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Economia

Qué dice la ley de 1974 que el Presidente aplicará a quienes acopien materiales de construcción

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Alberto Fernández dijo que será inflexible. La norma autoriza al Ejecutivo a realizar inspecciones, suspender comercios e incautar productos

El presidente Alberto Fernández anunció ayer en un acto por el Día de la Construcción que aplicará la ley de abastecimiento a quienes especulan con una suba de precios y retienen materiales.

Siempre consideré despreciable la conducta del especulador, pero especular en pandemia es mucho más que despreciable y no voy a permitir que eso ocurra. El ministro Kulfas tiene instrucciones para caer con todo el peso de la ley allí donde veamos que alguien está acaparando recursos para la construcción y está frenando la salida de la Argentina solo para buscar un mejor precio o un mejor resultado el día de mañana. No lo vamos a permitir. Es un acto de miserabilidad profundo hacer esto en medio de una pandemia”, aseguró.

El mandatario no dio nombres ni señaló a ningún sector concreto por esta actitud. Dijo que detectaron que hay “alguien” que tiene la “nefasta actitud” de comprar la producción de materiales de construcción y retenerla, lo que genera dificultades no sólo en la cadena de comercialización, sino también en la obra pública, uno de los motores de la economía.

Efectivamente, en las últimas semanas hubo desabastecimiento en diferentes ramas de la producción en medio de la escalada del dólar libre. La ley citada por Fernández fue sancionada en 1974 y modificada en 2014 por el kirchnerismo: faculta al Estado a intervenir en los mercados para fijar precios y márgenes de utilidad cuando lo considere necesario. Además, le permite aplicar sanciones, suspender comercios y realizar allanamientos y procedimientos en establecimientos industriales sin orden judicial.

Los artículos 4 y 5 establecen las sanciones para quienes “acapararen materias primas o productos”.

La norma prevé multas económicas de hasta 10 millones de pesos; clausura del establecimiento por 90 días; inhabilitación para el acceso al mercado de créditos; inhabilitación especial de 5 años para ejercer el comercio y la función pública; suspensión de 5 años en los registros de proveedores del Estado; pérdida de concesiones y privilegios en regímenes impositivos; comiso de la mercadería.

A su vez, el artículo 12 faculta al Estado a ingresar e inspeccionar establecimientos, secuestrar libros contables, intervenir el transporte de los materiales, realizar clausuras preventivas, inmovilizar mercadería y citar a presuntos infractores a prestar declaración.

Ya en 2019, el gobierno de Mauricio Macri anunció que iba a aplicar la Ley de Abastecimiento, en aquella instancia, para impedir el aumento de precios de los combustibles.

Perón había aplicado medidas similares

A continuación el texto completo:

Normas que regirán con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios.

Ley Nº 20.680

Sancionada: 20 de junio de 1974

Promulgada: 24 de junio de 1974

ARTICULO 1º — La presente ley regirá con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios —sus materias primas directas o indirectas y sus insumos— lo mismo que a las prestaciones —cualquiera fuere su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere originado, de carácter gratuito u oneroso, habitual u ocasional— que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga —directamente o indirectamente— necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población.

El ámbito de aplicación de esta ley comprende todos los procesos económicos relativos a dichos bienes, prestaciones y servicios y toda otra etapa de la actividad económica vinculada directamente o indirectamente a los mismos.

Quedan exceptuados del régimen establecido en la presente ley, los agentes económicos considerados micro, pequeñas o medianas empresas (MIPyMEs), de conformidad con lo previsto en la ley 25.300, siempre que no detenten posición dominante en los términos de los artículos 4° y 5° de la ley 25.156.

(Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)ARTICULO 2º — En relación a todo lo comprendido en el artículo 1°, en caso de configurarse alguno de los supuestos previstos en los incisos a), b), c), d), e), f) y g) del artículo 4°, la autoridad de aplicación podrá:

a) Establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas;

b) Dictar normas reglamentarias que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción, a excepción de las cuestiones relativas a infracciones a los deberes formales previstos en la ley 11.683, t. o. 1998, y sus modificaciones;

c) Disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas que estableciere la autoridad de aplicación. A los efectos de la fijación de dichos niveles o cuotas mínimas, la autoridad de aplicación tendrá en cuenta, respecto de los obligados, los siguientes datos y elementos:

I) Volumen habitual de producción, fabricación, ventas o prestación de servicios.

