El oficialismo en el Consejo de la Magistratura de la Nación no pudo esta mañana lograr la desestimación de tres denuncias por presunto mal desempeño contra el juez federal Claudio Bonadio por cómo instruyó diferentes causas a su cargo. Entre otros expedientes, este magistrado llevó adelante la causa de los cuadernos de las coimas, la de “Los Sauces”, la llamada “dólar futuro” y la del Memorándum de Entendimiento con Irán, en las cuales procesó a la vicepresidente electa Cristina Kircher, e incluso pidió su prisión preventiva, medida que no se concretó porque cuenta con fueros como senadora.
Dos de esas denuncias fueron presentadas en 2017 por dos de los hombres que le cuidan las espaldas a la ex presidenta: Carlos Alberto Beraldi, abogado de la ex presidenta, y por Oscar Parrilli, ex secretario general de la Presidencia durante el kirchnerismo y senador electo del Frente de Todos. Ambos habían pedido el enjuiciamiento y destitución del magistrado por mal desempeño.
La desestimación de esos dos expedientes contra el juez más cuestionado por el kirchnerismo ya había sido impulsada en septiembre por el entonces consejero del Poder Ejecutivo Nacional, Juan Bautista Mahiques, quien actuó como instructor de la investigación. Mahiques dejó el Consejo el pasado 29 de octubre al jurar como fiscal general de la Ciudad y fue reemplazado por Facundo Bargalló Benegas, quien hizo suyos esos dictámenes desestimatorios.
Pero su aprobación en la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo se postergó una vez más por pedido del consejero académico Diego Molea, que suele ser crítico de posiciones del oficialismo en el Consejo. Molea advirtió que había “medidas de prueba en curso, pedidas y aprobadas por la propia Comisión”. Puntualmente dijo que no habían llegado copia de los expedientes en los que se cuestionaba la actuación de Bonadio.
El vicepresidente de la Comisión de Acusación, el diputado del PRO Pablo Tonelli, defendió el cierre de las causas ya que Bonadio había informado que “no contaba con copia de los expedientes”, por haber sido elevados a juicio, y que esos dictámenes desestimatorios ya habían sido postergados en una reunión anterior.
Por su parte, Bargalló Benegas destacó que los cuestionamientos a Bonadio “se refieren a decisiones del juez ya revisadas por el tribunal de alzada”, en referencia a la Cámara Federal, lo que era “suficiente” para avanzar en la votación de la desestimación.
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Pero al planteo de Molea de esperar a poder analizar los expedientes en cuestión, se sumaron el consejero juez Alberto Lugones y el senador peronista Mario Pais. “Si votamos como Comisión una medida de prueba, debemos agotar los medios para conseguirla”, advirtió el legislador opositor. Este reclamo forzó a Tonelli a aceptar una nueva postergación.
La de hoy fue probablemente la última reunión de la Comisión de Acusación con la actual composición del Consejo, en la que el actual oficialismo logró mantener una ajustada mayoría de 7 votos sobre 6 en las votaciones en el plenario. A partir del 10 de diciembre, se invertirán los números, ya que cambiará el representante del Poder Ejecutivo con la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada.
“Ninguno de los dos expedientes tuvo casi movimientos y se apuran a proponer su desestimación cuando se están yendo”, se quejaron por lo bajo desde el bloque “opositor” en el Consejo. “Solo en ese apuro –analizaron- se entiende la protección que busca garantizarle el Gobierno a Bonadio”, el magistrado a cargo de la causa que reveló una práctica institucionalizada durante el kirchnerismo de cobro de coimas a empresarios a cambio de contratos con el Estado.
La tercera denuncia contra Bonadio que no fue cerrada en la reunión de Comisión de esta mañana la formuló el año pasado la mujer y el hijo de Gerardo Ferreyra, titular de Electroingeniería, Myriam Cohen y Luis Sebastián Ferreyra. Su desestimación había sido pedida por el consejero juez Juan Manuel Culotta, cercano a las posiciones del actual oficialismo.
