Las campañas del kirchnerismo de 2011, 2013 y 2015 bajo la lupa de la Justicia

La causa de los cuadernos de la corrupción dejó a la luz un secreto a voces: el oscuro financiamiento que se mueve detrás de las campañas políticas. Pero ahora, en vísperas de un año electoral, la Justicia decidirá si investiga el dinero que manejaron el Frente para la Victoria y La Cámpora para las elecciones de 2011, cuando Cristina Fernández fue reelecta presidenta con más del 50 por ciento de los votos, tras la muerte de Néstor Kirchner; para las elecciones de 2013, oportunidad en que Sergio Massa se apartó del oficialismo; y para las elecciones de 2015, en las que Mauricio Macri se convirtió en presidente.

Así lo resolvió el viernes el juez Claudio Bonadio, al separar de la causa de los cuadernos la investigación sobre el dinero que se habría entregado a dirigentes de La Cámpora, según las declaraciones que brindó como “arrepentido” el ex secretario de Obras Públicas José López y los pendrives encontrados en la casa del secretario del ex jefe de Gabinete, Juan Abal Medina -que hoy publica Infobae–.

La decisión de desprenderse de ese expediente, después de haber hecho desfilar por los tribunales de Retiro a las principales figuras de esa fuerza, encabezadas por el diputado Máximo Kirchner, llegó en momentos en que la continuidad del juez en la ‘causa cuadernos’ podía estar en jaque. Julián Álvarez, el ex viceministro de Justicia, había recusado días antes a Bonadio por presunta parcialidad, porque el magistrado era querellante en su contra en otra investigación. Si Álvarez hubiera tenido suerte en su embate, Bonadio habría quedado afuera del caso.

Pero Bonadio usó las palabras de Máximo Kirchner, en su indagatoria, para interpretar que el caso del financiamiento no formaba parte de la asociación ilícita de los cuadernos. Dijo que los imputados recibieron “dinero para destinarlo a actividades de naturaleza política y electoral, de modo irregular y fuera de la normativa vigente”.

En su resolución –publicada el viernes por Infobae-, Bonadio señaló que “parte del dinero ilegal de la asociación ilícita investigada también se destinó para solventar actividades de naturaleza electoral” y por eso había que abrir una investigación aparte para analizar si se violó la ley de partidos políticos (ley 26571) y  la de financiamiento de partidos políticos (ley 26215). Esa ley prevé sanciones como “la pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y financiamiento público” si se detecta que una fuerza política recibió fondos diferentes a los autorizados.

Bonadio habló de las campañas del Frente para la Victoria del 2011, 2013 (vía los pendrives) y de 2015 (vía el arrepentido José López) . En los pasillos de Comodoro Py 2002 se prendieron las alertas con este movimiento. Es que esta causa puede impulsarse en medio de un clima electoral para el 2019, en donde se debate si Cristina Kirchner será o no candidata y el oficialismo se juega su reelección. Por ahora todo está en el terreno de las especulaciones.

Recién mañana, lunes, la Cámara Federal sorteará a un juez que se haga cargo de esta nueva investigación. Pero no se descarta que el tema termine aterrizando en manos de la jueza electoral María Servini -quien en abril último ordenó la intervención del Partido Justicialista, más tarde revocada por la Cámara Electoral-.

Las campañas K bajo sospecha

El kirchnerismo ya había enfrentado sospechas por la campaña electoral que llevó al sillón de Rivadavia a Cristina Kirchner. En 2016, el juez federal Ariel Lijo procesó a ex funcionarios y empresarios en la causa por lavado de dinero por los aportes a la campaña electoral del 2007 de Cristina Fernández, salpicados por la mafia de los medicamentos y el triple crimen de General Rodríguez.

Pero ahora los pen drives –a los que accedió Infobae- que se secuestraron en el departamento del ex secretario de Juan Abal Medina, quien fue jefe de Gabinete de Cristina, dejaron expuesto cuánto dinero no formalizado se destinó, vía La Cámpora, a encuestas, impresiones o logística en 2013. Para el fiscal Carlos Stornelli y el juez Bonadio, las anotaciones del chofer Oscar Centeno demostraron de dónde salían esos fondos: de la banda formada por empresarios y ex funcionarios, encabezados por Néstor y Cristina Kirchner, para montar un sistema de recaudación paralelo con los negocios de Planificación.

