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Por qué Alberto Fernández no denunció el fraude cometido por Maduro en las elecciones legislativas

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El Presidente había condenado al régimen venezolano por sus violaciones sistemáticas a los derechos humanos y ahora confundió a la comunidad internacional al permanecer en silencio ante las graves irregularidades perpetradas en los comicios del domingo pasado

Alberto Fernández había impuesto su voluntad política frente a Cristina Fernández de Kirchner cuando avaló un informe de Naciones Unidas que confirmaba la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela cometida por Nicolás Maduro y sus grupos de tareas cívico-militar.

El kirchnerismo duro y sus aliados políticos en el Frente de Todos, acicateados por la nomenclatura del régimen populista de Maduro, intentaron torcer la posición presidencial y evitar que Argentina votara a favor del informe Bachelet.

Con el aval silencioso de CFK, la diplomacia argentina en la OEA intentó boicotear la decisión de Alberto Fernández. Carlos Raimundi, un ex diputado con escaso conocimiento de política exterior, aprovechó su designación en la OEA para jugar al lado de Maduro. Fue un bochorno que la Casa Rosada pagó en prestigio internacional.

Antes de ordenar su ratificación diplomática en Ginebra, Alberto Fernández había dialogado con la expresidente Michelle Bachelet para conocer los detalles de su certera investigación. Cuando concluyó la conversación telefónica, el jefe de Estado no tenía dudas acerca del voluminoso informe realizado por cuenta y orden de la ONU.

La posición argentina frente al informe Bachelet fue un triunfo diplomático de Alberto Fernández. El Presidente capitalizó ese movimiento de política exterior en su conversación con Joseph Biden y durante los encuentros que mantuvo con Jair Bolsonaro y Luis Lacalle Pou. Ya no aparecía Argentina cercana a Maduro y su régimen populista, que aplicaba el terror sistemático para permanecer en el poder.

El jefe de Estado evaluó que la derrota de Donald Trump ponía en retirada la hipótesis de conflicto contra Maduro y que habría la posibilidad de establecer una mesa de diálogo político respaldado por el Grupo de Contacto, el Mercosur y Biden. Alberto Fernández se sentía cómodo en ese escenario y aguardaba su oportunidad para iniciar la fase II de su hoja de ruta en Venezuela.

Esa fase II implicaba reclamar la suspensión del bloqueo económico y financiero ordenado por la Casa Blanca sobre Venezuela, exigir que el régimen populista cese de inmediato en la violación de los derechos humanos y convocar al diseño de una transición ordenada con todas las partes involucradas.

Alberto Fernández contaba con sus socios del Mercosur, los países claves del Grupo de Contacto -España, Italia, Francia, Alemania y Gran Bretaña-, el Papa Francisco y la anuencia del presidente electo Biden, que necesita evitar un conflicto en América Latina que complique aún más la agenda internacional que heredará de Trump.

En este contexto geopolítico, adonde la secuencia se alineaba con los parámetros previstos por el Presidente, no se entiende porqué la Argentina decidió callar frente al fraude cometido por Maduro en los comicios legislativos del domingo pasado. El silencio de Alberto Fernández, en contra de la información reservada que maneja y sus propias convicciones, transformó su política exterior en un lodazal.

Diego Guelar embajador argentino en Estados Unidos, la Unión Europea y ChinaDiego Guelar embajador argentino en Estados Unidos, la Unión Europea y China

“El Presidente cree que haciendo silencio sobre las irregularidades en Venezuela, mantiene una posición de no alineamiento con Estados Unidos. Su pensamiento atrasa 40 años, y lo peor es que da una señal al mundo de falta de convicción sobre los valores republicanos e independencia de los poderes del Estado. Tanto el Grupo de Lima como el Grupo de Contacto -Argentina está en ambos- condenó está elección como una farsa. No hay forma de explicar la posición del país. Esto nos condena al aislamiento y nos resta toda credibilidad”, opinó Diego Guelar, exembajador en Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea y China.

