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La titular de la Oficina Anticorrupción investigada por el manejo de fondos públicos

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Un allanamiento a un asesor de Laura Alonso profundizó sospechas de que la funcionaria pagó con fondos públicos a una consultora PRO para su promoción política. Indicios de retornos dispararon otra causa en Comodoro Py

Un allanamiento judicial en el domicilio de un exasesor de la Oficina Anticorrupción aportó evidencias del pago irregular a una consultora cautiva del gobierno para la promoción política de Laura Alonso. No sólo ello. Los archivos informáticos secuestrados despertaron sospechas de que Consuasor, una firma que viene dando vueltas por medio gabinete, pudo haber pagado retornos en otros contratos, lo que dio origen a una nueva causa en Comodoro Py.

El registro del domicilio de Alejandro Giúdice, uno de los socios de Consuasor, fue llevado a cabo el 5 de junio pasado por orden del juez federal Sebastián Casanello, luego de que declaraciones de testigos y documentos sumados a la causa ratificaran las sospechas de conflictos de intereses y abuso de autoridad por parte de Alonso para supuestamente beneficiar a una consultora amiga, indicaron fuentes con acceso al expediente. El resultado del allanamiento no se había hecho público hasta hoy.

La causa se originó en julio de 2018 luego de que Página 12 y el sitio Letra P informaran que la Oficina Anticorrupción (OA); los ministerios de Trabajo, Medio Ambiente y Defensa; el senador Federico Pinedo y el gobierno de Salta habían contratado a Consuasor para tareas genéricas de comunicación.

La consultora de prensa fue fundada hace más de diez años por el citado Giúdice, Facundo Sosa Liprandi y quien luego fuera el primer subsecretario de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete bajo el gobierno de Cambiemos, fallecido en 2017. En un trámite destinado a ponerse en regla y ser contratada por el Estado, la empresa fue reinscripta como SRL el 28 de diciembre de 2015, días después de la asunción de Mauricio Macri en la Casa Rosada. No obstante, voces allegadas a Consuasor explicaron que la creación de la SRL llevó muchos meses y no estuvo relacionada con la llegada de Cambiemos al Gobierno.

El nuevo registro de la consultora, que hasta entonces orbitaba en legisladores del Pro y, particularmente, en el senador Federico Pinedo, fue sin el nombre del funcionario asignado a la Jefatura de Gabinete.

Y los contratos llovieron

Conocida la trama de Consuasor, el abogado peronista Leonardo Martínez Herrero presentó una denuncia asignada a la fiscalía de Carlos Stornelli y el juzgado de Casanello. El fiscal no movió un dedo para investigar a su allegada Alonso, lo que no impidió que el expediente avanzara.

El allanamiento en el domicilio del exasesor de la titular de la OA aportó documentos relacionados a la imputación inicial por malversación de fondos públicos y disparó sospechas de otros delitos, más graves.

Un archivo informático del asesor Giúdice incluía una planilla con los montos facturados y los realmente cobrados entre 2016 y 2018, con variaciones entre uno y sesenta por ciento. Ante la hipótesis — entre otras — de que la diferencia obedeciera a retornos desde el contratado al contratante, el juzgado de Casanello presentó una denuncia que aterrizó en el despacho de Daniel Rafecas .

El archivo de excel analizado incluía dos columnas bajo el nombre Laura Alonso. Entre ambas, se consignaron pagos entre marzo de 2017 y abril de 2018 por un total de 1.099.150 pesos. Ése fue el último mes abonado, porque la titular de la OA se vio forzada a despedir a la consultora cuando este medio informó la turbiedad del vínculo comercial.

No bien surgieron los primeros indicios de lo que parecía una irregularidad, a fin de 2017, Alonso prefirió no contestar las consultas periodísticas. Dilató durante meses respuestas a pedidos de acceso a la información y entregó datos engañosos. Durante la semana que pasó, tampoco fue posible obtener respuestas de Alonso.

