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Economia

Los tributaristas afirmaron que el impuesto a la riqueza generará una ola de juicios

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Según los expertos, la norma provocará demandas por su carácter retroactivo y potencialmente confiscatorio

El nuevo impuesto a las grandes fortunas, impulsado por el presidente del bloque oficialista, Máximo Kirchner, generará una ola de demandas por parte de los contribuyentes afectados por su carácter retroactivo y su posible carácter confiscatorio, entre otros elementos polémicos.

Los expertos en impuestos, abogados y contadores, consultados por Infobae, consideraron que las inconsistencias del proyecto son muy importantes, que habrá protestas de las provincias porque no se coparticipará y que el Gobierno parece más preocupado por utilizarlo como un instrumento de debate mediático que con un fin recaudatorio ya que, a priori, el resultado puede resultar exiguo, como ocurrió con el impuesto a la renta financiera en el gobierno de Mauricio Macri.

Al respecto, consideraron que varios contribuyentes potencialmente alcanzados optarán por poner sus bienes en un fideicomiso para eludir el pago y, eventualmente, discutirlo en el Tribunal Fiscal y luego en la justicia ordinaria.

El presidente de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la Argentina, Silvio Rizza, sostuvo que “el impuesto grava lo mismo que Bienes Personales. La alícuota máxima llega al 5.25% y, si le se le suma Bienes Personales, se puede llegar al 7.5% por tenencia. Creo que va a merecer un análisis de confiscatoriedad. Además, la fecha de corte propuesta, seguramente va a generar reclamos por retroactividad. No sé cuál es la base sobre la que se está trabajando la recaudación, pero no sé hasta qué punto puede ser significativa”.

El profesor en impuestos Roberto Sericano consideró que “se podría considerar inconstitucional porque toma como base del gravamen una fecha previa a la sanción de la ley, sin considerar qué pasó con esos bienes, así que va a generar muchas demandas judiciales por su carácter retroactivo”

El tributarista Jorge Gebhardt consideró que el proyecto que se conoció “tiene muchos problemas técnicos y jurídicos; un punto clave es la diferencia en la fecha de corte: es abismal entre diciembre de 2019 y marzo de este año, por ejemplo”.

Los expertos en impuestos consideraron que no se puede gravar un bien en forma retroactiva y que, si la ley se sancionara, debería aplicarse hacia adelante

Además, explicó, “el artículo 75 inciso 2 de la Constitución establece que la Nación puede cobrar un impuesto de emergencia en forma limitada y por un período de tiempo, pero que en cualquier caso debe ser coparticipable, aunque en este caso están afirmando que tiene asignación específica, por lo que habrá un conflicto con las provincias”. Por otro lado, el carácter de asignación específica parece poco sólido, dado que el dinero es fungible.

Por otro lado, afirmó, “como es un impuesto, aunque no lo denominen así, necesitan mayorías especiales para aprobarlo; así lo establece la Constitución”.

A la vez, sostuvo que “hay jurisprudencia de la Corte que determina que no se puede aplicar un gravamen a bienes que en el pasado estaban exentos de ser gravados, así que, si se aplicara, deberían hacerlo hacia adelante”.

También dijo que el tributo “puede constituir una cuasi confiscación, dado que entrarían hasta los títulos públicos en default y las acciones de empresas argentinas, por lo cual tampoco es verdad que sólo se esté gravando nada más que a las personas. En suma, es un disparate técnico”.

Mercedes Marco del Pont, a cargo de la AFIP, que deberá reglamentar y aplicar la ley una vez que se sancioneMercedes Marco del Pont, a cargo de la AFIP, que deberá reglamentar y aplicar la ley una vez que se sancione

“La otra pregunta es si entran los bienes inhibidos y usurpados, que tradicionalmente solían pagar”, indicó.

En tanto, Iván Sasovsky expresó que “este impuesto a las grandes fortunas desde el punto de vista técnico está plagado de estímulos a la judicialización”.

