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Otro aporte trucho

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A través de un camarista amigo, Martín Irurzun, el Gobierno le sacó al juez Casanello la investigación sobre los funcionarios PRO, en la causa que empezó con los aportantes truchos a la campaña de María Eugenia Vidal.

En un nuevo movimiento que apunta a desactivar la investigación sobre aportantes truchos de Cambiemos, el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, decidió apartar del caso al juez Sebastián Casanello y enviar la causa a sorteo. El expediente a su cargo avanzaba sobre la responsabilidad de funcionarios en el uso de bases de datos de la Anses para hacer aparecer a los beneficiarios de planes sociales como donantes de dinero para las campañas electorales de 2015 y 2017 y analizaba una relación entre el origen de los fondos y empresas beneficiadas con contratos en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, no se trataba únicamente de infracciones electorales, sino que iba más allá, al unir empresas y gobierno en posibles delitos. El mismo camarista ya le había quitado otra parte de la investigación, que fue enviada a la justicia electoral de La Plata, donde quedarían licuadas las responsabilidades penales.

Es impactante cómo, en un período casi similar al del caso de los aportantes, la causa de (las fotocopias de) los cuadernos, avanzó sin trabas de los tribunales superiores y con gran impulso de los fiscales, con decenas de detenidos, arrepentidos y procesamientos. El mismo fiscal, Carlos Stornelli, es el que hizo planteos tendientes a debilitar la pesquisa sobre aportes truchos. De hecho, la resolución que adopta Iruzun ayer es respuesta a una apelación de la fiscalía que cuestionó una resolución de Casanello, de diciembre último, donde explicaba por qué  se quedaba con la investigación de determinados hechos. Irurzun, sin mayores explicaciones y en un texto cargado de tecnicismos, anuló aquella disposición y acusó al juez de ser errático y confuso. Un repaso cronológico permite entender el escenario:

  • La investigación sobre aportantes se inicia en junio de 2018 cuando el periodista Juan Amorín revela que Cambiemos había utilizado los nombres y datos de cientos de personas (fueron alrededor de 800) para justificar aportes a la campaña legislativa de la provincia de Buenos Aires en 2017. Muchos eran beneficiarios de planes sociales, visiblemente humiledes, que declararon que jamás aportaron ni un peso a la campaña y algunos incluso aparecían como afiliados al PRO pese a que nunca habían hecho ese trámite ni les interesaba. Luego fueron surgiendo más aportantes, de otros ámbitos, como concejales, consejeros escolares y hasta intendentes bonaerenses que nunca habían puesto plata pero aparecían en las rendiciones de campaña del oficialismo con donaciones de hasta 50.000 pesos.
  • Una parte de las actuaciones quedó en Comodoro Py, en el juzgado de Casanello, y otra, con una denuncia del fiscal Jorge Di Lello, fue a parar a los tribunales de La Plata, donde hasta resultó denunciada María Eugenia Vidal como responsable del partido, y su tesorera María Fernanda Inza, entre otros. En ambas jurisdicciones, hubo maniobras para golpear la investigación y dificultar su progreso.
  • En territorio bonaerense, el juez Ernesto Kreplak desplegó medidas de prueba y hasta constató cómo aparecía el dinero de origen desconocido, depositado desde cajeros cercanos a la Casa Rosada. Y uno de sus últimos pasos fue avanzar sobre afirmaciones del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, que en su libro “La raíz de todos los males” reveló que Mauricio Macri les pedía a los empresarios para la campaña presidencial el uno por ciento de su patrimonio (en negro). Pero la Cámara Electoral le quitó la causa, donde se investigaban delitos como asociación ilícita y lavado de dinero y la mandó al juzgado electoral de Adolfo Ziulu, que la reclamaba. Si bien tiene facultades de investigar delitos, el eje del trabajo de Ziulu es establecer las infracciones a la ley electoral, que no prevén más castigo que multas o suspensiones que con suerte se aplican dilatadas en el tiempo. Kreplak se quedó con una pequeña parte sobre la campaña presidencial de 2015, pero se la envió a Casanello, y también está en plena apelación.
  • En los tribunales de Retiro, en un comienzo el fiscal Stornelli impulsó la acción penal ante una denuncia de La Alameda, pero en poco tiempo se inclinó por mandarle todo el juez Ziulu. Casanello pudo cotejar rápidamente que los aportantes que figuraban en la campaña legislativa 2007 eran truchos. Medio centenar de ellos declaró, y puso la lupa sobre el uso de bases de datos de la Anses para la maniobra, lo que implicaría la responsabilidad de funcionarios nacionales. Por esa razón, Casanello rechazó el primer planteo de inhibitoria del juez Ziulu. Se trabó un conflicto y lo resolvió, en soledad, el juez Irurzun que ordenó enviar la causa a La Plata. Casanello se limitó a enviar lo que le pedía su colega plantese.
  • En el ínterin, la pesquisa se amplió con presentaciones de Margarita Stolbiezer, que fue admitida como amicus curiae, y de la fundación La Alameda. Esta última llevó, por ejemplo, listados que mostraban en la Ciudad de Buenos Aires aparecían como aportantes a la campaña presidencial de 2015 funcionarios de segunda línea, algunos de los cuales fueron a esa organización a pedir ayuda y aportar información. Stolbizer por su lado entregó material clave: empresas que habrían hecho aportes de manera camuflada, ya que la ley se los prohíbe, y que habrían sido beneficiadas con contratos del estado. Para justificar esas donaciones, pusieron los nombres de empleados. Un caso es el de la empresa de seguridad Murata. Empleados de ese firma declararon que jamás habían puesto ni un centavo para Cambiemos. Los periodistas Matías Di Santi y Federico Poore sistematizaron una lista de otras empresas tanto de seguridad como de publicidad e Higiene Urbana, entre otros rubros, donde se repetía el mismo patrón.