II) Capacidad productiva, situación económica del sujeto obligado y ecuación económica del proceso o actividad.

La autoridad de aplicación en la disposición de la presente medida, deberá contemplar que la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte, distribución o prestación de servicios, como también en la fabricación de determinados productos, resulte económicamente viable, en su defecto, establecerá una justa y oportuna compensación;

d) Acordar subsidios, cuando ello sea necesario para asegurar el abastecimiento y/o la prestación de servicios;

e) Requerir toda documentación relativa al giro comercial de la empresa o agente económico; dicha información tendrá carácter reservado y confidencial, y será de uso exclusivo en el marco de las competencias asignadas a la autoridad de aplicación.

Asimismo, podrá requerir información sobre los precios de venta de los bienes o servicios producidos y prestados, como así también su disponibilidad de venta;

f) Exigir la presentación o exhibición de todo tipo de libros, documentos, correspondencia, papeles de comercio y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios; realizar pericias técnicas;

g) Proceder, de ser necesario, al secuestro de todos los elementos aludidos en los incisos f) y h), por un plazo máximo de treinta (30) días hábiles;

h) Crear los registros y obligar a llevar los libros especiales que se establecieren;

i) Establecer regímenes de licencias comerciales.

Los que resulten obligados por la aplicación de la presente norma y que estimen que a consecuencia de ello sufrirán grave e irreparable perjuicio económico, podrán solicitar la revisión parcial o total de las medidas que los afectan. Sin embargo, ello no los excusará de dar estricto cumplimiento a las obligaciones impuestas, en tanto no se adopte resolución en relación a su petición, la cual deberá dictarse dentro de los quince (15) días hábiles del reclamo. En caso contario quedará sin efecto la medida.(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 3º — Los Gobernadores de Provincia y/o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por sí o por intermedio de los organismos y/o funcionarios que determinen, podrán fijar —dentro de sus respectivas jurisdicciones— precios máximos y las pertinentes medidas complementarias, mientras el Poder Ejecutivo o el organismo nacional de aplicación no los establecieren, dando cuenta de inmediato a este último. Dichos precios subsistirán en tanto el Poder Ejecutivo no haga uso de las facultades que a ese objeto le acuerda esta ley. También podrán disponer las medidas autorizadas en los incisos e), f), g) y h) del artículo 2°.

Asimismo las mencionadas autoridades, y únicamente en cuanto se refiere al abastecimiento dentro de sus respectivas jurisdicciones, podrán modificar los precios fijados por la autoridad nacional de aplicación, en tanto la localización de la fuente de producción, la menor incidencia de los fletes o cualquier otra circunstancia o factor permitan una reducción de los mismos. En caso de que a la inversa, dichos factores determinaran la necesidad de incrementar aquéllos, deberá requerirse previa autorización al organismo nacional de aplicación; quien deberá expedirse en el término de quince (15) días hábiles; en caso contrario quedará aprobado el precio propuesto por la autoridad local.

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 4º — Serán pasibles de las sanciones que se establecen en el artículo 5° y, en su caso, en el artículo 6°, quienes:

a) Elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieren ganancias abusivas;

b) Revaluaren existencias, salvo autorización expresa de la autoridad de aplicación;

c) Acapararen materias primas o productos, o formaren existencias superiores a las necesarias, sean actos de naturaleza monopólica o no, para responder a los planes habituales de producción o demanda;

d) Intermediaren o permitieren intermediar innecesariamente o crearen artificialmente etapas en la distribución y comercialización;

e) Destruyeren mercaderías o bienes; o impidieren la prestación de servicios o realizaren cualquier otro acto, sea de naturaleza monopólica o no, que tienda a hacer escasear su producción, venta o transporte;

f) Negaren o restringieren injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios, o redujeren sin causa la producción habitual o no la incrementaren, habiendo sido intimados por la autoridad de aplicación a tal efecto con cinco (5) días hábiles de anticipación, en caso de tener capacidad productiva, para responder a la demanda;

g) Desviaren o discontinuaren el abastecimiento normal y habitual de una zona a otra sin causa justificada;