Por un lado, afirmó, “no solo es mucho más gravoso que el impuesto sobre los bienes personales, que ya se encontró en 2019 en su peso más alto, sino que también se aplica sin tener en cuenta límites ya establecidos por la jurisprudencia de la Corte y que, sin dudas, al tocar a un universo muy específico y con recursos para hacerlo, lo va a judicializar”.

“Este nuevo impuesto no reconoce exenciones, y se calcula sobre una foto de hace nueve meses que nada tiene que ver con la realidad actual. De este modo están gravados títulos públicos defaulteados, inmuebles rurales, depósitos en cajas de ahorros y todo el patrimonio que en Bienes Personales se encuentra exento”, detalló.

Este impuesto no reconoce exenciones y se calcula sobre una foto de hace nueve meses, que nada tiene que ver con la realidad actual (Iván Sasovsky)

“Este impuesto es una muy mala señal, pero no para los ricos, sino para toda la población, que necesitamos incentivar a la inversión para intentar salir de esta crisis sin precedentes, y que con estas señales las estamos ahuyentando”, concluyó.

El abogado experto en temas tributarios Diego Fraga aclaró que “el hecho de que el nuevo impuesto grave materia imponible alcanzada por otros tributos no implica per se que sea inconstitucional, ya que la doble imposición no está prohibida. Sin embargo, el impuesto que se envió al Congreso puede ser declarado inconstitucional por otros motivos. Habrá que analizar caso por caso cómo afectaría este impuesto a cada contribuyente, pero no me quedan dudas de que se va a judicializar mucho el tema”:

Por un lado, “podría demostrarse que la aplicación conjunta de este impuesto con el que recae sobre los bienes personales resulta confiscatoria por absorber una parte importante de la renta y el capital”, afirmó.

Por otra parte, “crea una ficción al considerar que la capacidad contributiva del pagador, al 31 de diciembre de 2019, se mantiene actualmente. Por ejemplo, se estaría aplicando a valores que desde esa fecha hasta hoy han sido castigados, como los títulos en default del propio Estado soberano argentino, ya que el proyecto no contiene exenciones”.

“La jurisprudencia ya se pronunció en casos similares, como respecto de la ley 22.604 de 1982, que estableció un impuesto de emergencia, por única vez con motivo de la guerra de Malvinas, por aplicar sobre los activos financieros existentes al 31 de diciembre del año anterior. Además de que en ese antecedente los activos financieros no estaban alcanzados por otro impuesto patrimonial y ahora ya pagan bienes personales y con alícuotas altísimas). En ese caso la Corte consideró inconstitucional a dicho impuesto, al no tener en cuenta la situación patrimonial actual del contribuyente”, recordó..

“Otros problemas que tiene el proyecto es que el impuesto no prevé deducciones ni tiene en cuenta las deudas, por lo que exhibe una visión irreal del patrimonio, aplicándole alícuotas que nunca se vieron. Si bien la emergencia a veces ha llevado a que la Justicia convalide tributos extraordinarios, nunca de la actual magnitud ni en un contexto de presión tributaria récord como el que se vive. El proyecto está afectando la capacidad contributiva actual y el derecho de propiedad de los contribuyentes”, advirtió Fraga.

“Los defectos del proyecto se acentúan al prever un régimen mucho más gravoso, discriminatorio, sobre activos en el exterior. Viola la igualdad tributaria la aplicación de alícuotas mucho más gravosas para bienes que pueden ser idénticos, sólo por la circunstancia de que algunos se encuentren en el exterior. Si bien se prevé la posibilidad de obviar la alícuota agravada mediante la repatriación, se trata de algo que en muchos casos resultaría impracticable o muy gravoso, ya que obligaría a liquidar, e inclusive malvender, parte de los activos para poder cumplir con la manda”, indicó.

“Más irrazonables todavía resultan aquellas normas que pretenden alcanzar con el impuesto a sujetos que se relocalizaron en otros países, precisamente para huir de un Estado voraz de magnitudes nunca vistas. Además, se está afectando severamente la seguridad jurídica de muchos contribuyentes, ya que en pocos meses se pasó de cuasi eliminar los impuestos federales al patrimonio a sumar dos, que en conjunto avanzan salvajemente sobre capitales y rentas ya castigadas por la economía”, indicó el abogado.

