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Economia

Los tributaristas afirmaron que el impuesto a la riqueza generará una ola de juicios

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Según los expertos, la norma provocará demandas por su carácter retroactivo y potencialmente confiscatorio

El nuevo impuesto a las grandes fortunas, impulsado por el presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner, generará una ola de demandas por parte de los contribuyentes afectados por su carácter retroactivo y su posible carácter confiscatorio, entre otros elementos polémicos.

Los expertos en impuestos, abogados y contadores, consultados por Infobae, consideraron que las inconsistencias del proyecto son muy importantes, que habrá protestas de las provincias porque no se coparticipará y que el Gobierno parece más preocupado por utilizarlo como un instrumento de debate mediático que con un fin recaudatorio ya que, a priori, el resultado puede resultar exiguo, como ocurrió con el impuesto a la renta financiera en el gobierno de Mauricio Macri.

Al respecto, consideraron que varios contribuyentes potencialmente alcanzados optarán por poner sus bienes en un fideicomiso para eludir el pago y, eventualmente, discutirlo en el Tribunal Fiscal y luego en la justicia ordinaria.

El presidente de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la Argentina, Silvio Rizza, sostuvo que “el impuesto grava lo mismo que Bienes Personales. La alícuota máxima llega al 5.25% y, si le se le suma Bienes Personales, se puede llegar al 7.5% por tenencia. Creo que va a merecer un análisis de confiscatoriedad. Además, la fecha de corte propuesta, seguramente va a generar reclamos por retroactividad. No sé cuál es la base sobre la que se está trabajando la recaudación, pero no sé hasta qué punto puede ser significativa”.

El profesor en impuestos Roberto Sericano consideró que “se podría considerar inconstitucional porque toma como base del gravamen una fecha previa a la sanción de la ley, sin considerar qué pasó con esos bienes, así que va a generar muchas demandas judiciales por su carácter retroactivo”

El tributarista Jorge Gebhardt consideró que el proyecto que se conoció “tiene muchos problemas técnicos y jurídicos; un punto clave es la diferencia en la fecha de corte: es abismal entre diciembre de 2019 y marzo de este año, por ejemplo”.

Los expertos en impuestos consideraron que no se puede gravar un bien en forma retroactiva y que, si la ley se sancionara, debería aplicarse hacia adelante

Además, explicó, “el artículo 75 inciso 2 de la Constitución establece que la Nación puede cobrar un impuesto de emergencia en forma limitada y por un período de tiempo, pero que en cualquier caso debe ser coparticipable, aunque en este caso están afirmando que tiene asignación específica, por lo que habrá un conflicto con las provincias”. Por otro lado, el carácter de asignación específica parece poco sólido, dado que el dinero es fungible.

Por otro lado, afirmó, “como es un impuesto, aunque no lo denominen así, necesitan mayorías especiales para aprobarlo; así lo establece la Constitución”.

A la vez, sostuvo que “hay jurisprudencia de la Corte que determina que no se puede aplicar un gravamen a bienes que en el pasado estaban exentos de ser gravados, así que, si se aplicara, deberían hacerlo hacia adelante”.

También dijo que el tributo “puede constituir una cuasi confiscación, dado que entrarían hasta los títulos públicos en default y las acciones de empresas argentinas, por lo cual tampoco es verdad que sólo se esté gravando nada más que a las personas. En suma, es un disparate técnico”.

Mercedes Marco del Pont, a cargo de la AFIP, que deberá reglamentar y aplicar la ley una vez que se sancioneMercedes Marco del Pont, a cargo de la AFIP, que deberá reglamentar y aplicar la ley una vez que se sancione

“La otra pregunta es si entran los bienes inhibidos y usurpados, que tradicionalmente solían pagar”, indicó.

En tanto, Iván Sasovsky expresó que “este impuesto a las grandes fortunas desde el punto de vista técnico está plagado de estímulos a la judicialización”.

