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La tensión entre la Casa Rosada y el gobierno bonaerense por Sergio Berni le agregó dramatismo a la cuarentena

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Horacio Rodríguez Larreta ordenó mantener silencio mientras espera para decidir cómo seguirá el aislamiento en la ciudad de Buenos Aires a partir del viernes 17

“Hemos tenido épocas más difíciles”, desdramatizó Sergio Berni ante uno de sus colaboradores mientras se subía de nuevo al helicóptero en La Plata para volver a su oficina de Puente 12, ya entrada la noche de ayer.

El ministro de Seguridad bonaerense había estado buena parte de la tarde en la capital bonaerense con el teléfono apagado: lo hace, según sus asesores, cuando “arma quilombo”. Berni se las ingenia con frecuencia para no pasar desapercibido, pero su irrupción a los gritos de ayer por la mañana en el retén policial de Puente La Noria, en uno de los accesos de la zona sur a la Ciudad, y su afrenta pública a la ministra Sabina Frederic por el operativo en el primer día de la cuarentena estricta colmó la paciencia de la Casa Rosada, que dejó el tema en manos del gobernador Axel Kicillof.

Cuando Horacio Rodríguez Larreta y su equipo vieron por televisión las imágenes insólitas de Berni rodeado por cámaras de televisión, a los gritos y furioso con el operativo policial desplegado por las fuerzas de seguridad nacionales por las largas filas de vehículos, ordenaron automáticamente a los funcionarios porteños que hicieran silencio y dejaran el escenario mediático para las autoridades de Nación y Provincia.

Las teorías de los funcionarios más conspirativos señalan que el show mediático del ministro de Seguridad bonaerense, aplaudido, según su entorno, por la mayoría de los conductores que esperaban desde hacía un buen rato en uno de los accesos a la ciudad, se “llevó la marca” en el primer día del confinamiento más estricto, en momentos en que la sociedad muestra señales evidentes de cansancio tras más de cien días de aislamiento.

Pero lo cierto es que la escena de ayer por la mañana agrega una cuota de zozobra a la estrategia desplegada en torno a la continuidad de la cuarentena, a los operativos en la calle, a la autoridad presidencial y a la decisión que la administración porteña deberá tomar en poco más de quince días sobre la coordinación con la Provincia.

Axel Kicillof y Sergio Berni

Axel Kicillof y Sergio Berni

El reporte oficial del Ministerio de Salud de ayer volvió a confirmar lo que pareciera erigirse como una tendencia. El Gran Buenos Aires dobló en contagios a la Ciudad: 1.671 y 841, respectivamente. Si la curva se consolida, ¿qué decisión va a tomar Rodríguez Larreta el viernes 17? ¿Seguir ligado a la Provincia como una sola región, el AMBA, como ahora? ¿O empezar a habilitar actividades, como reclaman con vehemencia casi todos sus socios políticos, aún cuando el gobierno bonaerense insista en continuar con un confinamiento duro para preservar la cuestión sanitaria?

El jefe de Gobierno le tiene prohibido a su gabinete contestar cualquier crítica bonaerense o de la Casa Rosada. Hubo, de hecho, pedidos internos para rebatir, por ejemplo, los insistentes reclamos por la actividad al aire libre, que la Ciudad tuvo que volver a prohibir.

Ayer por la mañana, después de que Berni se presentara en los controles policiales y de escuchar el reclamo airado de Frederic, Kicillof telefoneó a Berni. Por la tarde, el ministro viajó hasta La Plata, a dónde suele ir en estos tiempos, según sus colaboradores, solo cuando lo llaman. “Estuvo con el gobernador”, resaltaban ayer por la noche cerca del funcionario. Solo Kicillof y su ministro lo saben.

Los voceros del gobernador negaron hasta el hartazgo un encuentro a solas. En la agenda oficial de Kicillof figuraba un anuncio vinculado al área de Educación por la mañana, una reunión con Sergio Massa, otra con Augusto Costa y una más relacionada a medidas para pymes y comercios. Después de todo eso, explicaron, se cruzó a la residencia. “Sin comentarios”, habían dicho más temprano cuando el revuelo ya no tenía retorno.

El teléfono apagado del ministro le agregó un plus de dramatismo al asunto. A media mañana, el funcionario también lo había desactivado: recién volvió a prenderlo después de las 3 de la tarde, que pasó un rato por su oficina sobre la autopista Ricchieri, en La Matanza. Dedicó casi una hora a devolver mensajes y llamados y se volvió a subir al helicóptero rumbo a La Plata.

