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Por qué ordenaron detener a Amado Boudou sin condena firme

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Toda persona que llegaba en libertad a un juicio oral y recibía una pena de cumplimiento en una cárcel seguía en esa condición hasta que la condena quedara firme. Este es el criterio que aplican los Tribunales Orales Federales, con algunas excepciones en expedientes de lesa humanidad. Pero el tribunal oral que ayer condenó al ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou en el caso Ciccone aplicó uno nuevo y lo detuvo después del veredicto. La clave fue que se trató de una causa por corrupción.

“Nuestro país se obligó internacionalmente a prevenir, investigar, enjuiciar y sancionar a las personas encontradas culpables de estos delitos de corrupción, como lo son los que se ventilaron en esta causa”, señalaron los jueces Pablo Bertuzzi y Guillermo Costabel citando la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. “Se han adoptado esos importantes compromisos con el objeto de erradicar los actos de corrupción en el desarrollo de las funciones públicas”, agregaron.

“No debe olvidarse que los hechos que hemos juzgado fueron desplegados a partir de mediados del año 2010, y han lesionado bienes jurídicos cuya especial, efectiva y férrea protección, exige hoy por hoy y con particular énfasis la comunidad, como sin duda lo son la lealtad y probidad de sus funcionarios públicos, y la legítima expectativa de que su accionar esté exento de pactos de venalidad y negociados como el reprobable emprendimiento criminal que se ha ventilado en el juicio, sucesos en los que también se ha puesto de manifiesto la intervención deliberada de hombres de negocios o empresarios, que en la búsqueda de sus propios beneficios económicos y financieros propendieron a idearlo, planificarlo y ejecutarlo”, explicaron los jueces.

Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación (Reuters)

Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación (Reuters)

Que el caso Ciccone haya sido un hecho de corrupción fue clave para las detenciones de Boudou, de su socio y amigo José María Núñez Carmona y del empresario Nicolás Ciccone –en su caso bajo prisión domiciliaria por sus 85 años y sus problemas de salud–, los tres condenados a penas de cumplimiento efectivoBoudou a cinco años y diez meses, Núñez Carmona a cinco años y medio y Ciccone a cuatro años y medio por los delitos de cohecho (coima) y negociaciones incompatibles con la función pública.

Los magistrados también señalaron que una eventual fuga de los condenados “por hechos particularmente graves y de corrupción estatal y corporativa empresarial, emprendidos casi ocho años atrás, implicaría convertir a la respuesta penal estatal en meramente simbólica, robusteciéndose e incrementándose, de modo harto inapropiado, el primigenio sentimiento de impunidad”.

La decisión contrasta con otros casos. El ex presidente Carlos Menem, los ex ministros de Economía Domingo Cavallo y Felisa Miceli, el dirigente social Luis D´Elía y los acusados por la tragedia ferroviaria de Once recibieron en el juicio oral penas de cumplimiento efectivo por hechos de corrupción y no fueron a prisión después del veredicto.

Uno de los casos lo tuvo el mismo tribunal del caso Ciccone. Fue por el pago y cobro de sobresueldos por el que Menem, Cavallo y el ex ministro de Justicia Rául Granillo recibieron penas de prisión. Dos de los jueces de ese veredicto fueron Bertuzzi y Costabel. “Fueron penas menores que las del caso Ciccone y por hechos de hace mucho más tiempo atrás”, respondieron ayer en el tribunal ante la consulta de Infobae.

José María Núñez Carmona

José María Núñez Carmona

Además, los jueces señalaron que durante la investigación hubo testigos amenazados, otros que fueron apartados de sus cargos, hubo expedientes que desaparecieron y que Boudou y Núñez Carmona tienen otras causas en trámite.

También señalaron que Boudou, Núñez Carmona y Ciccone “ostentan sobradas vinculaciones familiares, personales, profesionales, comerciales, contactos sociales y propios de los círculos que frecuentaron en sus últimos años, capacidad económica financiera –potencial o efectiva– para procurarse los medios necesarios para sortear otras restricciones menos intrusivas al encarcelamiento preventivo o detención procesal”.

Los jueces destacaron que los tres condenados presentan situaciones para continuar en libertad pero que sería un privilegio frente a otros condenados: “Pareciera ser que con esa vara se estaría privilegiando, sin más, la situación de los imputados que exhiben suficiente inserción social y económica, frente a todos aquéllos que carecen de todo esto por diversos motivos, y muchas veces como consecuencia de indeseados avatares de la vida, carencias económicas y hasta por inequidad de la estructura social, como se vislumbra, con bastante frecuencia, en otras causas en que se ventilan modalidades delictivas ajenas a las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial, o bien delitos de criminalidad organizada, delitos económicos, y otros ilícitos por el estilo”.