A su turno, el especialista en relaciones internacionales y exembajador Mariano Caucino sostuvo que “el gobierno argentino ha optado por un silencio ensordecedor ante el fraude y la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela. El Presidente cree -añadió Caucino- que puede quedar bien con tirios y troyanos, pero lamentablemente eso no es posible: va rumbo a quedar mal con todo el mundo”.

Por último. Facundo Suárez Lastra -vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados- argumentó que “la posición a veces ambigua otras veces de apoyo y soporte al régimen de Maduro por parte del presidente Fernández se debe a la equivocación de privilegiar la contención de los diversos sectores que integran el Frente de Todos. Lo que conciben como virtuoso para el frente interno, es totalmente contraproducente en la imagen internacional de la Argentina y afecta seriamente nuestra reputación como país en la comunidad internacional”.

Nicolás Maduro, líder populista de VenezuelaNicolás Maduro, líder populista de Venezuela

Desde otra perspectiva, el silencio diplomático de Alberto Fernández se puede explicar por la correlación de fuerzas adentro de la coalición de gobierno. Cuando impuso su postura respecto al informe Bachelet, el Presidente aún mantenía una importante imagen pública a favor y CFK permanecía recluida en su despacho del Senado aguardando su oportunidad política.

Ese escenario de poder cambió en las últimas semanas: Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner casi no se hablan, la imagen positiva del jefe de Estado cayó y Maduro ejecutó una filosa operación de lobby en el Frente de Todos para evitar la condena de la Argentina.

A su vez, Alberto Fernández desconfía de Felipe Solá y eso le juega en contra al momento de tomar decisiones respecto a la crisis de Venezuela. No es común que un Presidente no convoque a su canciller para analizar cómo responder ante un acontecimiento institucional de semejantes características.

El Presidente recibió muchísimos informes -públicos y reservados- acerca del fraude cometido por Maduro para preservar su poder interno. Y ya no tiene dudas sobre la responsabilidad institucional del régimen populista.

Pero privilegió mantener el frágil status quo con CFK y el Frente de Todos. Una decisión política que dañó su agenda internacional y fortaleció la hipótesis de cohabitación tácita con la Vicepresidente que preocupa -mucho- en el Mercosur, la Unión Europea y el equipo de transición de Joseph Biden.

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La Justicia acelera la quiebra del Correo Argentino y no descarta que la familia Macri deba pagar la deuda exigida por el Estado

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En medio del enfrentamiento entre la Casa Rosada y el expresidente, el fuero comercial dio curso a una presentación del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que coloca a la compañía al borde de la liquidación

En una resolución de apenas ocho renglones, la jueza comercial María Cirulli desmanteló la defensa que trataba de evitar que la posible quiebra del Correo Argentino S.A. provoque un efecto dominó contra la estabilidad económica del Grupo Socma y el patrimonio personal de los hermanos y sobrinos del expresidente Mauricio Macri.

“Por ello, lo establecido en la LCQ 48, restantes normas legales, precedentes jurisdiccionales vinculantes y doctrina citada, resuelvo:

1. Establecer que el paquete accionario de Correo Argentino S.A. carece de valor positivo.

2. Citar la audiencia informativa establecida en la LCQ 48, inciso 5, en el día 29 del mes de marzo de 2021 a las 12 hs.

3. Notifíquese por ministerio de la ley”, dictaminó la magistrada.

La traducción del argot jurídico es fácil de ejecutar. La juez Cirulli resolvió que las acciones de la familia Macri en el Correo Argentino no valen nada, y que por lo tanto -si en un plazo fijado por el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial- no acercan una nueva propuesta, se acelera la quiebra de la compañía familiar y ante la ausencia de fondos para resolver la deuda se podría avanzar sobre el Grupo Socma y el patrimonio de los familiares directos del exjefe de Estado.

Desde la perspectiva del Gobierno, la familia Macri y su empresa, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4500 millones de pesos.

El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019

Si la cifra alegada por Balcarce 50 fuera cierta, Socma y el patrimonio de la familia Macri no alcanzaría a satisfacer la deuda reclamada por el Estado Nacional al Correo Argentino.

