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Los papeles secretos del ARA San Juan: una pesquisa a fondo que pone en jaque a nueve oficiales de la Armada

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Se accedió al dictamen confidencial del auditor militar que es utilizado por el Consejo General de Guerra para condenar a los culpables del hundimiento del submarino que causó la muerte de sus 44 tripulantes

Doscientos cuarenta sellos rectangulares con la palabra “CONFIDENCIAL” escrito en mayúscula encabezan cada una de las fojas que componen el dictamen del “auditor militar” comodoro Ricardo Daniel Méndez. Por sus conclusiones, nueve oficiales de la Armada de la República Argentina (ARA) fueron llevados al Consejo General de Guerra, el de mayor envergadura desde el regreso de la democracia en el país, en 1983. Según sus conclusiones, cada uno de ellos habría tenido algún tipo de responsabilidad en el hundimiento del submarino ARA San Juan junto a sus 44 tripulantes el 15 de noviembre de 2017.

Son el Almirante (R) Marcelo Eduardo Hipólito Srur. Ejercía el cargo de Jefe del Estado Mayor General de la Armada, siendo su máxima autoridad al momento de los hechos que dieran lugar a la pérdida de contacto y posterior naufragio del Submarino ARA San Juan.

Contraalmirante (R) Luis Enrique López Mazzeo. Se encontraba a cargo del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada (COAA).

Capitán de Navío Claudio Javier Villamide. Era el jefe inmediato superior del comandante del ARA San Juan, capitán de Fragata Pedro Fernández, al momento en que tuvo lugar el fatal siniestro sufrido por ese Submarino. Durante el año 2017 se encontraba a cargo del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS).

Contraalmirante Eduardo Luis Malchiodi. Era el Jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada (JEMA).

Vicealmirante (R) Francisco Javier Medrano. Se encontraba a cargo de la Jefatura de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.

Capitán de Navío (R) Carlos Ferraro. Estaba a cargo del Proyecto de Submarinos (PYSU) al momento de producirse la entrega del buque de guerra al COFS luego de su reparación de media vida en el año 2015.

Capitán de Navío Héctor Aníbal Alonso. Tenía a su cargo el Estado Mayor del COFS.

Capitán de Fragata Hugo Miguel Correa. Se encontraba destinado en el Comando de la Fuerza de Submarinos. Fue designado Jefe de Operaciones de ese Organismo, cargo que ostentaba al momento del naufragio del ARA San Juan.

Capitán de Corbeta Jorge Andrés Sulu. Prestaba servicios en el Comando de la Fuerza de Submarinos, encontrándose a cargo de la Jefatura Logística de ese Organismo.

En la foja 239, al momento de abordar las “responsabilidades disciplinarias”, el comodoro Méndez afirma que después de su investigación “se ha acreditado la existencia de hechos susceptibles de ser encuadrados dentro de las conductas tipificadas como faltas gravísimas” según el Artículo 13, incisos 16 y 23 del Anexo IV del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas de la ley 26.394.

El auditor suscribió también que “se han constatado algunas conductas susceptibles de ser encuadradas dentro de las tipificadas como faltas graves”.

Por ejemplo, al entonces jefe de la Armada, se le imputa que: “Al tomar conocimiento de la avería inicial sufrida por el submarino ARA San Juan, haber sido negligente en su accionar al evidenciar falta de cuidado o descuido de la tropa y equipamiento a su cargo, al no haber profundizado el análisis de la situación planteada. No haber ordenado ninguna medida concreta tendiente a superar la situación de apremio en que se encontraba la nave, ni haber dispuesto ningún recaudo para asesorarse por especialistas frente a una novedad de trascendencia que le fue comunicada que excedía con creces lo habitual en la navegación de un submarino en operaciones”.

También se lo cuestiona por “limitarse a encomendar a sus subordinados la tarea de superar el incidente inicial denunciado por la nave”.

Infografía, Marcelo RegaladoInfografía, Marcelo Regalado

Las conclusiones a la que llegaron los investigadores sobre el accionar de los militares que tenían bajo su órbita la seguridad del buque siniestrado será descripta en detalle en el capítulo “los responsables de la tragedia”.

Para redactar la auditoría, el brigadier utilizó la fuente Time New Roman, los renglones están separados por un espacio y el tamaño de letra 11,5.

