25.300, siempre que no detenten posición dominante en los términos de los artículos 4° y 5° de la ley 25.156.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)ARTICULO 2º — En relación a todo lo comprendido en el artículo 1°, en caso de configurarse alguno de los supuestos previstos en los incisos a), b), c), d), e), f) y g) del artículo 4°, la autoridad de aplicación podrá:

a) Establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas;

b) Dictar normas reglamentarias que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción, a excepción de las cuestiones relativas a infracciones a los deberes formales previstos en la ley 11.683, t. o. 1998, y sus modificaciones;

c) Disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad de aplicación. A los efectos de la fijación de dichos niveles o cuotas mínimas, la autoridad de aplicación tendrá en cuenta, respecto de los obligados, los siguientes datos y elementos:

I) Volumen habitual de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios.

II) Capacidad productiva, situación económica del sujeto obligado y ecuación económica del proceso o actividad.

La autoridad de aplicación en la disposición de la presente medida, deberá contemplar que la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados productos, resulte económicamente viable, en su defecto, establecerá una justa y oportuna compensación;

d) Acordar subsidios, cuando ello sea necesario para asegurar el abastecimiento y/o la prestación de servicios;

e) Requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico; dicha información tendrá carácter reservado y confidencial, y será de uso exclusivo en el marco de las competencias asignadas a la autoridad de aplicación.

Asimismo, podrá requerir información sobre los precios de venta de los bienes o servicios producidos y prestados, como así también su disponibilidad de venta;

f) Exigir la presentación o exhibición de todo tipo de libros, documentos, correspondencia, papeles de comercio y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios; realizar pericias técnicas;

g) Proceder, de ser necesario, al secuestro de todos los elementos aludidos en los incisos f) y h), por un plazo máximo de treinta (30) días hábiles;

h) Crear los registros y obligar a llevar los libros especiales que se establecieren;

i) Establecer regímenes de licencias comerciales.

Los que resulten obligados por la aplicación de la presente norma y que estimen que a consecuencia de ello sufrirán grave e irreparable perjuicio económico, podrán solicitar la revisión parcial o total de las medidas que los afectan. Sin embargo, ello no los excusará de dar estricto cumplimiento a las obligaciones impuestas, en tanto no se adopte resolución en relación a su petición, la cual deberá dictarse dentro de los quince (15) días hábiles del reclamo. En caso contario quedará sin efecto la medida.(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 3º — Los Gobernadores de Provincia y/o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por sí o por intermedio de los organismos y/o funcionarios que determinen, podrán fijar —dentro de sus respectivas jurisdicciones— precios máximos y las pertinentes medidas complementarias, mientras el Poder Ejecutivo o el organismo nacional de aplicación no los establecieren, dando cuenta de inmediato a este último. Dichos precios subsistirán en tanto el Poder Ejecutivo no haga uso de las facultades que a ese objeto le acuerda esta ley. También podrán disponer las medidas autorizadas en los incisos e), f), g) y h) del artículo 2°.

Asimismo las mencionadas autoridades, y únicamente en cuanto se refiere al abastecimiento dentro de sus respectivas jurisdicciones, podrán modificar los precios fijados por la autoridad nacional de aplicación, en tanto la localización de la fuente de producción, la menor incidencia de los fletes o cualquier otra circunstancia o factor permitan una reducción de los mismos. En caso de que a la inversa, dichos factores determinaran la necesidad de incrementar aquéllos, deberá requerirse previa autorización al organismo nacional de aplicación; quien deberá expedirse en el término de quince (15) días hábiles; en caso contrario quedará aprobado el precio propuesto por la autoridad local.

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 4º — Serán pasibles de las sanciones que se establecen en el artículo 5° y, en su caso, en el artículo 6°, quienes:

a) Elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieren ganancias abusivas;

b) Revaluaren existencias, salvo autorización expresa de la autoridad de aplicación;

c) Acapararen materias primas o productos, o formaren existencias superiores a las necesarias, sean actos de naturaleza monopólica o no, para responder a los planes habituales de producción o demanda;

d) Intermediaren o permitieren intermediar innecesariamente o crearen artificialmente etapas en la distribución y comercialización;

e) Destruyeren mercaderías o bienes; o impidieren la prestación de servicios o realizaren cualquier otro acto, sea de naturaleza monopólica o no, que tienda a hacer escasear su producción, venta o transporte;

