Macri complicado: Un ministro al borde del procesamiento

La causa a cargo de Lijo tiene como base la denuncia que hizo en febrero de 2017 la fiscal Gabriela Boquin, donde mostró que el Estado, representado por el entonces Ministerio de Comunicaciones –que tenía como titular a Aguad y como director de Asuntos Jurídicos a Mocoroa— aceptara firmar un acuerdo con el Correo Argentino que licuaba un 98,87 por ciento la deuda de la familia Macri con las arcas públicas, arrastrada desde 2003. Ese pacto, denunció Boquin, era “ruinoso y abusivo”. El tema llegó a Comodoro Py con una presentación de Gabriela Cerruti y Martín Sabbatella. En el expediente del concurso de acreedores, desde ese entonces los representantes del Correo y el Estado pareciera que juegan a defender los mismos intereses, aunque el segundo es acreedor y el primero le debe al menos 4500 millones de pesos. Al día de hoy la deuda sigue impaga y la empresa intenta que le acepten una nueva oferta irrisoria, por 296 millones (el valor de la deuda hace 18 años). En el ámbito penal tramita una investigación por el intento de favorecer al Correo a costa del erario público. Los imputados intentaban frenarla con cuestionamientos a las indagatorias y las irregularidades que se les atribuyen.

Dos resoluciones firmadas este miércoles dejaron a Aguad, Mocoroa, Cibils Robirosa y Kleidermarcher al borde del procesamiento. Todos fueron indagados en marzo último y apostaron a que la Cámara frenaría la investigación, pero no lo lograron. Los camaristas Leopoldo Bruglia y Martin Irurzun rechazaron el planteo de nulidad de las indagatorias impulsadas por Pollicita, y señalaron que aquellas satisfacían “los recaudos establecidos” por el Código Procesal. Ante otro planteo de “excepción de falta de acción por inexistencia de delito”, los jueces señalaron que “sólo procede en tanto y en cuanto ello luzca manifiesto (…) cuando la falta de correspondencia entre lo narrado en la denuncia con alguna figura delictiva resulte en forma palmaria de la mera descripción efectuada en el acto promotor” pero si se trata de cuestiones “subjetivas” entonces “la vía es inadecuada”, dijo el tribunal. “De la lectura de las actuaciones se advierte que no sólo se ha requerido la acción sino que además se han colectado determinados elementos probatorios”.

Cuando Pollicita planteó sus sospechas sobre los funcionarios y los abogados ligados al Correo, los describió como corresponsables en un arreglo “espuriamente concebido” para “beneficiar a la empresa” a través del cual se “comprometía abusivamente” el patrimonio estatal a sabiendas del perjuicio que provocaría. También reparó en que históricamente, ante ofertas inconvenientes, el Estado siempre se mantuvo firme en rechazarlas (como sucedió en 2003, 2007, 2010 y 2015) pero en 2016 sorpresivamente, con el gobierno de Macri, cambió la tónica y el 28 de junio de ese año se firmó el famoso acuerdo que derivó en la denuncia en cuestión. Según el fiscal, además, aquel pacto se fue gestando con anterioridad, en comunicaciones y reuniones previas de funcionarios del Gobierno con el Correo. Fue, dijo el fiscal, “un acuerdo en las sombras”. Más adelante, cuando estalló el escándalo, Aguad dijo que recibía “instrucciones” del Presidente.

Ahora todo indica que el juez Lijo resolverá las situaciones judiciales de los cuatro indagados y deberá definir si avanza en otras líneas de investigación. Una es la que apunta a Macri, otra a movimientos judiciales dudosos que habrían beneficiado a la empresa, por los que Boquín denunció a la jueza Marta Cirulli, y otro tanto tiene que ver con presuntas maniobras de vaciamiento durante la etapa de concursal, algunas que habrían beneficiado a Socma y Sideco, las controlantes del Correo, y pilares del grupo empresario, y otros desvíos de fondos hacía estudios de abogados, consultoras y empresas de publicidad amigas. En los primeros figuran personajes vinculados al macrismo, como el diputado Pablo Tonelli y el secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas.