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Economia

Las empresas de telecomunicaciones aseguran que el DNU les genera un daño grave y preparan sus estrategias legales

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La industria dio detalles de cómo el decreto de Alberto Fernández impactará en el negocio. Qué es y cómo se reparte, según el Gobierno, el Servicio Universal

“La verdad, son días tensos. Si todo esto es por Clarín, es insólito porque están matando y desfinanciando a toda una industria por un capricho. Si es así, el daño colateral será inmenso, con empresas grandes, pymes, cooperativas y todo un ecosistema tremendamente afectados. Es una sobrerreacción que no se entiende por más ideológico que sea el trasfondo”, aseguró el ejecutivo.

Alberto FernándezAlberto Fernández

Un colega suyo puso el eje en otros de los puntos que generaron polémica en las últimas horas: el dinero del llamado Fondo Servicio Universal (FSU), un instrumento que se nutre con el 1% de la facturación de las telcos que administra el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). “Actualmente, y según las estimaciones de funcionarios de la gestión anterior, el FSU tiene un saldo de alrededor de $11.000 millones”, escribió en su blog, hace un mes, el analista Enrique Carrier.

“La llegada de la pandemia puso en evidencia que todavía falta mucho para la universalización del servicio (tanto aquí como en otros países), exigiendo entonces un sacudón al tema para poder canalizar mejor y más rápido los fondos que se acumulan mensualmente“, detalló el especialista en telecomunicaciones. Además, explicó algunos cambios que la actual gestión realizó y finalizó su comentario: “Es una buena medida que el Enacom haya decidido movilizar los fondos del Servicio Universal los que, a juzgar por la información publicada por el mismo regulador, estaban siendo subutilizados”.

“¿Ese dinero está? ¿Cómo se maneja? Las empresas lo pusimos, pero tampoco están usando la opción de Arsat como mayorista para intentar regular los precios con la oferta y la demanda”, duda otro hombre de la industria.

“Ese dinero está y se usa para conectividad, con esos fondos no se puede subsidiar a nadie. Estamos pensando hoy, pero también en lo que pasará luego de la pandemia. Con ese dinero vamos a lugares a los que las empresas no van porque dicen que pierden plata. Los que no usaron el Fondo son las autoridades del gobierno anterior. Desde que asumimos invertimos en planes de inclusión”, aseguran desde despachos oficiales.

Claudio Ambrosini, presidente del EnacomClaudio Ambrosini, presidente del Enacom

Según el Enacom, los planes actuales del FSU se distribuyen de esta manera: plan de infraestructura para internet destinado a Villas y Asentamientos, $1.000 millones; Acceso en zonas adversas, $300 millones; Internet para instituciones públicas, $2.000 millones; Redes móviles en corredores viales, $500 millones; Aumento de la Red Federal de Fibra Óptica, $3.000 millones; y Aportes No Reembolsables (ANR), $1.500 millones. De ese total se ejecutaron unos $1.000 millones, pero hay que sumar los planes vigentes de años anteriores.

Por estas horas, el Gobierno sostiene sus argumentos: las empresas no escucharon el pedido de no aumentar y esas subas iban a ir destinadas a los sectores más vulnerables: los usuarios de telefonía fija, los adultos mayores, y los prepagos móviles, estudiantes y personas de bajos recursos. “Nos prometieron las subas hace meses y la opción de hacer públicos a los servicios nunca estuvo sobre la mesa”, se quejan en las compañías.

Papers

Son varios los documentos informativos que el sector telco distribuyó –sin sellos de ninguna empresa– desde que se conoció el decreto. En ellos se asegura que en “los últimos 10 años (2010-2020), la industria en su conjunto invirtió USD 20.000 millones, una contribución del 2,4% del PBI”; y hacen una comparativa con legislaciones de otros países, como Canadá, Finlandia, Corea, Francia y Holanda, en los que si bien se declaró a los servicios como básicos –e incluso como un derecho– en ningún caso se reguló los precios. Otro documento se titula “Declarar como servicios públicos a las telecomunicaciones desacelera inversiones y perjudica a los usuarios” y enumeran algunos puntos que explican el contexto y por qué caerán esas inversiones. Aquí, un resumen:

– “Las telecomunicaciones no son servicios monopólicos. A diferencia de los servicios que en Argentina son considerados esenciales (y regulados como públicos) como el gas, el agua y la electricidad, los clientes pueden optar entre varios prestadores y cada empresa presenta una variedad de ofertas y precios”.

Ambrosini con los representantes de las empresas, en una reunión a fines de mayoAmbrosini con los representantes de las empresas, en una reunión a fines de mayo

– No hace falta un decreto para garantizar el acceso. “Según el Indec, 84 de cada 100 personas tienen teléfono celular y 80 de cada 100 utilizan Internet. En paralelo, solo el 56,4% de los hogares, que abarca al 50,1% de la población, accede a los servicios de agua corriente, cloacas y gas natural. Como contracara, el 43,6% de los hogares carece al menos de uno de los servicios considerados. Estos hogares concentran el 49,9% de las personas”.

– “La desfinanciación de la industria frena inversiones claves. La economía del futuro depende de una red robusta de telecomunicaciones que exige inversiones intensivas y constantes en millones de dólares. Para esto, es crucial mantener un nivel de precios que permita el financiamiento de las inversiones necesarias para la provisión y expansión eficiente de los servicios. La reciente ley de Economía del Conocimiento y las nuevas formas de trabajo solo pueden potenciarse con mejoras en esta red. La liberalización, y el subsecuente crecimiento de la competencia e inversiones, permitió que hoy sea posible la adopción masiva de herramientas de teletrabajo. Una regulación como la que se busca imponer pone en riesgo el futuro cercano de las nuevas modalidades de trabajo”.

– “Durante los años de mayor libertad y competencia los servicios de telecomunicaciones mejoraron sustancialmente. Entre 2015 y 2020, la velocidad promedio de conexiones fijas de Internet pasó de 4,5 mbps a 20,4 mbps; la cantidad de hogares con este tipo de conexión pasó de 6,7 a 9,0 millones; la cantidad de localidades con 4G aumentó del 16% al 83%; y la cantidad de km iluminados de fibra óptica de Arsat creció de 6.500 a 30.000”.

– “El período en el que la telefonía fija tuvo condición de servicio público y era prestado por el Estado, éste fue incapaz de comprometerse a mantener tarifas que permitan el financiamiento de las inversiones”.

– “Pierde el usuario. La intervención tarifaria abre la puerta a ineficiencias que de un modo u otro termina pagando el usuario. Esto mata el fin social que se pretendía lograr con la reducción de la brecha digital”.

– “El congelamiento de tarifas y la regulación intervencionista de servicios en competencia constituyen otro precedente negativo para la recuperación económica del país, al desincentivar futuras inversiones, no sólo en la industria de las telecomunicaciones. Como señal ‘anti seguridad jurídica’ se suma a la expropiación de Vicentin, la reforma de la justicia, el avance contra la labor periodística (Parrilli), etc.”.

Algunos ejecutivos aún confían en que buena parte de ese impacto podría atenuarse en la reglamentación del decreto, que estará a cargo del Enacom. Otros no tienen casi esperanzas, más allá de que irán a denunciar a la Justicia lo que definen como un atropello a toda una industria.

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Economia

El impuesto a la riqueza, en la tapa del Washington Post: fuerte crítica a la ley y a cómo se implementó en la Argentina

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El diario norteamericano explicó que muchos contribuyentes deberán vender parte de sus activos para pagarlo y señaló que la situación económica empeoró por las medidas del Gobierno

El nuevo impuesto a la riqueza se cobrará el 30 de marzo

La decisión del gobierno argentino de implementar un impuesto a las grandes fortunas generó fuertes críticas entre los contribuyentes que deberán vender parte de sus activos para pagarlo.

Así lo indica un artículo publicado en la portada impresa de hoy del Washington Post, firmada por Diego Laje y Anthony Faiola titulado en su versión en papel “Argentina pasa la factura de la pandemia a los ricos”.

Allí se da cuenta del testimonio de Gabriel De Raedemaeker quien relató que “ya está calculando qué partes de su finca podría tener que vender. No es que las cosechas hayan fracasado o que los precios de las materias primas estén en crisis. Es el nuevo impuesto sobre el patrimonio del gobierno”.

