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Persecución al Grupo Indalo: Macri no quiere rendir cuentas ante la Justicia

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Presentó un inédito planteo en el que “apela” el peritaje que ordenó la jueza Servini y que busca impedir que se realice un exhaustivo entrecruzamiento con los miembros de la Mesa Judicial M, en fechas clave. Sostuvo que invade su intimidad y vulnera “seguridad Nacional”. Pretende que quede en suspenso hasta que defina la Cámara. Será rechazado por improcedente, ya que equivocó cómo formular el planteo.

El expresidente Mauricio Macri se presentó, sorpresivamente, en la causa judicial que lo investiga como cabeza de una asociación ilícita destinada a acorralar al Grupo Indalo y apeló la decisión de la jueza María Servini de ordenar un entrecruzamiento de llamados respecto de sus teléfonos y los de integrantes de la denominada “Mesa Judicial M” en fechas clave, entre 2016 y 2019. El inédito planteo formulado a través del abogado Pablo Lanusse aspira a bloquear la decisión de la magistrada que dispuso, en el marco de medidas de prueba en la causa, que la Dajudeco realice un cruce de comunicaciones con el objetivo de probar si existieron posibles presiones para torcer decisiones administrativas y judiciales en el marco de la causa Oil Combustibles.

En duros términos contra la magistrada, Macri busca con su intervención dejar en suspenso el peritaje y que sea la Cámara Federal la que tome control de la investigación, algo que no es posible realizar, atento a que Servini tiene a su cargo la recolección de pruebas. El curioso planteo parece querer obturar una de las líneas de investigación respecto a si había un patrón de contactos entre los miembros del Gobierno que den a entender coordinación específica para influir en la trama a nivel político. Macri las calificó de “excursión de pesca”, con el objetivo de lograr que se suspendan y frenen los peritajes. Las medidas de prueba son irrecurribles por el artículo 199 del Código Procesal, pero ante la segura negativa, Macri irá por la vía de la nulidad, algo que tampoco puede “suspender” el peritaje porque una nulidad tramita en un incidente separado que deberá ser analizado por la Cámara. Esa es la estrategia de fondo del expresidente.

Con cuestionamientos a la causa y a la acusación que lo tienen como imputado, Macri pidió acceso a documentación reservada de la causa y calificó lo dispuesto por Servini el 6 de julio pasado como “arbitrario” y “exorbitante”. El argumento con el que pretende que la jueza frene el peritaje se basa en que “lo dispuesto carece de fundamentación, y vulnera los derechos, principios y garantías de defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, no injerencia indebida, intimidad, proporcionalidad, razonabilidad, dignidad humana”, indicó. Pero agregó que esto “compromete la seguridad nacional y cuestiones de Estado, por las características desproporcionadas, exorbitantes y abusivas que presenta”.

Servini había pedido que se crucen los teléfonos de Macri, José Torello, Nicolás Caputo, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, y de los exAFIP Alberto Abad, y Leandro Cuccioli, en el marco de la causa “Macri, Mauricio y otros s/asociación ilícita”. Así también como de los empresarios Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner, que aparecieron como eventuales compradores de los activos del Grupo Indalo y serían cercanos a los miembros del Gobierno de Cambiemos.

La jueza pidió que además de los cruces, en fechas clave entre 2016 y 2019, se realice la detección de la activación de las antenas de telefonía celular para determinar las ubicaciones de Macri y el resto de los investigados por la ubicación de las celdas. “Deberá aportarse un gráfico dinámico comparativo y un gráfico temporal, incluyendo los datos de titularidad y ubicación aproximada de cada uno de los abonados identificados”, señaló la magistrada en la orden que cursó a la Dajudeco. Macri dijo que no fue notificado y que todo esto le causaría “perjuicios irreparables” por la fundamentación “meramente aparente, vaga e imprecisa”. Servini las fundó en que “las diligencias aquí ordenadas permitirán contribuir al avance de la investigación, en aras de descubrir la verdad”.

La causa que tenía impulso del fiscal Guillermo Marijuan apuntaba a demostrar la “existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional – encabezado por el entonces Presidente de la Nación Mauricio Macri – o a instancias de aquellos que, mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil”.

Para el exmandatario, Servini ordenó una “medida invasiva, exorbitante y desproporcionada en la más absoluta ceguera y con la esperanza de que al final del camino ´algo aparezca´”. Macri cuestionó además que Servini no haya tenido en cuenta que fue Presidente y que el cruce de llamados “aniquila su privacidad”, respecto de las 28 fechas indicadas en la decisión de la jueza. Macri cuestionó todo el peritaje: la ubicación geográfica de sus teléfonos; la identificación de usuarios y llamados frecuentes y no frecuentes y todo el análisis de contactos que pidió la justicia.