h) No tuvieren para su venta o discontinuaren, según el ramo comercial respectivo, la producción de mercaderías y prestación de servicios con niveles de precios máximos y mínimos, o márgenes de utilidad fijados, salvo los eximentes justificados que se establezcan por vía reglamentaria, teniendo en cuenta ramo, habitualidad, modalidad, situación de mercado y demás circunstancias propias de cada caso;

i) No entregaren factura o comprobante de venta, la información o documentación previstas en el artículo 2°, incisos e) y f) de la presente, o ejercieran su actividad fuera de los registros y licencias previstos en el artículo 2°, incisos h) e i) de esta ley, en caso de corresponder, todo ello en la forma y condiciones que establezcan las disposiciones reglamentarias;

j) Vulneraren cualesquiera de las disposiciones que se adoptaren en ejercicio de las atribuciones que se confieren por los artículos 2° y 3º de esta ley.

(Artículo sustituido por art. 3° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 5º — Quienes incurrieren en los actos u omisiones previstos en el artículo 4°, serán pasibles de las siguientes sanciones:

a) Multa de pesos quinientos ($500) a pesos diez millones ($ 10.000.000). Este último límite podrá aumentarse hasta alcanzar el triple de la ganancia obtenida en infracción;

b) Clausura del establecimiento por un plazo de hasta noventa (90) días. Durante la clausura, y por otro período igual, no podrá transferirse el fondo de comercio ni los bienes afectados;

c) Inhabilitación de hasta dos (2) años para el uso o renovación de créditos que otorguen las entidades públicas sujetas a la ley 21.526 de Entidades Financieras, y sus modificatorias;

d) Comiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción;

e) Inhabilitación especial de hasta cinco (5) años para ejercer el comercio y la función pública;

f) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores del Estado;

g) Pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare.

Las sanciones previstas en este artículo podrán imponerse en forma independiente o conjunta, según las circunstancias del caso.(Artículo sustituido por art. 4° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 6º — En caso de reincidencia los límites máximos de los montos del inciso a) del artículo 5° y los términos de sus incisos b), c), e) y f) podrán elevarse hasta el doble de la sanción originaria.

(Artículo sustituido por art. 5° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 7º — Para la fijación de las sanciones de toda índole, pecuniarias o personales, se tomará en cuenta, en cada caso:

a) La dimensión económica de la empresa, negocio o explotación, atendiendo en especial al capital en giro;

b) La posición en el mercado del infractor;

c) El efecto e importancia socio-económica de la infracción;

d) El lucro generado con la conducta sancionada y su duración temporal;

e) El perjuicio provocado al mercado o a los consumidores.

(Artículo sustituido por art. 6° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 8º — Cuando las infracciones que se sancionan en esta ley hubieren sido cometidas en beneficio de una persona jurídica, asociación o sociedad, se le dará carácter de parte, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los autores. En los casos de condena a una persona jurídica, asociación o sociedad se podrá imponer como sanción complementaria la pérdida de la personería y la caducidad de las prerrogativas que se le hubiesen acordado. Los directores, administradores, gerentes y miembros de tales entidades que hubieren participado en la comisión de los hechos sancionados obrando con dolo o culpa grave, serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 5° inciso a), disminuyéndose a la cuarta parte los límites mínimos y máximos a imponer.

(Artículo sustituido por art. 7° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 9º — Todos aquellos que obstruyeren o dificultaren la acción de los encargados de aplicar las disposiciones emergentes de esta ley o vigilar y controlar la observancia de la misma o de las disposiciones que en su consecuencia se dicten, o no cumplieren los requerimientos de los organismos de aplicación, serán pasibles de una multa de hasta pesos un millón ($ 1.000.000).