Cada una de las fojas está cruzada con una frase donde, también en mayúscula se lee “COPIA SECRETO”, al lado de la palabra “copia”, hay un número que identifica a la persona a quien fue entregado el documento “secreto”.

Infobae no sube a la web los papeles secretos del ARA San Juan, justamente para no revelar la fuente de información, pero sí, a lo largo de cinco notas, se sintetizará, de manera textual, las acusaciones que pesan sobre cada uno de los oficiales acusados, y las razones por las que se habría hundido el único submarino operativo que tenía el país.

Es una forma poner luz en un tema de interés público, pero sobre el cual hay oscuridad. Las audiencias del Consejo General de Guerra se realizan a puerta cerrada. Solo pueden asistir, además del tribunal militar, los imputados y sus abogados defensores.

A las querellas, es decir a los representantes de las víctimas en la causa penal que se instruye en los tribunales federales de Caleta Olivia, se les negó la posibilidad de asistir a las reuniones.

La intención de estos abogados, Luis Tagliapietra, Fernando Burlando, Valeria Carreras y Lorena Arias, es descubrir las “contradicciones” en las que podrían incurrir en las declaraciones que realizaron, en calidad de testigos, o imputados en la causa que instruye la jueza Marta Yañez.

El submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes, zarparon de la Base Naval de Mar del Plata el 24 de octubre de 2017 y no regresaron más. Sus restos fueron encontrados a unos 900 metros de profundidad el 17 de noviembre de 2018.El submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes, zarparon de la Base Naval de Mar del Plata el 24 de octubre de 2017 y no regresaron más. Sus restos fueron encontrados a unos 900 metros de profundidad el 17 de noviembre de 2018.

A más de tres años de la mayor tragedia de la Armada Argentina en tiempos de paz, aún se desconocen “las razones que habrían ocasionado el fatal siniestro sufrido por el Submarino ARA San Juan”.

Así lo entiende el auditor militar y lo describe con crudeza a partir del punto 5.1 de las “conclusiones”.

“Del análisis efectuado en el presente informe, mediante el auxilio de los antecedentes reunidos, informes periciales y demás medios probatorios rendidos y de la asistencia técnica con la que ha contado el suscripto, surge que no ha podido adquirirse una certeza absoluta respecto de las razones que produjeran el naufragio del Submarino”, sostiene.

A renglón seguido el comodoro abogado aclara: “No obstante ello, en el Capítulo II de este informe se ha presentado un número cerrado de hipótesis en el marco de una escala probabilística de mayor a menor, elaborada en base al rigor técnico que surge de la opinión de los peritos intervinientes, dentro de las cuales se encontraría la que habría desencadenado la tragedia, descartando toda otra alternativa fuera de las allí presentadas”.

Cada una de ellas, serán descriptas en el capítulo “las razones del hundimiento”.

El sumario (legajo disciplinario) firmado por Méndez, está fechado el 16 de septiembre de 2020 y está dirigido al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Juan Martín Paleo.

Paleo, además es uno de los vocales del tribunal militar que está integrado por un presidente, en este caso un civil, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi; el otro vocal, el brigadier Pedro Giraldi; un secretario, el comodoro Ángel Rojo y un auditor, el general de Justicia, Juan Stanchina.

El sumario (legajo disciplinario) firmado por el auditor militar, está fechado el 16 de septiembre de 2020 y está dirigido al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Juan Martín Paleo. (Wikipedia: Guidogranitto)El sumario (legajo disciplinario) firmado por el auditor militar, está fechado el 16 de septiembre de 2020 y está dirigido al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general de brigada Juan Martín Paleo. (Wikipedia: Guidogranitto)

En los tres primeros puntos del voluminoso escrito, el abogado instructor afirma que: “El presente informe, tiene como propósito la determinación de las razones y circunstancias por las cuales se produjera la pérdida de contacto del SUBMARINO ARA SAN JUAN (SUSJ) en fecha 15 de noviembre de 2017. su posterior naufragio, con la lamentable pérdida de la vida de sus 44 tripulantes y las eventuales responsabilidades que pudieren haber surgido como consecuencia de ese hecho”.