El juez tiene aún que resolver la situación procesal del ex jefe de Gabinete Juan Abal Medina y de su ex secretario, Martín Larraburu, quien estuvo preso casi un mes en el primer momento que explotó el caso. Ambos apuntaron al fallecido Juan Carlos “Chueco” Mazzón, a cargo del área de Asuntos Políticos Institucionales de la Presidencia. Dijeron que desconocían de dónde venían los fondos ni cuánto dinero se había entregado en total. No obstante, confirmaron las entregas de dinero relatadas en los cuadernos.

Los pendrives que detallaban el dinero

El chofer Centeno había escrito el nombre “Martín” en sus cuadernos. Los investigadores no tardaron en develar que se trataba de Hugo Martín Larraburu, quien coordinaba la Unidad Técnica de la Jefatura de Gabinete, bajo las órdenes de Abal Medina. Lo detuvieron en su departamento de la calle República Árabe Siria al 3100 en la madrugada del 1 de agosto. Allí se secuestraron computadoras y teléfonos. También un pen drive marca Kingston de color negro, de 8GB, en donde Larraburu tenía detalles de unos movimientos bancarios de una cuenta en las Islas Vírgenes; y otro pen drive de color azul que decía www.Telam.com.ar.

En esas memorias aparecieron una serie de cuadros y planillas. Larraburu explicó que registró la información que le entregaba Mazzón sobre “el avance de la campaña, presupuestos y gastos”. No pudo precisar cuáles archivos habían sido generados por él mismo, pero resaltó que era “información suministrada por distintas personas que trabajaban en la campaña en los gastos; por jurisdicción generalmente se mencionaba el candidato referente político del lugar por sus iniciales, pero eso no significa que se le hubieran entregado fondos directamente”.

También dijo que cuando en la planilla figura CFK hace referencia a la ex Presidenta de la Nación y PASO a las elecciones. Y que cuando aparecía JDV era Julio De Vido y PL, Planificación. “En las planillas se reflejan dos orígenes de dinero que se recibían aunque los dos corresponden al Ministerio de Planificación. Todo provenía para mí del mismo lugar del Ministerio pero cuando me daban los listados con los aportes me pidieron que haga esa distinción sin saber yo a que respondía”, señaló en la declaración a la que accedió Infobae.

Larraburu confirmó que recibió dinero de Baratta, durante tres meses previos a las elecciones de 2013. “No era mi función contarlos ni tampoco puedo asegurar en cuántas ocasiones ocurrió. Esto fue durante la campaña aproximadamente en los meses de julio a octubre del 2013. Ni antes ni después recibí fondos de los nombrados ni de otros funcionarios”, insistió. “El licenciado Baratta se limitaba decir que tenía aportes de campaña, pero nunca me dijo quiénes eran los aportantes ni cuáles eran los montos“.

Abal Medina, por su parte, buscó despegar a Larraburu cuando aún estaba tras las rejas, pero insistió en que él no había tenido nada que ver con el origen de los fondos y que había sido el propio Baratta el que lo contactó para avisarle que le iba a llevar dinero.

“Para ese momento el deseo de todo el oficialismo por ganar las elecciones era naturalmente un objetivo primordial”, dijo Abal Medina en un escrito. “Aunque pueda ahora parecer extraño, lo cierto es que en aquella oportunidad, principalmente por los tiempos electorales por los que se atravesaba y las personas involucradas, en ningún caso tal requisitoria me pareció impropia o desajustada -me refiero a la de Baratta-, más allá de la informalidad-,  pues ningún elemento tenía en aquél momento para dudar de su procedencia”, dijo.  Y reiteró: “la informalidad señalada no me hizo en ningún momento dudar o siquiera sospechar de la legal procedencia de esos fondos, ni era mi deber conocer su forma de recaudación”.

“No participamos ni contactamos personas o empresas  pidiendo o recibiendo suma alguna; desconocíamos quiénes, cómo, dónde y por qué entregaban dinero, más allá de la presunción de que eran aportes voluntarios como se me había indicado; y no obtuve rédito personal de esto, sino que fueron en su totalidad entregados a Mazzón para los fines propios de las campañas electorales que se avecinaban en ese momento”, insistió Abal Medina cuando declaró ante Bonadio.