Pero este no fue el criterio unánime del tribunal. La jueza Gabriela López Iñiguez votó por no detener a los acusados. Sostuvo que para eso la condena debe quedar firme y que “el encarcelamiento sin condena firme solo puede aplicarse excepcionalmente, y cuando se considere que existe en el caso concreto de peligro de fuga o entorpecimiento”. Para la magistrada no se da en este caso.

También señaló que la Fiscalía no pidió las detenciones y que solo lo hizo la querella de la Unidad de Información Financiera pero sin ninguna fundamentación.

La titular de la OA, Laura Alonso, y Mariano Federici, presidente de la UIF

La titular de la OA, Laura Alonso, y Mariano Federici, presidente de la UIF

López Iñiguez también hizo referencia a la situación personal de Boudou y Núñez Carmona. Explicó que “no incurrieron en rebeldías, no ocultaron o proporcionaron falsa información sobre su identidad o domicilio, no intentaron fugarse en el momento de sus anteriores detenciones, ni fueron hostiles, ni ejercieron violencia que permitan pronosticar que no se someterán a la persecución penal”. También que en enero pasado la Cámara Federal los liberó después de estar dos meses presos en otra causa y que el tribunal señaló que no había ningún peligro procesal.

La jueza agregó que en el caso de Boudou “el peligro de fuga tampoco puede inferirse por su calidad de ex funcionario público sin una circunstancia concreta que demuestre una influencia real que le permitiría obstruir la aplicación de la ley penal”.

“Más aún, no sería descabellado mencionar que el nombrado pertenece a un sector político que es opositor a quien hoy detenta el poder de policía del Estado, con lo cual debería lógicamente debilitarse la probabilidad de éxito ante un intento de salida ilegal del país. Tampoco se advierten razones para pensar que Boudou tiene algún tipo de vínculo con el gobierno actual, como para tener por existente la ´influencia´ referida anteriormente”, explicó y sumó como argumento que se trata “de una figura de gran notoriedad pública, lo que disminuye su posibilidad de evadir el accionar de la justicia”.

Con los fundamentos del tribunal, las defensas de los tres detenidos podrán apelar para que sean revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal.

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Pese a la privatización y los despidos, Arsat tiene 25% más empleados que antes

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El Gobierno sumó más empleados a la compañía, que ahora tiene menos tareas y despliegue. Después de echar a varios científicos, llenó Arsat de licenciados en marketing y hasta veterinarios.

ARSAT incrementó su personal en más de un 25% desde que asumió Mauricio Macri, pese a haber privatizado sus tareas, suspender el ARSAT-3, interrumpir el despliegue de la Televisión Digital Abierta (TDA) y no impulsar ningún proyecto con el espectro radioeléctrico para comunicaciones móviles.

En enero de 2016 contaba con 541 personas y este año ya tiene 680 empleados trabajando en la empresa. Desde adentro de la compañía resaltaron que los nuevos puestos están relacionados con la militancia del PRO. Pero el Gobierno, que había puntualizado que parte de los problemas del país eran por “la grasa militante”, echó a casi 100 personas desde que tomó el control de la compañía.

La decisión de Macri y de Rodrigo de Loredo, que dirigía ARSAT y familiar del ministro de Defensa Oscar Aguad, fue desarmar la compañía. “Como consecuencia de la suspensión de los proyectos satelitales, un conjunto de ingenieros y profesionales con extensa carrera en la empresa migraron al extranjero” señalaron funcionarios a minutouno.com. Desde diciembre de 2015 a enero de 2019, la Alianza Cambiemos dio de alta 268 empleados en ARSAT, relacionados al Gobierno.

Los perfiles de los nuevos empleados estatales PRO son diversos, pero abundan los egresados de universidades privadas licenciados en marketing y veterinarios.

El Gobierno decidió privatizar y extranjerizar buena parte de los proyectos de ARSAT. Como consecuencia, varios ingenieros se fueron del país. Primero se fue Andrés Rodríguez, quien fue el jefe de proyecto en ARSAT-1, a Skyloom, luego Gabriel Conte a España para trabajar en la misión de la agencia espacial europea (ESA) al planeta Marte ExoMars 2020 y, finalmente, Mariano Goldschmidt, la cabeza principal del proyecto espacial de ARSAT, a Thales Alenia Space en Francia.