A continuación, Méndez explica que: “En este orden, se entiende como esencial el desentrañar previamente la compleja trama de los sucesos acontecidos, cotejándolos -al mismo tiempo- con las cuestiones vinculadas con el estado de navegabilidad y mantenimiento de la nave y con el nivel de adiestramiento de sus infaustos tripulantes y del resto del personal interviniente”.

Asimismo, entiende el comodoro: “Es necesario revisar la actuación cumplida por el personal de la Armada que ha tomado intervención en ocasión a los hechos narrados, a los fines de determinar la existencia de eventuales responsabilidades en el marco normativo que ciñe la presente investigación”.

El auditor militar, en el punto 2.8 destacó que fuera de los dictámenes técnicos y los antecedentes sobre navegaciones anteriores y condiciones en las que zarpo el submarino, se incorporó al legajo, el expediente 17379/2017 que tramitan ante la jueza Yañez.

El suboficial de inteligencia Castillo dormía debajo de los torpedos del ARA San Juan. La foto se la envió a su mujer poco antes que el submarino se hundiera.El suboficial de inteligencia Castillo dormía debajo de los torpedos del ARA San Juan. La foto se la envió a su mujer poco antes que el submarino se hundiera.

Por esa razón, el comodoro Méndez recuerda que: “En dicha causa, cuyo objeto procesal consiste en determinar la existencia de las responsabilidades penales de autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y de la Armada Argentina que posibilitaron que el Submarino ARA San Juan y sus 44 tripulantes, zarpara del Puerto de Mar del Plata el 24 de octubre de 2017 y no llegara a su destino conforme ultima orden de operaciones, yaciendo a más de 900 metros de profundidad en adyacencias del Mar Argentino”.

En su dictamen, el instructor enfatiza que: “En Primera Instancia- la situación procesal de aquellos oficiales de la Armada Argentina que fueran imputados por hechos que guardan relación con el objeto del presente legajo disciplinario, son el Contraalmirante (R.E.) Luis Enrique López Mazzeo; el Contraalmirante (R.E.) Eduardo Luis Malchiodi; el Capitán de Navío Claudio Javier Villamide; el Capitán de Navío Héctor Aníbal Alonso; el Capitán de Fragata Hugo Miguel Correa y el Capitán de Corbeta Jorge Andrés Sulia”.

Esta foto fue tomada el 7 de noviembre de 2017, en Ushuaia después de realizar maniobras de prueba de evasión de lancha antisubmarina. Fue una de las últimas imágenes antes de hundirse, ocho días después.Esta foto fue tomada el 7 de noviembre de 2017, en Ushuaia después de realizar maniobras de prueba de evasión de lancha antisubmarina. Fue una de las últimas imágenes antes de hundirse, ocho días después.

En todos los casos los citados oficiales fueron procesados por considerarlos autores, penalmente responsables del delito de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, Omisión de Deberes del Oficio y Estrago Culposo agravado por el resultado de muerte.

La resolución de Yañez fue recurrida por todos los procesados ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que resolvió, en un dictamen de 177 fojas, confirmar los procesamientos de López Mazzeo, Villamide, Alonso y Correa; revocar los procesamientos de Malchiodi y Sulia, dictando “una falta de mérito” y revocar el sobreseimiento que Yañez había dictado sobre José Alberto Garro, dictando una falta de mérito, es decir, que como los dos anteriores, siguen bajo investigación.

Los camaristas Hebe Corchuelo de Huberman, Aldo Suárez y Javier Leal de Ibarra, también ordenaron investigar al ex presidente Mauricio Macri, al ex ministro de Defensa Oscar Aguad y al ex jefe de la Armada, Marcelo Srur.

Si bien esa resolución tuvo impacto político, en el Consejo General de Guerra no tendrá incidencia alguna ya que allí se juzgan las conductas militares, no la de los civiles.

(Christian Heit)(Christian Heit)

El esquema bajo el cual trabajó el instructor se dividió en cuatro etapas:

1) Desarrollo de los hechos hasta la pérdida de contacto con el submarino Ara San Juan.

2) Antecedentes técnicos relativos al estado de mantenimiento de la nave.

3) Esquema tentativo de cómo se habría producido los hechos y eventual existencia de responsabilidades por parte del personal de la Armada en relación con el hecho investigado.

