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Justicia

Procesamientos en “Oil 2”: auditorías contradictorias en AFIP y cambios en el delito

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El ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray apuntó contra Alberto Abad, en tanto se habló de “incumplimiento de deberes” y no de “defraudación”.

La Cámara Federal, en fallo dividido, confirmó, sólo parcialmente, algunos de los procesamientos dictados en el marco de la causa conocida como “Oil 2”, que involucra a los funcionarios de la AFIP que participaron del trámite formal del otorgamiento de planes de refinanciación de la deuda por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles a los que se acogió la petrolera.

Firmado ayer, fue la primera decisión judicial que acusa el impacto que generó los resultados de la pericia oficial de la Corte Suprema en la hipótesis difundida inicialmente respecto al supuesto perjuicio que habría ocasionado la deuda, que no era exigible al momento del cambio de Gobierno. En tanto, el extitular del organismo recaudador Ricardo Echegaray finalizó ayer con su indagatoria –en la que subrayó contradicciones entre dos auditorías realizadas por la AFIP durante la gestión de Alberto Abad- y habilitó la instancia de las preguntas que continuará la próxima semana. Un tanto sinuosa, la dirección del interrogatorio apuntó a cuestiones laterales de comunicación entre funcionarios y cuál era el grado de conocimiento que Echegaray tenía con el matrimonio Kirchner.

La novedad en la Cámara no fue menor. Parte de las principales objeciones en el juicio oral es que Echegaray es acusado de autor del delito de defraudación pero todos los funcionarios de “línea” que autorizaron los planes a Oil quedaron fuera del debate, sin tener situación procesal firme, lo que les impide declarar como testigos. Con el voto de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, resaltaron un punto que es una obviedad: nadie negó su participación formal en los pasos administrativos para otorgar los planes; lo que niegan es que fuese ilegal, irregular o distinto al resto de los planes oficiales para financiar deudas con el fisco. Pero los jueces dieron por resuelta la figura penal de la defraudación contra la administración pública porque así ya lo había convalidado Casación, por lo que se detuvo en el rol de cada funcionario. En el resto de los conceptos, los camaristas apuntalaron la versión plasmada por Julián Ercolini y la AFIP era Abad. Pero en concreto, modificaron la calificación legal de coautores del delito y la moderaron a “partícipes necesarios”, poniendo en cabeza de Echegaray la responsabilidad final. Pero revocaron tres procesamientos a funcionarios jerárquicos, ratificaron las faltas de mérito que habían sido apeladas por la fiscalía y redujeron los embargos. Por eso, agregó confusión respecto a qué hipótesis se va a sostener cuando pase a la instancia de Casación.

Pero la disidencia de Mariano Llorens iluminó un aspecto clave: consideró que en todo caso, los funcionarios de AFIP habrían incurrido en incumplimiento de los deberes de funcionario y que “las pruebas obrantes no permiten afirmar que exista una decisión común para la comisión de los hechos descriptos” por el otorgamiento de planes. Por eso, no iguala sus roles por no haber podido detectar el “dolo”, es decir la intención de cometer el ilícito. Y retoma que, pese a lo intentado por las defensas, no sería necesario incorporar la pericia oficial para resolver sus situaciones porque si se modifica el incumplimiento de funciones “no requiere para su consumación daño alguno para la administración pública”. Es la primera alusión a que el mero otorgamiento de los planes –más allá de la deuda o el impuesto en cuestión- no generaba por sí mismo un daño al fisco, lo contrario del delito de defraudación contra al administración pública por el que hoy están en juicio Echegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Auditorías

A la vez, Echegaray culminó su extensa indagatoria remarcando contradicciones entre la auditoría N°14 (ordenada por Abad) y la N°15 en la que, a su criterio “intencionalmente” se postuló que una serie de 150 “desconfirmaciones” realizadas en el sistema informático habían impedido el reclamo de deuda a Oil en forma de cobro compulsivo. Pero la auditoría siguiente no cuestionó que hayan sido “desmarcadas”, sino que el motivo que se inscribió en el sistema no estaba incluido en los 20 previstos en el “manual de usuario”. “Falsearon informes y luego se construyó una acusación sobre bases falsas”, dijo Echegaray sobre procesos “ordinarios” de la AFIP. “Si todos los casos –de los planes otorgados sobre los que auditaron 300- fueron iguales ¿Por qué sólo en el caso de Oil hubo fraude?”, se preguntó Echegaray, levantando sospechas sobre por qué motivo se la había comparado con IECSA, también beneficiaria de planes y relacionada a la familia presidencial. Hubo un comienzo friccionado de las preguntas. Echegaray no reconoció a la AFIP como querellante y se negó a responder. Esa decisión pareció tomar por sorpresa a la fiscalía que ensayó distintos enfoques y mantuvo cruces con la defensa. Tanto que el presidente del TOF 3, Fernando Machado Pelloni hizo esfuerzos por reformular tanto cuando no se entendía el requerimiento, si ya había sido contestado o si no se aproximaba al objeto del juicio.

