En ese contexto señala la necesidad de avanzar en la instrumentación de un Consejo Económico y Social que deberá salir por ley. Se sobrentiende que los que firman este compromiso serán parte de ese consejo donde el nombre de Roberto Lavagna como titular de ese consejo no se descarta en los despacho de los funcionarios de la Casa Rosada.

El documento que Fernández puso en consideración habla de la existencia de una agenda de proyectos y estudios para avanzar en la solución de las necesidades que reclama la sociedad y, sin nombrarlo, hace referencias al acuerdo de productividad que impulso el Smata, el gremio de los mecánicos, al sostener que ya “hay casos en donde ya empresarios, sindicatos, movimientos sociales y otros actores han arribado a entendimientos sectoriales, que sólo exigen precisiones técnicas, así como un adecuado nivel de viabilidad jurídica y presupuestaria para su implementación”.

El “Compromiso Argentino de Solidaridad sostiene la urgencia y la necesidad de contar con un nuevo esquema de actualización de las jubilaciones pero también de las tarifas de los servicios públicos. Es en ese contexto donde justifica “las facultades extraordinarias” que le concedió el Congreso a través de la ley de Solidaridad Social y que tiene un plazo de seis meses para “elaborar propuestas socialmente equitativas, fiscalmente sostenibles y, en general, acordes a un país que quiere crecer y distribuir la riqueza de un modo genuino”.