La resolución que dictó en diciembre Casanello desglosa, una a una, las denuncias recibidas y explica que se queda con las de La Alameda y Stolbiezer “pues ocurrieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las hipótesis por las que se promovió la acción apuntan a la presunta comisión de delitos de naturaleza federal (presuntas falsedades documentales, delitos contra la administración pública y lavado de activos)”. Sin embargo, Irurzun critica al juez: “El sendero que ha transitado -dice la resolución de ayer– no sólo ha aportado aún más confusión al trámite de este proceso, sino también al de aquellos que se encuentran en conocimiento de la jurisdicción provincial -en particular en los juzgados 1 y 3 de La Plata-dificultando de ese modo el correcto ejercicio de la jurisdicción”.

El panorama para que avance la causa no es auspicioso: el único que podría apelar es el fiscal de Cámara, Germán Moldes, que viene sosteniendo los planteos de Stornelli. Hoy se sorteará nuevo juez, aunque en los despachos vaticinan que podría terminar en el juzgado de Ariel Lijo, que tiene otra causa vinculada, que se originó en enero. Para Gustavo Vera, titular de La Alameda y coordinador de la Multisectorial 21F, “el fallo era previsible; Irurzun no iba a permitir que se investiguen los aportes de las empresas a las campañas de Cambiemos. Eso provocaría una causa similar a la de los cuadernos, pero PRO. La causa va a quedar en el fuero federal pero lo corren a Casanello porque necesitan un juez manipulable”. Stolbizer agregó: “Buscan más impunidad para los delitos del poder, es una vergüenza. Corren al juez Casanello para eso”.

Cientos de beneficiaros de planes sociales fueron usados para justificar gastos de la campaña de María Eugenia Vidal
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Politica

La Justicia acelera la quiebra del Correo Argentino y no descarta que la familia Macri deba pagar la deuda exigida por el Estado

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En medio del enfrentamiento entre la Casa Rosada y el expresidente, el fuero comercial dio curso a una presentación del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que coloca a la compañía al borde de la liquidación

En una resolución de apenas ocho renglones, la jueza comercial María Cirulli desmanteló la defensa que trataba de evitar que la posible quiebra del Correo Argentino S.A. provoque un efecto dominó contra la estabilidad económica del Grupo Socma y el patrimonio personal de los hermanos y sobrinos del expresidente Mauricio Macri.

“Por ello, lo establecido en la LCQ 48, restantes normas legales, precedentes jurisdiccionales vinculantes y doctrina citada, resuelvo:

1. Establecer que el paquete accionario de Correo Argentino S.A. carece de valor positivo.

2. Citar la audiencia informativa establecida en la LCQ 48, inciso 5, en el día 29 del mes de marzo de 2021 a las 12 hs.

3. Notifíquese por ministerio de la ley”, dictaminó la magistrada.

La traducción del argot jurídico es fácil de ejecutar. La juez Cirulli resolvió que las acciones de la familia Macri en el Correo Argentino no valen nada, y que por lo tanto -si en un plazo fijado por el Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial- no acercan una nueva propuesta, se acelera la quiebra de la compañía familiar y ante la ausencia de fondos para resolver la deuda se podría avanzar sobre el Grupo Socma y el patrimonio de los familiares directos del exjefe de Estado.