Por un lado, afirmó, “no solo es mucho más gravoso que el impuesto sobre los bienes personales, que ya se encontró en 2019 en su peso más alto, sino que también se aplica sin tener en cuenta límites ya establecidos por la jurisprudencia de la Corte y que, sin dudas, al tocar a un universo muy específico y con recursos para hacerlo, lo va a judicializar”.

“Este nuevo impuesto no reconoce exenciones, y se calcula sobre una foto de hace nueve meses que nada tiene que ver con la realidad actual. De este modo están gravados títulos públicos defaulteados, inmuebles rurales, depósitos en cajas de ahorros y todo el patrimonio que en Bienes Personales se encuentra exento”, detalló.

Este impuesto no reconoce exenciones y se calcula sobre una foto de hace nueve meses, que nada tiene que ver con la realidad actual (Iván Sasovsky)

“Este impuesto es una muy mala señal, pero no para los ricos, sino para toda la población, que necesitamos incentivar a la inversión para intentar salir de esta crisis sin precedentes, y que con estas señales las estamos ahuyentando”, concluyó.

El abogado experto en temas tributarios Diego Fraga aclaró que “el hecho de que el nuevo impuesto grave materia imponible alcanzada por otros tributos no implica per se que sea inconstitucional, ya que la doble imposición no está prohibida. Sin embargo, el impuesto que se envió al Congreso puede ser declarado inconstitucional por otros motivos. Habrá que analizar caso por caso cómo afectaría este impuesto a cada contribuyente, pero no me quedan dudas de que se va a judicializar mucho el tema”:

Por un lado, “podría demostrarse que la aplicación conjunta de este impuesto con el que recae sobre los bienes personales resulta confiscatoria por absorber una parte importante de la renta y el capital”, afirmó.

Por otra parte, “crea una ficción al considerar que la capacidad contributiva del pagador, al 31 de diciembre de 2019, se mantiene actualmente. Por ejemplo, se estaría aplicando a valores que desde esa fecha hasta hoy han sido castigados, como los títulos en default del propio Estado soberano argentino, ya que el proyecto no contiene exenciones”.

“La jurisprudencia ya se pronunció en casos similares, como respecto de la ley 22.604 de 1982, que estableció un impuesto de emergencia, por única vez con motivo de la guerra de Malvinas, por aplicar sobre los activos financieros existentes al 31 de diciembre del año anterior. Además de que en ese antecedente los activos financieros no estaban alcanzados por otro impuesto patrimonial y ahora ya pagan bienes personales y con alícuotas altísimas). En ese caso la Corte consideró inconstitucional a dicho impuesto, al no tener en cuenta la situación patrimonial actual del contribuyente”, recordó..

“Otros problemas que tiene el proyecto es que el impuesto no prevé deducciones ni tiene en cuenta las deudas, por lo que exhibe una visión irreal del patrimonio, aplicándole alícuotas que nunca se vieron. Si bien la emergencia a veces ha llevado a que la Justicia convalide tributos extraordinarios, nunca de la actual magnitud ni en un contexto de presión tributaria récord como el que se vive. El proyecto está afectando la capacidad contributiva actual y el derecho de propiedad de los contribuyentes”, advirtió Fraga.

“Los defectos del proyecto se acentúan al prever un régimen mucho más gravoso, discriminatorio, sobre activos en el exterior. Viola la igualdad tributaria la aplicación de alícuotas mucho más gravosas para bienes que pueden ser idénticos, sólo por la circunstancia de que algunos se encuentren en el exterior. Si bien se prevé la posibilidad de obviar la alícuota agravada mediante la repatriación, se trata de algo que en muchos casos resultaría impracticable o muy gravoso, ya que obligaría a liquidar, e inclusive malvender, parte de los activos para poder cumplir con la manda”, indicó.