(Artículo sustituido por art. 8° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 10.— La verificación de las infracciones a la presente ley y a las normas que se dicten en su consecuencia, y la sustanciación de las actuaciones que por ellas se originen, se ajustarán al procedimiento que seguidamente se establece y demás formalidades que las autoridades de aplicación determinen:

a) Se labrará un acta de comprobación con indicación por el funcionario actuante, especialmente afectado por el organismo de aplicación, del nombre y domicilio de los testigos, si los hubiere, y en el mismo acto se notificará al presunto infractor, o a su factor o empleado, que dentro de los diez (10) días hábiles podrá presentar por escrito su defensa y ofrecer las pruebas, si las hubiere, debiéndose, asimismo, indicar la autoridad ante la cual deberá efectuar su presentación y entregar copia de lo actuado. En dicha acta se explicitará la conducta imputada y las circunstancias relevantes del tipo correspondiente a la infracción; cualesquiera de los nombrados podrá dejar asentadas las constancias que estime oportunas y que se refieran al hecho o hechos motivo de la misma y a los testigos presentes;

b) Las pruebas se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes.

c) La prueba deberá producirse dentro del término de diez (10) días hábiles prorrogables cuando haya causa justificada, teniéndose por desistidas aquellas no producidas dentro de dicho plazo, por causa imputable al infractor;

d) Concluidas las diligencias sumariales, dentro del término de cinco (5) días hábiles, se dictará la resolución definitiva, la que deberá contar con dictamen jurídico previo.

(Artículo sustituido por art. 9° de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 11. — Las constancias del acta labrada en forma que no sean enervadas por otras pruebas, constituirán prueba suficiente de responsabilidad del infractor. En el caso de que éste se negare a firmarla, se dejará constancia de ello y se considerará formalmente válida con la sola firma del funcionario actuante y servirá como principio de prueba.

ARTICULO 12. — Para el cumplimiento de su cometido, los funcionarios actuantes podrán:

a) Requerir el auxilio de la fuerza pública;

b) Ingresar e inspeccionar en horas hábiles y días de funcionamiento, los locales industriales, comerciales y establecimientos, y solicitar a los jueces competentes órdenes de allanamiento cuando deba practicarse este procedimiento en días y horas inhábiles o en la morada o habitación del presunto infractor;

c) Secuestrar libros y todo otro elemento relativo a la administración de los negocios por un plazo máximo de hasta treinta (30) días hábiles;

d) Intervenir la mercadería en infracción, aun cuando estuviera en tránsito, nombrando depositario;

e) Clausurar preventivamente hasta por tres (3) días los locales en los que se hubiere constatado la infracción, cuando ello fuere indispensable para el mejor curso de la investigación o si existiere riesgo inminente de que se continúe cometiendo la infracción. La autoridad de aplicación podrá solicitar judicialmente la extensión de este plazo, hasta un máximo de treinta (30) días;

f) Intervenir y declarar inmovilizadas las mercaderías que hubieren sido objeto de una maniobra tendiente a reducir la oferta;

g) Citar a los presuntos infractores para que concurran a prestar o ampliar declaración en fecha que fijará, la que deberá ser posterior a los dos (2) días siguientes al acto. Igualmente podrá citarse a las personas perjudicadas por una infracción o a los testigos presenciales de la misma, incluyendo a quienes se negaren a suscribir como tales el acta correspondiente.

(Artículo sustituido por art. 10 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 13. — En todos los casos de clausura, sea preventiva o temporaria, los infractores podrán retirar de inmediato los bienes perecederos, siempre que no constituyan elementos de pruebas indispensables. Mientras dure la clausura preventiva o temporaria, los prevenidos o sancionados deberán pagar íntegramente las remuneraciones correspondientes al personal en relación de dependencia.

(Artículo sustituido por art. 10 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 14. — Las mercaderías que se intervinieren en virtud de lo que establece el artículo 12, incisos d) y f), podrán ser vendidas, locadas o consignadas cuando fueren perecederas y/o cuando el abastecimiento de ellas sea insuficiente, para lo cual no será necesario depósito previo ni juicio de expropiación. En caso de recaer resolución que exima de responsabilidad a su propietario, se fijará el monto de la indemnización que eventualmente le correspondiere, siguiéndose para ello las pautas establecidas en materia de expropiaciones en lo que resultara pertinente.

(Artículo sustituido por art. 11 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 15. — El Poder Ejecutivo designará la autoridad de aplicación de la presente ley en el ámbito nacional, con facultades para dictar las normas complementarias que fueren menester para su cumplimiento.