f) Negaren o restringieren injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios, o redujeren sin causa la producción habitual o no la incrementaren, habiendo sido intimados por la autoridad de aplicación a tal efecto con cinco (5) días hábiles de anticipación, en caso de tener capacidad productiva, para responder a la demanda;

g) Desviaren o discontinuaren el abastecimiento normal y habitual de una zona a otra sin causa justificada;

h) No tuvieren para su venta o discontinuaren, según el ramo comercial respectivo, la producción de mercaderías y prestación de servicios con niveles de precios máximos y mínimos, o márgenes de utilidad fijados, salvo los eximentes justificados que se establezcan por vía reglamentaria, teniendo en cuenta ramo, habitualidad, modalidad, situación de mercado y demás circunstancias propias de cada caso;

i) No entregaren factura o comprobante de venta, la información o documentación previstas en el artículo 2°, incisos e) y f) de la presente, o ejercieran su actividad fuera de los registros y licencias previstos en el artículo 2°, incisos h) e i) de esta ley, en caso de corresponder, todo ello en la forma y condiciones que establezcan las disposiciones reglamentarias;

j) Vulneraren cualesquiera de las disposiciones que se adoptaren en ejercicio de las atribuciones que se confieren por los artículos 2° y 3º de esta ley.

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 5º — Quienes incurrieren en los actos u omisiones previstos en el artículo 4°, serán pasibles de las siguientes sanciones:

a) Multa de pesos quinientos ($500) a pesos diez millones ($ 10.000.000). Este último límite podrá aumentarse hasta alcanzar el triple de la ganancia obtenida en infracción;

b) Clausura del establecimiento por un plazo de hasta noventa (90) días. Durante la clausura, y por otro período igual, no podrá transferirse el fondo de comercio ni los bienes afectados;

c) Inhabilitación de hasta dos (2) años para el uso o renovación de créditos que otorguen las entidades públicas sujetas a la ley 21.526 de Entidades Financieras, y sus modificatorias;

d) Comiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción;

e) Inhabilitación especial de hasta cinco (5) años para ejercer el comercio y la función pública;

f) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores del Estado;

g) Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.

Las sanciones previstas en este artículo podrán imponerse en forma independiente o conjunta, según las circunstancias del caso.(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 6º — En caso de reincidencia los límites máximos de los montos del inciso a) del artículo 5° y los términos de sus incisos b), c), e) y f) podrán elevarse hasta el doble de la sanción originaria.

(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 7º — Para la fijación de las sanciones de toda índole, pecuniarias o personales, se tomará en cuenta, en cada caso:

a) La dimensión económica de la empresa, negocio o explotación, atendiendo en especial al capital en giro;

b) La posición en el mercado del infractor;

c) El efecto e importancia socio-económica de la infracción;

d) El lucro generado con la conducta sancionada y su duración temporal;

e) El perjuicio provocado al mercado o a los consumidores.

(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 8º — Cuando las infracciones que se sancionan en esta ley hubieren sido cometidas en beneficio de una persona jurídica, asociación o sociedad, se le dará carácter de parte, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los autores. En los casos de condena a una persona jurídica, asociación o sociedad se podrá imponer como sanción complementaria la pérdida de la personería y la caducidad de las prerrogativas que se le hubiesen acordado. Los directores, administradores, gerentes y miembros de tales entidades que hubieren participado en la comisión de los hechos sancionados obrando con dolo o culpa grave, serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 5° inciso a), disminuyéndose a la cuarta parte los límites mínimos y máximos a imponer.

(Artículo sustituido por art. 7° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 9º — Todos aquellos que obstruyeren o dificultaren la acción de los encargados de aplicar las disposiciones emergentes de esta ley o vigilar y controlar la observancia de la misma o de las disposiciones que en su consecuencia se dicten, o no cumplieren los requerimientos de los organismos de aplicación, serán pasibles de una multa de hasta pesos un millón ($ 1.000.000).