De Loredo, primer presidente de ARSAT y yerno de Aguad, tuvo que renunciar tras los escándalos de nepotismo que atravesaron la presidencia de Macri en febrero de 2018, incluso llegando a reconocer que no tenía ningún conocimiento para el cargo que ocupó por más de dos años.

El caso más fuerte es el de la hija de Jorge Irigoin, presidente del Correo Argentino desde que asumió Macri. Dolores cobraba en abril de 2016 $80.000. Jorge Irigoin fue gerente general de Nahuelsat entre 2001 y 2004, llevando la empresa al colapso que terminó en la creación de ARSAT para evitar la inminente pérdida de las posiciones orbitales asignadas a la Argentina por los incumplimientos de la empresa que comandaba el propio Irigoin.

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A siete meses de las elecciones presidenciales, el kirchnerismo supera a Cambiemos, según dos encuestas

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Uno de los revelamientos muestra, además, que a la gente le preocupa más la inflación y los temas económicos que la corrupción.

Si las elecciones presidenciales fueran en estos días, el kircherismo le ganaría a Cambiemos pero no evitaría el escenario de balotaje, según coincidieron dos encuestas dadas a conocer este domingo.

Una de ellas es el sondeo nacional que hizo Synopsis para Clarín. Durante los comicios de medio término fue de las consultoras que mejor adelantó el triunfo oficialista en la provincia de Buenos Aires, aunque le erró al pronosticar un resultado apretado en las elecciones de la semana pasada en Neuquén.

La medición se hizo entre el 8 y 9 de marzo en base a 1.314 casos relevados en el área metropolitana de Buenos Aires y principales ciudades del interior (La Plata, Mar del Plata, Rosario, Paraná, Comodoro Rivadavia, San Miguel De Tucumán, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Salta, Corrientes y Neuquén, entre otras).

La otra es una encuesta que hizo para Página 12 el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP).

De acuerdo con el estudio de Synopsis, la preocupación por la inflación subió por segundo mes seguido “registrando en marzo un salto de +7,9 puntos porcentuales (p.p.)”, lo que representa el “máximo de todo el ciclo Cambiemos”. En ese sentido, “las preocupaciones económicas llegan al 57,5%, relegando en el ranking a otras problemáticas como la corrupción (16,5%), y la Inseguridad (8,0%)”.

Además, “1 de cada 4 (25,4%) cree que la situación económica actual del país mejorará en un año mientras que el 48% cree que empeorará; sólo 1 de cada 5 (19,7%) piensa que su propia situación personal va a mejorar, al tiempo que el 44% cree que su situación empeorará”.

Para la consultora, en primera vuelta Cambiemos conseguiría el 31,6% de los sufragios mientras que el kirchnerismo y espacios aliados se harían con 32,8. Mientras que en el balotaje, Mauricio Macri sacaría el 45,4 y Cristina Kirchner, 44,9.

En un escenario en el que el Presidente enfrente en segunda vuelta a otros candidatos, ganaría con el 49,6 frente al 43,2 de Agustín Rossi; 48 contra los 43,1 de Felipe Solá, y perdería con 37,3 ante los 50,4 de Roberto Lavagna.

Por su parte, CEOP arroja que en la primera vuelta la ex presidenta se llevaría el 31,4% de los sufragios, el actual mandatario el 27,3 y Roberto Lavagna, 8,5.

Mientras tanto, en un balotaje entre Macri y Cristina, la actual senadora se impondría con el 37,4% sobre los 34,3 del actual jefe de Estado.

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Allanaron la casa de la supervisora de Migraciones que dejó ingresar a los iraníes tras una insólita cadena de errores

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El martes 12 de este mes a las 10:20 en el aeropuerto de Ezeiza, Emiliano Daniel Piñol, oriundo de Villa Lugano, empleado de la Dirección Nacional de Migraciones desde mediados de 2009, se encargó de chequear los pasaportes aparentemente israelíes de quienes decían ser Netanel Toledano y Rivka Toledano, que venían en un vuelo desde España. Una consulta con la base global I-24/7 de Interpol reveló que estos pasaportes habían sido denunciados como “robados”.

Así, Piñol activó las alertas de restricción en el sistema local y le consultó qué hacer al respecto a José Ignacio Naldini, de 45 años de edad, oriundo de Adrogué, un funcionario de Migraciones de mayor jerarquía, también con diez años de antigüedad dentro de la DNM, mediante un correo electrónico. Piñol le solicitó a Naldini, según fuentes cercanas al trámite aInfobae, qué hacer, qué temperamento tomar.