4) Conclusiones.

Ese mismo será el orden en que Infobae publicará las cuatro notas restantes y que contendrán los puntos salientes de la investigación “CONFIDENCIAL” y calificada como “SECRETA”, por las autoridades militares y avalada por el ministro de Defensa, Agustín Rossi quien, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, fueron los primeros en leer los papeles secretos del ARA San Juan que hoy comienzan a salir a la luz pública.

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Trasladaron a una sala de terapia intensiva al senador Carlos Alberto Reutemann

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El exgobernador de Santa Fe está internado por un cuadro de anemia desde el miércoles a la tarde.

El ex gobernador santafesino y actual senador, Carlos Alberto Reutemann, fue internado en un sanatorio de Santa Fe luego de que se presentara el miércoles para realizarse una serie de estudios por un cuadro de anemia. Luego de evaluarse su situación, el jueves se decidió derivarlo a una sala de terapia intensiva.

Los médicos pretenden determinar si existe alguna patología o hemorragia que pudiera provocar la anemia. Desde el sanatorio céntrico de la capital santafesina se informó que Reutemann “llegó por sus propios medios a internarse el miércoles por la tarde”.

Clarín consultó a sus allegados, quienes evitaron confirmar mayores detalles sobre su salud, aunque aseguraron que la internación en una sala de mayor complejidad se dispuso sólo para que los médicos pudieran tener un control más exhaustivo de su estado.

La actual internación, de acuerdo a lo que señalan en su entorno, no tiene relación con un posible cuadro de coronavirus. El ex gobernador, de 79 años, fue vacunado a fines de marzo luego de inscribirse en la página oficial de la provincia y aguardar su turno, que le fue otorgado por formar parte de una de las franjas etarias considerada de mayor riesgo.

El ex gobernador cumplió con el trámite sin bajarse de su automóvil, para evitar tomar contacto con la gente. Algunas enfermeras que lo reconocieron, sin embargo, le pidieron tomarse fotos. La imagen de ese momento fue compartida en redes sociales. Fue una de los pocas apariciones públicas del dirigente en los últimos tiempos.

El Sanatorio Santa Fe, donde está internado Reutemann, se encuentra en el centro de la capital provincial. Foto: Google Maps

El Sanatorio Santa Fe, donde está internado Reutemann, se encuentra en el centro de la capital provincial. Foto: Google Maps

Reutemann (79), dos veces gobernador santafesino y senador nacional desde 2003, había sido intervenido quirúrgicamente en Nueva York en 2017 a causa de un cáncer de hígado.

“Tenía un tumor en el hígado. Tuvieron que hacer una cirugía bastante compleja porque el tumor estaba encapsulado”, reveló el ex corredor de Fórmula 1 tras aquella intervención.

“Fue una cirugía muy larga de seis o siete horas y estuvo tres meses para cicatrizar. Tuve una recuperación lenta”, contó sobre el proceso de rehabilitación.

Allegados al legislador explicaron en los últimos tiempos que luego de aquella operación su salud quedó “deteriorada” y que le dejó algunas secuelas.

En ese sentido, la exdiputada Alejandra Vucasovich, una de sus más leales aliadas políticas, reveló el año pasado que Reutemann estaba “muy lúcido, pero con muchos impedimentos físicos”, cuando fue consultada sobre el silencio del dirigente en torno al caso Vicentin.

“El cáncer que tuvo en su momento lo ha dejado muy deteriorado”, precisó Vucasovich en declaraciones a Radio 2.

Carlos Reutemann en el Senado. Representa a su provincia en la cámara alta desde el 2003. Foto: Andres D'Elia.

Carlos Reutemann en el Senado. Representa a su provincia en la cámara alta desde el 2003. Foto: Andres D’Elia.

Reutemann se inició en la política desde el peronismo, de la mano del fallecido expresidente Carlos Menem, pero luego se diferenció al adherir a la alianza Cambiemos, siendo uno de los principales dirigentes del interior del país en apoyar a Mauricio Macri.

En 1991 alcanzó por primera vez la gobernación de Santa Fe gracias la controvertida Ley de Lemas, que le permitió ser elegido a pesar de tener menos votos que el radical Horacio Usandizaga, pero ayudado por la sumatoria de todos los candidatos del PJ. En 1999 volvería a repetir, pero esta vez alcanzando un aplastante triunfo sobre el mismo adversario de la UCR.