(Artículo sustituido por art. 8° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 10.— La verificación de las infracciones a la presente ley y a las normas que se dicten en su consecuencia, y la sustanciación de las actuaciones que por ellas se originen, se ajustarán al procedimiento que seguidamente se establece y demás formalidades que las autoridades de aplicación determinen:

a) Se labrará un acta de comprobación con indicación por el funcionario actuante, especialmente afectado por el organismo de aplicación, del nombre y domicilio de los testigos, si los hubiere, y en el mismo acto se notificará al presunto infractor, o a su factor o empleado, que dentro de los diez (10) días hábiles podrá presentar por escrito su defensa y ofrecer las pruebas, si las hubiere, debiéndose, asimismo, indicar la autoridad ante la cual deberá efectuar su presentación y entregar copia de lo actuado. En dicha acta se explicitará la conducta imputada y las circunstancias relevantes del tipo correspondiente a la infracción; cualesquiera de los nombrados podrá dejar asentadas las constancias que estime oportunas y que se refieran al hecho o hechos motivo de la misma y a los testigos presentes;

b) Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes.

c) La prueba deberá producirse dentro del término de diez (10) días hábiles prorrogables cuando haya causa justificada, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo, por causa imputable al infractor;

d) Concluidas las diligencias sumariales, dentro del término de cinco (5) días hábiles, se dictará la resolución definitiva, la que deberá contar con dictamen jurídico previo.

(Artículo sustituido por art. 9° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 11. — Las constancias del acta labrada en forma que no sean enervadas por otras pruebas, constituirán prueba suficiente de responsabilidad del infractor. En el caso de que éste se negare a firmarla, se dejará constancia de ello y se considerará formalmente válida con la sola firma del funcionario actuante y servirá como principio de prueba.

ARTICULO 12. — Para el cumplimiento de su cometido, los funcionarios actuantes podrán:

a) Requerir el auxilio de la fuerza pública;

b) Ingresar e inspeccionar en horas hábiles y días de funcionamiento, los locales industriales, comerciales y establecimientos, y solicitar a los jueces competentes órdenes de allanamiento cuando deba practicarse este procedimiento en días y horas inhábiles o en la morada o habitación del presunto infractor;

c) Secuestrar libros y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios por un plazo máximo de hasta treinta (30) días hábiles;

d) Intervenir la mercadería en infracción, aun cuando estuviera en tránsito, nombrando depositario;

e) Clausurar preventivamente hasta por tres (3) días los locales en los que se hubiere constatado la infracción, cuando ello fuere indispensable para el mejor curso de la investigación o si existiere riesgo inminente de que se continúe cometiendo la infracción. La autoridad de aplicación podrá solicitar judicialmente la extensión de este plazo, hasta un máximo de treinta (30) días;

f) Intervenir y declarar inmovilizadas las mercaderías que hubieren sido objeto de una maniobra tendiente a reducir la oferta;

g) Citar a los presuntos infractores para que concurran a prestar o ampliar declaración en fecha que fijará, la que deberá ser posterior a los dos (2) días siguientes al acto. Igualmente podrá citarse a las personas perjudicadas por una infracción o a los testigos presenciales de la misma, incluyendo a quienes se negaren a suscribir como tales el acta correspondiente.

(Artículo sustituido por art. 10 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 13. — En todos los casos de clausura, sea preventiva o temporaria, los infractores podrán retirar de inmediato los bienes perecederos, siempre que no constituyan elementos de pruebas indispensables. Mientras dure la clausura preventiva o temporaria, los prevenidos o sancionados deberán pagar íntegramente las remuneraciones correspondientes al personal en relación de dependencia.

(Artículo sustituido por art. 10 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 14. — Las mercaderías que se intervinieren en virtud de lo que establece el artículo 12, incisos d) y f), podrán ser vendidas, locadas o consignadas cuando fueren perecederas y/o cuando el abastecimiento de ellas sea insuficiente, para lo cual no será necesario depósito previo ni juicio de expropiación. En caso de recaer resolución que exima de responsabilidad a su propietario, se fijará el monto de la indemnización que eventualmente le correspondiere, siguiéndose para ello las pautas establecidas en materia de expropiaciones en lo que resultara pertinente.

(Artículo sustituido por art. 11 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 15. — El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente ley en el ámbito nacional, con facultades para dictar las normas complementarias que fueren menester para su cumplimiento.

Las infracciones a la presente ley afectan los derechos e intereses económicos de los ciudadanos y la Nación. Las que se cometieren en territorios de jurisdicción nacional o cuando afectaren o pudieren afectar el comercio interjurisdiccional, serán controladas y juzgadas en sede administrativa por la autoridad de aplicación, a excepción de las sanciones de clausura e inhabilitación especial para ejercer el comercio o la función pública que serán impuestas, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Juez Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, y en las demás jurisdicciones, a petición de la autoridad de aplicación, por el juez federal correspondiente.

A los efectos de esta norma se entenderá por comercio interjurisdiccional el que se realiza con las naciones extranjeras, el que efectúan las provincias entre sí o con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que practica una provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un establecimiento de utilidad nacional, y el que realiza este último con las primeras.