“El Estado me está llevando al límite”, explicó De Raedemaeker, de 54 años (y vicepresidente de CRA), que se enfrenta a un aumento de impuestos del 70% en virtud del nuevo gravamen de la época de la pandemia que afecta a los ciudadanos con más de 3,4 millones de dólares de patrimonio.

La nota sobre Argentina la portada de The Washington Post  de hoyLa nota sobre Argentina la portada de The Washington Post de hoy

“Al menos desde la década de 1940, cuando la humilde Eva ‘Evita’ Perón pronunciaba encendidos discursos desde el balcón a sus ‘masas descamisadas’, el conflicto de clases ha permanecido justo debajo de la superficie de este Estado sudamericano crónicamente endeudado. Para salir de un enorme agujero fiscal agravado por la pandemia, Argentina está lanzando una llamada de atención que ahora resuena en todo el mundo: Que paguen los ricos”, explicaron los autores, en referencia a este polémico impuesto, que se superpone con el pago de Bienes Personales y amenaza con generar una fuerte conflictividad judicial.

Luego, el artículo menciona que muchos países “han recurrido a los ricos en tiempos de crisis. Después de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, los países europeos y Japón adoptaron impuestos sobre la riqueza para financiar la reconstrucción. Más recientemente, Irlanda e Islandia utilizaron este tipo de impuestos para ayudar a rellenar las arcas del Estado tras la crisis financiera mundial”.

En base a estos precedentes, “¿por qué no, argumentan sus defensores, hacer recaer el coste de la épica recesión mundial causada por la pandemia en aquellos que más se lo pueden permitir?” y citan el aumento de la desigualdad global generado por la pandemia del coronavirus desde hace un año.

En particular, citan el caso de Bolivia, “el país más pobre de Sudamérica ha ido más allá de las palabras, adoptando en diciembre un impuesto permanente sobre la riqueza. El impuesto tocará sólo a 152 personas”, tuiteó el presidente socialista Luis Arce. “El beneficio llegará a miles de familias bolivianas”.

El oficialismo impulsó una marcha cuando el proyecto se debatió en diputados (Thomas Khazki)El oficialismo impulsó una marcha cuando el proyecto se debatió en diputados (Thomas Khazki)

“Los analistas afirman que es probable que la pandemia dé impulso a los llamamientos en favor de sistemas fiscales que aborden las diferencias extremas entre ricos y pobres. Pero los impuestos sobre el patrimonio son notoriamente difíciles de aplicar, y tienen un historial de efectos secundarios profundamente negativos que pueden socavar seriamente su intención”, subrayaron los autores.

En este sentido, recordaron que en Francia, “un antiguo impuesto sobre la riqueza, derogado en 2018, fue culpado de un aumento de la evasión fiscal y de la huida de miles de los ciudadanos más ricos del país”.

“Puede conducir a la salida de la riqueza, lo que no es beneficioso para ningún país”, dijo Jean Pisani-Ferry, un miembro senior del Instituto Peterson con sede en Washington.

“Hace una década, 12 de los países más desarrollados del mundo tenían impuestos sobre el patrimonio. El número se ha reducido a tres: Noruega, España y Suiza. Especialmente complicados son los impuestos diseñados para captar un porcentaje de los activos, en lugar de los ingresos, como el gravamen único de Argentina”, aclararon.

En Bolivia también se aprobó un impuesto a la riqueza
EFE/Martin Alipaz/Archivo
En Bolivia también se aprobó un impuesto a la riqueza EFE/Martin Alipaz/Archivo

Al respecto, explicaron que “incluso las personas muy ricas pueden no tener suficiente dinero en efectivo para pagar una factura de impuestos grande e imprevista”.

“Los impuestos sobre la riqueza plantean problemas intrínsecos”, afirma Pascal Saint-Amans, director de política fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “Puedes gravar a Bezos con 1.000 millones de dólares, pero ¿tendrá siempre 1.000 millones listos para pagar en efectivo? ¿Qué tendría que vender? Se trata de la liquidez de los activos”, declaró.

“Argentina está recurriendo a sus ciudadanos más ricos después de haber perdido la fe de los inversores extranjeros, y con pocos otros medios para tapar los agujeros financieros. El país ha soportado colapsos financieros periódicos e impagos de deuda durante varias décadas; entró en la pandemia con la necesidad de reestructurar 65.000 millones de dólares de deuda privada que ya no podía pagar”, recordó el Washington Post.