En tanto, César Litvin consideró que “esta contribución o aporte solidario afecta garantías constitucionales por la retroactividad y la confiscatoriedad”.

“Esta nueva imposición es un aumento retroactivo del Impuesto sobre los Bienes Personales dado que recae sobre el mismo hecho imponible, solo que cambia la fecha de medición, En este caso los contribuyentes que presentaron Bienes Personales y pagaron el impuesto, adquieren un efecto liberatorio, incorporando un derecho subjetivo a su patrimonio amparado por el Derecho de Propiedad”, expresó.

Además, “si se considera que “las alícuotas son exorbitantes y puede llegar en su máxima expresión al 5,25%, es posible que no supere el test de confiscatoriedad. Ello ocurre cuando el tributo absorbe una parte importante de la renta o patrimonio en jurisprudencia de la Corte Suprema. La confiscatoriedad se agrava si sumamos ambos gravámenes”.

Félix Rolando dijo que “deberá considerarse la situación de aquellos contribuyentes que si bien tenían un patrimonio al 31 de diciembre de 2019 lo transfirieron, por ejemplo a un trust irrevocable, con posterioridad La norma menciona los aportes a los trust como base imponible, pero en mi opinión los aportes realizados aún trust irrevocable ya no forman parte del patrimonio de la persona humana”.

Además, dijo que “si bien se trata de un impuesto excepcional la aplicación de este principio es relativa”. “Lo cierto es que, entre las tasas aplicables en el impuesto sobre los bienes personales de 2, 25% tanto para el año 2019 que pasó, para el 2020 próximo, junto con la tasa máxima del exterior previsto en el proyecto de 2, 25, arrojan una imposición total patrimonial del 9, 75% sobre el patrimonio del exterior en el término de un año, en los niveles más altos, lo cual constituye un nivel de imposición muy significativo al tratarse de un impuesto patrimonial. Y todavía lugar a plantear ciertos límites en la potestad tributaria del Estado”, aclaró.

Además, opinó que “el hecho de gravar con distintas alícuotas de acuerdo a la ubicación de los bienes, obligando a repatriar los mismos al menos en un 30% en el término de 60 días, claramente afecta el principio de igualdad, por otorgar un trato diferente a sujetos que quizás tienen la misma capacidad patrimonial pero radicados en el país”.

En efecto, “obligar a repatriar al menos el 30% del patrimonio que está en el exterior para obtener el mismo trato respecto a los bienes que está en el país pone a los sujetos en la difícil misión de liquidar activos financieros con el consecuente perjuicio económico propio de cualquier venta inmediata de las carteras financieras”.

Por su parte, la abogada Jimena de la Torre consideró que “pretender un aumento de impuestos es inoportuno en un momento donde lo que se debe es incentivar inversiones a fin de reactivar la economía. Y también es una contradicción pretender un aumento de impuestos para solventar indirectamente una reforma judicial que aumenta el gasto público y q la sociedad no necesita”.

Fernando Schettini dijo que el impuesto “ahuyenta inversiones, toda vez que grava los activos mundiales para los residentes en el pais y los activos locales de los residentes del exterior. En ciertos casos, para las personas de nacionalidad argentina, se encuentran gravados por mas que hayan obtenido la residencia fiscal en el exterior”.

“En definitiva es un proyecto que avanza en forma flagrante sobre la propiedad privada al llegar a gravar con un 5,25% activos sin consideración de ningún tipo de financiaciones que se hayan obtenido para la adquisición de los mismos”, concluyó, tajante.

Por su parte, Víctor Fabetti dijo que habrá una ola de juicios por “la posible doble imposición, tasas confiscatorias, normas excesivas en materia de residencia fiscal y titularidad de bienes, además de la posible falta de capacidad contributiva al gravar las acciones de sociedades locales; además, si la fecha de corte fuera el 31 diciembre pasado, la ley gravaría un período fiscal ya cerrado”.

