Odebrecht: en Brasil insisten en que el acuerdo para compartir datos con la Argentina ya está firmado

El último viernes 13 de julio, representantes del Ministerio Público de Argentina y Brasil concluyeron la formalización de un acuerdo para que la justicia argentina pueda utilizar la información judicial que consta en el proceso Lava Jato de Brasil y que fuera aportada por los arrepentidos de la empresa Odebrecht.

Hasta este momento, Argentina formaba parte de un vergonzoso grupo de países en los que la información de los arrepentidos de la constructora no podía ser utilizada, no obstante el ofrecimiento de la empresa, mediante el Ministerio Publico de Brasil.

Los países eran Venezuela, Argentina y Angola.

Uno de los inconvenientes para la firma del acuerdo era que la empresa Odebrecht había firmado a fines del 2016 un acuerdo con el Ministerio Publico brasileño en que la información disponible en el proceso, solo podría usarse por otros países, si dichos países aceptaban dos condiciones: sigilo de la información (solo podría ser utilizada en sede judicial) y que los arrepentidos no fueran juzgados en Argentina (en este caso) con base a sus declaraciones por los ilícitos cometidos.

Esta última condición era la más complicada de sortear, porque la Ley Argentina no permitía este tipo de concesiones.

De alguna manera, la exigencia de la empresa Odebrecht tenía su lógica: la justicia Argentina contaría con información que no disponía y no tendría fundamento legal usar esta misma información para procesar a quien estaba brindando la misma.

Por setiembre del año 2017, el Ministerio Publico de Brasil envió por medio del Ministerio de Justicia brasileño, un ofrecimiento formal a la Cancillería Argentina para informarle que había dos arrepentidos de Odebrecht –Luiz Mameri y Marcio Faria– que habían involucrado a ex funcionarios, empresarios e intermediarios argentinos, en casos de corrupción.
Ese documento quedo sin respuesta hasta este momento.

El Ministerio Público de Brasil informo en su sitio que el acuerdo se realizó gracias al esfuerzo de la Secretaria de Cooperación Internacional del Ministerio Publico, según informa Cristina Romanó de la misma Secretaria.

Según la periodista y abogada, Lourdes Marchese, a diferencia de los acuerdos intentados infructuosamente hasta el presente, este acuerdo de formalización, tiene cuatro características puntuales:

La información no será genérica y sí por cada causa y por cada arrepentido, participante o colaborador.

La información aportada por el arrepentido no se usará contra el mismo.
Argentina respetará la condición de NO “Bis In Ídem” que significa “repetición sobre el mismo”. Dicho de otra forma, esta condición determina que si el arrepentido, participante o colaborador, ya fue procesado en Brasil por este delito, la justicia Argentina no lo procesará nuevamente.

El acuerdo no precisa de la firma del Estado Argentino. Basta la firma de los fiscales argentinos.

Lourdes Marchese asegura también, que de acuerdo a sus fuentes judiciales, la primera causa a recibir informaciones de Brasil será la del Soterramiento del Sarmiento a cargo del Fiscal Franco Picardi.

¿Como sigue el proceso?

Los casos de corrupción presentan la dificultad para la investigación judicial que ningún corrupto firma recibos.

Salvo que se cuente con la colaboración de algún arrepentido, es difícil llegar al final de la investigación.

La información que aportaran los arrepentidos de Odebrecht incluye a quien se le pagó, cuánto se le pagó, cómo se le pagó y dónde se le pagó.

Es importante recordar que el acuerdo de colaborador premiado en Brasil (denominación legal para el arrepentido) solo es válido si dicho colaborador aporta pruebas concretas de las declaraciones que cita en su colaboración.

La posibilidad de contar con información de quienes tuvieron participación activa del proceso de corrupción en Argentina, permitirá por primera vez, que la justicia pueda ir detrás, no solo de quien recibió dinero, sino también de quien pagó.

Sería inocente pensar que la empresa Odebrecht trabajó en consorcio con otras empresas constructoras de Argentina y del exterior, y solo ella pagó coimas para que todos se beneficien.

La operación Lava Jato en Brasil consiguió avanzar a partir del momento en que la justicia local, acorraló al empresario Marcelo Odebecht por medio de la detención de una persona de segunda o tercera línea en la escala de jerarquía. María Lucia Tavares, que era secretaria en la Gerencia de Operaciones Estructuradas.

A partir de ese momento, se cayó toda la estrategia legal de afirmar que la empresa no tenía nada que ver y Marcelo Odebrecht junto con su padre, Emilio Odebecht, comenzaron a negociar el acuerdo de colaboración para ellos y los ejecutivos de la empresa.

De todas formas, la información que pueda llegar desde Brasil a las causas de Argentina no constituyen por si solas, buenas noticias: Argentina no tiene una ley del arrepentido que sirva para que alguien se arrepienta y el Senado Nacional, se niega a aprobar la ley de Extinción de Dominio
Brasil consiguió cambiar el rumbo de las investigaciones de corrupción, gracias a la reformulación de la Ley del Colaborador Premiado – Ley N* 12.850 / 2013 – y gracias a la Ley de Leniencia – Ley N* 12.846/2013- (equivalente al proyecto de Ley de la Extinción de Dominio de Argentina).

Hasta el momento, y gracias a estas dos leyes, la justicia brasileña consiguió que 164 personas físicas colaboren con las investigaciones y que se firmen 11 acuerdos entre la justicia y empresas para que las mismas paguen multas civiles por sus delitos, luego de asumir la culpa.

La justicia brasileña emitió también 204 sentencias condenatorias, contra 134 personas que, sumando las penas, se llega a los 1983 años, 4 meses y 20 días de prisión.

También determinó la improbidad administrativa de 50 personas físicas, 16 empresas y un partido político, exigiendo el pago de USD 10.000 millones por dinero robado y multas.

La operación Lava Jato, ya consiguió recuperar USD 1.000 millones.

Brasil consiguió ser un antes y un después, a partir del compromiso de la justicia, en la figura inicialmente del Juez Sergio Moro, que repitieron luego, jueces federales como el Juez Marcelo Bretas de Río de Janeiro y el Juez Leite en Brasilia.

Este es el momento para que la Justicia Argentina utilice la información que llegará de Brasil, para permitir que los argentinos volvamos a tener esperanza al afirmar que el lugar de los corruptos está en la cárcel.