Puedes gravar a Bezos con 1.000 millones de dólares, pero ¿tendrá siempre 1.000 millones listos para pagar en efectivo? (Saint-Amans, OCDE)

El diario de la capital de EEUU describe como la pandemia empeoró las cosas en el país, con un producto interior bruto que se cayó 11,8% el año pasado: “El peso se desplomó cuando los argentinos, temerosos, acumularon dólares estadounidenses, y el gobierno, como tantas veces en el pasado, recurrió a la imprenta para llegar a fin de mes. Ahora, Argentina está buscando otro gran rescate del Fondo Monetario Internacional, que casi con toda seguridad vendrá con la condición de que el país instituya recortes de gastos”.

Además, señalaron que la pobreza pasó del 35,4% en el primer semestre de 2019 al 40,9% en el mismo período de 2020, y que en los últimos meses, Walmart, Latam Airlines, Uber Eats, Norwegian Airlines y Nike se fueron del país o redujeron sus operaciones locales.

Carlos Heller y Máximo Kirchner autores del proyecto que se convirtió en leyCarlos Heller y Máximo Kirchner autores del proyecto que se convirtió en ley

“El gobierno ha conseguido evitar un aumento más amplio de la pobreza durante la pandemia mediante programas sociales y ofreciendo ayudas en efectivo. Los funcionarios dicen que el impuesto sobre el patrimonio es necesario para ayudar a compensar ese gasto. Proyectan que el gravamen único recaudará 3.500 millones de dólares de unos 12.000 individuos”. “Estamos hablando del 0,02 por ciento de la población”, dijo Carlos Heller, miembro de la Cámara de Diputados de Buenos Aires que copatrocinó el proyecto de ley. “Es una pequeña contribución que estamos pidiendo a los argentinos más ricos”.

Y aunque menciona el caso de personas que pueden ocultar parte de su patrimonio en el extranjero para evadir impuestos, aclara que “hay un grupo que lo tiene mucho más difícil: los ruralistas, los agricultores acomodados”.

“De Raedemaeker perdió entonces mucho dinero, dijo. Ahora, de un plumazo en diciembre, el gobierno peronista ha aumentado su carga fiscal hasta el equivalente a 192.000 dólares, frente a 113.000 dólares. Como muchos ruralistas, De Raedemaeker es rico en tierras; cultiva trigo y soja en 1.700 hectáreas en la provincia de Córdoba, en la fértil Pampa occidental. Pero dice que no tiene el flujo de caja para absorber un aumento tan repentino y que podría tener que vender un tractor para cubrir el costo”, subrayaron.

“Este intento de construir la igualdad nos aplana a todos”, dijo. “En lugar de premiar el mérito, el trabajo y el estudio, simplemente quieren que la gente dependa del Estado”, concluyó en esta nota.

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Economia

En enero, el superávit primario llegó a $ 24.074 millones

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Por recorte en el gasto y un excepcional crecimiento de los ingresos por comercio exterior el balance fiscal dio positivo

El Gobierno logró alcanzar el superávit primario en enero gracias a un aumento en los ingresos por retenciones. Las cuentas públicas arrojaron un resultado positivo de $ 24.074 millones

El pago de intereses de la deuda pública, neto de pagos intra-sector público, fue de $27.104 millones. De esta forma, el resultado financiero del Sector Público Nacional fue deficitario en $3.030 millones, el más bajo de los últimos cinco años, según destacaron desde el ministerio de Economía. Fuentes de esa cartera señalaron que la quita de intereses por la reestructuración de la deuda fue clave: significó un ahorro desde el punto de vista financiero de $ 45.000 millones.

El Tesoro aún no solicitó asistencia al Banco Central pero, de acuerdo con lo que establece el Presupuesto 2021, que contempla un déficit primario de 4,5% podría hacerlo en los próximos meses.

Los ingresos totales del Sector Público crecieron 53,3% el mes pasado, en particular los tributarios, impulsados por la suba excepcional en los derechos de exportación. Es que durante el primer mes de este año, en el que habitualmente los ingresos por la actividad comercial son más bajos producto de la estacionalidad, se dio un hecho singular que se sumó a las mejoras de los términos del intercambio que se registraron en enero.

