La titular de la Oficina Anticorrupción investigada por el manejo de fondos públicos

El registro del domicilio de Alejandro Giúdice, uno de los socios de Consuasor, fue llevado a cabo el 5 de junio pasado por orden del juez federal Sebastián Casanello, luego de que declaraciones de testigos y documentos sumados a la causa ratificaran las sospechas de conflictos de intereses y abuso de autoridad por parte de Alonso para supuestamente beneficiar a una consultora amiga, indicaron fuentes con acceso al expediente. El resultado del allanamiento no se había hecho público hasta hoy.

La causa se originó en julio de 2018 luego de que Página 12 y el sitio Letra P informaran que la Oficina Anticorrupción (OA); los ministerios de Trabajo, Medio Ambiente y Defensa; el senador Federico Pinedo y el gobierno de Salta habían contratado a Consuasor para tareas genéricas de comunicación.

La consultora de prensa fue fundada hace más de diez años por el citado Giúdice, Facundo Sosa Liprandi y quien luego fuera el primer subsecretario de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete bajo el gobierno de Cambiemos, fallecido en 2017. En un trámite destinado a ponerse en regla y ser contratada por el Estado, la empresa fue reinscripta como SRL el 28 de diciembre de 2015, días después de la asunción de Mauricio Macri en la Casa Rosada. No obstante, voces allegadas a Consuasor explicaron que la creación de la SRL llevó muchos meses y no estuvo relacionada con la llegada de Cambiemos al Gobierno.

El nuevo registro de la consultora, que hasta entonces orbitaba en legisladores del Pro y, particularmente, en el senador Federico Pinedo, fue sin el nombre del funcionario asignado a la Jefatura de Gabinete.

Y los contratos llovieron

Conocida la trama de Consuasor, el abogado peronista Leonardo Martínez Herrero presentó una denuncia asignada a la fiscalía de Carlos Stornelli y el juzgado de Casanello. El fiscal no movió un dedo para investigar a su allegada Alonso, lo que no impidió que el expediente avanzara.

El allanamiento en el domicilio del exasesor de la titular de la OA aportó documentos relacionados a la imputación inicial por malversación de fondos públicos y disparó sospechas de otros delitos, más graves.

Un archivo informático del asesor Giúdice incluía una planilla con los montos facturados y los realmente cobrados entre 2016 y 2018, con variaciones entre uno y sesenta por ciento. Ante la hipótesis — entre otras — de que la diferencia obedeciera a retornos desde el contratado al contratante, el juzgado de Casanello presentó una denuncia que aterrizó en el despacho de Daniel Rafecas .

El archivo de excel analizado incluía dos columnas bajo el nombre Laura Alonso. Entre ambas, se consignaron pagos entre marzo de 2017 y abril de 2018 por un total de 1.099.150 pesos. Ése fue el último mes abonado, porque la titular de la OA se vio forzada a despedir a la consultora cuando este medio informó la turbiedad del vínculo comercial.

No bien surgieron los primeros indicios de lo que parecía una irregularidad, a fin de 2017, Alonso prefirió no contestar las consultas periodísticas. Dilató durante meses respuestas a pedidos de acceso a la información y entregó datos engañosos. Durante la semana que pasó, tampoco fue posible obtener respuestas de Alonso.

Que el abono anotado por Consuasor figurara a nombre personal de Alonso en lugar de la OA profundizó la presunción de que se trata de un servicio destinado a la promoción personal de la funcionaria pagado por fondos públicos. Ninguno de los ingresos registrados en la computadora de Giúdice entre 2016 y 2018 estaba sólo a nombre de funcionarios sino de la dependencia estatal que efectuó el pago.

La línea de investigación de una contratación para la proyección política de Alonso ya figuraba en el expediente con el testimonio de exempleados — cuyos nombres se reservan—, que padecieron la injerencia paracaidística de Consuasor. Una fuente que conoció de cerca las motivaciones reales de Alonso para contratar a la consultora dijo a Página 12 que el objetivo, en coordinación con Jefatura de Gabinete, era la construcción de su candidatura a senadora en 2019, objetivo no alcanzado.

Las respuestas que debe Alonso son varias. Primero, el motivo del pago a consultores allegados al oficialismo que superpusieron las funciones y subordinaron jerárquicamente al personal estable y contratado para el área de prensa. Es decir, si inventó contratos para hacer un favor o para hacer pagar al Estado una necesidad política personal.

En segunda instancia, parece evidente que como Consuasor no estaba adecuadamente registrada como proveedora del Estado, la funcionaria disimuló el detalle mediante locaciones de servicios con los dueños de la firma. Está probado que personas que trabajaban para Consuasor y sin ningún cargo formal en el Estado daban órdenes a empleados estatales, porque Alonso así lo dispuso.

Además, la consultora ofrecía en su web la gestión de intereses empresariales ante el Estado y prestaba servicios en otras dependencias. Allí el conflicto de intereses era doble, porque Alonso tenía sentados a su mesa chica a asesores que en simultáneo hacían lobby para privados, y que a su vez coordinaban la comunicación de funcionarios a los cuales la OA tendría que investigar. Tal fue el caso del maltratador, empleador en negro, empresario y exministro de Trabajo Jorge Triaca, contratante de la firma. Las fuentes cercanas a Consuasor aclaran que la mención al lobby fue una mera estrategia comercial, nunca concretada, por lo cual niegan esa incompatibilidad.

Según miradas al tanto del expediente, testigos dejaron claro que la presencia de la consultora, el persistente interés de Alonso por su imagen pública y sus intervenciones altisonantes en defensa del gobierno Macri generaron fricciones permanentes con empleados que aspiraban a una comunicación acorde a un organismo público de control.