Las infracciones a la presente ley afectan los derechos e intereses económicos de los ciudadanos y la Nación. Las que se cometieren en territorios de jurisdicción nacional o cuando afectaren o pudieren afectar el comercio interjurisdiccional, serán controladas y juzgadas en sede administrativa por la autoridad de aplicación, a excepción de las sanciones de clausura e inhabilitación especial para ejercer el comercio o la función pública que serán impuestas, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el Juez Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal, y en las demás jurisdicciones, a petición de la autoridad de aplicación, por el juez federal correspondiente.

A los efectos de esta norma se entenderá por comercio interjurisdiccional el que se realiza con las naciones extranjeras, el que efectúan las provincias entre sí o con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que practica una provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un establecimiento de utilidad nacional, y el que realiza este último con las primeras.

(Artículo sustituido por art. 12 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 16. — La resolución administrativa que imponga sanciones podrá ser impugnada solamente por vía de recurso directo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o ante las cámaras federales de apelaciones competentes, según el asiento de la autoridad que dispuso la sanción.

El recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso la sanción, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la resolución; la autoridad de aplicación deberá elevar el recurso con su contestación a la Cámara en un plazo de diez (10) días, acompañado del expediente en el que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido.

(Artículo sustituido por art. 13 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 17. — En todos los casos, para interponer el recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa, deberá depositarse el monto de la multa impuesta a la orden de la autoridad que lo dispuso, y presentar el comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito será desestimado, salvo que el cumplimiento del mismo pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente.

(Artículo sustituido por art. 14 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 18. — Las infracciones cometidas en las provincias y que afecten exclusivamente al comercio de sus respectivas jurisdicciones serán juzgadas en sede administrativa por los organismos que determine cada una de ellas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3º.

ARTICULO 19. — La resolución que imponga pena de multa podrá disponer que la misma se convertirá en la de clausura, en caso de no ser aquélla abonada en el plazo establecido en dicha resolución. — El término de la clausura se fijará en el equivalente entre PESOS QUINIENTOS ($ 500.-) y en PESOS UN MILLON ($ 1.000.000) por cada día de clausura, pero no podrá exceder de noventa (90) días. (Montos sustituidos por art. 3º del Decreto Nº 496/2002 B.O. 13/03/2001)

ARTICULO 20. — La falta de pago de las multas hará exigible su cobro por el procedimiento de ejecución fiscal, constituyendo título suficiente de ejecución el testimonio de la resolución condenatoria firme expedida por el organismo de juzgamiento.

ARTICULO 21. — Los bienes decomisados serán vendidos o locados por la autoridad de aplicación en un plazo máximo de treinta (30) días corridos desde su decomiso, atendiendo a la naturaleza y características de aquellos. En el caso de que los bienes decomisados sean perecederos, el plazo se reducirá a cinco (5) días corridos; el producto de la venta o locación ingresará a rentas generales de la Nación.

(Artículo sustituido por art. 15 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 22. — Las infracciones a esta ley y sus normas complementarias prescribirán a los tres (3) años. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales.

(Artículo sustituido por art. 16 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 23. — El importe de las multas y/o producido de los decomisos ingresará al Fisco Nacional o Provincial, según el Organo que hubiera dictado la resolución condenatoria.

Los gobiernos locales dispondrán el destinos de los fondos que se perciban en sus respectivas jurisdicciones.

(Artículo sustituido por art. 40 de la Ley Nº 23.110 B.O. 09/11/1984. Vigencia: a partir de la finalización del ejercicio presupuestario 1984.)

ARTICULO 24. — Los funcionarios y empleados que de cualquier forma participen en la aplicación de esta Ley estarán obligados a mantener el secreto sobre todos los datos de actuaciones que lleguen a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones. La infracción de esta norma será considerada falta grave a los efectos administrativos, sin perjuicio de las sanciones penales que correspondieren.

ARTICULO 25. — (Artículo derogado por art. 19 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 26. — (Artículo derogado por art. 19 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 27. — Frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios que satisfagan necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población, la autoridad de aplicación podrá disponer mediante resolución fundada su venta, producción, distribución o prestación en todo el territorio de la Nación, cualquiera sea su propietario, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de imponer las sanciones previstas en el artículo 5°. Dicha medida durará el tiempo que insuma la rehabilitación de la situación de desabastecimiento o escasez y será proporcional en su alcance a la gravedad de los hechos que la motivan.

