“Esfuerzo compartido” para evitar el salto de las cuotas en febrero
El mecanismo de compensación dispuesto apunta a amortiguar el incremento que hubieran afrontado los deudores hipotecarios en febrero. En ningún caso, la cuota podrá superar el 35 por ciento de los ingresos familiares.
El Gobierno anunció un plan para los deudores de los créditos hipotecarios UVA . Terminará el congelamiento de las cuotas que había sido establecido en agosto del año pasado por el gobierno de Cambiemos y prorrogado a fines de diciembre por la gestión actual. Con el “descongelamiento”, las cuotas deberían subir un 26 por ciento, que es la cifra que surge de la actualización que tuvo la unidad de valor adquisitivo (UVA) por la inflación de ese período. La solución establecida por el Banco Central y el Ministerio de Desarrollo Territorial es que se aplicará ese aumento, pero en forma escalonada durante los próximos 12 meses. Habrá un mecanismo de convergencia de las cuotas correspondiente a los préstamos que “implica un esfuerzo compartido entre las entidades financieras y los deudores”, según un comunicado difundido por el Banco Central. El colectivo de hipotecados se mostró “decepcionado” y organiza una movilización para el jueves por la tarde en todo el país.
“A fin de evitar un aumento tan pronunciado, se implementará un esquema de bonificación que distribuirá en un lapso de 12 meses el alza que debía imputarse a partir del mes de febrero”, indica el documento difundido por la entidad que preside Miguel Pesce. Los bancos aportarán 1.411 millones de pesos para financiar el proceso de convergencia, en línea con el criterio de “esfuerzo compartido” que había sido establecido por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación productiva aprobada en diciembre en el Congreso.
Las entidades financieras tendrán una fórmula de convergencia para cada hipotecado, que indique los aumentos que se darán por la suba de la UVA y por ese 26 por ciento que no fue abonado durante el período del congelamiento. Los bancos realizan el seguimiento de los créditos en el home banking y publican el valor de la cuota a pagar unos días después de que sale el dato de inflación y el nuevo valor de la UVA. Sin embargo, los hipotecados reclaman que el Banco Nación, que tiene la mitad de los créditos, no permite saber la anticipación del valor de la cuota, y el deudor se entera directamente cuando se la descuentan.
El costo del congelamiento fue de 690 millones de pesos entre septiembre 2019 a enero 2020, y se financió con fondos del fideicomiso Procrear, “un instrumento originalmente diseñado para construir viviendas”, indicaron en el comunicado. Según el relevamiento realizado por el Banco Central, existen en la actualidad un total de 105 mil deudores hipotecarios UVA, de los cuales 95 mil corresponden a préstamos de hasta 120 mil UVAS y para vivienda única. Cabe aclarar que el congelamiento de las cuotas había sido para aquellos con vivienda única y con valor de compra inferior a las 140.000 UVA al momento del otorgamiento del crédito. Por lo que la fórmula de convergencia será también para esos casos.
Cuotas
El Banco Central difundió algunos ejemplos de cómo serán los aumentos de las cuotas con el plan de convergencia. Un crédito con una cuota de 12 mil pesos hubiera saltado a 15.100 pesos en febrero con la suba del 26 por ciento. En el marco del mecanismo, la cuota pasará a 12.600 pesos, es decir, un 5 por ciento más. Si se considera el crédito máximo al que accedieron los beneficiados por el congelamiento, la cuota debería pasar de los 24.300 pesos en enero, a 30.700 pesos en febrero, tal como preveía el salto del 26 por ciento. Con el mecanismo de convergencia, el monto a pagar en febrero será de 25.700 pesos, una suba del 6 por ciento.
Por otro lado, el Gobierno decidió que en caso de que la cuota a pagar supere el 35 por ciento de los ingresos familiares acreditados por los deudores, las entidades financieras deberán establecer un esquema que atienda puntualmente estos casos. Al momento de tomarlos, la relación cuota-ingreso promedio era de 25 por ciento. Pero no está claro quá pasará cuando efectivamente se supere el 35 por ciento: si la diferencia la pondrán los bancos, el Estado o será una refinanciación. El jueves saldrá una norma del Banco Central donde podría haber más detalles. Además, resta conocerse cómo será la fórmula de convergencia del aumento escalonado, para que los hipotecados puedan prever cuál será el aumento en cada mes.