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Justicia

Cristobal López y Fabián De Sousa pidieron su excarcelación en la causa de los cuadernos

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Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa pidieron hoy sus excarcelaciones en la causa de los “cuadernos de la corrupción” para recuperar definitivamente su libertad. Ayer ambos liberados en el expediente “Oil Combustibles”, pero aún necesitan otra resolución favorable para dejar la prisión.

El pedido debe ser resuelto por el juez federal Claudio Bonadio, que procesó a López y De Sousa con prisión preventiva en dos tramos de la causa cuadernos: una por lavado de dinero en la compra de departamentos en el edificio donde reside Cristina Kirchner y otra por la cartelización de la obra pública. La presentación fue hecha esta mañana en los tribunales de Comodoro Py por Fabián Lertora, abogado del empresario.

“No existe riesgo procesal alguno que justifique seguir manteniendo la privación de libertad preventiva que le fuera impuesta”, sostuvo la defensa de López y agregó: “La presente prisión preventiva es injustificable porque Cristóbal Manuel López cumple con las condiciones de arraigo suficiente para considerar que no se sustraerá del proceso”.

Así enumeró que el empresario tiene arraigo familiar y domicilio certificado, trabajo, no tiene capacidad de disponer o perjudicar su patrimonio porque está embargado, es una persona de alta notoriedad pública y se presentó en todas las causas siempre que fue convocado. También resaltó que los procesamientos no están firmes.

La defensa también descartó los vínculos con la ex presidenta Cristina Kirchner, con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y con los empresarios Lázaro Báez y Gerardo Ferreyra como elementos para entorpecer la causa, como señaló Bonadio en una resolución anterior. “Hay muchos coimputados que han tenido incluso más vínculo o contacto con De Vido o con José López, que se encuentran transitando, adecuadamente en mi opinión, el proceso en libertad. Este argumento es otro argumento aparente que tiene como finalidad fundar lo que a esta altura del proceso no tiene justificación alguna”, sostuvo el abogado.

Claudio Bonadio

Claudio Bonadio

Luego hizo el planteo la defensa de De Sousa, a cargo de Carlos Beraldi, también abogado de Cristina Kirchner.

Con el pedido de excarcelación, primero debe opinar el fiscal Carlos Stornelli y luego resolver Bonadio. El plazo es de 24 horas pero con el fin de semana de por medio la decisión podría ser el próximo lunes. Si el juez acepta, los empresarios saldrán de la cárcel de Ezeiza, donde están detenidos desde abril del año pasado. Si la rechaza seguirá preso con la posibilidad de ir a la Cámara Federal con el mismo planteo.

López y Fabián De Sousa -también detenido y de quien se espera que hoy también pida la excarcelación- fueron liberados ayer en la causa “Oil Combustible” por el Tribunal Oral Federal 3, que los juzga por las presuntas irregularidades en el acceso a un plan de pagos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el pago de una millonario deuda.

Las libertades fueron dadas luego que ambos empresarios fueron sobreseídos en una causa en la que estaban acusados de intentar vender las acciones del Grupo Indalo para eludir los embargos que tenían. Ese fue el motivo por el cual el juez federal Julián Ercolini los detuvo al considerar que querían entorpecer la causa.

Pero ante la investigación que determinó que no quisieron desprenderse de bienes los jueces del Tribunal Oral Federal 3 señalaron que ese riesgo se cayó.

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Justicia

El juez Bonadio envió a juicio oral y público el Caso Cuadernos y dos derivaciones de esa investigación por corrupción

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El magistrado federal cerró la investigación. La ex presidente Cristina Kirchner está acusada de liderar una asociación ilícita que recaudaba coimas. También están imputados otros ex funcionarios de su gobierno y empresarios. Maximo Kirchner y otros dirigentes de La Cámpora fueron sobreseídos. Ya se sorteó cuál será el tribunal para llevar adelante el juicio

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Justicia

La Justicia de EE.UU. suspendió el juicio por la estatización de YPF hasta después de las elecciones

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La jueza Loretta Preska ninguneó al presidente Maci y aseguró que recién después de las elecciones se tendrá “una idea clara de qué administración va a poder hablar en nombre de la Argentina”.

La jueza Loretta Preska, encargada de llevar adelante el juicio por la estatización de YPF iniciado por Burford Capital, un estudio que se especializa en comprar derechos de litigio en grandes causas, resolvió suspender el juicio hasta después de las elecciones del próximo 27 de octubre.

“A la luz de las próximas elecciones en la República Argentina, la Corte aplaza las fechas de presentación hasta que haya una idea clara de qué administración va a tener poder para hablar en nombre de la República“, indicó la magistrada en su fallo.

Burford le compró a Petersen Energía, que fue accionista de YPF, los derechos para litigar por la estatización y la supuesta pérdida de acciones que habría sufrido Petersen. Burford le reclama al Estado argentino 3 mil millones de dólares en compensación.

A la espera de que se defina quién hablará en nombre de la Argentina en el marco de la causa que se tramite en los Estados Unidos, la jueza Preska resolvió que “el tiempo de Petersen Energía Inversores y Eton Park Capital Management para presentar documentos de oposición se extiende hasta el 7 de diciembre; y el tiempo de respuesta de la república se extiende hasta el 7 de enero de 2020“.

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