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Economia

Aumento de la luz: cuáles son los artefactos que más consumen y cómo bajar su impacto en la factura

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Desde desenchufar cargadores y electrodomésticos que no estén en uso hasta utilizar programas cortos para lavarropas y lavavajillas, consejos y claves para corregir malos hábitos y evitar gastos de más.

El Gobierno autorizó dos aumentos en el año para las tarifas de electricidad de Edenor y Edesur, para los clientes del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El primer incremento fue del 9% y comenzó a regir en mayo. Aún resta definir cuándo será el siguiente. 

En verano, la luz aumenta por el uso de ventiladores y aires acondicionados. En invierno, por los calefactores y las estufas eléctricas. Todo el año se utiliza la electricidad, pero cada persona o familia la consume de forma diferente. En cualquier caso, existen malos hábitos que conviene desechar, y algunos tips a tener en cuenta para optimizar el consumo y no gastar de más.

¿Qué es el “consumo fantasma”?

También llamado “stand by”, es el modo de espera que tienen los distintos artefactos eléctricos para reactivar sus funciones de forma más rápida. Es decir, es el consumo de energía que realizan estos aparatos cuando están apagados y no los estamos utilizando, pero siguen enchufados a la corriente eléctrica.

El 10% del consumo de un hogar se produce por aparatos electrónicos conectados en modo ´stand by' . Foto: Archivo Clarín

El 10% del consumo de un hogar se produce por aparatos electrónicos conectados en modo ´stand by’ . Foto: Archivo Clarín

Se calcula aproximadamente que el 10% del consumo de un hogar se produce por aparatos electrónicos conectados en modo “stand by”.

“Si bien un cargador de un celular consume, es muy poco, si todos los productos eléctricos que están en el hogar estuvieran encendidos todo el tiempo consumirían mucho más, y entonces sí podría hacer una diferencia significativa”, explicó a Clarín la asesora de la Comisión Defensa del Consumidor de la Legislatura porteña, Carolina Suárez.

¿Cuáles son los artefactos que generan consumo fantasma?

  • Televisor
  • Decodificador de TV
  • Consola de videojuegos,
  • Teléfono inalámbrico,
  • Lámparas de mesa
  • Cargadores de celular
  • Computadora de escritorio o laptop
  • Impresora
  • Microondas
  • Lavadora
  • Secadora
  • Horno eléctrico

¿Cómo reducir el consumo fantasma?

  • Desenchufar cargadores de computadoras y teléfonos celulares cuando no estén en uso.
  • Desconectar las lámparas de las mesitas de noche cuando no sean utilizadas.
  • Apagar el monitor de la computadora de escritorio además del CPU .
  • Apagar el televisor y su decodificador.
  • Utilizar electrodomésticos con Eficiencia Energética A, A +, A ++, A +++, que son los que mejor aprovechan la energía. 
  • Apaga el ruter o módem de Internet si estás fuera del hogar.

Por otro lado, la especialista en consumo también hizo referencia a los electrodomésticos que más consumen en el hogar y que suponen prácticamente la mitad de la energía que se utiliza en este, aproximadamente 44% de la factura de la luz se va en su uso.

¿Cuánto consume cada electrodoméstico de tu hogar?

Tras los ajustes en la tarifa de luz, Edenor actualizó la herramienta de simulación https://simulador.edenor.com diseñado para calcular el valor estimado de las facturas en base al uso de los electrodomésticos del hogar.

“El diferencial de la herramienta es que los usuarios pueden seleccionar, por categoría, los electrodomésticos de sus hogares y las horas de uso de cada uno y aprender cuáles son los que más consumen”, indicaron desde la empresa de distribución eléctrica.

Uno de los electrodomésticos que más consume en el hogar, es el aire acondicionado. A partir de ahora, al seleccionar un equipo de aire se podrá determinar la clase de eficiencia energética, la temperatura de uso y la cantidad de horas por día que es utilizado.