En este contexto, la defensa del Correo Argentino sostiene que se trata de una ofensiva judicial que está teñida por las diferencias entre Alberto Fernández y su antecesor. Desde esta perspectiva, a los abogados del Correo Argentino les sorprendió que la jueza Cirulli accediera al expediente hacia fines de febrero y que apenas seis días hábiles después decidiera que no tiene sentido seguir con la instancia de “cramdown” y permita la posibilidad de iniciar la quiebra del Correo para luego avanzar sobre otros bienes del Grupo Socma y la familia Macri.

“Esa resolución se tomó hoy. Significa que la jueza de primera instancia, en un plazo llamativamente breve, no valoró ni tomó en cuenta las impugnaciones a la valuación del paquete accionario de Correo que hicieron Socma y otros interesados en adquirir el paquete accionario. Sorpresivamente, tampoco ordenó una notificación para que el estudio evaluador brinde explicaciones cómo hubiese correspondido en una valuación de tanta complejidad. Evidentemente la resolución va a ser apelada. Con respecto a la fecha establecida, corresponde al plazo para que Correo y/o los interesados acompañen las conformidades correspondientes para homologar una propuesta. Este plazo podría ser suspendido en caso de que prosperen los recursos que se han planteado”, aseguró a Infobae un vocero de la compañía.

Pese a los cuestionamientos jurídicos presentados por la defensa del Correo Argentino, en Casa Rosada explicaron que todo está ajustado a derecho, que se cumplieron los plazos, y que la decisión de la jueza Cirulli es irreprochable.

Al otro lado de la trinchera legal, los defensores del Correo Argentino aseguraron que el fallo de la jueza no quedará firme, que presentarán todas las apelaciones habilitadas por las leyes vigentes y no descartan llegar a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario.

La cita clave será el próximo 29 de marzo. Si la defensa del Correo Argentino no prospera, la Justicia comercial podría avanzar sobre los bienes del Grupo Socma y a continuación, sobre el patrimonio de los accionistas Gianfranco, Mariano, Florencia, y los hijos de Sandra Macri.

Todo en medio del enfrentamiento visceral entre Alberto Fernández y Mauricio Macri.

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Cuáles son los argumentos del Gobierno para impulsar un juicio por el crédito que Macri tomó con el FMI

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Un escrito del Banco Central da cuenta de las ideas oficiales sobre las que gira esta estrategia, que critica la forma en que se endeudó el país en 2018

La investigación que el Banco Central pidió que se transforme en un expediente judicial para comprobar si hubo una defraudación en el crédito al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 se basa en dos grandes argumentos. Así se desprende de un memo de la entidad que preside Miguel Pesce y que expresa que: el dinero sirvió para la fuga de capitales y que el crédito no pasó el filtro previo de las instancias jurídicas y legislativas correspondientes.

“El expediente administrativo del registro del Ex Ministerio de Hacienda de la Nación en el que tramitaran las actuaciones relativas al acuerdo stand by de acceso excepcional suscripto con el FMI, fue iniciado el 21 de junio de 2019, esto es, con posterioridad a la suscripción y formalización de los documentos que sellaran dicho acuerdo”, se indicó. En cambio, “la carta de Intención y los memorándums fueron suscriptos el 12 de junio de 2018”.

“Como consecuencia de ello, la Carta de Intención, el Memorándum de Entendimiento de Política Económica y Financiera y el Memorándum de Entendimiento Técnico, por los que la República Argentina solicitara el acuerdo más grande de la historia del FMI, fueron todos suscriptos sin un dictamen jurídico previo que analizara cuestiones medulares que necesariamente deberían haber sido objeto de estudio legal previo a la suscripción de los documentos”, sostiene el BCRA.

Esto es, “si el Poder Ejecutivo Nacional y en especial el Ex Ministerio de Hacienda se encontraba facultado a decidir y formalizar un acuerdo con el FMI por semejante monto, y sujeto a las condicionalidades establecidas en los documentos que lo conforman”.