Que el abono anotado por Consuasor figurara a nombre personal de Alonso en lugar de la OA profundizó la presunción de que se trata de un servicio destinado a la promoción personal de la funcionaria pagado por fondos públicos. Ninguno de los ingresos registrados en la computadora de Giúdice entre 2016 y 2018 estaba sólo a nombre de funcionarios sino de la dependencia estatal que efectuó el pago.

La línea de investigación de una contratación para la proyección política de Alonso ya figuraba en el expediente con el testimonio de exempleados — cuyos nombres se reservan—, que padecieron la injerencia paracaidística de Consuasor. Una fuente que conoció de cerca las motivaciones reales de Alonso para contratar a la consultora dijo a Página 12 que el objetivo, en coordinación con Jefatura de Gabinete, era la construcción de su candidatura a senadora en 2019, objetivo no alcanzado.

Las respuestas que debe Alonso son varias. Primero, el motivo del pago a consultores allegados al oficialismo que superpusieron las funciones y subordinaron jerárquicamente al personal estable y contratado para el área de prensa. Es decir, si inventó contratos para hacer un favor o para hacer pagar al Estado una necesidad política personal.

En segunda instancia, parece evidente que como Consuasor no estaba adecuadamente registrada como proveedora del Estado, la funcionaria disimuló el detalle mediante locaciones de servicios con los dueños de la firma. Está probado que personas que trabajaban para Consuasor y sin ningún cargo formal en el Estado daban órdenes a empleados estatales, porque Alonso así lo dispuso.

Además, la consultora ofrecía en su web la gestión de intereses empresariales ante el Estado y prestaba servicios en otras dependencias. Allí el conflicto de intereses era doble, porque Alonso tenía sentados a su mesa chica a asesores que en simultáneo hacían lobby para privados, y que a su vez coordinaban la comunicación de funcionarios a los cuales la OA tendría que investigar. Tal fue el caso del maltratador, empleador en negro, empresario y exministro de Trabajo Jorge Triaca, contratante de la firma. Las fuentes cercanas a Consuasor aclaran que la mención al lobby fue una mera estrategia comercial, nunca concretada, por lo cual niegan esa incompatibilidad.

Según miradas al tanto del expediente, testigos dejaron claro que la presencia de la consultora, el persistente interés de Alonso por su imagen pública y sus intervenciones altisonantes en defensa del gobierno Macri generaron fricciones permanentes con empleados que aspiraban a una comunicación acorde a un organismo público de control.

“Nunca vi una situación de este tipo”, dijo una persona con amplia experiencia en tareas de prensa para el Estado bajo diferentes gobiernos y jurisdicciones. “No supe qué hacían (los de Consuasor) en la Oficina ni el rol de la consultora”, agregó.

Las reprimendas de Alonso a su gente de comunicación y el privilegio otorgado a Consuasor eran una constante. “No quiero ser soberbia, pero soy la mejor vocera que tuvo este organismo en muchos años”, escribió la funcionaria en un mail dirigido a sus subordinados.

Las tareas que supervisaba Consuasor eran la coordinación de entrevistas (centradas principalmente en medios del Grupo Clarín), el manejo de redes y el discurso público de la funcionaria.

Por ejemplo, la consultora mandó mails sobre cuál debía ser el discurso de Alonso ante hechos de debate público, con el siguiente formato. Título: “AMIA, CFK y Timerman”. “Línea oficial (con comentarios de Mauricio Macri o Marcos Peña); línea Vidal (comentarios de la gobernadora); línea Consuasor: ‘los argentinos merecemos saber la verdad de la corrupción kirchnerista’”.

En la campaña electoral legislativa de 2017, la “línea Consuasor” para Alonso fue “el cambio es de abajo hacia arriba”, mientras que ante la desaparición de Santiago Maldonado, el speech de la consultora fue “debemos esperar el avance de la investigación” (en efecto, en esos días Alonso hizo declaraciones cautas, pero al año siguiente, celebró en Twitter a un troll del oficialismo que se divirtió mostrando un conjunto de huesos humanos con el texto: ‘¿Dónde está Santiago Maldonado? – Acá, pelotudos’)

Ante la mención en una comunicación interna de una denuncia del senador Fernando Pino Solanas contra un funcionario del Ministerio de Energía por conflictos de intereses, también en 2017, Alonso dictaminó ipso facto: “Ya está aclarado. Es humo”.