Uno de los electrodomésticos que más consume en el hogar, es el aire acondicionado. Foto: Archivo Clarín

Uno de los electrodomésticos que más consume en el hogar, es el aire acondicionado. Foto: Archivo Clarín

“Poder interactuar al detalle con los equipos de aire servirá para obtener un estimado de consumo, similar al real. Así cada cliente podrá apreciar el beneficio económico que radica en contar con una temperatura de refrigeración igual o mayor a 24 ° con un etiquetado clase A”, detallaron de Edenor.

Además del aire acondicionado, estos son los electrodomésticos que consumen más electricidad en el hogar:​

. Heladera: Es uno de los electrodomésticos que gasta más energía, en especial si se guarda la comida aún caliente o se ubican objetos a altas temperaturas a su lado.

Televisor: En este caso dependerá del tiempo que esté encendido, pero durante el aislamiento, la gente suele tener la tele prendida mucho más tiempo, lo cual representa el 12% de consumo del hogar.

Computadora: Puede llegar a consumir en promedio 7,4% de electricidad de una casa. El modo “ahorro de energía” puede ser una alternativa para no pagar tanto por ella, así como los salvapantallas.

Lavarropas: Necesita bastante energía para trabajar y puede representar alrededor de un 11% del consumo. Si encima se usa agua caliente, el gasto de energía puede aumentar un 80%. En la medida de lo posible, será mejor lavar con agua fría y utilizar programas cortos.

Horno: Aunque no se use muy seguido, es uno de los electrodomésticos que más energía gasta por la combinación de generación de calorías y tiempo de preparación de una comida. Consumen entre 800 y 1.200 W por hora, según el modelo.

Lavavajillas: El promedio de gasto de este electrodoméstico es de 6% del consumo de una casa. Al igual que el lavarropas, los ciclos de lavado y la temperatura tendrán mucho que ver con un consumo de energía regular y alto.

Pequeños electrodomésticos: Otros aparatos como el microondas, la cafetera, la aspiradora o la plancha también producen un gran consumo. A pesar de tener una baja potencia, pueden llegar a representar hasta el 27% del gasto total del sector energía en de una vivienda.

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Economia

El gas sube 6% a fin de mes y se estudia otro aumento para después de las elecciones

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En la luz ya se dispuso un decreto con suba del 9% en Buenos Aires y el conurbano. En el caso del gas alcanza a todo el país y rige desde junio.

El aumento en las tarifas de gas será del 6% y se oficializará hacia fin de mes. El incremento regirá en todo el país desde junio. El próximo mes también se sentirá el incremento del 9% en distribución eléctrica (luz), aunque este nivel de aumento solo rige para Buenos Aires.

El aumento del 9% en luz será el “único”, según explican en el Gobierno,dejando claro que se adoptará la postura de Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica, postergando el deseo de una recomposición del 15% que sostenía el ministerio de Economía, que también pensaba en dos subas.

En gas, quedó abierta una posibilidad que haya otro incremento, aunque después de las elecciones. La secretaría de Energía -que depende del ministerio de Economía- puede buscar una recomposición de una parte de la tarifa. Pero, para aplicarla, el Enargas (el ente regulador) debe convocar a una audiencia pública.

Aunque Economía puede tratar de impulsar ese aumento en cualquier momento, todo indica que será después de las elecciones.

El proceso de recomposición de las tarifas de gas, que será del 6%, estará listo para la última semana de mes, según estima Federico Bernal, interventor del Enargas. “Ya está el OK de las distribuidoras, ahora falta el proceso de trámites internos dentro del Poder Ejecutivo nacional”, puntualiza.

La recomposición de tarifas de gas arrancó su proceso antes que la de distribución eléctrica. La secretaría de Energía y el Enargas celebraron sus audiencias públicas a mediados de marzo, mientras que el Enre lo hizo a fin de ese mes. Sin embargo, en distribución eléctrica ya se implementó a través del Boletín Oficial, mientras que en gas eso no sucedió.