Ese mismo día, Interpol en Jerusalem recibió una notificación desde Argentina, un pedido de información sobre los supuestos Toledano que alertaba que habían llegado al país.

Mientras tanto, los Toledano salían a caminar libremente por suelo porteño, con identidades falsas y un departamento en la zona del Abasto. No eran israelíes para empezar, sino que eran oriundos de Irán: Sajjad Samiel Naserani (27 años) y Mashoreh Sabzali (30) son sus presuntos nombres.

Cuatro días después, Sabzali y Naserani fueron detenidos por la Policía Federal Argentina en un operativo supervisado en persona por el jefe de la fuerza, Néstor Roncaglia, tras una investigación de la AFI y llevados a una alcaidía de la dependencia de la PFA en la calle Cavia, con una investigación a cargo del juez Luis Rodríguez. Hoy por la mañana, ambos fueron trasladados con un fuerte operativo de seguridad hasta los tribunales de Comodoro Py para ser indagados por el juez.

En el medio de toda esta narrativa hay una historia insólita, una cadena de errores nacionales e internacionales que llevaron a que un hombre y una mujer sospechados por la Embajada local de Israel de tener vínculos con el terrorismo islamista se muevan como quieran por la Capital Federal.

El miércoles 13, un día después de su llegada, el Estado argentino recibió una respuesta del Gobierno israelí. Afirmaba que los pasaportes efectivamente habían sido robados a dos hermanos del mismo apellido que estaban dentro de Israel en ese momento. Los nombres, para empezar, habían sido alterados.

Los pasaportes fueron refutados por la oficina de Interpol en Jerusalén.

Los pasaportes fueron refutados por la oficina de Interpol en Jerusalén.

Desde Argentina, se amplió el pedido de información a Interpol en Jerusalén, se enviaron copias de los documentos de los iraníes y sus fotos, así como sus huellas dactilares.Jerusalén confirmó lo obvio: las fotos y las huellas no coinciden con las de los verdaderos titulares.

El embrollo continúa. Los registros evidencian que una supervisora de Migraciones llamada Claudia Zaporta, de 48 años, empleada de la DNM desde 2005, determinó que la restricción sobre los iraníes en el sistema “se debía a una denuncia sobre pérdida del pasaporte” y que se procedió a “su ingreso con pasaporte hábil de viaje”. Para sumar a la ironía, Interpol Israel envió otro mensaje que aseguraba que los pasaportes falsos hasta tenían faltas de ortografía en hebreo.

El jueves 14, con los iraníes todavía en la calle, se elevó la situación a Comodoro Py, dada la competencia federal en la materia: recayó en el escritorio del juez Luis Rodríguez. Ese mismo día, las divisiones de Individualización Criminal y Dactiloscopía de la Federal reciben las fotos y huellas de Naserani y Sabzali.

El operativo de seguridad para trasladar a los iraníes a Comodoro Py (Manuel Cortina)

El operativo de seguridad para trasladar a los iraníes a Comodoro Py (Manuel Cortina)

Mientras tanto, los pedidos de colaboración salían al extranjero. Interpol, mediante su unidad de reconocimiento, aseguró que los datos no correspondían a sospechosos a nivel global. La oficina española de Interpol aseguraba que los iraníes habían usado para salir de Madrid pasaportes distintos a los que presentaron en Argentina, compraron boletos en Air Europa con otros dos documentos israelíes, uno denunciado, el otro sin impedimentos:el primer control que burlaron fue uno de la Unión Europea. Naserani y Sabzali, por su parte, tampoco tenían antecedentes en territorio ibérico.

El viernes 15, un correo desde Jerusalén volvió a ratificar lo obvio, con muchos más detalles. Los pasaportes que Naserani y Sabzali presentaron eran completamente falsos, incluido el número de identificación de uno de ellos y que el deletreo en hebreo -mal escrito- corresponde a dos ciudadanos israelí-franceses. Los pasaportes fueron robados el 7 de enero de este año.

La casa de Claudia Zaporta fue allanada el viernes pasado por la Policía Federal según aseguraron altas fuentes oficiales a Infobae. Piñol, el primer empleado de Migraciones que participó en la cadena de decisiones también fue allanado ese mismo día. 

Migraciones, por su parte, anunció las suspensiones de varios empleados tras el escándalo con pedidos oficiales de información sobre los funcionarios que intervinieron en la entrada de Naserani y Sabzali al país.

La posibilidad de que los iraníes sean expulsados de la Argentina entra en la trama. Mientras tanto, el Servicio Penitenciario Federal les prepara una celda.

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