Si Servini no retrocede, anunció que llevará el caso hasta la Corte Suprema.

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El Senado debatirá esta tarde el proyecto kirchnerista para ocupar la Procuración General

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La iniciativa flexibiliza el mecanismo para designar al jefe de los fiscales. Propone que el puesto deje de ser vitalicio, dure cinco años con posibilidad de reelección por única vez y que sea electo por una mayoría simple. La sesión espacial comenzará a las 14

El Senado Nacional debatirá esta tarde, en sesión especial desde las 14 horas, la propuesta del kirchnerismo para ocupar la Procuración a través de una reformar a la ley orgánica del Ministerio Público, que flexibiliza la forma de elección y el tiempo de mandato del procurador general de la Nación.

El dictamen de mayoría fue firmado en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales el viernes pasado, luego de que la bancada del Frente de Todos lograra unificar tres propuestas en un dictamen de mayoría, mientras que el opositor interbloque de Juntos por el Cambio adelantó su rechazo a ese texto y manifestó que irá a la sesión con un dictamen en minoría.

En caso de obtener la media sanción, será el prime paso para cumplir con el deseo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, de despojar de su cargo al Procurador interino, Eduardo Casal, al que acusa de ser parte de la guerra judicial en su contra.

Entre los cambios aprobados por la Comisión de Justicia figuran que al Procurador se lo designa con una mayoría simple de votos del Senado y no con una agravada de dos tercios, que su mandato no es más vitalicio, sino que dura cinco años renovable por otro período consecutivo y que no podrá ser designado en un año de elecciones presidenciales.

Todo se da cuando se discute por la designación como titular de la Procuración General del juez federal Daniel Rafecas, propuesto por el presidente Alberto Fernández y cuyo tratamiento en el Senado no fue impulsado en el medio de la puja por los cambios a la ley.

El presidente Alberto Ferández junto al candidato a Procurador General, Daniel RafecasEl presidente Alberto Ferández junto al candidato a Procurador General, Daniel Rafecas

Esas modificaciones sobre el Procurador están plasmados en el artículo 4 del proyecto que reemplaza al artículo 11 de la ley, donde se establece la designación del jefe de los fiscales. El proyecto agrega dos párrafos al final del artículo que regulan que ocurre en caso que el procurador no esté en su cargo. “En caso de licencia, recusación, excusación o impedimento del/la Procurador/a General de la Nación, las funciones y atribuciones previstas en esta ley serán ejercidas interinamente por un/a procurador/a fiscal, seleccionado/a por sorteo público de conformidad con la reglamentación que se dicte al respecto”, sostiene la iniciativa a la que accedió Infobae.

Y el último párrafo de ese artículo establece: “En caso de vacancia o licencia prolongada superior a los treinta (30) días las funciones y atribuciones previstas en esta ley serán ejercidas interinamente por un/a procurador/a fiscal o un/a fiscal coordinador/a de distrito, elegido por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación, de conformidad con la reglamentación que se dicte al respecto. A falta de designación interina, intervendrá el/la procurador/a fiscal que tenga más antigüedad en tal cargo.”

El debate se dará mientras se aguarda que el oficialismo avance con la designación del nuevo procurador, ya que el actual, Eduardo Casal, es interino y fue nombrado durante el Gobierno del macrismo, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó, quien dejó su cargo el 31 de diciembre de 2017.

Este domingo, el presidente Alberto Fernández afirmó que la “Argentina necesita, de una vez por todas, tener un Procurador”, y destacó que “los que se oponen a la designación de (Daniel) Rafecas son los mismos que echaron a (Alejandra) Gils Carbó”.

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Rafecas “no va a asumir para ser el Procurador que debilite al Ministerio Público Fiscal”, dicen en su entorno

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El candidato de Alberto Fernández para ese cargo se negaría a aceptarlo si prospera el proyecto K de reducir la mayoría agravada del Senado para designarlo.

El cargo de Procurador General de la Nación es uno de los máximo a los cuales se aspirar en la carrera judicial. Ese pensamiento lo comparte Daniel Rafecas, juez federal porteño desde hace 16 años. Pero llegar a cubrir el puesto para el que lo eligió el presidente Alberto Fernández en febrero se convirtió para él en un desafío que por el momento tiene más interrogantes que certezas. El kirchnerismo quiere modificar las condiciones bajo las cuales se elige al jefe de todos los fiscales, y dejar de lado la mayoría especial de dos tercios del Senado, que obliga a un acuerdo político. Los que conocen a Rafecas dicen en estos días que aceptar la procuración bajo esas circunstancias sería “asumir debilitando al Ministerio Público Fiscal. Y él no va a ser ese Procurador”. El mismo juez había declarado eso en agosto.