Hipotecados
La medida fue anunciada al colectivo de hipotecados por Miguel Pesce, presidente del Banco Central, y María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial, en una reunión de dos horas que mantuvieron este martes en el Banco Central, que comenzó a las 18:30 y finalizó a las 20:30. Fuentes oficiales indicaron a este medio que esta es la solución que preparaban luego de que se conformara una comisión para evaluar el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos ajustables por UVA.
Sin embargo, los hipotecados aseguran que esta de ninguna manera es una solución de fondo. Aducen que el problema principal, que es que las cuotas y el capital se actualizan por inflación, seguirá estando, en un contexto de elevada inflación y tras el año con mayor inflación desde 1991. No habrá, como esperaban algunos analistas económicos, una actualización por variación salarial. “No hay solución de fondo para los créditos UVA. El sistema no se toca. Los hipotecados estamos profundamente decepcionados”, indicaron a través de un comunicado. Aseguran que el mismo Alberto Fernández había hablado que la indexación era una estafa y usura. “Ganó el lobby bancario”, agregaron. El jueves a las 17:30 realizará una movilización al Banco Central en la Ciudad de Buenos AIres y también hay convocatorias en todo el país.
El incremento será menor a la inflación, que se estima en 11% para el primer trimestre. Quiénes podrían cobrarlo y cuándo se define.
A partir de marzo el monto de las jubilaciones y pensiones y demás prestaciones sociales se incrementará el 8,07% y para compensar la pérdida frente a la inflación habrá un bono extraordinario.
Así adelantaron a Clarín fuentes del Gobierno quienes agregaron que el alcance y el valor del bono serán definidos por el Presidente Alberto Fernández, entre mañana y el viernes.
Se estima que, como se aplicó el año pasado, el bono alcanzará a los que ganan la jubilación mínima o un poco más, a las pensiones no contributivas que cobran el 70% del haber mínimo y los que perciben la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor). En total un universo de casi 5 millones de personas.
La decisión se tomó porque, con el 8,07%, el primer aumento en base a la nueva fórmula de movilidad, que se aplicará por tres meses (marzo-mayo) tuvo un mal debut para los jubilados, pensionados y demás beneficiarios de prestaciones sociales, como AUH, Asignaciones Familiares) que suman 18 millones de personas.
De todos modos, en Casa Rosada insistieron que con la fórmula del anterior Gobierno, el aumento hubiera sido más bajo, del 7,18%.
Punto más, punto menos, el aumento de las jubilaciones y pensiones sería inferior a la inflación del primer trimestre de este año, incluso estimando una inflación descendente (3,5% en febrero y 3,1% en marzo) ya que acumularía una suba de los precios del 11%, afectando a las 18 millones de personas alcanzadas por la movilidad.
Además de las jubilaciones y pensiones, el aumento comprende a las Asignaciones Familiares, AUH, pensiones no contributivas y PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor. Y la fórmula de movilidad no prevé una compensación si la inflación es mayor que el incremento de los haberes.
Cuánto aumenta la jubilacion mínima
Con el aumento del 8,07%, la jubilación mínima subirá de $ 19.035 a $ 20.571 a cobrar durante marzo, abril y mayo. Las pensiones no contributivas serían de $ 14.400 y la PUAM de $ 16.457.
La fórmula de movilidad no contempla ninguna compensación si los aumentos son inferiores a la inflación. Tampoco contempla una recomposición por la pérdida que sufrieron todos los beneficiarios del sistema durante los últimos años que ronda entre el 15 y 25%, según los rangos de haberes. Pero no impide que se otorguen bonos extraordinarios, que no se integran al haber del jubilado, como pasó en 2020. Esto significa que no se consideran como base para los futuros aumentos.