(Artículo sustituido por art. 12 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 16. — La resolución administrativa que imponga sanciones podrá ser impugnada solamente por vía de recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o ante las cámaras federales de apelaciones competentes, según el asiento de la autoridad que dispuso la sanción.

El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso la sanción, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la resolución; la autoridad de aplicación deberá elevar el recurso con su contestación a la Cámara en un plazo de diez (10) días, acompañado del expediente en el que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido.

(Artículo sustituido por art. 13 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 17. — En todos los casos, para interponer el recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa, deberá depositarse el monto de la multa impuesta a la orden de la autoridad que lo dispuso, y presentar el comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito será desestimado, salvo que el cumplimiento del mismo pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente.

(Artículo sustituido por art. 14 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 18. — Las infracciones cometidas en las provincias y que afecten exclusivamente al comercio de sus respectivas jurisdicciones serán juzgadas en sede administrativa por los organismos que determine cada una de ellas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3º.

ARTICULO 19. — La resolución que imponga pena de multa podrá disponer que la misma se convertirá en la de clausura, en caso de no ser aquélla abonada en el plazo establecido en dicha resolución. — El término de la clausura se fijará en el equivalente entre PESOS QUINIENTOS ($ 500.-) y en PESOS UN MILLON ($ 1.000.000) por cada día de clausura, pero no podrá exceder de noventa (90) días. (Montos sustituidos por art. 3º del Decreto Nº 496/2002 B.O. 13/03/2001)

ARTICULO 20. — La falta de pago de las multas hará exigible su cobro por el procedimiento de ejecución fiscal, constituyendo título suficiente de ejecución el testimonio de la resolución condenatoria firme expedida por el organismo de juzgamiento.

ARTICULO 21. — Los bienes decomisados serán vendidos o locados por la autoridad de aplicación en un plazo máximo de treinta (30) días corridos desde su decomiso, atendiendo a la naturaleza y características de aquellos. En el caso de que los bienes decomisados sean perecederos, el plazo se reducirá a cinco (5) días corridos; el producto de la venta o locación ingresará a rentas generales de la Nación.

(Artículo sustituido por art. 15 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 22. — Las infracciones a esta ley y sus normas complementarias prescribirán a los tres (3) años. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales.

(Artículo sustituido por art. 16 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 23. — El importe de las multas y/o producido de los decomisos ingresará al Fisco Nacional o Provincial, según el Organo que hubiera dictado la resolución condenatoria.

Los gobiernos locales dispondrán el destinos de los fondos que se perciban en sus respectivas jurisdicciones.

(Artículo sustituido por art. 40 de la Ley Nº 23.110 B.O. 09/11/1984. Vigencia: a partir de la finalización del ejercicio presupuestario 1984.)

ARTICULO 24. — Los funcionarios y empleados que de cualquier forma participen en la aplicación de esta Ley estarán obligados a mantener el secreto sobre todos los datos de actuaciones que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones. La infracción de esta norma será considerada falta grave a los efectos administrativos, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondieren.

ARTICULO 25. — (Artículo derogado por art. 19 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 26. — (Artículo derogado por art. 19 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 27. — Frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios que satisfagan necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población, la autoridad de aplicación podrá disponer mediante resolución fundada su venta, producción, distribución o prestación en todo el territorio de la Nación, cualquiera sea su propietario, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de imponer las sanciones previstas en el artículo 5°. Dicha medida durará el tiempo que insuma la rehabilitación de la situación de desabastecimiento o escasez y será proporcional en su alcance a la gravedad de los hechos que la motivan.

(Artículo sustituido por art. 17 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 28. — Para resolver cuestiones no previstas expresamente en la presente ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 y su reglamentación.

(Artículo sustituido por art. 18 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 29. — La presente Ley es de orden público; regirá desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y deroga el Decreto Ley 19.508/72,modificado por el 20.125/73. Las infracciones consumadas durante la vigencia de estos últimos serán penadas según sus disposiciones, aunque se hubieren comprobado con posterioridad.

ARTICULO 30. — Comuníquese el Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veinte días del mes de junio del año mil novecientos setenta y cuatro.

—Registrada bajo el Nº 20.680—

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Economia

Vence el congelamiento de los créditos UVA: ¿qué pasará con las cuotas a partir de febrero?