“Más irrazonables todavía resultan aquellas normas que pretenden alcanzar con el impuesto a sujetos que se relocalizaron en otros países, precisamente para huir de un Estado voraz de magnitudes nunca vistas. Además, se está afectando severamente la seguridad jurídica de muchos contribuyentes, ya que en pocos meses se pasó de cuasi eliminar los impuestos federales al patrimonio a sumar dos, que en conjunto avanzan salvajemente sobre capitales y rentas ya castigadas por la economía”, indicó el abogado.

En tanto, César Litvin consideró que “esta contribución o aporte solidario afecta garantías constitucionales por la retroactividad y la confiscatoriedad”.

“Esta nueva imposición es un aumento retroactivo del Impuesto sobre los Bienes Personales dado que recae sobre el mismo hecho imponible, solo que cambia la fecha de medición, En este caso los contribuyentes que presentaron Bienes Personales y pagaron el impuesto, adquieren un efecto liberatorio, incorporando un derecho subjetivo a su patrimonio amparado por el Derecho de Propiedad”, expresó.

Además, “si se considera que “las alícuotas son exorbitantes y puede llegar en su máxima expresión al 5,25%, es posible que no supere el test de confiscatoriedad. Ello ocurre cuando el tributo absorbe una parte importante de la renta o patrimonio en jurisprudencia de la Corte Suprema. La confiscatoriedad se agrava si sumamos ambos gravámenes”.

Félix Rolando dijo que “deberá considerarse la situación de aquellos contribuyentes que si bien tenían un patrimonio al 31 de diciembre de 2019 lo transfirieron, por ejemplo a un trust irrevocable, con posterioridad La norma menciona los aportes a los trust como base imponible, pero en mi opinión los aportes realizados aún trust irrevocable ya no forman parte del patrimonio de la persona humana”.

Además, dijo que “si bien se trata de un impuesto excepcional la aplicación de este principio es relativa”. “Lo cierto es que, entre las tasas aplicables en el impuesto sobre los bienes personales de 2, 25% tanto para el año 2019 que pasó, para el 2020 próximo, junto con la tasa máxima del exterior previsto en el proyecto de 2, 25, arrojan una imposición total patrimonial del 9, 75% sobre el patrimonio del exterior en el término de un año, en los niveles más altos, lo cual constituye un nivel de imposición muy significativo al tratarse de un impuesto patrimonial. Y todavía lugar a plantear ciertos límites en la potestad tributaria del Estado”, aclaró.

Además, opinó que “el hecho de gravar con distintas alícuotas de acuerdo a la ubicación de los bienes, obligando a repatriar los mismos al menos en un 30% en el término de 60 días, claramente afecta el principio de igualdad, por otorgar un trato diferente a sujetos que quizás tienen la misma capacidad patrimonial pero radicados en el país”.

En efecto, “obligar a repatriar al menos el 30% del patrimonio que está en el exterior para obtener el mismo trato respecto a los bienes que está en el país pone a los sujetos en la difícil misión de liquidar activos financieros con el consecuente perjuicio económico propio de cualquier venta inmediata de las carteras financieras”.

Por su parte, la abogada Jimena de la Torre consideró que “pretender un aumento de impuestos es inoportuno en un momento donde lo que se debe es incentivar inversiones a fin de reactivar la economía. Y también es una contradicción pretender un aumento de impuestos para solventar indirectamente una reforma judicial que aumenta el gasto público y q la sociedad no necesita”.

Fernando Schettini dijo que el impuesto “ahuyenta inversiones, toda vez que grava los activos mundiales para los residentes en el pais y los activos locales de los residentes del exterior. En ciertos casos, para las personas de nacionalidad argentina, se encuentran gravados por mas que hayan obtenido la residencia fiscal en el exterior”.

“En definitiva es un proyecto que avanza en forma flagrante sobre la propiedad privada al llegar a gravar con un 5,25% activos sin consideración de ningún tipo de financiaciones que se hayan obtenido para la adquisición de los mismos”, concluyó, tajante.

Por su parte, Víctor Fabetti dijo que habrá una ola de juicios por “la posible doble imposición, tasas confiscatorias, normas excesivas en materia de residencia fiscal y titularidad de bienes, además de la posible falta de capacidad contributiva al gravar las acciones de sociedades locales; además, si la fecha de corte fuera el 31 diciembre pasado, la ley gravaría un período fiscal ya cerrado”.