(Artículo sustituido por art. 17 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 28. — Para resolver cuestiones no previstas expresamente en la presente ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 y su reglamentación.

(Artículo sustituido por art. 18 de la Ley N° 26.991 B.O. 19/09/2014)

ARTICULO 29. — La presente Ley es de orden público; regirá desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y deroga el Decreto Ley 19.508/72,modificado por el 20.125/73. Las infracciones consumadas durante la vigencia de estos últimos serán penadas según sus disposiciones, aunque se hubieren comprobado con posterioridad.

ARTICULO 30. — Comuníquese el Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los veinte días del mes de junio del año mil novecientos setenta y cuatro.

—Registrada bajo el Nº 20.680—

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Economia

Procrear II: cómo participar del próximo sorteo de 700 viviendas

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Están ubicadas en 5 provincias. Los interesados ya se pueden inscribir.

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que conduce Jorge Ferraresi, abrió una nueva inscripción para que las familias de cinco provincias (Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Luis, y Chubut) puedan acceder a un crédito hipotecario a través de la línea Desarrollos Urbanísticos de Procrear II. Las cuotas mensuales seguirán el Coeficiente de Variación Salarial publicado por INDEC.

El próximo sorteo, que aun no tiene cierre de inscripción ni fecha de realización (se conocerán las próximas semanas), será de más de 700 unidades funcionales en los predios de Merlo (Buenos Aires); Barrio Liceo y San Francisco (Córdoba); Ciudad de Mendoza y San Rafael (Mendoza); Ciudad de San Luis (San Luis); y Puerto Madryn (Chubut).

Al respecto, el ministro Ferraresi destacó: “Este es un Gobierno que tiene la decisión de avanzar pensando en la inclusión de todos los sectores y para ello es fundamental seguir profundizando en políticas habitacionales que posibilitan que las familias argentinas a lo largo y ancho del país puedan acceder a su casa propia”.

Si bien los ingresos requeridos varían según cada predio y cada vivienda, en líneas generales se deben acreditar ingresos mensuales netos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones. Además, se debe ser argentino/a, natural o por opción, o extranjero/a con residencia permanente, contar con Documento Nacional de Identidad vigente, y no presentar antecedentes financieros desfavorables en los últimos meses.

Además, tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción. Acreditar el estado civil declarado en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, excepto el estado civil soltero. Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

Otros requisitos generales

  • Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.
  • No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce (12) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo
  • No encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial;
  • No registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años
  • No registrar embargos;
  • No registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.
  • Los y las participantes, al momento de completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, podrán incluir solo un/a cotitular.
  • Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.
  • El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados. matrimonio, unión convivencial, o unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.
  • Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el Formulario de inscripción.

Sobre el sistema de crédito, el secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini explicó que “se hará bajo la nueva fórmula Hog.Ar, de actualización de capital en relación a la evolución de los salarios, brindando mayor estabilidad, transparencia y previsibilidad a las y los adjudicatarios”.

Provincia por provincia

Quiénes pueden inscribirse: quienes al momento de realizar la inscripción tengan domicilioen el lugar del desarrollo urbanísitico. Al momento de completar el código postal se indicará el predio Procrear correspondiente. Y solo así se podrá ir avanzando.

Chubut

Procrear en Puerto Madryn: en Av. Julio Roca y Hansen

Procrear en Puerto Madryn: en Av. Julio Roca y Hansen

Este desarrollo urbanístico se encuentra ubicado en la ciudad de Puerto Madryn, al sur de la ciudad, sobre la Avenida Julio Argentino Roca y a 1200 metros de la Ruta Provincial 1.

Puerto Madryn

Puerto Madryn

Córdoba

Barrrio Liceo, Córdoba

Barrrio Liceo, Córdoba

​Este desarrollo urbanístico se encuentra ubicado al noreste de la ciudad de Córdoba, en el Barrio Liceo. Posee viviendas unifamiliares, monoambientes y departamentos de 1 a 3 dormitorios, con terminaciones de obra de gran calidad.

Córdoba

Córdoba

Mendoza

Procrear II, Mendoza

Procrear II, Mendoza

Desarrollo Urbanístico ubicado en un lugar estratégico de la ciudad de Mendoza a pocos metros del Parque Central y la Nave Universitaria. Este proyecto de vivienda cuenta con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con y sin cocheras.

