“Es una primera medida para avanzar en la reconversión de los programas sociales en programas de empleo. Va a abarcar en todo el país a 50 mil trabajadores y trabajadoras que durante febrero van a conformar cuadrillas de trabajo, porque entendemos que el trabajo es lo que va a resolver el problema de la pobreza”, anticipó Daniel Menéndez, coordinador del Movimiento Barrios de Pie y funcionario de Desarrollo Social, donde está a cargo de la Subsecretaría de Promoción de la Economía Social.
“Queremos dar una señal clara de que el asistencialismo no es el camino –explicó–: creemos en la articulación entre el Estado nacional, el Estado provincial y los movimientos populares para generar posibilidades de trabajo. Una de las vertientes que plantea Daniel Arroyo es la obra pública de pico y pala, que tiene enormes posibilidades porque ocupa mucha mano de obra. En estas primeras semanas de gestión estuvimos haciendo un esfuerzo grande para articular todos los procedimientos de Nación y provincia, para llegar al 10 de febrero con cientos de cuadrillas de trabajo que puedan acondicionar las escuelas.”
Para llevar adelante los trabajos, la Nación se hará cargo de pagar el complemento a los trabajadores de la economía social, mientras que los Estados provinciales y municipales pondrán los fondos para la compra de materiales.
En el territorio bonaerense, el programa va a emplear durante febrero a 20 mil personas. La provincia tiene previsto destinar 200 millones de pesos para la adquisición de los insumos.
El plan va a ser impulsado a nivel nacional y ya definieron su adhesión 14 provincias. Fue presentado la semana pasada en el Chaco, y en los próximos días será firmado en Córdoba y Santa Fe. En Desarrollo Social estiman que van a ser arregladas unas 2 mil escuelas, básicamente con pintura, trabajos de herrería, arreglos de mampostería básicos y desmalezamiento. En el caso de las provincias con riesgo de dengue, también se hará el descacharramiento de los patios y terrenos. La idea es que, terminado febrero, a lo largo del año, puedan encargarse a las cooperativas tareas de mantenimiento y refacciones más estructurales.
Las 50 mil personas que se integrarán a las cooperativas representan un 10 por ciento de los beneficiarios de planes.
La salida productiva de los programas de asistencia estatal es una histórica búsqueda de los movimientos populares. En el área de la construcción hay toda una experiencia exitosa con programas como el Plan Agua + Trabajo, así como en la construcción de viviendas sociales. En algunos distritos, las cooperativas se han ocupado de terminar barrios abandonados por empresas constructoras cuando el combo de inflación más ajuste volvió poco rentable su ejecución. Moreno, el municipio donde será presentado este lunes el programa, es un caso.
Su intendenta, Mariel Fernández, es referente del Movimiento Evita y emergente de esos procesos de organización comunitaria. Moreno es además el distrito donde murieron la docente Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez debido a la falta de mantenimiento de las escuelas durante la gestión de María Eugenia Vidal.
Durante la gestión de Cambiemos, la totalidad de los programas sociales fueron transferidos al Ministerio de Desarrollo Social. En esa reasignación fue cambiada su contraprestación de las cooperativas de producción, mandando a todos los beneficiarios de planes sociales a estudiar. La medida, que fue tomada mientras el gobierno cerraba escuelas e intentaba desarmar los bachilleratos para adultos, ajustando el gasto educativo, desarmó miles de cooperativas de trabajo. En los cuatro años de gestión macrista, cerca de 8 mil cooperativas de trabajo perdieron su matrícula o fueron dadas de baja.
La construcción es uno de los cinco rubros en los que el Ministerio de Desarrollo Social quiere formar cooperativas de trabajo para dar impulso a la economía popular. Los otros son el textil, la producción de alimentos, el reciclado y las tareas de cuidado.