“La opinión legal emitida –reitero, posterior a la formalización del acuerdo- se ha limitado a analizar una cuestión meramente formal, consistente en la facultad del Ex Ministerio de Hacienda para cursar las misivas al Organismo Internacional, de acuerdo al rol que le asigna el artículo V, sección I del Convenio Constitutivo de ese Organismo”.

“A pesar del principio general contenido en el art.60 de la ley 24.156 promulgada en el año 1992, que prohíbe a las entidades de la APN formalizar operaciones de crédito público no contempladas en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica, dicho acuerdo fue suscripto en ausencia absoluta de ley formal que lo autorizara”, precisó.

Dicho acuerdo fue suscripto en ausencia absoluta de ley formal que lo autorizara

“La excepción a ese principio general contenido en la norma cuando la operación de crédito fuera formalizado con un organismo financiero internacional del que la Nación formara parte, constituía una delegación prohibida a la luz del art.76 de la Constitución Nacional, y los claros términos de la cláusula provisoria octava que acompañó la sanción de la nueva Constitución, que dispuso la caducidad de toda la legislación delegada preexistente que no contuviera plazo establecido para su ejercicio”, indica el escrito.

Tampoco se trató de un préstamo tomado para realizar inversiones para el desarrollo económico del país declaradas de interés nacional por ley o por el PEN, único caso en que la ley 11.672 permanente de presupuesto faculta al PEN a contratar préstamos con Organismos Internacionales a los que la República pertenezca como miembro, siempre que el préstamo se ajuste a las condiciones usuales de los respectivos convenios básicos, condición ésta que tampoco se cumplía por la excepcionalidad del monto en términos cuantitativos, a la luz de la cuota correspondiente a la Nación”, advirtió el BCRA.

Tampoco se trató de un préstamo tomado para realizar inversiones para el desarrollo económico del país

En este sentido, el Banco Central “no emitió el informe previo a la formalización del acto, sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, herramienta fundamental para dilucidar la capacidad de repago del país frente a los compromisos asumidos, a la luz de los distintos rubros que conforman la cuenta corriente y de capital, y que el artículo 61 de la ley 24.156 de Administración financiera y de los sistemas de control de la APN, considera esencial cuando la operación de crédito público, origine la constitución de deuda pública externa”.

La entidad cita el informe “Mercado de cambios, Deuda y Formación de Activos externos 2015-2019”, elaborado por el B.C.R.A. a solicitud del presidente de la Nación Argentina, que “dio cuenta del aumento exponencial en la formación de activos externos (coloquialmente llamada “fuga de capitales”)”.

Miguel Pesce, presidente del BCRA  Miguel Pesce, presidente del BCRA

“A lo largo de todo el período, se triplicó, superando los USD 86.000 millones. Aún durante la primera fase de auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los USD 41.100 millones. En la etapa de aceleración de salida de capitales, entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos recién en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de USD 44.500 millones”, detalló.

Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los USD 45,1 mil millones”, afirmó .

Por lo tanto, ante “la ausencia absoluta de medidas de contención de dicha fuga durante, dan cuenta de la flagrante violación a los diáfanos términos del art. VI del convenio constitutivo del FMI aprobado por la República Argentina por Ley 21.648 que prohíbe la utilización de los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable y continua de capitales”.

A su vez, de “la contradicción explícita con los objetivos expuestos en el memorándum de Entendimiento sobre Políticas Económicas y Monetarias en el marco del acuerdo con el FMI, ya que se asumió, entre otros compromisos, el de disminuir las tensiones en la balanza de pago, incrementando las reservas internacionales”.

“Todo ello, en el marco de un acuerdo suscripto sin el más mínimo de control de legalidad y legitimidad”, sentenció.

“La función administrativa -y la negociación o toma de deuda por parte del Poder Ejecutivo lo es- está sometida al test de la razonabilidad que implica analizar la oportunidad, mérito o conveniencia de su dictado y la competencia de los órganos para decidir y formalizar el acto, esto es, su legitimidad”, destacó.

“La efectivización de una decisión política está sujeta a una serie de procedimientos; requisitos; informes y dictámenes cuyo cumplimiento y respeto resultan obligatorios para los funcionarios públicos”, indicó.