La difusión de los multicontratos de Consuasor, una empresa gestionada por sus dueños y con muy pocos empleados, ocasionó que varios organismos públicos dieran de baja al vínculo. Las oficinas de la consultora fueron cerradas y su página web fue, primero desconectada y, más tarde, reformulada.

La Procuración de Investigaciones Administrativas, a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, elabora un dictamen sobre si el caso esconde una trama de corrupción o si, por el contrario, se circunscribe a fallas éticas, falta de transparencia y corruptelas no judicializables por parte de la secretaría de Ética Púbica, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

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Nacionales

Vacunatorio vip: el laboratorio que quedó afuera de la negociación con Rusia denunció a Ginés por tráfico de influencias

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Es HLB Pharma Group. Sus directivos también acusan al ex ministro por asociación ilícita y “puesta en peligro de la salud pública”.

El polémico laboratorio HLB Pharma Group, que había iniciado los contactos con Rusia para la compra de la vacuna Sputnik V y luego fue desplazado de las negociaciones, denunció al ex ministro de Salud, Ginés Gonzáles García, por los supuestos delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y “puesta en peligro de la salud pública”.

La denuncia, que por sorteo será investigada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, fue impulsada por el apoderado del laboratorio, el doctor Ariel Fernando García.

“El gobierno argentino ha invertido una ingente cantidad de recursos en granjearse la mayor cantidad de dosis de vacunas posibles, las que hasta la fecha de ningún modo se acercan al número necesario o deseable para inmunizar a la totalidad de la población. A raíz, de dicha escasez, el propio Ministerio de Salud, elaboró y publicó protocolos a los fines de realizar los actos de vacunación a través de un sistema de prioridades, que consideraba particularmente a aquellos más expuestos a contagiarse (como el personal de salud) y a aquellos más expuestos a morir a raíz de la enfermedad (como aquellas personas mayores, inmunodeprimidas, con afecciones respiratorias, etc.). En términos generales, más allá de en las resoluciones del propio Ministerio de Salud de la Nación, los criterios epidemiológicos específicos que determinan el orden de vacunación, se encuentran expuestos en el Plan Estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina”, explica la denuncia.

“En dicho documento la vacunación se ha postulado gubernamentalmente como ‘gratuita, equitativa e igualitaria‘. Corresponde destacar que, en cualquier caso, las personas de los distintos grupos, a su tiempo, deben seguir pasos burocráticos preestablecidos -como obtener un turno en su jurisdicción– para ser vacunados. Dichos pasos garantizan, entre otras cosas, la equidad e igualdad de oportunidad, dentro del grupo, a cada candidato a la vacunación, así como también el cumplimiento de rutinas de administración, tales como la revisión del empadronamiento y registro de cada vacunado”.

Ese repaso de las condiciones oficiales para recibir la vacuna anticipa la lógica conclusión con la que el laboratorio argumenta su denuncia: “Se ha hecho público y notorio, a través de la prensa, que un número indeterminado de ciudadanos cercanos al actual Ministro de Salud, habrían sido vacunados a pesar de no pertenecer al grupo vigente en vacunación (adultos mayores de 80 años) o, perteneciendo al mismo, habiéndose saltado el mecanismo burocratizado previsto para la recepción de la vacuna”.

Luego de relatar cómo Horacio Verbitsky y Eduardo Valdés admitieron haber sido inoculados, el directivo de HLB Pharma concluye que “las conductas descriptas indudablemente podrían constituir el delito de tráfico de influencias en concurso ideal con el tipo penal comprendido en el Art. 205 del Código Penal de la Nación (‘puesta en peligro de la salud pública’). Asimismo, resulta claro e indudable que el Sr. González García no pudo haberse bastado solo para el cometido que llevó adelante, requiriendo a un número de personas para perpetrar las ilicitudes descriptas (tales como alguien que agendara turnos y recibiera a aquellas personas que habrían de ser inoculadas ilícitamente).”