Desde la perspectiva del Gobierno, la familia Macri y su empresa, Correo Argentino S.A. le estaría debiendo al Estado 4500 millones de pesos.

El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019El presidente saliente de Argentina, Mauricio Macri, al entregar el bastón presidencial a Alberto Fernández en 2019

Si la cifra alegada por Balcarce 50 fuera cierta, Socma y el patrimonio de la familia Macri no alcanzaría a satisfacer la deuda reclamada por el Estado Nacional al Correo Argentino.

En este contexto, la defensa del Correo Argentino sostiene que se trata de una ofensiva judicial que está teñida por las diferencias entre Alberto Fernández y su antecesor. Desde esta perspectiva, a los abogados del Correo Argentino les sorprendió que la jueza Cirulli accediera al expediente hacia fines de febrero y que apenas seis días hábiles después decidiera que no tiene sentido seguir con la instancia de “cramdown” y permita la posibilidad de iniciar la quiebra del Correo para luego avanzar sobre otros bienes del Grupo Socma y la familia Macri.

“Esa resolución se tomó hoy. Significa que la jueza de primera instancia, en un plazo llamativamente breve, no valoró ni tomó en cuenta las impugnaciones a la valuación del paquete accionario de Correo que hicieron Socma y otros interesados en adquirir el paquete accionario. Sorpresivamente, tampoco ordenó una notificación para que el estudio evaluador brinde explicaciones cómo hubiese correspondido en una valuación de tanta complejidad. Evidentemente la resolución va a ser apelada. Con respecto a la fecha establecida, corresponde al plazo para que Correo y/o los interesados acompañen las conformidades correspondientes para homologar una propuesta. Este plazo podría ser suspendido en caso de que prosperen los recursos que se han planteado”, aseguró a Infobae un vocero de la compañía.

Pese a los cuestionamientos jurídicos presentados por la defensa del Correo Argentino, en Casa Rosada explicaron que todo está ajustado a derecho, que se cumplieron los plazos, y que la decisión de la jueza Cirulli es irreprochable.

Al otro lado de la trinchera legal, los defensores del Correo Argentino aseguraron que el fallo de la jueza no quedará firme, que presentarán todas las apelaciones habilitadas por las leyes vigentes y no descartan llegar a la Corte Suprema a través de un recurso extraordinario.

La cita clave será el próximo 29 de marzo. Si la defensa del Correo Argentino no prospera, la Justicia comercial podría avanzar sobre los bienes del Grupo Socma y a continuación, sobre el patrimonio de los accionistas Gianfranco, Mariano, Florencia, y los hijos de Sandra Macri.

Todo en medio del enfrentamiento visceral entre Alberto Fernández y Mauricio Macri.

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Cuáles son los argumentos del Gobierno para impulsar un juicio por el crédito que Macri tomó con el FMI

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Un escrito del Banco Central da cuenta de las ideas oficiales sobre las que gira esta estrategia, que critica la forma en que se endeudó el país en 2018

La investigación que el Banco Central pidió que se transforme en un expediente judicial para comprobar si hubo una defraudación en el crédito al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 se basa en dos grandes argumentos. Así se desprende de un memo de la entidad que preside Miguel Pesce y que expresa que: el dinero sirvió para la fuga de capitales y que el crédito no pasó el filtro previo de las instancias jurídicas y legislativas correspondientes.

“El expediente administrativo del registro del Ex Ministerio de Hacienda de la Nación en el que tramitaran las actuaciones relativas al acuerdo stand by de acceso excepcional suscripto con el FMI, fue iniciado el 21 de junio de 2019, esto es, con posterioridad a la suscripción y formalización de los documentos que sellaran dicho acuerdo”, se indicó. En cambio, “la carta de Intención y los memorándums fueron suscriptos el 12 de junio de 2018”.