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El incremento para el mes próximo será de 6,8% a 9% de acuerdo al momento en que se congelaron las cuotas

Luego de más de un año, el próximo 31 de enero se vence el congelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA. A partir de febrero, según lo previsto en el decreto, los deudores deberán enfrentar la actualización de las cuotas, que dependerá del tipo de congelamiento que obtuvieron. Según el monto recibido, hay casos –créditos para vivienda única menores a 120.000 UVA– donde el congelamiento arrancó en agosto de 2019 y otros en marzo de 2020.

Aunque el Gobierno trabaja en una posible extensión de entre uno y dos meses para el congelamiento de los alquileres, no hay definiciones sobre si se tomará una medida similar para los créditos hipotecarios. La extensión de ambas medidas se tratará este jueves en la reunión del Gabinete económico.

En caso de que no haya un nuevo congelamiento, en febrero habrá una actualización de las cuotas. Según estimaciones del sector financiero, en el caso de los créditos más bajos, el incremento en la cuota a partir del mes próximo sería del 9%

Los grupos que representan a los deudores mantuvieron reuniones el mes pasado con las nuevas autoridades del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat pero no obtuvieron precisiones sobre un nuevo congelamiento y, por lo tanto, estiman que a fines de enero finalizará el congelamiento. “No sabemos qué pasará con el tema de la suspensión de las ejecuciones y hasta marzo está vigente la posibilidad de no pagar y diferir al final del crédito”, señaló Marcelo Mercere, abogado e integrante de la agrupación.

En el caso de que no haya un nuevo congelamiento, en febrero habrá una actualización de las cuotas. Según estimaciones del sector financiero, en el caso de los créditos más bajos, el incremento en la cuota a partir del mes próximo sería del 9%, de acuerdo a las expectativas de inflación relevadas por el Banco Central entre las principales consultoras económicas.

Se prevé un “esquema de convergencia” para las cuotas que se descongelen que se aplicará hasta julio de 2022 (Adrián Escandar)Se prevé un “esquema de convergencia” para las cuotas que se descongelen que se aplicará hasta julio de 2022 (Adrián Escandar)

En el caso de los deudores, hay dos grupos: por un lado los que obtuvieron créditos para vivienda única hasta 120.000 UVA, que percibieron congelamiento de la cuota desde agosto de 2019 y hasta enero de 2020 y luego entre marzo de 2020 y enero de 2021, que representan aproximadamente el 80% de las financiaciones hipotecarias UVA. Y por otro lado, los deudores de créditos hipotecarios para vivienda única de más de 120.000 UVA y prendarios, que solo se beneficiaron del segundo congelamiento. En este caso, el aumento rondaría el 6,8%, según los datos del mercado.

El decreto de congelamiento prevé un “esquema de convergencia” para las cuotas que se descongelen que se aplicará entre el 1° de febrero de 2021 y el 31 de julio de 2022 tanto para los créditos hipotecarios de vivienda única como para créditos prendarios UVA. Este esquema de bonificación distribuye el alza total que debía imputarse a partir del mes de febrero.

Los deudores piden que se congele el valor de la UVA hasta que se establezca un nuevo mecanismo de actualización de las cuotas

Desde Hipotecados UVA advierten sobre la situación que deberán enfrentar en los próximos meses, con una inflación proyectada para 2021 de 50% y un pago de cuotas actualizadas a un valor UVA que ya supera los $65. ️En agosto de 2019, en el primer congelamiento, el valor era de $40,16. “Considerando una inflación piso del 3% mensual, muy conservadora, la cuota en 2021 se incrementaría un 65% aproximadamente. Y a lo largo de 18 meses, el plazo que dura la convergencia, un 160%. Imposible de afrontar considerando lo deprimidos que están los ingresos”, advirtió Mercere.

”Los créditos UVA no son un mero acuerdo entre particulares. Se aprobaron en el Congreso, los promovió el Ejecutivo y los otorgaron bancos estatales en su mayoría. Somos el resultado de una decisión política. Necesitamos que retome el Estado una mirada que proteja el derecho a la vivienda sobre los intereses financieros”, aseguran.

La mora para créditos hipotecarios es de 0,8%, según datos del BCRA (Adrián Escandar)La mora para créditos hipotecarios es de 0,8%, según datos del BCRA (Adrián Escandar)

El grupo de Hipotecados UVA estiman que hay más de 100.000 familias que obtuvieron estos créditos y serán afectadas por el descongelamiento. Su pedido es que se congele el valor de la UVA hasta que se establezca un nuevo mecanismo de actualización de las cuotas. En el último registro publicado por el Banco Central, en agosto de 2020, la mora para créditos hipotecarios es de 0,8%. Durante la pandemia, se incrementó 0,2 puntos porcentuales interanual.

