Por orden del Papa Francisco, el Vaticano dejará de comprar a empresas con sede en paraísos fiscales

A través de casi 100 artículos, la legislación se basa en la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, a la vez que sustituye y reemplaza a todas las normas sobre la materia vigentes en modo disperso entre la Administración Patrimonial de la Sede Apostólica (APSA) y la Gobernación del Vaticano. Además, esta será válida para todos los entes de la Santa Sede.

El fin de la nueva norma es el uso sostenible de los fondos internos, así como la transparencia de los procesos de adjudicación, según plantea el artículo 1.

El artículo 5 de la nueva ley, por su parte, plantea la búsqueda de la “eticidad en el orientamiento de las elecciones económicas y de los interlocutores sobre parámetros de respeto de la Doctrina Social de la Iglesia”.

El texto hace hincapié también en la importancia de evitar “conflictos de intereses”, para lo que se adoptarán medidas para “eludir cualquier distorsión de la competencia y garantizar la paridad de tratamiento a todos los operadores económicos” oferentes de bienes y servicios a la Santa Sede.

Además de por la residencia en paraísos fiscales, el elenco de prestadores de la Santa Sede excluirá a los operadores que en el momento estén siendo investigados o tengan condenas de primer grado por participación en organizaciones criminales, corrupción, fraude o delitos terroristas, por lavado o por explotación de menores.

Habrá también una lista de precios de referencia para los bienes y servicios que el Vaticano busque contratar. Las compras, que buscarán ser planificadas hasta el 31 de octubre de cada año, serán supervisadas por un cuerpo de peritos formado por empleados del Vaticano.