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Economia

Jubilaciones: el aumento de marzo será del 8,07% y habrá un bono extra para compensar la pérdida frente a la inflación

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El incremento será menor a la inflación, que se estima en 11% para el primer trimestre. Quiénes podrían cobrarlo y cuándo se define.

A partir de marzo el monto de las jubilaciones y pensiones y demás prestaciones sociales se incrementará el 8,07% y para compensar la pérdida frente a la inflación habrá un bono extraordinario.

Así adelantaron a Clarín fuentes del Gobierno quienes agregaron que el alcance y el valor del bono serán definidos por el Presidente Alberto Fernández, entre mañana y el viernes.

Se estima que, como se aplicó el año pasado, el bono alcanzará a los que ganan la jubilación mínima o un poco más, a las pensiones no contributivas que cobran el 70% del haber mínimo y los que perciben la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor). En total un universo de casi 5 millones de personas.

La decisión se tomó porque, con el 8,07%, el primer aumento en base a la nueva fórmula de movilidad, que se aplicará por tres meses (marzo-mayo) tuvo un mal debut para los jubilados, pensionados y demás beneficiarios de prestaciones sociales, como AUH, Asignaciones Familiares) que suman 18 millones de personas.

De todos modos, en Casa Rosada insistieron que con la fórmula del anterior Gobierno, el aumento hubiera sido más bajo, del 7,18%.

Punto más, punto menos, el aumento de las jubilaciones y pensiones sería inferior a la inflación del primer trimestre de este año, incluso estimando una inflación descendente (3,5% en febrero y 3,1% en marzo) ya que acumularía una suba de los precios del 11%, afectando a las 18 millones de personas alcanzadas por la movilidad.

Además de las jubilaciones y pensiones, el aumento comprende a las Asignaciones Familiares, AUH, pensiones no contributivas y PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor. Y la fórmula de movilidad no prevé una compensación si la inflación es mayor que el incremento de los haberes.

Cuánto aumenta la jubilacion mínima​

Con el aumento del 8,07%, la jubilación mínima subirá de $ 19.035 a $ 20.571 a cobrar durante marzo, abril y mayo. Las pensiones no contributivas serían de $ 14.400 y la PUAM de $ 16.457.

La fórmula de movilidad no contempla ninguna compensación si los aumentos son inferiores a la inflación. Tampoco contempla una recomposición por la pérdida que sufrieron todos los beneficiarios del sistema durante los últimos años que ronda entre el 15 y 25%, según los rangos de haberes. Pero no impide que se otorguen bonos extraordinarios, que no se integran al haber del jubilado, como pasó en 2020. Esto significa que no se consideran como base para los futuros aumentos.

El bono abarcaría a 5 millones de jubilados y pensionados con haberes un poco por encima de la mínima porque – argumentan en el Gobierno– son los mayores perjudicados por la inflación ya que destinan una proporción mayor de sus ingresos a la compra de alimentos, que es el rubro que más aumentó y más incide en el IPC promedio y en el valor de la canasta básica de pobreza.

De todos modos, el resto de los jubilados y pensionados tuvieron pérdidas entre 2018 y 2020 de hasta el 25% y con el 8,07% volverán a perder frente a la inflación.

En el caso de la AUH, en el Gobierno argumentan que los padres y madres con hijos menores de 6 años- tienen una compensación por el aumento de la tarjeta Alimentar que, desde este mes, pasó de $ 4.000 a $ 6.000 por hijo y de $ 6.000 a $ 9.000 con 2 o más hijos.

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Economia

Más cambios en Ganancias: no pagarían aguinaldo, horas extras y viáticos y estudian beneficiar a los Autónomos

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Sergio Massa adelantó que analizarán nuevas propuestas para el proyecto. Se avanza para que los sueldos de hasta 150.000 brutos no paguen cuando cobren el salario complementario

La semana que viene podría comenzar el tratamiento del proyecto de ley que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por el cual se busca modificar el piso salarial a partir del que se comienza a pagar el Impuesto a las Ganancias.