En diciembre, medidas de fuerza en zonas portuarias postergaron las exportaciones para el mes siguiente, lo que explica la fuerte alza en los derechos de exportación. “De todos modos, aún si se excluyera este efecto por ‘única vez’ del cálculo, la recaudación tributaria evidenciaría una dinámica superior al nivel de precios”, explicaron en la cartera que dirige Martín Guzmán en un comunicado. Los ingresos tributarios crecieron 79,7% y, dentro de ellos, los derechos de exportación se incrementaron 228,1%.

Más allá del alza de los derechos de exportación, los otros tributos que hablan del nivel de actividad también tuvieron un crecimiento por encima del de la inflación interanual. Por ejemplo, lo recaudado por el IVA registró un aumento interanual de 50,3%, mientras que lo que se retuvo por el Impuesto a las Ganancias se incrementó en un 80,8% respecto del primer mes de 2020. Por otro lado, los ingresos relacionados al impuesto a los débitos y créditos crecieron un 42,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el gasto primario registró un incremento de 45,8%, menor al de los ingresos. En enero las transferencias corrientes se incrementaron $ 58.712 millones, lo que implica una suba interanual de 45,1%. De este total, $50.681 millones correspondieron al sector privado. Dentro de este rubro se registraron pagos remanentes del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) por $10.736 millones, correspondientes a la ejecución del ejercicio 2020.

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Registro de alquileres: el impacto impositivo será mayor entre los jubilados

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Es porque si declaran el alquiler ya no rige el mínimo no imponible especial del Impuesto a las Ganancias.

 La obligación de registrar los contratos de alquiler y de tributar sobre la renta generada por la locación de inmuebles podría generar un importante impacto en la carga del impuesto a las Ganancias sobre los jubilados y pensionados propietarios que hasta ahora no declararon en la AFIP ese ingreso.

Esto pasa porque “más allá de que el contribuyente pueda optar por declarar la renta del alquiler dentro del Monotributo, al exteriorizar que tiene otro ingreso diferente al de la jubilación, perdería el incremento de las deducciones personales consagrado en la Ley del Impuesto a las Ganancias y debe tributar más”. Además debería pagar la cuota mensual impositiva del Monotributo por el ingreso del alquiler, le dijo a Clarín el tributarista Marcelo D. Rodriguez, de MR Consultores.

Las jubilaciones y pensiones pagan el impuesto a las Ganancias si los haberes superan 6 veces el haber mínimo. A los actuales valores, equivale a $ 114.210, suma que, con el aumento de marzo del 8,1%, ascendería a $ 123.462. Con el proyecto de Ganancias de Sergio Massa esa deducción especial subiría a 8 haberes mínimos.

Pero este mínimo impositivo especial no se aplica “si el jubilado o pensionado tiene otros ingresos o está obligado a tributar el Impuesto sobre los Bienes Personales, siempre y cuando esta obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para vivienda única”, aclaró Rodríguez.

Otros ingresos van desde tener un sueldo por trabajar en relación de dependencia, por ser autónomo o monotributista, tener participación en sociedades, alquileres, o intereses de plazos fijos, según el tributarista Daniel Lejtman, de Lisicki, Litvin y Asociados.

jubilado ganancias alquiler

Entonces, si un jubilado o pensionado cobra $ 100.000 netos hoy no está alcanzado por Ganancias. Pero si declara el alquiler, le descontarán $ 3.302 mensuales. Además, deberá pagar la cuota impositiva del monotributo, cuyo valor depende el ingreso del alquiler. En total, en este caso podrían sumar casi $ 4.000 mensuales.

Con $ 120.000 de jubilación neta, hoy le descuentan $ 1.357 y pasará a pagar $ 8.324 mensuales más la cuota impositiva del Monotributo.

Con $ 150.000 de jubilación neta, hoy le descuentan $ 8.144 mensuales y le descontarán $ 17.776 mensuales, más la cuota impositiva del alquiler.

Estos valores podrían cambiar con el aumento de marzo y si se aprueba el proyecto de Ganancias de Massa.

Actualmente, pagan Ganancias 230.000 jubilados y pensionados, pero se desconoce cuántos tienen propiedades en alquiler y cuántos las tienen ya declaradas.

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