El conflicto que protagonizó el Gobierno de Cristina Kirchner con el sector agropecuario fue un quiebre en la relación con el oficialismo. Reutemann abandonó en 2009 el bloque K y ese mismo año se impuso para revalidar la banca como parte del espacio Santa Fe Federal, que contaba con el apoyo de un sector del PJ.

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La Cámara de Casación consideró que no fueron delitos de lesa humanidad las vejaciones a soldados en la guerra de Malvinas

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El tribunal penal dio la razón a un ex oficial del Ejército en el sentido de que se trataron de delitos comunes que ya prescribieron. El fallo podría hacer caer toda la causa que se instruye en el juzgado federal de Río Grande.

La Cámara Federal de Casación Penal consideró esta semana que las vejaciones a soldados argentinos cometidas por oficiales durante la guerra de Malvinas 1982 no fueron delitos de lesa humanidad sino delitos comunes.

Los hechos denunciados, que se investigan en el juzgado federal de Río Grande, no pueden tomarse como crímenes de guerra porque “las presuntas víctimas tenían estado militar y por tanto estaban sometidos a la justicia militar, no resultando ser población civil o grupos perseguidos”, señaló un fallo del máximo tribunal penal antes de la Corte.

Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña votaron por hacer lugar al recurso de casación de un oficial del Ejército y tomaron esa posición que haría prescribir las causas por vejaciones que, incluso ya tienen procesamientos.

“Se advierte que asiste razón a la defensa en cuanto a que en aquel fallo se ha insistido con una cuestión que fue zanjada por esta Cámara Federal de Casación Penal (en el 2009) en el decisorio reseñado en el punto precedente -el cual se encuentra firme-, al referirse a la categorización que corresponde otorgarle a los hechos por los cuales mediara requerimiento de instrucción por parte del Ministerio Público Fiscal”, sostuvo Petrone.

Tomó esa posición, al hacer lugar a un recurso de casación presentado por un ex militar acusado de cometer torturas durante la guerra de Malvinas llamado Jorge Oscar Ferrante, que tenía el cargo de subteniente y había oficiado como jefe de una sección de una compañía.

La Sala I, con las firmas de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, aceptó el recurso de casación presentado por el abogado Manuel Eduardo Barros, defensor de Ferrante.

 Además, con el voto mayoritario de Barroetaveña y Petrone le devolvió el expediente a la Federal Cámara de Comodoro Rivadavia “para que dicte una nueva resolución de acuerdo con los lineamientos expuestos en la presente”.

Ferrante fue llamado a indagatoria por las supuestas torturas contra el soldado Julio César Más, quien “habría sido estaqueado entre doce y dieciocho horas y que habría culminado cuando otro conscripto lo liberó durante un bombardeo”.

“La cuestión sometida a inspección casatoria relativa a la categorización de los hechos juzgados en este legajo, fue dirimida por esta Sala –con diferente integración- en la ya citada causa de fecha 13 de noviembre de 2009, sentencia que adquirió́ firmeza tal como expresamente lo puso de relieve el más Alto Tribunal en su ya referenciado pronunciamiento en estos actuados, de fecha 13 de mayo de 2015″, agregó Barroetaveña.

La jueza Figueroa votó por rechazar el recursos de Ferrante y a favor de que se siga investigando: “Conforme el estado procesal de la causa y la totalidad de las constancias glosadas al expediente, se advierte que la decisión cuestionada cuenta con los fundamentos mínimos y necesarios que impiden su descalificación como acto jurisdiccional válido”.

El fallo podría llevar a la suspensión de las 15 indagatorias previstas desde el 8 de junio al 7 de julio próximos, además de la resolución de la situación procesal del exgeneral de Brigada Omar Edgardo Parada, indagado el pasado 21 de abril, y la elevación a juicio de la causa respecto de los tres primeros procesamientos firmes: el de Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi y Gustavo Adolfo Calderini.