Por otro lado, hasta el 31 de marzo de 2021 se mantiene vigente la comunicación A7181 del BCRA que permite diferir hasta el final del crédito las cuotas impagas con el solo devengamiento de la tasa de interés compensatoria, al igual que el resto de las deudas bancarias en el marco de la pandemia.

“Los deudores podrán refinanciar las deudas por diferencia de cuota acumuladas en el segundo congelamiento y la convergencia a tasa 0% en UVA a pagar al final del crédito. Ello equivaldría a hasta 4,4 cuotas adicionales para deudores que recibieron los dos congelamientos y hasta 2,8 cuotas para los que se beneficiaron solo del segundo”, señalaron desde el sector financiero. Además, en el artículo 4 del Decreto 767/2020 se prevé un tratamiento especial hasta el 31 de julio de 2022 para todos aquellos deudores cuya cuota supere el 35% del ingreso.

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El Gobierno inició los contactos con el FMI y espera tener resuelto el acuerdo “en pocos meses”

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Los funcionarios y el staff técnico del organismo mantienen conversaciones informales, sin visitas oficiales a la vista. El embajador argentino en EEUU, Jorge Argüello, dijo que será clave el apoyo del Tesoro norteamericano

Mientras los funcionarios del Gobierno y el staff técnico del Fondo Monetario Internacional comenzaron los primeros contactos informales del año para alcanzar un nuevo acuerdo financiero, el embajador argentino ante los Estados Unidos Jorge Argüello afirmó que espera una resolución de las negociaciones “dentro de pocos meses”.

La hoja de ruta en las conversaciones con el FMI tuvieron un impasse en los últimos días de 2020 por las Fiestas, pero retomó la actividad durante los últimos días, según explicaron desde el Poder Ejecutivo y desde Washington. Aunque aún no se trabaja con una agenda de visitas presenciales en Estados Unidos o en Buenos Aires en el horizonte, fuentes al tanto de la negociación aseguraron a Infobae que ya se iniciaron los contactos informales. El vocero del Fondo Gerry Rice había hecho referencia a una reanudación del diálogo “en las próximas semanas”.

El embajador argentino ante los Estados Unidos, Jorge Argüello, afirmó que espera una resolución de las negociaciones ‘dentro de pocos meses’.

El Gobierno busca aplazar la devolución de USD 45.000 millones que el organismo desembolsó al Tesoro entre 2018 y 2019 por el programa financiero que firmó el Estado nacional y el FMI durante el mandato de Mauricio Macri. A priori, el nuevo calendario de repagos que se negocia incluye un plazo de hasta diez años y ciertos acuerdos estructurales sobre medidas de política económica.

El Palacio de Hacienda prefiere no hablar de “reformas” a cambio de una alivio de deuda con el Fondo Monetario, pero reconoce que están en la mesa de discusión distintas medidas que mejorarían las condiciones de repago que tiene el país, tales como una mejora en la capacidad exportadora que genere divisas. En ese sentido, Martín Guzmán espera poder diseñar objetivos económicos plurianuales, que incluirían metas de acumulación de reservas y un sendero de reducción del déficit fiscal, que habría terminado en 2020 cerca del 9% del Producto Bruto Interno. Uno de los interrogantes que surgió en los últimos días es si el Gobierno pedirá fondos adicionales.

El embajador argentino en Washington Jorge Argüello dijo que espera un acuerdo con el FMI "dentro de pocos meses" (Adrián Escandar)El embajador argentino en Washington Jorge Argüello dijo que espera un acuerdo con el FMI “dentro de pocos meses” (Adrián Escandar)

Las negociaciones tienen nombres propios, de ambos lados. Desde Buenos Aires, Guzmán y Chodos lideran la misión argentina, aunque hay otros funcionarios que también forman parte del equipo. Mariano Sardi, quien reemplazó a Diego Bastourre en la Secretaría de Finanzas, ya había participado en la visita que hizo el Ministerio a Washington en diciembre cuando era subsecretario de Servicios Financieros. Uno de los temas que se trató en esos encuentros fue la necesidad de desarrollar el mercado de capitales local, en un contexto en que el Gobierno necesitará un profuso fondeo a través deuda en pesos para financiar el déficit.