El juzgado federal 3 es el que tiene como titular a Daniel Rafecas hace 16 años. Se había ilusionado en el verano,  cuando Alberto Fernández hizo circular la foto de ambos en el despacho presidencial para mostrarlo como el candidato para asumir el cargo de Procurador. El puesto se encuentra vacante hace tres años, por falta de un acuerdo en la política. Eduardo Casal está frente al Ministerio Público Fiscal en carácter de interino.

Poco querido por los radicales por haber impulsado la causa de las coimas en el Senado que avanzó sobre Fernando De la Rúa y gran parte de su gabinete, Rafecas sabe que tampoco es uno de los favoritos del kirchnerismo, pese a que fue quien en pocos días rechazó investigar la denuncia del malogrado fiscal Alberto  Nisman contra Cristina. Le bastaba, sin embargo, el respaldo de Alberto Fernández que por estos días parece no ser suficiente. El mayor temor cerca de Rafecas es que la Casa Rosada ceda ante el proyecto K que avanza en el Congreso, para que se modifique la ley que rige cómo debe elegirse al Procurador.

El debate se centra en la cantidad de votos que deben respaldar a quien asuma como jefe de los fiscales. Hasta ahora se requiere de una mayoría agravada de dos tercios del Senado, lo mismo que se necesita para asumir como ministro de la Corte Suprema de Justicia. La iniciativa cobra celeridad después del informe del comité de juristas que el Presidente designó, integrado entre otros por Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner.

Por seis votos contra cinco, la Comisión Beraldi recomendó esta semana al presidente bajar la exigencia de los dos tercios del Senado por una mayoría absoluta para nombrar al nuevo Procurador General de la Nación. La sugerencia se conoció mientras se impulsa en el Congreso el proyecto del senador rionegrino Alberto Weretilneck para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal y elegir al futuro procurador bajando de dos tercios (48 votos sobre 72) a la mayoría absoluta (37 votos). Oscar Parrilli convocó a la comisión de Justicia para este viernes a las 10, con el fin de dictaminar sobre las modificaciones a la ley que fija la duración del mandato del jefe de los fiscales, como las mayorías necesarias tanto para su designación como remoción.

El juez Rafecas ya había anunciado en agosto que de concretarse esa modificación retiraría su candidatura. El mensaje es reiterado ahora. Quienes lo conocen aseguraron que el planteo es aún más explícito, no quiere ser “el Procurador que debilite al Ministerio Público Fiscal”. Entiende que de asumir con una mayoría simple del Senado recibiría un poder depreciado. Y no está dispuesto a que uno de los requisitos primordiales, que habla de la envergadura del cargo, sea manoseado.

La Procuración es un cargo de significancia, sobre todo en un país que se encamina hacia el sistema acusatorio, en el que los fiscales serán quienes conduzcan las investigaciones e impulsen los procesos. En Comodoro Py no desligan esta modificación con la pelea que está librando el kirchnerismo respecto al cargo. “El futuro procurador deberá decidir sobre causas que involucran a la vicepresidenta, como también en situaciones delicadas del futuro. Es un cargo más que relevante”, indicó un juez federal. El fiscal Carlos Rívolo fue más allá: “En este escenario, el sistema acusatorio antes de alumbrar ya nacería debilitado, máxime si tiene acogida el Proyecto donde el Procurador estará sujeto a que la Comisión Bicameral lo pueda remover”.

Rafecas aguarda que la discusión que libró la dirigencia política se dirima de tal manera que no se afecten los requisitos actuales para la elección del Procurador. Es lo único que lo mantendría en carrera, bajo la absoluta convicción de que tampoco será un camino allanado en el Congreso el debate sobre su pliego.

Como representante de la Asociación de Fiscales, Rívolo coincide en plantear que lo que el kirchnerismo busca concretar terminará por “debilitar al Ministerio Público Fiscal”. Lograr esta reforma en el Congreso “debilita al Procurador y a todos los fiscales. Es inaudito que se piense en la reelección del Procurador, qué contenido de campaña habrá para que el Ejecutivo lo vuelva a elegir, es un disparate”, indicó Rívolo a Clarín.

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Causa Cuadernos: la Cámara Federal de Casación Penal analiza anular las confesiones de los arrepentidos

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Si así resolviera la Sala I, los procesamientos de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio de Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López quedarían sin efecto pese a la evidencia en contra

Los procesamientos de Cristina Fernández de Kirchner, Julio de Vido y José López, además de otro medio centenar dictados contra empresarios, contratistas y banqueros, pueden quedar anulados por la decisión de dos jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal: Ana María Figueroa y Daniel Petrone.

Estos dos magistrados, con antecedentes cercanos al kirchnerismo, estudian emitir un fallo que podría declarar nulas las confesiones de todos los arrepentidos de la causa Cuadernos, alegando que se violó el artículo sexto de la ley 27.304.