La iniciativa, que recogió apoyos del oficialismo y de la oposición, establece un nuevo piso de $150.000 bruto por el cual se empieza a pagar el tributo. Sin embargo, en el proceso de discusión de las diferentes comisiones se irán haciendo modificaciones que apuntan a ampliar los beneficios para los trabajadores que tengan que pagarlo.

Habrá cambios y se ampliarán los beneficios (fuentes del massismo)

Fuentes cercanas al presidente de la Cámara de Diputados aseguraron a Infobae que “habrá cambios y se ampliarán los beneficios” y que en ese orden de prioridades de modificaciones encabezan la lista las horas extras, los viáticos y el aguinaldo. Y se analiza lo que podría ser la mayor sorpresa del proyecto: los Autónomos. Se está terminando de estudiar el costo que tendría que una parte de quienes están encuadrados en esa categoría fueran alcanzados por la nueva norma.

“Se está trabajando para sumar que las horas extras y los viáticos de algunos sectores en donde estos dos ítems son cotidianos que no sumen para pagar Ganancias”, explicaron fuentes legislativas.

Lo que sucedió en Toyota días atrás, cuando la empresa que concentra el 50% de las exportaciones del sector automotriz frenó la producción porque sus empleados no aceptaron trabajar un feriado ya que perdían más de lo que ganaban por consecuencias del pago de Ganancias.

Sergio Massa y Martín Guzmán (Maximiliano Luna)Sergio Massa y Martín Guzmán (Maximiliano Luna)

Otro punto importante que están trabajando en el equipo de Massa es el de los aguinaldos. “Buscamos que aquellos que ganan hasta 150.000 pesos brutos no paguen Ganancias por pasarse con el aguinaldo”, describen cerca de Massa. Otro punto que se estudia lo propuso la oposición y tiene que ver con poder descontar los gastos en educación, como cuotas de colegios, libros, materiales y viajes, entre otros.

“El proyecto tiene que ser sustentable desde el punto de vista fiscal. El costo fiscal tiene que ser algo que esté dentro de ciertos parámetros. Algunas de las propuestas que ofrecen desde la oposición se podrían sumar y otras no por el costo que tienen”, explican desde el massismo. Ayer, el presidente de la Cámara baja se reunió con legisladores del Frente de Todos que representan a distintos gremios para analizar el proyecto.

Massa con los diputados de su bloque de extracción gremialMassa con los diputados de su bloque de extracción gremial

Aunque todos los bloques están de acuerdo con el cambio propuesto por el oficialismo y hubo un decreto por el cual se habilitó a que el tema sea debatido en el Congreso, recién comenzará la discusión luego de la apertura de las sesiones ordenarías.

“Para que quede bien el bordado, primero necesitamos tiempo para zurcir”, metaforizó una fuente del oficialismo que participó de las negociaciones técnicas previas a la presentación del proyecto. Y es que, a pesar de la buena recepción de la medida, que también establece que aquellos que cobren hasta 173.000 pesos brutos tengan menores descuentos que en la actualidad, el Frente de Todos recibió, en las últimas semanas, algunos reparos de la oposición y una parte del sindicalismo.

El proyecto fija un “nuevo piso” de remuneración mensual que beneficiaría al 63,4% de los contribuyentes que actualmente lo pagan en todo el país. El objetivo es proporcionar un alivio fiscal a la clase media trabajadora y jubilados y potenciar el mercado interno.

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El impuesto a la riqueza, en la tapa del Washington Post: fuerte crítica a la ley y a cómo se implementó en la Argentina

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El diario norteamericano explicó que muchos contribuyentes deberán vender parte de sus activos para pagarlo y señaló que la situación económica empeoró por las medidas del Gobierno

El nuevo impuesto a la riqueza se cobrará el 30 de marzo

La decisión del gobierno argentino de implementar un impuesto a las grandes fortunas generó fuertes críticas entre los contribuyentes que deberán vender parte de sus activos para pagarlo.

