Al respecto, aclaró que “se debe probar la vinculación de estos bienes con el delito” y, en este sentido, lo diferenció de la iniciativa original de Diputados que, según explicó, “invertía la carga de la prueba, porque la persona debía acreditar la legitimidad de sus bienes, cuando es el Estado el que debe probar” la vinculación entre los bienes y el delito.