La Cámara de Casación Penal, con otra integración diferente de la actual, ya había dictado una resolución en 2009, considerando que los presuntos estaqueamientos y “enterramientos” de soldados durante el conflicto bélico de 1982 no podían ser clasificados como delitos de lesa humanidad porque no formaban parte de un plan sistemático del Estado.

La medida benefició a Jorge Eduardo Taranto, un exsubteniente del Regimiento 5 de Paso de los Libres, a quien señalaban como partícipe de cinco hechos de torturas a los soldados Edgardo Oscar Arnoldo, Daniel Mártires González, Gustavo Andrés Nadal, Rosendo Prado y Juan de la Cruz Martins.

Taranto fue sobreseído en 2010 por prescripción de la acción penal.

El fallo de Casación no fue apelado ni por la Fiscalía ni por las querellas y se consideró firme, mientras que, por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia rechazó su revisión en 2015 y el caso fue planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahora, llegó a la instancia casatoria la situación de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 era oficial del Regimiento de Infantería 5 y cuya defensa planteó ser alcanzado por el precedente de Taranto.

Ante ello, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone entendieron, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que el organismo ya se había expedido sobre la cuestión en 2009 y que no podía volver a hacerlo, porque lo resuelto tenía valor de “cosa juzgada”.

“Es decir que, sin emitir su opinión personal, acerca de si se trata o no de delitos de lesa humanidad, correspondía hacer valer el criterio del tribunal en 2009, con lo que el efecto es el mismo y Ferrante será seguramente sobreseído también”, explicaron los voceros judiciales.

Por su parte el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), que interviene como querellante en la causa, emitió un comunicado en el que criticó el fallo de Casación y consideró que “reproduce conceptos que se dan de patadas con las obligaciones que la República Argentina ha asumido”, además de ser “arbitrario, infundado, despótico, contrario al derecho internacional, multiplicador de prejuicios y revictimizante”.

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Federico Basualdo sigue en su puesto y se muestra en una actividad oficial

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Desde el kirchnerismo salieron a difundir un encuentro del subsecretario con el sindicato de Luz y Fuerza.

Desde uno y otro lado dejan trascender que el conflicto terminó. El ministro de Economía Martín Guzmán seguirá en su puesto, aunque no haya podido despedir a su subalterno, el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

El presidente Alberto Fernández respaldó a Guzmán. El Instituto Patria, a Basualdo.

Pero aunque pareciera que desde ambos “bandos” buscan bajarle la espuma al conflicto, este martes desde el kirchnerismo salieron a mostrar que Basualdo sigue con su actividad como si nada. Hace horas, sin embargo, desde Economía decían que Basualdo debería dejar su cargo más temprano que tarde.

La forma de dejarlo claro fue la difusión de un encuentro de Basualdo, y la Interventora del ENRE, el ente regulador de la electricidad, Soledad Manin, con representantes del Sindicato de Luz y Fuerza.

La pelea de fondo entre los funcionarios era el aumento de las tarifas. Mientras que Guzmán buscaba reducir los subsidios con subas similares a la inflación para así quitar combustible al déficit fiscal, desde el kirchnerismo más duro y La Cámpora pugnaban por un incremento mínimo, casi testimonial, para no afectar los bolsillos de los consumidores en el año electoral.

El sábado pasado se anunció un alza del 9% para Edenor y Edesur. Por ahora, ese sería el único aumento del año. Guzmán esperaba poder anunciar otro en julio para totalizar 15% en el año.

Según el comunicado del encuentro con Luz y Fuerza, la interventora del ENRE explicó que el organismo se encuentra completando la verificación de la ejecución de la primera etapa del plan de inversión y obras de infraestructura de distribución eléctrica en el AMBA, “impulsado por el Ente Regulador y la Subsecretaría de Energía Eléctrica”, para que no queden dudas.

“En este marco, las distribuidoras ejecutaron más de 800 millones de pesos en el primer trimestre del año, y se encuentra iniciada la segunda etapa con un compromiso de inversiones por 1.493 millones de pesos”, agregaron.

El hecho de que Guzmán tenga rango de ministro y Basualdo de subsecretario no quiere decir nada en un gobierno donde la vicepresidenta marca agenda. De hecho, el cristinismo ya forzó la salida de Guillermo Nielsen de la presidencia de YPF, donde recaló un hombre de Máximo Kirchner, Pablo González.

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