En Washington, la carpeta argentina tiene como jefe al economista venezolano Luis Cubeddu, quien ya había sido representante del organismo en Buenos Aires entre 2002 y 2004. De todas formas, por su relevancia al interior del organismo –Argentina concentra el 30% de los préstamos otorgados por el Fondo– las reuniones del FMI con los funcionarios nacionales estuvieron encabezadas por Julie Kozack, subdirectora del Departamento para el Hemisferio Occidental, que por su lugar en el organigrama es muy cercana a Kristalina Georgieva.

Aunque aún no se trabaja con una agenda de visitas presenciales en los Estados Unidos o en Buenos Aires en el horizonte, fuentes al tanto de la negociación aseguraron a Infobae que ya se iniciaron los contactos informales.

El Gobierno se puso una fecha tentativa para tener resuelto el acuerdo con el FMI. Ese plazo sería mayo, cuando tendría lugar el vencimiento de deuda más oneroso del año: los casi USD 2300 millones acumulados de pasivos con el Club de París.

En ese sentido, el embajador argentino ante Estados Unidos, Jorge Argüello, dijo que la embajada en Washington “trabaja con una agenda al día y con buen clima con Martín Guzmán y su equipo. Eso explica los avances que tuvimos en la materia”, afirmó el funcionario. “Ya estamos adentro de la negociación para tener un acuerdo lo antes posible”, dijo en una charla con periodistas organizada por la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera).

La Argentina concentra el 30% de los préstamos vigentes del Fondo Monetario Internacional. (Foto: REUTERS/Mike Theiler)La Argentina concentra el 30% de los préstamos vigentes del Fondo Monetario Internacional. (Foto: REUTERS/Mike Theiler)

Por otra parte, el representante argentino ante EEUU aseguró que “es importante el rol del Tesoro de los Estados Unidos por el peso que tiene en el directorio”, del Fondo Monetario. El presidente electo Joe Biden confirmó que la nueva secretaria del Tesoro norteamericano será Janet Yellen, expresidenta de la Reserva Federal. Aún no está confirmado si la nueva administración en la Casa Blanca buscará desplazar a Mark Rosen, quien fue nombrado por Donald Trump en 2018 en la principal silla del directorio del Fondo. Washington es el único miembro del FMI con poder de veto de las decisiones del organismo.

“No fue tan significativo el rol de los Estados Unidos en la negociación con los privados, pero cuando discutimos con el fondo, discutimos con el directorio. Y hacia dentro (los países miembro) tienen distintas alícuotas, una de las principales es Estados Unidos”, continuó Argüello. Por último, consideró que el acuerdo tendrá lugar “lo antes posible” ya que el Gobierno argentino necesita “sacudirse el tema de la deuda”. “Tengo una visión positiva. Vamos a tener acuerdo en pocos meses y va a marcar el fin de esta situación de extremo endeudamiento”, concluyó.

Aún no está confirmado si Joe Biden buscará desplazar a Mark Rosen, quien fue nombrado por Donald Trump en 2018 en la principal silla del directorio del Fondo.

Mientras tanto, en las próximas semanas el Tesoro argentino deberá continuar con los pagos ya previstos al FMI en el cronograma vigente. El primer pago de intereses considerable tendría lugar –si no mediara un acuerdo que lo modifique– por casi USD 1.900 millones a fines de septiembre y otro monto similar días antes de la Navidad. El calendario sigue con devoluciones del crédito por más de USD 35.000 millones entre 2022 y 2023. Ese ese el sendero de repagos que Martín Guzmán busca renegociar con el organismo.

El año pasado, en medio de la negociación con los bonistas, Guzmán decidió no abonar los USD 2100 millones adeudados y anunció que buscaría reestructurar esos pasivos. Como el 2019 era el último año previsto de pago en el acuerdo original con ese consorcio de países, el saldo restante pasó a actualizarse a una tasa de interés de 9% anual. Recortar esa tasa de interés y reprogramar los pagos formará parte de una tercera negociación –tras los bonistas y el FMI– que deberá encarar Guzmán para terminar de reestructurar toda la deuda en dólares del país.

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Economia

Cristina Kirchner avanza sobre YPF y decidió desplazar a Guillermo Nielsen

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El actual titular de la petrolera renunciará en las próximas horas y será reemplazado por el santacruceño Pablo González.

El ciclo de Guillermo Nielsen como presidente de YPF parece haber llegado a un final. El martes a la tarde se multiplicaban los rumores sobre una salida del economista de la máxima poltrona de la petrolera. El reemplazante será Pablo González, ex vicegobernador de Santa Cruz y diputado del Frente de Todos por ese distrito.