“‘El Loco’ no tiene nada que perder”, lo exculpaban ayer los funcionarios que lo frecuentan desde hace casi una década, que conocen, como pocos, de su fanatismo por la televisión.

Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, durante el anuncio del viernes pasado

Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, durante el anuncio del viernes pasado

El problema, trasciende desde el Frente de Todos, no es Berni y Frederic. Si no que el constante embate del ministro provincial golpea a la autoridad presidencial, y pone en duda el rol del Estado en momentos de incertidumbre sanitaria y de fatiga social. Es pintoresco hasta que deja de serlo.

Berni tiene como única referente a Cristina Kirchner:hablan todas las semanas, según su entorno, e incluso algunos de los custodios de la Policía Federal pasaron hace tiempo del funcionario a prestar servicios para la ex mandataria.

Fue la vicepresidenta la que lo propuso para el cargo, a pesar de que era resistido internamente. Es cierto, de todos modos, que el ministro y Kicillof se frecuentan, y se respetan, desde la época en que compartieron gabinete, antes del 2015.

Lo más complejo, sin embargo, es que, para Berni, Alberto Fernández es “solo el Presidente”, y nada más. Y su decisión constante de confrontar con la Casa Rosada alimentan -¿sin quererlo?- las versiones sobre la investidura presidencial y la eventual incidencia de CFK en la marcha del gobierno.

El ministro ni siquiera se tomó el trabajo de ir, el viernes por la tarde, a la reunión interministerial en Casa de Gobierno entre los ministros de Salud, Transporte, Desarrollo Social y Seguridad de Nación, Ciudad y Provincia, encabezada por Santiago Cafiero. En Casa Rosada juran que fue invitado. Cerca de Berni dicen que no. Y que no lo participaron porque en el anterior encuentro, del mismo estilo, el funcionario puso en duda parte de los operativos y de las decisiones.

Lo cierto es que Frederic aprovechó la ausencia de su colega para cargar contra la falta de controles en el Gran Buenos Aires, en medio de la discusión sobre el transporte y la cantidad de pasajeros. La relación entre la ministra y su antecesor se detonó por el manejo de la Gendarmería en el conurbano, que Berni quería bajo su paraguas. Desde ese momento no hubo nada más que hablar.

En el medio, Rodríguez Larreta aprovecha los chispazos internos en el Frente de Todos para ganar tiempo y apuntalar la gestión sanitaria frente a lo que se perfila como una decisión crucial: seguir o no con la cuarentena estricta.

Cristina Kirchner y Sergio Berni (Télam)

Cristina Kirchner y Sergio Berni (Télam)

Hasta ahora, el jefe de Gobierno y Kicillof ataron sus suertes. Nadie sabe el número de contagios de los próximos días ni la evolución de las camas de terapia, la obsesión principal de los especialistas, que ayer rondaba en torno al 55,9%.

Lo que sí tiene claro el jefe de Gobierno es que el humor social de los porteños y la parálisis de la actividad económica no resisten mucho más. La complejidad socioeconómica del Gran Buenos Aires no le da margen a Kicillof para preocuparse más que por la crisis sanitaria.

La recaudación en la Ciudad se achica mes a mes. El martes, en las oficinas de la sede semivacía de la calle Uspallata, corría una versión que daba cuenta de que la cúpula porteña analiza suprimir considerablemente áreas de gobierno.

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Cuáles son los argumentos del Gobierno para impulsar un juicio por el crédito que Macri tomó con el FMI

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Un escrito del Banco Central da cuenta de las ideas oficiales sobre las que gira esta estrategia, que critica la forma en que se endeudó el país en 2018

La investigación que el Banco Central pidió que se transforme en un expediente judicial para comprobar si hubo una defraudación en el crédito al Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 se basa en dos grandes argumentos. Así se desprende de un memo de la entidad que preside Miguel Pesce y que expresa que: el dinero sirvió para la fuga de capitales y que el crédito no pasó el filtro previo de las instancias jurídicas y legislativas correspondientes.