Las acusaciones de José López, en su rol de imputado colaborador

Cuando el ex secretario de Obras Públicas, preso desde que cayó en el convento de General Rodríguez con 9 millones dólares en un bolso, apareció por el quinto piso de los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa de los cuadernos, todos supieron que tenía que decir algo importante para poder conseguir el rol de imputado colaborador. No solo nombró a Cristina Kirchner y cómo se recolectaba el dinero a través de los empresarios. También habló del financiamiento de La Cámpora. 

Según consta en un tramo de su declaración, López relató: “En el año 2015, faltaban dos días para un acto y movilización en Plaza de Mayo y me pide una reunión ‘el Cuervo’ Larroque y me dice que necesitaba para el día siguiente cinco millones de pesos. Le dije que no tenía que hablar conmigo sino con De Pedro, se fue enojado, yo inmediatamente pedí una reunión con De Vido y me dijo que había hecho bien. A través de José María Olazagasti le pasábamos financiamiento a De Pedro. De Vido decía que teníamos que seguir la relación con él porque tenía buena relación con un sector de la justicia, me refiero a Justicia Legítima, según me decía De Vido”. Y agregó: “Con relación al financiamiento de La Cámpora puedo aportar que conmigo y con el resto de los viejos que teníamos relación con Muñoz y Néstor, nos veían como la escoria. Desconozco si De Pedro conocía el sistema de recaudación. La organización de La Cámpora era atípica, Larroque, Julián Álvarez, y De Pedro tenían peso, Máximo lo manejaba más con el teléfono y Axel Kicillof si bien estaba dentro del grupo lo veían como un técnico, pero tenía mucha más llegada a Cristina”.

El desfile de La Cámpora por tribunales y la decisión del juez

Tras firmar a mediados de setiembre el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández como jefa de la asociación ilícita por el caso de los cuadernos, en donde incluyó a De Vido y Baratta como organizadores y a ex funcionarios y empresarios como miembros de la banda, Bonadio también dispuso las indagatorias de Ottavis, De Pedro, Larroque, Álvarez y Máximo Kirchner.

Según Bonadio, Ottavis reconoció que en  2013 por intermedio de Mazzón se le entregaron fondos (un millón de pesos en efectivo) para la campaña electoral de ese entones, “los cuales supuso que eran lícitos”. Los otros dirigentes negaron su intervención en los hechos.

Además, De Pedro intentó sin suerte una recusación hablando del temor de parcialidad por haber votado sanciones contra Bonadio desde su rol en el Consejo de la Magistratura, previos al inicio de esta causa. Julián Álvarez ensayó la misma jugada pero con un dato más fuerte: el propio Bonadio, en una causa en donde Álvarez está imputado, se había convertido en querellante.

También declararon Ivoskus y “Japonés” García, dos ex intendentes que figuran en los cuadernos y también Spzolski, cuya declaración se repartió en dos días. “Spzolski refirió que durante el 2013 Mazzón le solicitó colaboración para la impresión de boletas electorales –dijo Bonadio-. Tanto Ivoskus como García reconocieron haber celebrado una reunión con López en el año 2013, aunque diferían en la finalidad de la misma”.

El juez explicó que en el expediente cuadernos se determinó que se movió dinero de ese sistema de recaudación para “solventar actividades de naturaleza electoral, o vinculadas a la gestión política del gobierno y de sus organizaciones satélites como La Cámpora” para “las elecciones de los años 2011, 2013 y 2015“. Pero “a la luz de la prueba reunida en autos, no es posible afirmar que los nombrados hayan participado del sistema de recaudación de fondos de la asociación ilícita comandada por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, sino que su conducta se habría circunscripto a la recepción de dinero para destinarlo a actividades de naturaleza política y electoral, de modo irregular y fuera de la normativa vigente”.

Fue así que decidió así extraer testimonio para que otro juez investigue “el posible financiamiento espurio del partido ‘Frente Para la Victoria’, las agrupaciones satélites y las campañas electorales referidas (lo cual podría -eventualmente- derivar en infracciones a las Leyes 26.215 y 26.571)”. El lunes, cuando la Cámara Federal sortee a un nuevo juez, se abrirá un nuevo capítulo en esta historia que mezcla la política y el dinero.