El bono abarcaría a 5 millones de jubilados y pensionados con haberes un poco por encima de la mínima porque – argumentan en el Gobierno– son los mayores perjudicados por la inflación ya que destinan una proporción mayor de sus ingresos a la compra de alimentos, que es el rubro que más aumentó y más incide en el IPC promedio y en el valor de la canasta básica de pobreza.
De todos modos, el resto de los jubilados y pensionados tuvieron pérdidas entre 2018 y 2020 de hasta el 25% y con el 8,07% volverán a perder frente a la inflación.
En el caso de la AUH, en el Gobierno argumentan que los padres y madres con hijos menores de 6 años- tienen una compensación por el aumento de la tarjeta Alimentar que, desde este mes, pasó de $ 4.000 a $ 6.000 por hijo y de $ 6.000 a $ 9.000 con 2 o más hijos.
Sergio Massa adelantó que analizarán nuevas propuestas para el proyecto. Se avanza para que los sueldos de hasta 150.000 brutos no paguen cuando cobren el salario complementario
La semana que viene podría comenzar el tratamiento del proyecto de ley que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por el cual se busca modificar el piso salarial a partir del que se comienza a pagar el Impuesto a las Ganancias.
La iniciativa, que recogió apoyos del oficialismo y de la oposición, establece un nuevo piso de $150.000 bruto por el cual se empieza a pagar el tributo. Sin embargo, en el proceso de discusión de las diferentes comisiones se irán haciendo modificaciones que apuntan a ampliar los beneficios para los trabajadores que tengan que pagarlo.
Habrá cambios y se ampliarán los beneficios (fuentes del massismo)
Fuentes cercanas al presidente de la Cámara de Diputados aseguraron a Infobae que “habrá cambios y se ampliarán los beneficios” y que en ese orden de prioridades de modificaciones encabezan la lista las horas extras, los viáticos y el aguinaldo. Y se analiza lo que podría ser la mayor sorpresa del proyecto: los Autónomos. Se está terminando de estudiar el costo que tendría que una parte de quienes están encuadrados en esa categoría fueran alcanzados por la nueva norma.
“Se está trabajando para sumar que las horas extras y los viáticos de algunos sectores en donde estos dos ítems son cotidianos que no sumen para pagar Ganancias”, explicaron fuentes legislativas.
Lo que sucedió en Toyota días atrás, cuando la empresa que concentra el 50% de las exportaciones del sector automotriz frenó la producción porque sus empleados no aceptaron trabajar un feriado ya que perdían más de lo que ganaban por consecuencias del pago de Ganancias.
Sergio Massa y Martín Guzmán (Maximiliano Luna)
Otro punto importante que están trabajando en el equipo de Massa es el de los aguinaldos. “Buscamos que aquellos que ganan hasta 150.000 pesos brutos no paguen Ganancias por pasarse con el aguinaldo”, describen cerca de Massa. Otro punto que se estudia lo propuso la oposición y tiene que ver con poder descontar los gastos en educación, como cuotas de colegios, libros, materiales y viajes, entre otros.
“El proyecto tiene que ser sustentable desde el punto de vista fiscal. El costo fiscal tiene que ser algo que esté dentro de ciertos parámetros. Algunas de las propuestas que ofrecen desde la oposición se podrían sumar y otras no por el costo que tienen”, explican desde el massismo. Ayer, el presidente de la Cámara baja se reunió con legisladores del Frente de Todos que representan a distintos gremios para analizar el proyecto.
Massa con los diputados de su bloque de extracción gremial
Aunque todos los bloques están de acuerdo con el cambio propuesto por el oficialismo y hubo un decreto por el cual se habilitó a que el tema sea debatido en el Congreso, recién comenzará la discusión luego de la apertura de las sesiones ordenarías.
“Para que quede bien el bordado, primero necesitamos tiempo para zurcir”, metaforizó una fuente del oficialismo que participó de las negociaciones técnicas previas a la presentación del proyecto. Y es que, a pesar de la buena recepción de la medida, que también establece que aquellos que cobren hasta 173.000 pesos brutos tengan menores descuentos que en la actualidad, el Frente de Todos recibió, en las últimas semanas, algunos reparos de la oposición y una parte del sindicalismo.