El empresario kirchnerista fue procesado por Bonadio y estuvo detenido con prisión preventiva en la causa de los cuadernos por 14 meses. Fue excarcelado el mes pasado por la Cámara Federal, con la causa de los cuadernos ya elevada a juicio oral.
La denuncia la formularon su mujer e hijo por presunta “privación ilegal de la libertad”, “violación de los deberes de funcionario público”, “abuso de autoridad” y “prevaricato” por parte de Bonadio, por el tiempo que el empresario estuvo detenido con prisión preventiva “sin auto de mérito alguno, y a las resultas de una investigación errática y ficcional”. La misma denuncia presentaron ante sede penal, pero fue desestimada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, decisión confirmada por la Cámara Federal y la de Casación.
La causa que sí se cerró
A esas dos presentaciones de Beraldi y Parrilli, y la de la familia de Ferreira, se agregó un pedido de cerrar una cuarta denuncia formulada contra Bonadio por los abogados Federico Paurolo, Lisandro Teszkiewicz y Adrián Albor también en 2017. Su desestimación fue pedida por Tonelli, y esta sí fue aprobada hoy en la Comisión.
Los letrados lo había acusado de “persecución política” y “avasallamiento de la privacidad de las personas” – en el marco de los allanamientos dispuestos por Bonadio por los incidentes que tuvieron lugar cuando se trató en el Congreso la reforma previsional en diciembre de 2017-, por haber ordenado secuestrar, entre otras cosas, “panfletos… banderías y propagandas políticas (ropa, papeles, etc.), elementos cortantes, llaves falsas o ganzúas y todos los elementos útiles para la pesquisa, debiéndose obtener fotografías de los mismos”.
También de haber desconocido “la garantía del pleno ejercicio de los derechos políticos, la creación de los partidos políticos y el ejercicio de sus actividades, su organización y funcionamiento democrático“ y hacer “un uso ilegal e indiscriminado de los allanamientos, que tienen un carácter restrictivo, de acuerdo con el art. 224 del CPPN, y únicamente se encuentran permitidos ante situaciones graves, excepcionales e indispensables para la investigación de un delito”
Otros expedientes abiertos
Estos expedientes no son las únicos que tiene Bonadio en el Consejo. Hay otros cuatro abiertos en el Consejo contra el magistrado. Uno se abrió por otra denuncia de Beraldi –bajo el número 150/18- que también estaba en manos de Mahiques y ahora la tiene Bargalló Benegas. Otra denuncia la presentó el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten y está a cargo de Graciela Camaño, que también tiene la iniciada por la abogada Natalia Salvo en representación del empresario agropecuario denunciante de una trama de espionaje y extorsión Pedro Etchebest.
La última es del juez Juan Ramos Padilla, abogado de su hijo, el magistrado federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, a cargo de la causa del falso abogado Marcelo D’Alessio, detenido por espionaje ilegal y extorsión, que también está en manos de Culotta. Ramos Padilla padre cuestionó a Bonadio por el manejo de las escuchas telefónicas de la “Operación Puff”, que revelaban que presos kirchneristas habrían estado al tanto de la denuncia que haría el empresario Pedro Etchebest en el Juzgado de Dolores para desacreditar la investigación de la causa de los cuadernos e intentar apartar al fiscal Carlos Stornelli y al juez Bonadio.
Los argumentos de las denuncias
Beraldi lo denunció a Bonadio por su actuación en la causa conocida como “Los Sauces”, en la que el magistrado procesó a Cristina Kirchner por asociación ilícita y lavado de dinero. Lo hizo al acusarla de simular alquileres de propiedades de la familia Kirchner para encubrir retornos de parte de empresarios contratistas del Estado.
El abogado advirtió que el magistrado “removió a quien se desempeñaba como administrador de la sucesión del doctor Néstor Carlos Kirchner y, atribuyéndose facultades exclusivas de un juez con competencia civil, designó un interventor judicial para administrar los bienes del acervo hereditario, pese a que éstos no tendrían vinculación con el objeto procesal de la referida causa penal”.