La denuncia podría ser una más de las varias que ingresaron a Comodoro Py en las últmas horas, pero en su tramo final se exponen los motivos de una diferencia sustancial.

“El denunciante no es otro que el laboratorio que realizó las negociaciones primarias con el Fondo de Inversión de la Federación Rusa que comercializa las vacunas ‘Sputnik V’. Asimismo, fue personal del laboratorio el que, en un acto a los fines de que los argentinos pudieran ser finalmente vacunados, facilitó gratuitamente el contacto de dicho fondo de inversión a autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, acompañándolas en el primer viaje que realizaron al mencionado país, a fin de negociar todo lo pertinente”, plantea la demanda.

García, el apoderado de HLB Pharma Group, fue quien participó en ese primer viaje, en octubre, encabezado por la ahora flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Cuando se conoció la intervención de este laboratorio en las negociaciones por las vacunas, la diputada nacional Graciela Ocaña presentó un pedido de informes para que el Gobierno detalle los antecedentes de la empresa.

“Este laboratorio ha sido muy cuestionado por la propia industria farmacéutica, por no contar con buenos antecedentes en materia empresarial, sobre todo en lo relacionado a la transparencia de sus actos y a la seguridad”, afirmó la legisladora.

Antes de ser accionista de HLB Pharma Group, García tuvo en Rosario la fábrica de suero Apolo, que se hizo conocida por una enorme explosión que dejó cinco heridos graves y se produjo poco después de que se declarara la quiebra de la empresa. Había estado preso entre 2002 y 2005. En la cárcel se recibió de abogado, fundó un sindicato de presos y terminó como dirigente de Alicia Kirchner montando en el barrio de Flores la verdulería La Colina. Era parte del plan de Cristina Verdura para Todos.

“El laboratorio, sin ánimo de lucro alguno en esa gestión, invirtió tiempo y capitales, y como parte de su responsabilidad social empresaria, en virtud de la consecución de un fin noble como la posibilidad de que todos los argentinos pudieran vacunarse”, sigue explicando la denuncia impulsada por García.

“Asimismo, se destaca que la persona jurídica denunciante es la solicitante ante la ANMAT del registro de la vacuna ‘Sputnik V’, y cuenta -a través de un convenio firmado con el Fondo de Inversión de la Federación Rusa– con la representación comercial en lo respectiva a dicha vacuna. Todo esto hace que se vea particularmente ofendido por el ilícito cometido, en tanto el mismo fue posible por gestiones que el Laboratorio HLB Pharma Group había realizado desinteresadamente y con fondos propios.” Este párrafo es clave para la Justicia, y también justifica el pedido del laboratorio para constituirse como querellante en la causa.

La denuncia también remarca: “Lo realmente importante es la estafa moral que implica que, en un país que supera los 50.000 muertos por Covid-19, los medicamentos que el Estado Nacional se haya procurado para poder finalmente frenar esa aberrante tasa de mortalidad, no se distribuyan equitativamente, sino en función de cuestiones personales tales como la posesión de dinero o influencias”.

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Coronavirus

Autorizan la vacuna china Sinopharm y esperan un millón de dosis para los próximos días

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La avaló el Ministerio de Salud a través de una resolución firmada por Carla Vizzotti. El embarque podría llegar el jueves.

El Gobierno autorizó el uso de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio chino Sinopharm. Fuentes oficiales consultadas por Clarín informaron que se está trabajando en los últimos pasos administrativos con el objetivo de que el primer lote llegue al país el jueves por la noche.

Serán un millón de dosis -el embarque más grande hasta ahora- que permitirían inmunizar a 500.000 personas, ya que se deben aplicar dos a cada paciente, con una diferencia de al menos 21 días entre una y otra.

Este domingo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, firmó la resolución 688/2021 que autoriza con carácter de emergencia la vacuna, que es desarrollada por Sinopharm en colaboración con el Laboratorio Beijing Institute of Biological Products de China.