El fallo de Figueroa y Petrone iría en linea con los argumentos de la defensa de ciertos imputados -De Vido, por caso-, que sostienen que las confesiones contra sus clientes “deberían caer” porque no se cumplió taxativamente con el registro material del descargo realizado por los arrepentidos.

“Las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”, sostiene el articulo 6 de la ley del Arrepentido.

Los abogados de los procesados -desde CFK a López- sostuvieron que la justicia de primera instancia violó la ley porque “no hay grabaciones ni filmaciones” de las confesiones. El juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la histórica pesquisa, afirmaron en cambio que se cumplió con el requisito normativo y que nada del expediente debería caer.

Es decir: no hay razones para anular los procesamientos alegando ausencia de “medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”, como explica el artículo sexto de la ley del Arrepentido.

Para Bonadio y Stornelli las actas que registran las confesiones de los arrepentidos ya son un medio para garantizar su evaluación posterior en las instancias de apelación que tienen las defensas en el sistema jurídico penal. Y por lo tanto, es contrario a derecho descartar las confesiones en la causa Cuadernos aplicando una presunta violación del articulo sexto de la ley de Arrepentido.

Asimismo, Figueroa y Petrone analizan la posible inconstitucionalidad de la ley del Arrepentido, otro argumento presentado por la defensa de los principales implicados en la causa Cuadernos. Si Figueroa –vinculada a Justicia Legítima– y Petrone –conocido por su manejo de la causa de Antonini Wilson– firman esa controvertida sentencia, una hecatombe institucional habrá explotado en el Poder Judicial.

En primer lugar, el pedido de inconstitucionalidad fue pedido por la defensa de los imputados, entre ellos De Vido. Eso no debería tener procedencia porque los imputados no tienen legitimidad activa,ya que sólo sufren las consecuencias del arrepentimiento, pero no hay daño legal por la presunta aplicación retroctiva de la norma. Es decir: no tenían derecho para presentarse ante la Sala I.

Y en segundo término, las salas III y IV han afirmado –en causas diferentes– que la ley del arrepentido es constitucional y que, por ende, se puede ofrecer el 2×1 de detención a los arrepentidos que decidieron confesar a cambio de mejorar su situación en el expediente.

En este contexto, si la Sala I con la mayoría de Figueroa y Petrone afirma la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido (con el voto en contra de Diego Barroetaveña), no habría otro camino institucional que convocar a un plenario de Casación Penal Federal para resolver las posiciones encontradas.

Julio de Vido, Cristina Kirchner y José López, cuando los tres aún integraban el Poder EjecutivoJulio de Vido, Cristina Kirchner y José López, cuando los tres aún integraban el Poder Ejecutivo

A su vez, la defensa de los imputados por presunta corrupción también se apalanca en una sala que ya benefició la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner, mientras que otra decidía exactamente lo contrario. En efecto: la Sala I levantaba la prisión preventiva de CFK, mientras que la Sala III confirmaba su procesamiento por una derivación procesal de la Causa Cuadernos.

Pero en esta instancia la situación es más compleja. Ya no se trata de alivianar la situación coyuntural de la vicepresidente. Si se confirmara cualquiera de las dos decisiones de fondo de Figueroa y Petrone, toda la causa Cuadernos correría peligro de convertirse en una fallida anécdota en Comodoro Py.

Los camaristas federales Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi –desplazados por el actual Gobierno– dictaron un fallo que responsabiliza a CFK “por 175 supuestos de cohecho pasivo, en calidad de coautora, todos ellos en concurso real”.

La mayoría de los imputados en la causa confesaron como arrepentidos. Y esa confesión fue tomada como una prueba importantísima por la Sala III que confirmó los procesamientos que, a su vez, dictaron los camaristas Bruglia y Bertuzzi. Si Bruglia y Bertuzzi no hubieran dictado su fallo complicando la situación procesal de la vicepresidente, nunca habrían estado bajo fuego del kirchnerismo que al final resolvió sus traslados.

Ahora, la Sala I –con los posibles votos de Figueroa y Petrone– puede detonar el trabajo procesal del juez Claudio Bonadio –que falleció–, del fiscal Carlos Stornelli –que está bajo fuego del Gobierno–, de Bruglia y Bertuzzi –que ya fueron desplazados– y de las salas III y IV de Casación Penal que ratificaron que hay suficiente evidencia para sostener los procesamientos de Cristina Kirchner, sus funcionarios De Vido y López –conocido por sus millones y la ametralladora frente al convento– y los casi 50 empresarios que confesaron haber pagado una coima para recibir a cambio una obra pública.

José López dejando los bolsos con dinero en un convento en el año 2016José López dejando los bolsos con dinero en un convento en el año 2016

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