“El expediente administrativo del registro del Ex Ministerio de Hacienda de la Nación en el que tramitaran las actuaciones relativas al acuerdo stand by de acceso excepcional suscripto con el FMI, fue iniciado el 21 de junio de 2019, esto es, con posterioridad a la suscripción y formalización de los documentos que sellaran dicho acuerdo”, se indicó. En cambio, “la carta de Intención y los memorándums fueron suscriptos el 12 de junio de 2018”.

“Como consecuencia de ello, la Carta de Intención, el Memorándum de Entendimiento de Política Económica y Financiera y el Memorándum de Entendimiento Técnico, por los que la República Argentina solicitara el acuerdo más grande de la historia del FMI, fueron todos suscriptos sin un dictamen jurídico previo que analizara cuestiones medulares que necesariamente deberían haber sido objeto de estudio legal previo a la suscripción de los documentos”, sostiene el BCRA.

Esto es, “si el Poder Ejecutivo Nacional y en especial el Ex Ministerio de Hacienda se encontraba facultado a decidir y formalizar un acuerdo con el FMI por semejante monto, y sujeto a las condicionalidades establecidas en los documentos que lo conforman”.

“La opinión legal emitida –reitero, posterior a la formalización del acuerdo- se ha limitado a analizar una cuestión meramente formal, consistente en la facultad del Ex Ministerio de Hacienda para cursar las misivas al Organismo Internacional, de acuerdo al rol que le asigna el artículo V, sección I del Convenio Constitutivo de ese Organismo”.

“A pesar del principio general contenido en el art.60 de la ley 24.156 promulgada en el año 1992, que prohíbe a las entidades de la APN formalizar operaciones de crédito público no contempladas en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica, dicho acuerdo fue suscripto en ausencia absoluta de ley formal que lo autorizara”, precisó.

Dicho acuerdo fue suscripto en ausencia absoluta de ley formal que lo autorizara

“La excepción a ese principio general contenido en la norma cuando la operación de crédito fuera formalizado con un organismo financiero internacional del que la Nación formara parte, constituía una delegación prohibida a la luz del art.76 de la Constitución Nacional, y los claros términos de la cláusula provisoria octava que acompañó la sanción de la nueva Constitución, que dispuso la caducidad de toda la legislación delegada preexistente que no contuviera plazo establecido para su ejercicio”, indica el escrito.

Tampoco se trató de un préstamo tomado para realizar inversiones para el desarrollo económico del país declaradas de interés nacional por ley o por el PEN, único caso en que la ley 11.672 permanente de presupuesto faculta al PEN a contratar préstamos con Organismos Internacionales a los que la República pertenezca como miembro, siempre que el préstamo se ajuste a las condiciones usuales de los respectivos convenios básicos, condición ésta que tampoco se cumplía por la excepcionalidad del monto en términos cuantitativos, a la luz de la cuota correspondiente a la Nación”, advirtió el BCRA.

Tampoco se trató de un préstamo tomado para realizar inversiones para el desarrollo económico del país

En este sentido, el Banco Central “no emitió el informe previo a la formalización del acto, sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos, herramienta fundamental para dilucidar la capacidad de repago del país frente a los compromisos asumidos, a la luz de los distintos rubros que conforman la cuenta corriente y de capital, y que el artículo 61 de la ley 24.156 de Administración financiera y de los sistemas de control de la APN, considera esencial cuando la operación de crédito público, origine la constitución de deuda pública externa”.

La entidad cita el informe “Mercado de cambios, Deuda y Formación de Activos externos 2015-2019”, elaborado por el B.C.R.A. a solicitud del presidente de la Nación Argentina, que “dio cuenta del aumento exponencial en la formación de activos externos (coloquialmente llamada “fuga de capitales”)”.

Miguel Pesce, presidente del BCRA  Miguel Pesce, presidente del BCRA

“A lo largo de todo el período, se triplicó, superando los USD 86.000 millones. Aún durante la primera fase de auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los USD 41.100 millones. En la etapa de aceleración de salida de capitales, entre mayo de 2018 y hasta que fueron establecidos los controles cambiarios más estrictos recién en octubre 2019, del total pautado con el FMI llegaron a desembolsarse cerca de USD 44.500 millones”, detalló.

Estos fondos junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado, que alcanzó los USD 45,1 mil millones”, afirmó .

Por lo tanto, ante “la ausencia absoluta de medidas de contención de dicha fuga durante, dan cuenta de la flagrante violación a los diáfanos términos del art. VI del convenio constitutivo del FMI aprobado por la República Argentina por Ley 21.648 que prohíbe la utilización de los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable y continua de capitales”.