La explicación reside en que hubo “falta de acuerdo” entre el Enre y la secretaría de Energía Eléctrica, que gestionaban el aumento de luz, con las distribuidoras (Edesur y Edenor). Por esa ausencia de concordancia, el Poder Ejecutivo salió con un decreto que estableció su posición. En gas, en cambio, habrá acuerdo con las licenciatarias, según fuentes oficiales, y no hará falta que un decreto salde los desacuerdos entre las partes.

En distribución eléctrica, el Poder Ejecutivo salió del procedimiento establecido, en parte por los desacuerdos entre el ministro de Economía (Martin Guzmán) y el subsecretario Basualdo. El secretario de Energía Darío Martínez depende de Guzmán y Basualdo es su segundo. Sin embargo, los intentos de Economía de desplazar a Basualdo chocaron contra el férreo respaldo del Instituto Patria (que solo responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner) a ese funcionario. Basualdo continuará con sus funciones, y este miércoles se mostró en una reunión con sindicatos.

Federico Basualdo, sociólogo de profesión, estuvo en el Enre en la segunda gestión de Fernández de Kirchner como presidente. Eduardo, su padre es un historiador y economista muy escuchado por la vicepresidenta y La Cámpora.

“En las tarifas de gas, estoy cumpliendo a rajatabla el decreto de necesidad y urgencia 1020 (inicio de la renegociación de las revisión tarifaria integral para prestadores de servicios públicos) y el marco regulatorio”, dice Bernal.

El aumento del 6% en el gas también será el único que alcanzará a transporte y distribución, es decir las empresas que llevan gas a hogares y comercios. Pero Economía puede decidir un incremento por el precio del gas en si mismo (el nombre técnico es PIST).

A través de la boleta, los clientes pagan una parte del costo del gas que consumen. El resto lo subsidia el Gobierno. Si Economía quiere que los usuarios paguen mayor proporción del costo del gas (para achicar las subvenciones), puede proponerlo a través de la secretaría de Energía. De allí se convoca a una audiencia pública. “El traspaso o no a tarifa se define a partir de la audiencia pública y un estudio del precio del gas, conforme lo establece la reglamentación de la ley 24.076 (marco regulatorio del gas)”, expresa Bernal.

Las tarifas de luz de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano estuvieron congeladas desde febrero de 2019 hasta mayo de 2021. Las de gas no tienen aumentos desde abril de 2019, pero lo tendrán en mayo de 2021.

Desde Economía dejaron trascender que la disconformidad con Basualdo tenía que ver con la falta de elaboración de “subsidios segmentados”. Sin embargo, entre los reguladores específicos se refuta que esas planillas (y simulaciones de quita de subsidios) fueran hechas y están en Jefatura de Gabinete.

En su campaña electoral que lo llevó a la presidencia, el Frente de Todos prometió una postura contraria a la adoptada por la administración anterior, que autorizó fuertes aumentos en tarifas. El congelamiento de tarifas es una de las razones que acercó a ciertos sectores de clase media al Frente de Todos.

Federico Basualdo parece ser hoy una pieza clave en el esquema energético actual. Los Basualdo conforman una familia exitosa. Su hermano Eduardo (mismo nombre que el padre) es un exitoso artista plástico, ganador de múltiples premios. Sus bisabuelos eran los duelos de lo que hoy se conoce como el Palacio Ortiz Basualdo, sede actual de la embajada de Francia.

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Economia

La AFIP avaló que Cristóbal López levante la quiebra de Oil Combustibles

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Pese a las advertencias de la justicia Comercial respecto al origen fraudulento de la deuda con el Estado, Marcó del Pont aceptó el plan de pagos del empresario.

Mientras la Cámara en lo Civil y Comercial ratificó que en el caso de Oil Combustibles -la petrolera de Cristóbal López y Fabián De Sousa- hubo “hechos ruinosos o fraudulentos” por parte de la firma que se acogió “sistemáticamente a planes de pago para obtener liquidez de forma irregular” con la “complicidad de funcionarios estatales”, la AFIP que dirige Mercedes Marcó del Pont dio el visto bueno para que se evite la liquidación de Oil: prestó conformidad al avenimiento respecto de la propuesta de López y De Sousa para gestionar la deuda que la justicia investiga y juzga como un fraude millonario.