Nielsen estaría por presentar su renuncia en las próximas horas, según indicaban fuentes oficiales y del mercado petrolero. No respondió los múltiples llamados de Clarín. El lunes, cuando ya había rumores sobre su salida, contestó que “no había que prenderse en delirios”. YPF no confirmó oficialmente la renuncia.

La dimisión se puede presentar en cualquier momento, para que luego la confirme el directorio. En el caso que González vaya a ocupar ese sitial, también debe abandonar primero la banca legislativa, según fuentes oficiales.

Cuando anunció su gabinete, Clarín le preguntó a Alberto Fernández quiénes serían su secretario de Energía y presidente de YPF.  El mandatario contestó “Sergio Lanziani y Guillermo Nielsen”. El misionero fue uno de los primeros en irse del Gobierno, reemplazado por Darío Martinez, que gozaba de mejor consideración por parte de CFK. Ahora Nielsen también dejaría su lugar para un santacruceño, más cercano a Fernández de Kirchner.

En los últimos días, el titular de la petrolera tuvo fuertes encontronazos con el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, por diferencias en cómo encarar la reestructuración de deuda de YPF. ​ Pero no se trata de la primera desavenencia de Nielsen con alguien del Gobierno. Tampoco logró una buena comunicación con el management de YPF, encabezado por Sergio Affronti.

El diputado santacruceño Pablo González es señalado como el seguro reemplazante, según se comenta entre especialistas energéticos.

La Cámpora, que pisa fuerte en las segundas líneas de la petrolera, nunca vio con buenos ojos a Nielsen, y el actual titular de YPF carecería de apoyos dentro de la coalición de gobierno para sostenerse en el cargo. Su cercanía con Sergio Massa no tendría mayor incidencia. Nielsen sonó en los días previos al inicio de la presidencia de Alberto Fernández como ministro de Economía, luego como negociador de la deuda y finalmente terminó en YPF, a donde se le encargó un gran plan para atraer inversiones al sector, sobre todo para revivir Vaca Muerta. La pandemia trastocó los planes.

En YPF le pusieron un CEO –Sergio Affronti- designado a dedo por Cristina Kirchner y a sugerencia del ex titular de YPF, Miguel Galuccio. El 2020 fue todo cuesta abajo para la empresa. La acción cayó a mínimos históricos y la petrolera tuvo que poner en venta su torre corporativa en Puerto Madero, con la que sueña hacerse de 400 millones de dólares.

El rumor del desplazamiento de Nielsen viene circulando desde hace una semana y el sitio especializado Econojournal lo publicó el martes en su web. La vocera de YPF desmintió los rumores, ante la consulta de este diario.

El desentendimiento de Nielsen sería con los enviados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la compañía. El economista no es visto por buenos ojos en ese rincón. De ahí que no habría prosperado su pedido de ser asignado a una embajada.

Nielsen, que colaboró activamente en la campaña de Alberto Fernández, llegó a la máxima poltrona de YPF por decisión del presidente. Sin embargo, al poco tiempo de iniciada su gestión, planteó la necesidad de una recomposición de precios, algo que el propio presidente salió a rechazar de plano.  Cerca de Fernández de Kirchner lo fustigaron internamente por esa jugada. Entendieron que se “cortó solo” y no consultó sobre la decisión a seguir.

Luego, el titular de la petrolera adoptó un perfil bajo. Sin embargo, algunas de sus declaraciones molestaron a los alfiles de la vicepresidenta en la compañía. Nielsen se refirió a exceso de trabajadores (hizo una comparación en la cantidad de empleados de YPF en relación a la de otras petroleras), mientras que desestimó el “barril criollo”, un precio especial para el petróleo de producción local, que era defendido por los gobernadores petroleros y algunos empresarios.

 Affronti realizó cambios gerenciales, dejando de lado a varios ‘top managers’ de la gestión anterior, encabezada por Miguel Ángel Gutiérrez.

“Hubo problemas de personalidad, por los que Nielsen no se adaptó a la cultura corporativa de YPF”, describe un conocedor de la compañía.

YPF está reestructurando su deuda de US$ 6.300 millones, en la que viene enfrentando una reacción negativa por parte de los acreedores. La compañía está con niveles de inversión mínimos, después de anotar dos trimestres con números en rojo. Alejandro Lew es el CFO (director financiero) de la compañía y quien maneja la relación con los inversores. Es probable que, bajo su ala, recaiga la responsabilidad de continuar ese proceso.

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