Por qué una ley que busca que los argentinos coman más sano choca con Manzur y puede caerse

Es la de etiquetado frontal. Tiene media sanción y perdería estado parlamentario en noviembre. El nuevo jefe de Gabinete siempre se opuso a la norma. Está en juego el negocio del azúcar.

La cuenta regresiva empezó. El 30 de noviembre pierde estado parlamentario la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. Muy resistida por la industria alimenticia, propone que figuren sellos negros en los paquetes, latas y botellas con advertencias como “Alto en grasas”, “Alto en sodio”, “Alto en azúcares”, para direccionar el consumo hacia lo saludable cuando se esté frente a las góndolas.

Si no se trata en el Congreso antes de esa fecha, de nada sirve que ya la haya aprobado el Senado y que cuente con dictamen favorable de varias comisiones de la Cámara baja. Tras diez años de idas y venidas, el proyecto fue consensuado entre legisladores del oficialismo y la oposición, y apoyado por el Ejecutivo.

Pero ahora hay una novedad que preocupa a los que quieren que los sellos negros sean una realidad: el nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur, tucumano y oriundo de una provincia que siempre mostró su oposición a la norma, por el eventual perjuicio de la industria azucarera.

Organizaciones de la sociedad civil enviaron cartas a los presidentes de todos los bloques de la Cámara de Diputados para solicitar que se convoque a sesión por este tema.

Entre los proyectos a tratar, la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos “compite” con la ley de Promoción Ovina, la ley de Viñateros y la Bicameral de la Hidrovía y la ley de Promoción Automotriz.

“Si no la aprobamos antes de esa fecha hay que volver a empezar un recorrido que lleva más de una década en el Congreso. No podemos perder esta oportunidad de aprobar una ley que va a mejorar la salud de toda la población y proteger especialmente a niños y adolescentes”, dice a Clarín Gisela Scaglia, autora de uno de los proyectos que llegó al texto oficial y que votó el dictamen como está, sin modificaciones.

“La designación de Manzur no debería intervenir en el tratamiento de la ley. Si funcionamos como república, Manzur nada tiene que hacer interfiriendo en un proyecto que ya tiene sanción del Senado, fue debatido en la cámara de diputados y cuenta con despacho de comisión. Hoy el único responsable de que se vote la ley es Sergio Massa, que debe convocar a una sesión y ponerlo en el temario”, marcó.

Que Scaglia haya votado el proyecto “como está” no es menor. Pablo Yedlin, diputado del Frente de Todos, presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública, e íntimo de Manzur, presentó un dictamen de minoría. Para “enmendar errores –dijo– del proyecto del Senado que no pueden subsanarse con la reglamentación”. Aunque siempre remarcó que está “en total acuerdo” con un etiquetado frontal negro y la preocupación por el sobrepeso, sobre todo en niños.

¿Manzur sería menos moderado que Yedlin y “bloquearía” el tratamiento de esta ley? Habrá que esperar a la fecha límite. Pero el jefe de Gabinete ya mostró ser un férreo oponente contra los sellos negros. “Científicamente no está comprobado que el azúcar genere un daño para la salud”, dijo Manzur en declaraciones televisivas. Para él, el negocio del azúcar está en juego.

Carmen Polledo, diputada del bloque PRO de la Ciudad, también presentó en julio un dictamen propio. Ahora está preocupada por que no hay “novedades” sobre esta ley en el Congreso. Según le dijo a Clarín, desconoce cuál será la influencia de Manzur sobre este tema.

“No hay motivos válidos para retrasar más la aprobación de la ley. El proyecto cuenta con amplio apoyo de la sociedad civil y académica, tanto de Argentina como de la región; con el respaldo de la mejor evidencia científica libre de conflicto de interés y con el aval de la Cámara de Senadores. Es hora de que los y las diputados/as pongan fecha para sesionar y aprueben el proyecto sin más demoras”, señaló Victoria Tiscornia, investigadora de Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina.

Además de FIC Argentina, las cartas fueron firmadas por Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran), Consumidores Argentinos, Fundeps, Sanar y Consciente Colectivo, “quienes comparten la preocupación sobre la demora en el tratamiento de la ley”, según indicaron en un comunicado.

El camino a los sellos negros

El proyecto de ley de “Promoción de la Alimentación Saludable” fue aprobado por el Senado en octubre del 2020 y el 13 de julio se emitió dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Legislación General, de Acción Social y Salud Pública, Industria y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y de Industria de Diputados.

Entre otros puntos, la normativa busca implementar este etiquetado frontal de octógonos negros para advertir puntualmente sobre el contenido excesivo de nutrientes críticos como azúcar, grasas y/o sodio.

La iniciativa surgió de la unificación de 15 proyectos vinculados a la temática y fue impulsado en conjunto desde el oficialismo por las senadoras oficialistas Anabel Fernández Sagasti y Silvia Sapag, y desde la oposición por Gladys González, Julio Cobos y Silvia Giacoppo, entre otros.

Un producto chileno, donde rige la ley de etiquetado con octogonos negros.

Durante la reunión de comisiones, las únicas en expresarse en contra fueron las senadoras por Tucumán, Silvia Elías de Pérez y Beatriz Mirkin, que expusieron argumentos en línea con la defensa de la industria azucarera.

Desde la FIC indicaron que “uno de los mitos más recurrentes” es que el etiquetado de advertencias “demoniza a los alimentos; sin embargo, la evidencia disponible muestra que este sistema permite a los consumidores contar con información sobre el contenido excesivo de nutrientes críticos en los productos alimenticios, como azúcares, grasas o sodio; por lo tanto, se concluye que el sistema informa, no demoniza”.

Los críticos de los octógonos negros advierten que el consumidor se encontrará frente a las góndolas con una mayoría de productos que tendrán este etiquetado y que entonces el efecto buscado no terminaría siendo efectivo. Por eso durante la discusión en el Congreso habían surgido sistemas alternativos como el del semáforo, cuyos defensores creen que habilitaría más matices. Aunque perdió la carrera frente a la otra alternativa.

Otro de los argumentos más difundidos contra el proyecto gira en torno a que el sistema de perfil de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) contradice las recomendaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).

“Al respecto, en nuestro país se han realizado dos estudios de manera independiente, uno de ellos desde el Ministerio de Salud de la Nación y otro desde FIC Argentina, donde se ha evaluado el acuerdo de diferentes sistemas de perfiles de nutrientes respecto a las GAPA y ambos llegaron al mismo resultado: el sistema que mayor concordancia tiene con nuestras guías alimentarias es el desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud”, sostuvieron.