Oil Combustibles logró un resultado favorable con la resolución de la AFIP. La conformidad que dio el organismo recaudador este lunes podría evitar que la jueza en lo Civil y Comercial Valeria Pérez Casado distribuya 100 millones de dólares entre los acreedores de la petrolera. Este paso era la instancia de liquidación final para dar así por concluido un proceso que inició en mayo de 2018, cuando decretó su quiebra.

Después de ingresar a la moratoria fiscal impulsada por el presidente Alberto Fernández, que posibilitó que empresas quebradas obtengan un plan de facilidad de pagos, Cristóbal López inició otro proceso que obtuvo la aprobación de la AFIP. Buscó un avenimiento, es decir, obtener la conformidad de todos los acreedores para encontrar otra camino para la cancelación de la deuda y así evitar la liquidación de Oil El abogado de López, Eduardo Favier Dubois, presentó los últimos meses informes mostrando la conformidad de diversos acreedores verificados en el proceso de quiebra.

El 8 de marzo, la jueza Pérez Casado pidió más información al respecto. Lo cierto es que, pese a estar quebrada desde 2018, inactiva desde entonces y con sus principales activos ya vendidos, Oil ya consiguió que su principal acreedor -el fisco- brinde conformidad para evitar la liquidación de lo que queda de la compañía. De prosperar este planteo de la AFIP, el dueño de Indalo está más cerca de levantar la quiebra de la petrolera.

En el escrito de doce páginas, la AFIP resolvió autorizar al Representante del Fisco a “otorgar la conformidad” a este proceso que es el avenimiento, lo que permitirá que Oil Combustibles no quiebre definitivamente.

La responsable de asuntos jurídicos del fisco, Romina Zorrilla firmó la resolución señalando que “la deudora deberá cumplir con la adhesión definitiva al régimen otorgado dentro de los treinta (30) días corridos de notificada la conclusión de la quiebra por avenimiento”. Esto sucede, porque aún faltaban algunos acreedores que den su consentimiento a la propuesta de Cristóbal López a otra modalidad de pago de la deuda, que no sea liquidar la compañía.

Sin embargo, el escollo más grande quedó superado: el organismo recaudador es el acreedor principal de Oil y ya otorgó su visto bueno para que el empresario K evite la quiebra. ​

La oposición en el Congreso se había opuesto a la inclusión de Oil en la nueva moratoria, y presentó una nota que detalla la deuda de la compañía, señalando que la firma “ha manifestando su voluntad de acogerse a un plan de facilidades de pago para cancelar la totalidad de sus deudas tributarias verificadas en el concurso (6.739.449.633 pesos), en la quiebra (1.507.702.128 pesos) y pendientes de resolución (3.548.496.183 pesos)”. En el fuero federal, donde se juzga por defraudación a los dueños del Grupo Indalo, la anterior gestión de la AFIP había reclamado una deuda con la AFIP de 10.000 millones de pesos.

Pero la petrolera sumó otro problema: en 2018 la quiebra se dictó con continuidad, y esto generó nuevas deudas por “el incumplimiento de obligaciones impositivas a su cargo motivadas en la continuidad de la explotación”, señaló la AFIP, que además exige el pago de otros 20 millones de pesos.

Para Cristóbal López, la deuda no supera los 560 millones de pesos. Pero recientemente un fallo de la Sala D de la Cámara de Apelaciones del fuero Civil y Comercial reiteró sus duros términos. Al rechazar un planteo del empresario respecto a cuándo comenzar a contabilizar la cesación de pagos, los camaristas indicaron que Oil generó una “dramática realidad” que puso al fisco en una situación de “dificultad para el recupero de sus acreencias”, como “directa consecuencia de una desorbitada deuda fiscal cuya existencia no puede sino explicarse a partir de evidentes complicidades de funcionarios estatales”, en relación a la AFIP de la gestión kirchnerista, conducida por Ricardo Echegaray.

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