Predio en  la Ciudad de Mendoza

Predio en la Ciudad de Mendoza

San Luis

Procrear II, San Luis

Procrear II, San Luis

El desarrollo urbanístico se encuentra cercano a la plaza Principal Pringles y Plaza Independencia, y próximo a establecimientos educativos y centros de salud. Posee una completa infraestructura de servicios, espacios verdes, locales comerciales y equipamiento comunitario.

Proyecto urbanístico San Luis

Proyecto urbanístico San Luis

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El Gobierno quiere congelar precios y cerrar acuerdos, pero muchas empresas aún no fueron convocadas

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El Ministerio de Producción anunció congelamiento de precios para distintos sectores industriales. El llamado es empresa por empresa. Este lunes arrancaron con las alimenticias.

Aunque el Gobierno anunció con bombos y platillos la semana pasada un inminente acuerdo de precios con los sectores industriales para evitar mayores subas en lo que queda del año y así intentar contener la inflación, tras el salto de 4,8% de marzo; las negociaciones aún no han comenzado.

El jueves pasado, entre las baterías de medidas que su cartera anunció minutos antes que se conociera el peor dato de inflación del año, se dio por sentada la firma con los principales proveedores de insumos industriales: textil, cueros, madera, celulosa y papel, plásticos, químicos, hierro y acero, caucho y aluminio, cartón, vidrio y cemento. Al mismo tiempo, otro acuerdo con fabricantes y comercializadores de electrónica y electrodomésticos.

El domingo, el MInistro de Producción Matías Kulfas dijo en declaraciones periodísticas que buscaría cerrar con los distintos sectores antes del fin de semana. La cartera que dirige tiene abiertos muchos frentes. Este lunes, se reunió con representantes de la industria alimenticia y consumos masivos para consensuar nuevos aumentos. En tanto, el resto de los sectores  hasta este lunes no habían sido convocadas a ninguna reunión.

“No hemos recibido, a diferencia de algunas empresas, ninguna circular”, dijo Javier Madanes Quintanilla, titular de la metalúrgica Aluar. “Estamos esperando desde la convocatoria de Guzmán el llamado a las mesas sectoriales, que sería la mejor forma de resolver los problemas de fondo. Sería importante que esto sirva más allá de un tema de acuerdo de precios, para hacer que el nivel de actividad repunte”, afirmó el empresario, que remarcó: “Pero por ahora, no hay ni mesas sectoriales ni se reciben invitaciones a reuniones. Pareciera que no hay una línea de trabajo definida“, afirmó.

Un empresario de otro sector confirmó a este diario que, a pesar de lo que dicen en la Secretaría de Comercio acerca de que el acuerdo de precios, por el que mantendrían sin cambios las cifras de marzo hasta fin de año, “ya estaría cerrado”, las negociaciones ni siquiera han empezado. “A diferencia de otras veces, ahora sabemos que van a convocar a empresa por empresa para rever la política de precios, pero aún no hemos recibido ninguna circular”, dijo.

La tesis de muchos empresarios consultados por Clarín es que el Gobierno apuró una reacción para quitar presión sobre la mala noticia del salto inflacionario de marzo. “Los anuncios se hicieron pour la galerie para decir que estaban haciendo algo frente a una suba de la inflación que es inevitable”, sugirió el vocero de una de las compañías.

En el sector textil se quejaron de que, si bien no han sido convocados aún, aparecen en la lista de los que deberían congelar sus precios, aunque la injerencia de estos insumos sea mínima en el producto final. “Para entender los precios de la ropa, hay que revisar los impuestos, los costos de los alquileres, los costos laborales. El margen que pueden hacer los insumos sobre el precio final es mínimo”, explicó un empresario.

Algo similar respondieron en el sector de plásticos. “No somos formadores de precios. Estamos sufriendo un feroz aumento en los insumos y a su vez, una falta de abastecimiento de los mismos. Pero no los podemos trasladas a los precios, por lo que somos el eslabón más débil de la cadena”, afirmaron.

En otros países los aumentos de precios se manejan con política monetaria. Acá, está todo atado con alambre. Ya está demostrado que los controles de precios son ineficaces para bajar la inflación”, protestó un empresario.