“Como consecuencia de ello, la Carta de Intención, el Memorándum de Entendimiento de Política Económica y Financiera y el Memorándum de Entendimiento Técnico, por los que la República Argentina solicitara el acuerdo más grande de la historia del FMI, fueron todos suscriptos sin un dictamen jurídico previo que analizara cuestiones medulares que necesariamente deberían haber sido objeto de estudio legal previo a la suscripción de los documentos”, sostiene el BCRA.

Esto es, “si el Poder Ejecutivo Nacional y en especial el Ex Ministerio de Hacienda se encontraba facultado a decidir y formalizar un acuerdo con el FMI por semejante monto, y sujeto a las condicionalidades establecidas en los documentos que lo conforman”.

“La opinión legal emitida –reitero, posterior a la formalización del acuerdo- se ha limitado a analizar una cuestión meramente formal, consistente en la facultad del Ex Ministerio de Hacienda para cursar las misivas al Organismo Internacional, de acuerdo al rol que le asigna el artículo V, sección I del Convenio Constitutivo de ese Organismo”.

“A pesar del principio general contenido en el art.60 de la ley 24.156 promulgada en el año 1992, que prohíbe a las entidades de la APN formalizar operaciones de crédito público no contempladas en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica, dicho acuerdo fue suscripto en ausencia absoluta de ley formal que lo autorizara”, precisó.

Dicho acuerdo fue suscripto en ausencia absoluta de ley formal que lo autorizara

“La excepción a ese principio general contenido en la norma cuando la operación de crédito fuera formalizado con un organismo financiero internacional del que la Nación formara parte, constituía una delegación prohibida a la luz del art.76 de la Constitución Nacional, y los claros términos de la cláusula provisoria octava que acompañó la sanción de la nueva Constitución, que dispuso la caducidad de toda la legislación delegada preexistente que no contuviera plazo establecido para su ejercicio”, indica el escrito.

Tampoco se trató de un préstamo tomado para realizar inversiones para el desarrollo económico del país declaradas de interés nacional por ley o por el PEN, único caso en que la ley 11.672 permanente de presupuesto faculta al PEN a contratar préstamos con Organismos Internacionales a los que la República pertenezca como miembro, siempre que el préstamo se ajuste a las condiciones usuales de los respectivos convenios básicos, condición ésta que tampoco se cumplía por la excepcionalidad del monto en términos cuantitativos, a la luz de la cuota correspondiente a la Nación”, advirtió el BCRA.

Tampoco se trató de un préstamo tomado para realizar inversiones para el desarrollo económico del país

En este sentido, el Banco Central “no emitió el informe previo a la formalización del acto, sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, herramienta fundamental para dilucidar la capacidad de repago del país frente a los compromisos asumidos, a la luz de los distintos rubros que conforman la cuenta corriente y de capital, y que el artículo 61 de la ley 24.156 de Administración financiera y de los sistemas de control de la APN, considera esencial cuando la operación de crédito público, origine la constitución de deuda pública externa”.

La entidad cita el informe “Mercado de cambios, Deuda y Formación de Activos externos 2015-2019”, elaborado por el B.C.R.A. a solicitud del presidente de la Nación Argentina, que “dio cuenta del aumento exponencial en la formación de activos externos (coloquialmente llamada “fuga de capitales”)”.

Miguel Pesce, presidente del BCRA  Miguel Pesce, presidente del BCRA

“A lo largo de todo el período, se triplicó, superando los USD 86.000 millones. Aún durante la primera fase de auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los USD 41.100 millones. En la etapa de aceleración de salida de capitales, entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos recién en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de USD 44.500 millones”, detalló.

Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los USD 45,1 mil millones”, afirmó .

Por lo tanto, ante “la ausencia absoluta de medidas de contención de dicha fuga durante, dan cuenta de la flagrante violación a los diáfanos términos del art. VI del convenio constitutivo del FMI aprobado por la República Argentina por Ley 21.648 que prohíbe la utilización de los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable y continua de capitales”.

A su vez, de “la contradicción explícita con los objetivos expuestos en el memorándum de Entendimiento sobre Políticas Económicas y Monetarias en el marco del acuerdo con el FMI, ya que se asumió, entre otros compromisos, el de disminuir las tensiones en la balanza de pago, incrementando las reservas internacionales”.

“Todo ello, en el marco de un acuerdo suscripto sin el más mínimo de control de legalidad y legitimidad”, sentenció.