Así lo indica un artículo publicado en la portada impresa de hoy del Washington Post, firmada por Diego Laje y Anthony Faiola titulado en su versión en papel “Argentina pasa la factura de la pandemia a los ricos”.

Allí se da cuenta del testimonio de Gabriel De Raedemaeker quien relató que “ya está calculando qué partes de su finca podría tener que vender. No es que las cosechas hayan fracasado o que los precios de las materias primas estén en crisis. Es el nuevo impuesto sobre el patrimonio del gobierno”.

“El Estado me está llevando al límite”, explicó De Raedemaeker, de 54 años (y vicepresidente de CRA), que se enfrenta a un aumento de impuestos del 70% en virtud del nuevo gravamen de la época de la pandemia que afecta a los ciudadanos con más de 3,4 millones de dólares de patrimonio.

La nota sobre Argentina la portada de The Washington Post  de hoyLa nota sobre Argentina la portada de The Washington Post de hoy

“Al menos desde la década de 1940, cuando la humilde Eva ‘Evita’ Perón pronunciaba encendidos discursos desde el balcón a sus ‘masas descamisadas’, el conflicto de clases ha permanecido justo debajo de la superficie de este Estado sudamericano crónicamente endeudado. Para salir de un enorme agujero fiscal agravado por la pandemia, Argentina está lanzando una llamada de atención que ahora resuena en todo el mundo: Que paguen los ricos”, explicaron los autores, en referencia a este polémico impuesto, que se superpone con el pago de Bienes Personales y amenaza con generar una fuerte conflictividad judicial.

Luego, el artículo menciona que muchos países “han recurrido a los ricos en tiempos de crisis. Después de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, los países europeos y Japón adoptaron impuestos sobre la riqueza para financiar la reconstrucción. Más recientemente, Irlanda e Islandia utilizaron este tipo de impuestos para ayudar a rellenar las arcas del Estado tras la crisis financiera mundial”.

En base a estos precedentes, “¿por qué no, argumentan sus defensores, hacer recaer el coste de la épica recesión mundial causada por la pandemia en aquellos que más se lo pueden permitir?” y citan el aumento de la desigualdad global generado por la pandemia del coronavirus desde hace un año.

En particular, citan el caso de Bolivia, “el país más pobre de Sudamérica ha ido más allá de las palabras, adoptando en diciembre un impuesto permanente sobre la riqueza. El impuesto tocará sólo a 152 personas”, tuiteó el presidente socialista Luis Arce. “El beneficio llegará a miles de familias bolivianas”.

El oficialismo impulsó una marcha cuando el proyecto se debatió en diputados (Thomas Khazki)El oficialismo impulsó una marcha cuando el proyecto se debatió en diputados (Thomas Khazki)

“Los analistas afirman que es probable que la pandemia dé impulso a los llamamientos en favor de sistemas fiscales que aborden las diferencias extremas entre ricos y pobres. Pero los impuestos sobre el patrimonio son notoriamente difíciles de aplicar, y tienen un historial de efectos secundarios profundamente negativos que pueden socavar seriamente su intención”, subrayaron los autores.

En este sentido, recordaron que en Francia, “un antiguo impuesto sobre la riqueza, derogado en 2018, fue culpado de un aumento de la evasión fiscal y de la huida de miles de los ciudadanos más ricos del país”.

“Puede conducir a la salida de la riqueza, lo que no es beneficioso para ningún país”, dijo Jean Pisani-Ferry, un miembro senior del Instituto Peterson con sede en Washington.

“Hace una década, 12 de los países más desarrollados del mundo tenían impuestos sobre el patrimonio. El número se ha reducido a tres: Noruega, España y Suiza. Especialmente complicados son los impuestos diseñados para captar un porcentaje de los activos, en lugar de los ingresos, como el gravamen único de Argentina”, aclararon.