La medida se tomó luego de recibir la aprobación de ANMAT, que evaluó los datos del ensayo en fase 3. El proceso -previsto en la Ley de Vacunas (27.573)- fue similar al que se aplicó para darle luz verde a la rusa Sputnik V.

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna china Sinopharm. (XINHUA)

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna china Sinopharm. (XINHUA)

En una entrevista radial, la ministra detalló que ANMAT “realizó consultas puntuales y han sido respondidas”, un proceso que se vio favorecido porque el laboratorio estatal chino realizó estudios de fase 3 simultáneamente en varias partes del mundo (Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Bahrein, Serbia, Perú, Pakistán, Marruecos) pero también en la Argentina.

En nuestro país los ensayos se realizaron sobre una población testigo de 3.008 voluntarios que participaron de un “estudio aleatorizado” (reciben al azar vacuna o placebo).

El responsable de los ensayos de Sinopharm en la Argentina fue el infectólogo Pedro Cahn, fundador de la Fundación Huésped. “Es extremadamente segura, en los ensayos no hemos registrado eventos adversos serios relacionados a la vacuna, así que desde la punto de vista de la seguridad le puedo dar garantía”, aseguró Cahn ante la consulta de la agencia Télam.

La vacuna china Sinopharm se aplica en dos dosis para lograr una mayor inmunidad. (XINHUA)

La vacuna china Sinopharm se aplica en dos dosis para lograr una mayor inmunidad. (XINHUA)

El Gobierno cerró el jueves su acuerdo con Beijing para comprarle un millón de vacunas, y la información trascendió el viernes, el mismo día del escándalo por el “Vacunatorio VIP” y la salida del ministro de Salud, Ginés González García.

Se trata de una vacuna inactivada, lo que significa que porta una versión del virus alterada genéticamente que le impide reproducirse y desarrollar la enfermedad, pero que genera una respuesta inmune en el organismo con capacidad protectora.

Una de las ventajas logísticas de esta vacuna es que puede transportarse y almacenarse entre 2 y 8°, lo que facilita la logística para su traslado.

La llegada de este millón de dosis de Sinopharm podría ser el primer lote de una serie de nuevas compras, aseguraron a Télam fuentes que siguen en detalle la negociación. De hecho, el grupo farmacéutico que desarrolló el fármaco, China National Pharmaceutical Group, ya avisó que a partir de marzo estará listo para suministrar periódicamente cantidades significativas.

La llegada de la vacuna china se da en medio de las demoras para acceder a las dosis previstas de la rusa Sputnik V. Tras el cuarto embarque que llegó al país el viernes 12, la Argentina recibió poco más de 1,2 millón de dosis, mientras que por contrato estaba previsto que entre enero y febrero arribaran cerca de 20 millones. Este fin de semana partió a Moscú la asesora presidencial Cecilia Nicolini, con el objetivo de analizar con las autoridades del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) los contratiempos que surgieron en las últimas semanas y definir un nuevo cronograma de entregas.

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Coronavirus

Una encuesta reveló que la mayoría de los argentinos desconfía del plan de vacunación y pide que renuncien todos los involucrados en el escándalo

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Un estudio de la consultora Management & Fit a nivel nacional develó que la polémica desatada por el “vacunatorio VIP” resultó un duro golpe a la credibilidad del Gobierno

El escándalo del “Vacunatorio VIP” le costó el puesto al ex ministro de Salud, Ginés González García, obligado a renunciar en la tarde del viernes luego de que se conociera que allegados al Gobierno se habían inmunizado en la sede donde funciona la cartera sanitaria, y le dio un duro golpe a la imagen que la sociedad tenía hasta el momento sobre el plan nacional de vacunación.

“Es público y notorio que he debido tomar una decisión ante un hecho reprochable. Lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que aunque excepcional no puede avalarse”, dijo al respecto Alberto Fernández, en una serie de mensajes que publicó este domingo en sus redes sociales. Y según una encuesta, la mayoría de los argentinos considera lo mismo: que no se puede dejar pasar. En esa dirección, más del 61% de los consultados afirmó que desconfía del plan de vacunación y el 71% cree que deberían renunciar todos los funcionarios implicados.

