Presentó un escrito en la Justicia de Río Gallegos en la que aseguró que fue víctima de “grupo de tareas” que “operaron en la clandestinidad”.
Con el término de lawfare como eje principal, Cristina Kirchner presentó un escrito en el juzgado federal de Río Gallegos donde denunció “procedimientos ilegales” hacia su persona por parte de organismos como la AFIP, a quienes acusó de proceder como “grupo de tareas” que junto con “sectores del Poder Judicial operaron en la clandestinidad para armar un juicio de ejecución fiscal” en su contra”.
LA ex mandataria se refiere al proceso fiscal en el que se le reclama el pago de más de $ 8 millones por multas aplicadas en relación al Impuesto a las Ganancias. En ese sentido, pidió ante el organismo que las actuaciones realizadas sobre su situación fiscal sean anuladas.
Después de que la anterior gestión de la AFIP la intimara por la existencia de una deuda y la ejecución de la misma, la ex presidenta señaló con un escrito la “inexistencia de la deuda” y cuestionó “los intereses y la multa” aplicados por el organismo recaudador.
La AFIP procedió a la ejecución fiscal y, por eso, la vicepresidenta solicitó la impugnación de los actos administrativos denunciando, nuevamente, una “persecución política y judicial” en su contra.
El 17 de diciembre de 2019 Cristina Kirchner fue notificada de una ejecución fiscal por parte de la AFIP vinculado al Impuesto a las Ganancias de los períodos 2011, 2012 y 2016. La vicepresidenta denunció que nunca fue informada de la existencia de un proceso de inspección previo a esta medida de ejecución.