En Bolivia también se aprobó un impuesto a la riqueza
EFE/Martin Alipaz/Archivo
En Bolivia también se aprobó un impuesto a la riqueza EFE/Martin Alipaz/Archivo

Al respecto, explicaron que “incluso las personas muy ricas pueden no tener suficiente dinero en efectivo para pagar una factura de impuestos grande e imprevista”.

“Los impuestos sobre la riqueza plantean problemas intrínsecos”, afirma Pascal Saint-Amans, director de política fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “Puedes gravar a Bezos con 1.000 millones de dólares, pero ¿tendrá siempre 1.000 millones listos para pagar en efectivo? ¿Qué tendría que vender? Se trata de la liquidez de los activos”, declaró.

“Argentina está recurriendo a sus ciudadanos más ricos después de haber perdido la fe de los inversores extranjeros, y con pocos otros medios para tapar los agujeros financieros. El país ha soportado colapsos financieros periódicos e impagos de deuda durante varias décadas; entró en la pandemia con la necesidad de reestructurar 65.000 millones de dólares de deuda privada que ya no podía pagar”, recordó el Washington Post.

Puedes gravar a Bezos con 1.000 millones de dólares, pero ¿tendrá siempre 1.000 millones listos para pagar en efectivo? (Saint-Amans, OCDE)

El diario de la capital de EEUU describe como la pandemia empeoró las cosas en el país, con un producto interior bruto que se cayó 11,8% el año pasado: “El peso se desplomó cuando los argentinos, temerosos, acumularon dólares estadounidenses, y el gobierno, como tantas veces en el pasado, recurrió a la imprenta para llegar a fin de mes. Ahora, Argentina está buscando otro gran rescate del Fondo Monetario Internacional, que casi con toda seguridad vendrá con la condición de que el país instituya recortes de gastos”.

Además, señalaron que la pobreza pasó del 35,4% en el primer semestre de 2019 al 40,9% en el mismo período de 2020, y que en los últimos meses, Walmart, Latam Airlines, Uber Eats, Norwegian Airlines y Nike se fueron del país o redujeron sus operaciones locales.

Carlos Heller y Máximo Kirchner autores del proyecto que se convirtió en leyCarlos Heller y Máximo Kirchner autores del proyecto que se convirtió en ley

“El gobierno ha conseguido evitar un aumento más amplio de la pobreza durante la pandemia mediante programas sociales y ofreciendo ayudas en efectivo. Los funcionarios dicen que el impuesto sobre el patrimonio es necesario para ayudar a compensar ese gasto. Proyectan que el gravamen único recaudará 3.500 millones de dólares de unos 12.000 individuos”. “Estamos hablando del 0,02 por ciento de la población”, dijo Carlos Heller, miembro de la Cámara de Diputados de Buenos Aires que copatrocinó el proyecto de ley. “Es una pequeña contribución que estamos pidiendo a los argentinos más ricos”.

Y aunque menciona el caso de personas que pueden ocultar parte de su patrimonio en el extranjero para evadir impuestos, aclara que “hay un grupo que lo tiene mucho más difícil: los ruralistas, los agricultores acomodados”.

“De Raedemaeker perdió entonces mucho dinero, dijo. Ahora, de un plumazo en diciembre, el gobierno peronista ha aumentado su carga fiscal hasta el equivalente a 192.000 dólares, frente a 113.000 dólares. Como muchos ruralistas, De Raedemaeker es rico en tierras; cultiva trigo y soja en 1.700 hectáreas en la provincia de Córdoba, en la fértil Pampa occidental. Pero dice que no tiene el flujo de caja para absorber un aumento tan repentino y que podría tener que vender un tractor para cubrir el costo”, subrayaron.

“Este intento de construir la igualdad nos aplana a todos”, dijo. “En lugar de premiar el mérito, el trabajo y el estudio, simplemente quieren que la gente dependa del Estado”, concluyó en esta nota.

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