El estudio fue llevado a cabo este sábado y domingo por la consultora Management & Fit, que interrogó a 1.500 personas mayores de 16 años a nivel nacional. Además, la encuesta reveló la percepción de la gente sobre el nombramiento de Carla Vizzotti al frente del Ministerio y su rol dentro del escándalo.

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En primer lugar, con respecto a la vacunación contra el coronavirus, el 33,1% cree “que no existe ningún plan y que están improvisando”; el 27,8%, “que no hay vacunas y están usando vacunas para personas cercanas al oficialismo”; el 27,1%, “que fue un hecho aislado y que existe un Plan Integral de Vacunación”; y finalmente, el 12% no tiene una opinión formada. Es decir que, sumando los primeros dos resultados, el 60,9% de los argentinos no descree de la existencia de un plan o de la llegada de las vacunas.

El segundo ítem de la encuesta fue “¿cuánta confianza tiene ahora de que el Gobierno Nacional pueda implementar un plan de vacunación justo y equitativo?” Y el resultado fue similar: el 40,3% contestó “nada de confianza”, el 20,9% “poca confianza”, el 12,1 “algo de confianza”, el 24,5% “mucha confianza” y el 2,2% NS/NC. Por ende, el 60,2 no confía en la campaña de inmunización que se está llevando a cabo.

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El siguiente punto interrogó sobre la eventual renuncia de todos los funcionarios que recibieron la vacuna de manera irregular y el número final resultó aún más contundente: el 71% de los argentinos piensa que “deberían renunciar”. En tanto, el 18,2% no cree que sea necesario y el 10,8 no tiene una postura tomada.

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Asimismo, la consultora indagó sobre la designación de Carla Vizzotti como reemplazante de Ginés González García y del rol de la ahora ex secretaria de Acceso a la Salud en el escándalo de las vacunas. De esta forma, el 31,6% de los encuestados avaló el nombramiento y el 55,8 se mostró en desacuerdo (12,6% NS/NC).

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En la misma dirección, el 43,8% de los argentinos opinó que, teniendo en cuenta de que Vizzotti ya formaba parte de la cúpula del ministerio de Salud, sabía que se estaban vacunando funcionarios o personas cercanas al oficialismo. En contrapartida, el 40% considera que “no sabía” (16,2% NS/NC).

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Por su parte, el Presidente expresó esta tarde: “Le he encomendado a Carla Vizzotti que protocolice al máximo el suministro y aplicación de vacunas considerando la situación de las personas expuestas por la labor que ejercen. Debemos trabajar para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse”.

Además, explicó que “en Argentina más de 700 mil personas han recibido dosis de la vacuna” y “más de 400 mil personas ya recibieron las dos dosis y han logrado inmunizarse”. A su vez, Alberto Fernández consideró que “el ritmo de vacunación comienza a acelerarse con la llegada al país de más vacunas”.

Por último, en relación al ex ministro de Salud, afirmó: “Guardo por Ginés González García mi sincera gratitud. Ha sido una persona fundamental para que la pandemia no arrecie sobre los argentinos. Ha sido capaz de poner de pie un sistema de salud quebrado y de darle a cada argentino la atención pertinente cuando el virus lo hizo víctima”.

En la Casa Rosada asumen que Fernández reaccionó con rapidez y quieren dar por terminado el conflicto para evitar seguir perdiendo credibilidad. En ese contexto, el oficialismo apuesta a recuperar terreno en la agenda sanitaria con dos noticias positivas en lo que respecta al operativo de vacunación. El Gobierno cerró el contrato con el laboratorio chino Sinopharm por un millón de dosis y ese container llegará el próximo jueves.

Se trata de 500.000 vacunas, el cargamento más grande de dosis que el Gobierno va a traer al país desde el inicio del plan de vacunación.

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