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El abogado de la ex presidenta también objetó que los interventores de la inmobiliaria Los Sauces S.A y de la sucesión de Néstor Kirchner “habrían cometido faltas gravísimas que ameritaban su apartamiento, sin embargo las mismas fueron consentidas y avaladas por el doctor Bonadio, dejando al descubierto que el verdadero propósito de las medidas ordenadas habría sido causar perjuicios a la familia Kirchner“.
Beraldi cuestionó asimismo al juez porque ordenó detener en abril de 2017 a Manzanares, “ignorando por completo la pormenorizada explicación dada por el imputado” e “invocando una supuesta maniobra dirigida a obstruir la labor de la justicia y entorpecer la investigación en curso“.
En opinión del letrado -designado en ese momento por el histórico contador de los Kirchner como su defensor-, su detención en Santa Cruz “estuvo dirigida a producir un alto impacto en la opinión pública”. En ese sentido cuestionó que, pese a “la urgencia con la que se dispuso”, su traslado a la ciudad de Buenos Aires se produjo varios días después.
Beraldi también consignó que denunció a Bonadio en la Justicia penal por su actuación en este expediente, causa que recayó en el Juzgado Federal Nº5, subrogado en ese momento por Marcelo Martínez De Giorgi. Sin embargo, este magistrado desestimó la denuncia ya que se trataba de “cuestiones netamente procesales” que debían en todo caso ser planteadas en la causa original para su revisión por instancias superiores. Esa decisión fue luego confirmada por la Sala I de la Cámara Federal y la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
El letrado también cuestionó el accionar del juez en la llamada causa “Dólar futuro”, en la que la ex mandataria fue procesada por defraudación a la administración pública. Beraldi consideró que en ambos expedientes el juez “habría adoptado medidas abusivas y arbitrarias en relación con el patrimonio de la familia Kirchner”.
Parrilli, en tanto, denunció a Bonadio por la causa en el que lo procesó -junto a la ex titular de la Casa de la Moneda Katya Daura- por defraudación a la administración pública por los fondos destinados a un libro laudatorio de los logros del kirchnerismo que finalmente nunca se publicó, pero el Estado nunca recuperó el dinero.
Los motivos del pedido de la desestimación
En los fundamentos para rechazar las denuncias que finamente hoy no se cerraron, los distintos consejeros coincidieron en la histórica posición del Consejo de no enjuiciar a los magistrados por el contenido de sus sentencias, y en destacar que las presentaciones efectuada por los denunciantes, responden a “una mera disconformidad con el criterio sostenido por el magistrado a cargo de la instrucción en el expediente“.
También señalaron en los dictámenes que piden la desestimación que “en el juicio político se juzga institucional y administrativamente la inconducta o la incapacidad de los jueces, no la dirección de sus actos o el criterio que informa sus decisiones en la interpretación de la ley”.
Y concluyeron que “el Consejo de la Magistratura de la Nación limita sus facultades disciplinarias a cuestiones relacionadas con la eficaz prestación del servicio de justicia, no pudiendo ejercer, directa o indirectamente, la jurisdicción”, ya que esto “implicaría ejercer una suerte de revisión jurídica del criterio” adoptado por un juez.
Las denuncias contra Canicoba Corral
En la reunión de hoy, también se postergó el pedido del consejero y abogado radical Juan Pablo Más Vélez de cerrar cuatro expedientes contra el juez federal Rodolfo Canicoba Corral por presunto enriquecimiento ilícito, su vinculación de inmuebles millonarios, la supuesta recepción de sobresueldos, y por su actuación en la causa del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). En este último expediente, el magistrado dispuso el procesamiento y detención de su ex titular del sindicato Omar “Caballo” Suárez, uno de los que luego lo denunció en el Consejo.
Las denuncias fueron presentadas, además, por el consejero Tonelli, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López, y el contador forense Alfredo Popritkin. Como Más Vélez consideró que las causas eran conexas, acumuló los cinco expedientes y tomó medidas de prueba en los últimos diez meses. Se libraron oficios a los organismos públicos como la AFIP, el Renaper, al Banco Central y a la Dirección Nacional de Migraciones, entre otros.
