La licitación fue ganada por la empresa estadounidense Axon, con un costo de 5.285.000 pesos. Aunque la ministra y funcionarios de Seguridad insistieron desde enero en que la compra sería por 300 armas eléctricas, la licitación fue finalmente por 100 a un costo de 36.635 pesos cada una.
Además, el Gobierno pagó 1005 pesos por cada cartucho y 966 pesos por cada cartucho de práctica. Las pistolas norteamericanas cuentan con un sistema operativo que permite registra su uso en la nube, algo que el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, destacó como método de saber “qué se hace con ella y cómo se la utiliza”.
El qué y el cómo del uso son las incógnitas que el Gobierno no despejó, a pesar de los señalamientos y las críticas de los organismos de derechos humanos y de aprobación de un protocolo de uso en mayo pasado .
Peligro inminente
“Los criterios de uso son tan imprecisos que en los hechos habilitan cualquier uso“, advirtió el CELS tras analizar el protocolo aprobada por Bullrich para la utilización de las taser. Como ejemplo, el organismo de derechos humanos puso el artículo 2 inciso C de la normativa que autoriza para “impedir la comisión de un delito de acción pública”, que es “siempre, porque ese es el trabajo de la policía”.
Por otra parte, el protocolo señala que se utilizará ante un “peligro inminente” pero no precisa cuál sería una situación de ese tipo. Bullrich, como parte de la campaña de mano dura , se encargó de difundir un video ficcional en el que mostraba cómo se utilizaría la taser . En ese caso, sobre un hombre que intentaba robar en el tren con un arma blanca.
El CELS había subrayado que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas que intervino en casos contra Nueva Zelanda en 2009 y contra Gran Bretaña en 2013 desalentó su uso y lo consideró prohibido, salvo que se trate de “situaciones extremas y limitadas (aquellas en las que exista una amenaza real e inmediata para la vida o riesgo de lesiones graves)” y “únicamente en sustitución de las armas letales”.
Los escenarios de Bullrich
Otro de los argumentos esgrimidos por el Gobierno fue que el uso de armas de “carácter intermedio” sería limitado a zonas de aglomeramiento como estaciones de tren y aeropuertos. En ese sentido, el gobierno porteño había salido rápidamente a respaldar la iniciativa de Bullrich y adelantó que se aplicaría en los subtes.
Pero esa decisión no consta en el protocolo de acción y puede modificarse de acuerdo a decisiones ministeriales. En ese sentido, fue la ministra la que hace un mes promocionó el uso del arma eléctrica en un contexto muy distinto al anunciado originalmente. Bullrich sostuvo que el caso de la detención del empresario Esteban Mallorca Tebaldi , por parte de dos prefectos en un edificio privado, hubiese sido un escenario ideal .
Macri y las taser
La compra de las primeras 100 taser son la realización de un largo anhelo por parte del presidente Mauricio Macri, quien ya había intentado una compra de 300 pistolas durante su gestión como jefe de gobierno porteño.
En 2010, Macri se encontró también con el repudio de organismos de derechos humanos, gremios y organizaciones sociales pero, sobre todo, con la presentación judicial que realizó Carlos Pisoni en su condición de ciudadano de la Capital Federal e integrante de H.I.J.O.S .
Pisoni obtuvo un fallo favorable en primera instancia, por parte de la jueza Andrea Danas, y la ratificación de no utilizar esas armas por parte de la Cámara II en lo contencioso administrativo, en 2013, tras la apelación del PRO.
En los fallos se destacó la historia reciente en la Argentina y el uso de las picanas eléctricas como elementos de tortura en los centros clandestinos de detención. Sin embargo, Macri recurrió al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, que en 2015 convalidó el uso de este tipo de pistolas eléctricas a partir de cuestiones procesales.
En un intento por revertir esa decisión, Pisoni presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación, que en marzo de 2016 rechazó analizar la presentación y, de esa manera, habilitó el posible uso de estas armas.
“Tortura o trato cruel”
“Las pistolas Taser provocan un dolor intenso, es decir que su uso puede ser considerado tortura o trato cruel, y pueden ocasionar la muerte“, advirtió el CELS tras la publicación del protocolo, al que apuntó por “inconstitucional”, ya que no respeta los principios de proporcionalidad y razonabilidad que limitan el uso de la fuerza estatal.
El organismo de derechos humanos lamentó que ese análisis sobre la constitucionalidad de la utilización de armas de descarga eléctrica podrá ser evaluado por la Justicia cuando se conozca el caso de la primera víctima.
“Con la incorporación de las llamadas ‘armas menos letales’ se intenta esconder el uso de violencia estatal y las afectaciones serias para la vida y la integridad que estas producen”, adelantó el CELS.