El proyecto fija un “nuevo piso” de remuneración mensual que beneficiaría al 63,4% de los contribuyentes que actualmente lo pagan en todo el país. El objetivo es proporcionar un alivio fiscal a la clase media trabajadora y jubilados y potenciar el mercado interno.
El diario norteamericano explicó que muchos contribuyentes deberán vender parte de sus activos para pagarlo y señaló que la situación económica empeoró por las medidas del Gobierno
El nuevo impuesto a la riqueza se cobrará el 30 de marzo
La decisión del gobierno argentino de implementar un impuesto a las grandes fortunas generó fuertes críticas entre los contribuyentes que deberán vender parte de sus activos para pagarlo.
Así lo indica un artículo publicado en la portada impresa de hoy del Washington Post, firmada por Diego Laje y Anthony Faiola titulado en su versión en papel “Argentina pasa la factura de la pandemia a los ricos”.
Allí se da cuenta del testimonio de Gabriel De Raedemaeker quien relató que “ya está calculando qué partes de su finca podría tener que vender. No es que las cosechas hayan fracasado o que los precios de las materias primas estén en crisis. Es el nuevo impuesto sobre el patrimonio del gobierno”.
“El Estado me está llevando al límite”, explicó De Raedemaeker, de 54 años (y vicepresidente de CRA), que se enfrenta a un aumento de impuestos del 70% en virtud del nuevo gravamen de la época de la pandemia que afecta a los ciudadanos con más de 3,4 millones de dólares de patrimonio.
La nota sobre Argentina la portada de The Washington Post de hoy
“Al menos desde la década de 1940, cuando la humilde Eva ‘Evita’ Perón pronunciaba encendidos discursos desde el balcón a sus ‘masas descamisadas’, el conflicto de clases ha permanecido justo debajo de la superficie de este Estado sudamericano crónicamente endeudado. Para salir de un enorme agujero fiscal agravado por la pandemia, Argentina está lanzando una llamada de atención que ahora resuena en todo el mundo: Que paguen los ricos”, explicaron los autores, en referencia a este polémico impuesto, que se superpone con el pago de Bienes Personales y amenaza con generar una fuerte conflictividad judicial.
Luego, el artículo menciona que muchos países “han recurrido a los ricos en tiempos de crisis. Después de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, los países europeos y Japón adoptaron impuestos sobre la riqueza para financiar la reconstrucción. Más recientemente, Irlanda e Islandia utilizaron este tipo de impuestos para ayudar a rellenar las arcas del Estado tras la crisis financiera mundial”.
En base a estos precedentes, “¿por qué no, argumentan sus defensores, hacer recaer el coste de la épica recesión mundial causada por la pandemia en aquellos que más se lo pueden permitir?” y citan el aumento de la desigualdad global generado por la pandemia del coronavirus desde hace un año.
En particular, citan el caso de Bolivia, “el país más pobre de Sudamérica ha ido más allá de las palabras, adoptando en diciembre un impuesto permanente sobre la riqueza. El impuesto tocará sólo a 152 personas”, tuiteó el presidente socialista Luis Arce. “El beneficio llegará a miles de familias bolivianas”.
El oficialismo impulsó una marcha cuando el proyecto se debatió en diputados (Thomas Khazki)
“Los analistas afirman que es probable que la pandemia dé impulso a los llamamientos en favor de sistemas fiscales que aborden las diferencias extremas entre ricos y pobres. Pero los impuestos sobre el patrimonio son notoriamente difíciles de aplicar, y tienen un historial de efectos secundarios profundamente negativos que pueden socavar seriamente su intención”, subrayaron los autores.
En este sentido, recordaron que en Francia, “un antiguo impuesto sobre la riqueza, derogado en 2018, fue culpado de un aumento de la evasión fiscal y de la huida de miles de los ciudadanos más ricos del país”.
“Puede conducir a la salida de la riqueza, lo que no es beneficioso para ningún país”, dijo Jean Pisani-Ferry, un miembro senior del Instituto Peterson con sede en Washington.