“Su omisión constituye una grave irregularidad que compromete la responsabilidad personal de los funcionarios involucrados en la misma”, concluyó el escrito que seguramente pasará a formar parte de la causa judicial que el Gobierno quiere impulsar.

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La Asociación de Magistrados rechazó el pedido del Presidente para que el Congreso investigue a los jueces

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“El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de ´control cruzado´”, sostuvo la entidad a través de un comunicado. También se refirió a un “afirmación errada” del Presidente sobre el Impuesto a las Ganancias

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) emitió ayer a última hora de la noche un comunicado en el que rechazó el pedido que el presidente Alberto Fernández hizo el lunes en la apertura de la asamblea legislativa para que el Congreso de la Nación controle a los jueces.

“El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de ‘control cruzado’, ajeno al orden constitucional jurado”, sostuvo la entidad y agregó que Fernández omitió “considerar que el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional”.

“El Poder Judicial de la Nación está en crisis”, dijo el jefe de Estado y agregó “que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”. Por eso pidió al Congreso “que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”. El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli habló ayer sobre la creación de esa comisión.

Sobre la definición de vivir al margen del sistema republicano, la AMFJN , presidida por el juez Marcelo Gallo Tagle, dijo que “debe precisarse que la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático. Sin ello, no hay República”. El comunicado fue firmado por todos los integrantes de la mesa directiva de la entidad que la integran las tres listas políticas que tiene la justicia.

La asociación respondió otro pasaje del discurso del Presidente en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Fue el referido al pago del impuesto a las ganancias. “Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el Impuesto a las Ganancias que si tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado”, dijo.

Marcelo Gallo Tagle, presidente de la AMFJNMarcelo Gallo Tagle, presidente de la AMFJN

“También ha preocupado una afirmación errada”, dijo la entidad sobre la referencia a Ganancias y agregó: “cuando sabido es que a partir de la ley Nº 27.430, todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo. Si no hay más comprendidos en tal imposición, es porque se encuentran demoradas cientos de designaciones en cargos vacantes, problema crucial al que no se hizo referencia”.

“Por ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se encuentra en el triste deber de tener que señalar, con respetuosa firmeza, que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que desagraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que entre todos debemos construir”, agregó la AMFJN en su comunicado de cinco párrafos.

En el último la entidad dijo que avalaba uno de los aspectos de los dichos del jefe de estado. “Empero, coincidimos plenamente con el Sr. Presidente de la República cuando dice: “´Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca´. Esta grave situación es la que debemos prevenir y solucionar, en necesario marco de Verdad, sin agravios y sin presiones”, concluyó.

Comunicado completo

En el discurso de apertura de las sesiones legislativas, el Sr. Presidente de la Nación dijo a toda la ciudadanía que el Poder Judicial “es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”. Por el contrario, debe precisarse que la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático. Sin ello, no hay República.

Pidió también al Congreso “que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”, omitiendo considerar que el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional. El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de “control cruzado”, ajeno al orden constitucional jurado.

También ha preocupado una afirmación errada sobre que “ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias”, cuando sabido es que a partir de la ley Nº 27.430, todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo. Si no hay más comprendidos en tal imposición, es porque se encuentran demoradas cientos de designaciones en cargos vacantes, problema crucial al que no se hizo referencia.

Por ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se encuentra en el triste deber de tener que señalar, con respetuosa firmeza, que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que desagraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que entre todos debemos construir.

Empero, coincidimos plenamente con el Sr. Presidente de la República cuando dice: “Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca”. Esta grave situación es la que debemos prevenir y solucionar, en necesario marco de Verdad, sin agravios y sin presiones.

Buenos Aires, 2 de marzo de 2021

Paula Asaro

Marcelo Gallo Tagle

Vicepresidente MPF

Presidente

Atilio Álvarez

Osvaldo Facciano

Vicepresidente MPD

Vicepresidente Jueces

Maximiliano Callizo

Enrique Comellas

Vicepresidente por Funcionarios

Secretario General

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