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Economia

Economistas al cruce de Guzmán: advierten que el control estatal es insuficiente para bajar la inflación

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El ministro de Economía dijo en una entrevista con Clarín que la intervención del Estado es necesaria “cuando el mercado falla”. Los expertos desconfían de los resultados.

En medio de su gira europea, Martín Guzmán justificó el paquete de medidas que presentó su equipo económico la semana pasada. Para el ministro de Economía, una mayor intervención estatal ayudará a cumplir con la meta de inflación propuesta para este año. “El Estado debe jugar un rol en alinear comportamientos con aquello que macro económicamente es factible en una economía que aún no ha resuelto sus problemas de coordinación. Nosotros estamos llevando a cabo esas acciones para corregir los desvíos que se dieron entre lo que se proyectaba y lo que se realizó; y poder cumplir con los objetivos macroeconómicos del Presupuesto”, dijo Guzmán a este diario.

Sin embargo, los economistas consultados por Clarín coinciden en que la meta del 29% de inflación anual que se trazó Guzmán a fines del año pasado ya quedó distorsionada y que las estrategias que se plantearon la semana pasada de controles de precios e intervención sector por sector difícilmente consigan el efecto deseado. Reclamaron un plan consistente desde el punto de vista monetario y fiscal “para desarmar los efectos de la feroz emisión” del año pasado.

“Es cierto que hay una falta de coordinación entre las expectativas de los formadores de precios y lo que está ocurriendo… Pero no sabemos quién está equivocado. La gente no está siguiendo las pautas de inflación puestas en el Presupuesto porque hay un contexto que el Gobierno no previó en su diagnóstico: la caída de la demanda de dinero“, afirmó el economista Daniel Marx, de Quantum, quien añadió: “Esto ocurre en parte debido a la desconfianza hacia adelante. pero también porque las tasas de interés están muy por debajo del aumento de los precios. Al mismo tiempo, es cierto que hay un tema de oferta, pero el Gobierno tiene dificultades para entender cuáles son los incentivos necesarios para aumentarla”.

En este punto, Gabriel Zelpo advirtió: “En esta situación, una mayor intervención estatal solo disminuirá la oferta y agravará aún más el problema de los precios. Las anclas planteadas no están surtiendo efecto: el Gobierno disminuyó su tasa de depreciación del tipo de cambio y aún así los precios no se mutaron”.

El economista Pablo Goldin remarcó: “La historia argentina está llena de este tipo de iniciativas: con medidas puntuales, sectoriales, micro para bajar la inflación precio por precio, mercado por mercado. Pueden servir transitoriamente, dentro de un programa macro más integrado”, dijo y enfatizó: “La inflación es un problema macroeconómico. El control de precios puede ser un capitulito más dentro de un esquema general con foco en los problemas macro”.

Para Hernán Hirsch, el diagnóstico oficial falla justamente debido a la poca coordinación de las variables macro: “Salvando las distancias, la situación económica resulta similar a lo que ocurría en el gobierno de Macri. No estaban dadas las condiciones macro para cumplir con una meta demasiado exigente. El Gobierno ahora tiene que recurrir a otros instrumentos, como el control de precios, porque tanto su política monetaria como su política fiscal no son consecuentes con los objetivos propuestos”.

Amilcar Collante coincidió: “Parece que Guzmán no va a ir a la raíz del problema, sino que que insistirán con más controles. Eso está probado que fracasó. Debería anunciar alguna señal fiscal ( achicar meta de déficit fiscal de 4,5%) y consecuentemente la emisión monetaria futura del BCRA. De fondo, no hay un ancla de expectativas .Porque que no hay un plan macroeconómico ( fiscal y monetario) de mediano plazo a la vista”, explicó.

A pesar de las dudas que genera el programa propuesto por el Gobierno, los analistas coinciden con Guzmán en que a partir del mes que viene podrían comenzar a bajar los precios, aunque muy lejos del ritmo esperado.”Si el dólar aumenta en torno al 1,3% mensual, los salarios cerca de 2,5% y las tarifas menos del 1% por mes, debería garantizarse que la inflación baje sin necesidad de un control de precios“, dijo Gabriel Rubinstein, que prevé que para fin de año la tasa de inflación sea de 40% anual.

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