“Hace una década, 12 de los países más desarrollados del mundo tenían impuestos sobre el patrimonio. El número se ha reducido a tres: Noruega, España y Suiza. Especialmente complicados son los impuestos diseñados para captar un porcentaje de los activos, en lugar de los ingresos, como el gravamen único de Argentina”, aclararon.
En Bolivia también se aprobó un impuesto a la riqueza EFE/Martin Alipaz/Archivo
Al respecto, explicaron que “incluso las personas muy ricas pueden no tener suficiente dinero en efectivo para pagar una factura de impuestos grande e imprevista”.
“Los impuestos sobre la riqueza plantean problemas intrínsecos”, afirma Pascal Saint-Amans, director de política fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “Puedes gravar a Bezos con 1.000 millones de dólares, pero ¿tendrá siempre 1.000 millones listos para pagar en efectivo? ¿Qué tendría que vender? Se trata de la liquidez de los activos”, declaró.
“Argentina está recurriendo a sus ciudadanos más ricos después de haber perdido la fe de los inversores extranjeros, y con pocos otros medios para tapar los agujeros financieros. El país ha soportado colapsos financieros periódicos e impagos de deuda durante varias décadas; entró en la pandemia con la necesidad de reestructurar 65.000 millones de dólares de deuda privada que ya no podía pagar”, recordó el Washington Post.
Puedes gravar a Bezos con 1.000 millones de dólares, pero ¿tendrá siempre 1.000 millones listos para pagar en efectivo? (Saint-Amans, OCDE)
El diario de la capital de EEUU describe como la pandemia empeoró las cosas en el país, con un producto interior bruto que se cayó 11,8% el año pasado: “El peso se desplomó cuando los argentinos, temerosos, acumularon dólares estadounidenses, y el gobierno, como tantas veces en el pasado, recurrió a la imprenta para llegar a fin de mes. Ahora, Argentina está buscando otro gran rescate del Fondo Monetario Internacional, que casi con toda seguridad vendrá con la condición de que el país instituya recortes de gastos”.
Además, señalaron que la pobreza pasó del 35,4% en el primer semestre de 2019 al 40,9% en el mismo período de 2020, y que en los últimos meses, Walmart, Latam Airlines, Uber Eats, Norwegian Airlines y Nike se fueron del país o redujeron sus operaciones locales.
Carlos Heller y Máximo Kirchner autores del proyecto que se convirtió en ley
“El gobierno ha conseguido evitar un aumento más amplio de la pobreza durante la pandemia mediante programas sociales y ofreciendo ayudas en efectivo. Los funcionarios dicen que el impuesto sobre el patrimonio es necesario para ayudar a compensar ese gasto. Proyectan que el gravamen único recaudará 3.500 millones de dólares de unos 12.000 individuos”. “Estamos hablando del 0,02 por ciento de la población”, dijo Carlos Heller, miembro de la Cámara de Diputados de Buenos Aires que copatrocinó el proyecto de ley. “Es una pequeña contribución que estamos pidiendo a los argentinos más ricos”.
Y aunque menciona el caso de personas que pueden ocultar parte de su patrimonio en el extranjero para evadir impuestos, aclara que “hay un grupo que lo tiene mucho más difícil: los ruralistas, los agricultores acomodados”.
“De Raedemaeker perdió entonces mucho dinero, dijo. Ahora, de un plumazo en diciembre, el gobierno peronista ha aumentado su carga fiscal hasta el equivalente a 192.000 dólares, frente a 113.000 dólares. Como muchos ruralistas, De Raedemaeker es rico en tierras; cultiva trigo y soja en 1.700 hectáreas en la provincia de Córdoba, en la fértil Pampa occidental. Pero dice que no tiene el flujo de caja para absorber un aumento tan repentino y que podría tener que vender un tractor para cubrir el costo”, subrayaron.
“Este intento de construir la igualdad nos aplana a todos”, dijo. “En lugar de premiar el mérito, el trabajo y el estudio, simplemente quieren que la gente dependa del Estado”, concluyó en esta nota.
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Carlos Heller y Máximo Kirchner autores del proyecto que se convirtió en ley