“La función administrativa -y la negociación o toma de deuda por parte del Poder Ejecutivo lo es- está sometida al test de la razonabilidad que implica analizar la oportunidad, mérito o conveniencia de su dictado y la competencia de los órganos para decidir y formalizar el acto, esto es, su legitimidad”, destacó.

“La efectivización de una decisión política está sujeta a una serie de procedimientos; requisitos; informes y dictámenes cuyo cumplimiento y respeto resultan obligatorios para los funcionarios públicos”, indicó.

“Su omisión constituye una grave irregularidad que compromete la responsabilidad personal de los funcionarios involucrados en la misma”, concluyó el escrito que seguramente pasará a formar parte de la causa judicial que el Gobierno quiere impulsar.

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Politica

La Asociación de Magistrados rechazó el pedido del Presidente para que el Congreso investigue a los jueces

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“El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de ´control cruzado´”, sostuvo la entidad a través de un comunicado. También se refirió a un “afirmación errada” del Presidente sobre el Impuesto a las Ganancias

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) emitió ayer a última hora de la noche un comunicado en el que rechazó el pedido que el presidente Alberto Fernández hizo el lunes en la apertura de la asamblea legislativa para que el Congreso de la Nación controle a los jueces.

“El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de ‘control cruzado’, ajeno al orden constitucional jurado”, sostuvo la entidad y agregó que Fernández omitió “considerar que el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional”.

“El Poder Judicial de la Nación está en crisis”, dijo el jefe de Estado y agregó “que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”. Por eso pidió al Congreso “que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”. El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli habló ayer sobre la creación de esa comisión.

Sobre la definición de vivir al margen del sistema republicano, la AMFJN , presidida por el juez Marcelo Gallo Tagle, dijo que “debe precisarse que la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático. Sin ello, no hay República”. El comunicado fue firmado por todos los integrantes de la mesa directiva de la entidad que la integran las tres listas políticas que tiene la justicia.

La asociación respondió otro pasaje del discurso del Presidente en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Fue el referido al pago del impuesto a las ganancias. “Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el Impuesto a las Ganancias que si tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado”, dijo.

Marcelo Gallo Tagle, presidente de la AMFJNMarcelo Gallo Tagle, presidente de la AMFJN

“También ha preocupado una afirmación errada”, dijo la entidad sobre la referencia a Ganancias y agregó: “cuando sabido es que a partir de la ley Nº 27.430, todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo. Si no hay más comprendidos en tal imposición, es porque se encuentran demoradas cientos de designaciones en cargos vacantes, problema crucial al que no se hizo referencia”.

“Por ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se encuentra en el triste deber de tener que señalar, con respetuosa firmeza, que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que desagraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que entre todos debemos construir”, agregó la AMFJN en su comunicado de cinco párrafos.

En el último la entidad dijo que avalaba uno de los aspectos de los dichos del jefe de estado. “Empero, coincidimos plenamente con el Sr. Presidente de la República cuando dice: “´Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca´. Esta grave situación es la que debemos prevenir y solucionar, en necesario marco de Verdad, sin agravios y sin presiones”, concluyó.

Comunicado completo

En el discurso de apertura de las sesiones legislativas, el Sr. Presidente de la Nación dijo a toda la ciudadanía que el Poder Judicial “es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”. Por el contrario, debe precisarse que la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático. Sin ello, no hay República.

Pidió también al Congreso “que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”, omitiendo considerar que el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional. El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de “control cruzado”, ajeno al orden constitucional jurado.

También ha preocupado una afirmación errada sobre que “ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias”, cuando sabido es que a partir de la ley Nº 27.430, todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo. Si no hay más comprendidos en tal imposición, es porque se encuentran demoradas cientos de designaciones en cargos vacantes, problema crucial al que no se hizo referencia.

Por ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se encuentra en el triste deber de tener que señalar, con respetuosa firmeza, que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que desagraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que entre todos debemos construir.

Empero, coincidimos plenamente con el Sr. Presidente de la República cuando dice: “Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca”. Esta grave situación es la que debemos prevenir y solucionar, en necesario marco de Verdad, sin agravios y sin presiones.

Buenos Aires, 2 de marzo de 2021

Paula Asaro

Marcelo Gallo Tagle

Vicepresidente MPF

Presidente

Atilio Álvarez

Osvaldo Facciano

Vicepresidente MPD

Vicepresidente Jueces

Maximiliano Callizo

Enrique Comellas

Vicepresidente por Funcionarios

Secretario General

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