A su vez, de “la contradicción explícita con los objetivos expuestos en el memorándum de Entendimiento sobre Políticas Económicas y Monetarias en el marco del acuerdo con el FMI, ya que se asumió, entre otros compromisos, el de disminuir las tensiones en la balanza de pago, incrementando las reservas internacionales”.

“Todo ello, en el marco de un acuerdo suscripto sin el más mínimo de control de legalidad y legitimidad”, sentenció.

“La función administrativa -y la negociación o toma de deuda por parte del Poder Ejecutivo lo es- está sometida al test de la razonabilidad que implica analizar la oportunidad, mérito o conveniencia de su dictado y la competencia de los órganos para decidir y formalizar el acto, esto es, su legitimidad”, destacó.

“La efectivización de una decisión política está sujeta a una serie de procedimientos; requisitos; informes y dictámenes cuyo cumplimiento y respeto resultan obligatorios para los funcionarios públicos”, indicó.

“Su omisión constituye una grave irregularidad que compromete la responsabilidad personal de los funcionarios involucrados en la misma”, concluyó el escrito que seguramente pasará a formar parte de la causa judicial que el Gobierno quiere impulsar.

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Politica

La Asociación de Magistrados rechazó el pedido del Presidente para que el Congreso investigue a los jueces

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“El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de ´control cruzado´”, sostuvo la entidad a través de un comunicado. También se refirió a un “afirmación errada” del Presidente sobre el Impuesto a las Ganancias

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de la Nación (AMFJN) emitió ayer a última hora de la noche un comunicado en el que rechazó el pedido que el presidente Alberto Fernández hizo el lunes en la apertura de la asamblea legislativa para que el Congreso de la Nación controle a los jueces.

“El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de ‘control cruzado’, ajeno al orden constitucional jurado”, sostuvo la entidad y agregó que Fernández omitió “considerar que el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional”.

“El Poder Judicial de la Nación está en crisis”, dijo el jefe de Estado y agregó “que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”. Por eso pidió al Congreso “que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”. El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli habló ayer sobre la creación de esa comisión.

Sobre la definición de vivir al margen del sistema republicano, la AMFJN , presidida por el juez Marcelo Gallo Tagle, dijo que “debe precisarse que la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático. Sin ello, no hay República”. El comunicado fue firmado por todos los integrantes de la mesa directiva de la entidad que la integran las tres listas políticas que tiene la justicia.

La asociación respondió otro pasaje del discurso del Presidente en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Fue el referido al pago del impuesto a las ganancias. “Ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el Impuesto a las Ganancias que si tributan millones de trabajadores y funcionarios del sector público y privado”, dijo.

Marcelo Gallo Tagle, presidente de la AMFJNMarcelo Gallo Tagle, presidente de la AMFJN

“También ha preocupado una afirmación errada”, dijo la entidad sobre la referencia a Ganancias y agregó: “cuando sabido es que a partir de la ley Nº 27.430, todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo. Si no hay más comprendidos en tal imposición, es porque se encuentran demoradas cientos de designaciones en cargos vacantes, problema crucial al que no se hizo referencia”.

“Por ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se encuentra en el triste deber de tener que señalar, con respetuosa firmeza, que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que desagraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que entre todos debemos construir”, agregó la AMFJN en su comunicado de cinco párrafos.

En el último la entidad dijo que avalaba uno de los aspectos de los dichos del jefe de estado. “Empero, coincidimos plenamente con el Sr. Presidente de la República cuando dice: “´Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca´. Esta grave situación es la que debemos prevenir y solucionar, en necesario marco de Verdad, sin agravios y sin presiones”, concluyó.

Comunicado completo

En el discurso de apertura de las sesiones legislativas, el Sr. Presidente de la Nación dijo a toda la ciudadanía que el Poder Judicial “es el único poder que parece vivir en las márgenes del sistema republicano”. Por el contrario, debe precisarse que la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un estado democrático. Sin ello, no hay República.

Pidió también al Congreso “que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”, omitiendo considerar que el Poder Ejecutivo y el Senado tienen a su cargo el nombramiento de los Magistrados mediante el sistema de propuesta, acuerdo y designación vigente según la Constitución Nacional. El contenido de las sentencias nunca puede caer bajo el novedoso concepto de “control cruzado”, ajeno al orden constitucional jurado.

También ha preocupado una afirmación errada sobre que “ningún magistrado ni funcionario judicial paga hoy el impuesto a las ganancias”, cuando sabido es que a partir de la ley Nº 27.430, todos aquellos designados o promovidos desde el 1º de enero de 2017 están sujetos al gravamen sobre el trabajo. Si no hay más comprendidos en tal imposición, es porque se encuentran demoradas cientos de designaciones en cargos vacantes, problema crucial al que no se hizo referencia.

Por ello, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional se encuentra en el triste deber de tener que señalar, con respetuosa firmeza, que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que desagraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que entre todos debemos construir.

Empero, coincidimos plenamente con el Sr. Presidente de la República cuando dice: “Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca”. Esta grave situación es la que debemos prevenir y solucionar, en necesario marco de Verdad, sin agravios y sin presiones.

Buenos Aires, 2 de marzo de 2021

Paula Asaro

Marcelo Gallo Tagle

Vicepresidente MPF

Presidente

Atilio Álvarez

Osvaldo Facciano

Vicepresidente MPD

Vicepresidente Jueces

Maximiliano Callizo

Enrique Comellas

Vicepresidente por Funcionarios

Secretario General

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El Gobierno promulgó la ley que establece que los próximos acuerdos con el FMI deberán ser aprobados por el Congreso

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La norma fija límites y controles a la emisión de deuda. Frente a la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández calificó como el mayor fraude de la historia el crédito que tomó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional en 2018

El Gobierno promulgó este miércoles la ley que establece límites y controles a la emisión de deuda en moneda extranjera, entre los cuales se destaca que futuros empréstitos deberán ser aprobados previamente por el Congreso de la Nación.

Con las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, y del ministro de Economía, Martín Guzmán, hoy se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 131/2021 que promulga la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que fue sancionada por la Cámara de Diputados semanas atrás.

La norma fija que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional deben contar con el aval del Congreso. En efecto, el artículo 1° de la Ley 27.612 explica que el Presupuesto de cada año “deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”.

“Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente”, determinó.

Mientras que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, también requerirá del aval de los legisladores nacionales.

Tanto la emisión de deuda en moneda extranjera como los programas firmados con el FMI “no podrán tener como destino el financiamiento de gastos primarios corrientes”.

Alberto Fernández firmó el decreto que promulga la ley de sostenibilidad de la deuda (Comunicación Senado)Alberto Fernández firmó el decreto que promulga la ley de sostenibilidad de la deuda (Comunicación Senado)

Alberto Fernández firmó la promulgación de la ley luego de su enérgico discurso frente a la Asamblea Legislativa en el que criticó la toma de deuda por parte de la gestión de Mauricio Macri. Dentro de las casi dos horas que duró su exposición, dedicó un capítulo de la apertura de sesiones ordinarias a la relación del gobierno de Cambiemos con el FMI. En ese sentido, adelantó que instruyó a lo abogados del Estado para iniciar una querella criminal contra “los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia”. También criticó a las autoridades del Fondo Monetario que accedieron a desembolsar USD 55 mil millones.

El Presidente sostuvo que “debemos no permitir nunca más un endeudamiento irresponsable”. Y graficó: “A una Argentina en absoluto default, el Fondo le entregó el préstamo más grande de su historia. El monto adeudado debe ser pagado en cuatro años. En 2022, esta cifra alcanza los 18 mil millones de dólares. El año subsiguiente, asciende a 19.186 millones. Recién en 2024 el pago de la deuda se cancela. Remarco las cifras para que los argentinos entiendan la magnitud del problema que han creado quienes estuvieron en el Gobierno”.

Endeudar al país de ese modo y que la toma de créditos haya sido resuelta con total irresponsabilidad y a espaldas del Congreso, no puede ser visto de otra manera que no sea visto como una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado“, concluyó su cuestionamiento hacia la gestión de Macri y precisó que las negociaciones con el FMI “seguirán adelante en un macro de respeto”. Si bien aclaró que desde el Gobierno no pretenden apresurarse en cerrar un acuerdo con el Fondo, el mismo será tratado por las ambas cámaras para su aprobación.

“Nuestras negociaciones con el FMI seguirán adelante en un marco de respeto. El diálogo hasta ahora ha sido constructivo. El programa que se acuerde con el Fondo será enviado al Congreso Nacional”, expresó el Jefe de Estado.

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