El proyecto llegó al recinto luego de un trabajoso dictamen de acuerdo entre las distintas fuerzas políticas, que incluyó a las asociaciones de inquilinos y los operadores inmobiliarios. “La ley de alquileres viene a equilibrar las relaciones y a corregir abusos”, sostuvo el diputado PRO, Daniel Lipovetzky, al abrir el debate como presidente de la comisión de Legislación General que llevó adelante la discusión. En tanto, el diputado Adrián Grana (FpV-PJ) –uno de los vicepresidentes de la comisión– remarcó que la nueva ley dará “previsibilidad” a las familias y a los “casi nueve millones de argentinos que tienen la obligación de alquilar sus casas, porque para la mayoría no es una opción”.
Durante más de tres horas de debate, hubo opiniones que buscaron modificar algunos párrafos del texto del proyecto: algunos de los diputados querían ampliar derechos de los inquilinos y otros se inclinaban más hacia los propietarios e inmobiliarias. En este último grupo se concentraron la mayoría de las abstenciones.
“Es una ley que genera posiciones muy contrapuestas entre los sectores involucrados”, admitió Lipovetzky y recordó la presencia en las comisiones de representantes de todos los sectores para debatir un tema que “no está regulado”. El diputado, que termina en días su mandato, defendió el proyecto consensuado y se refirió a la búsqueda de “soluciones a una problemática que involucra a millones de argentinos”. Afirmó que la relación entre locatario y locador es “desigual”, y por lo tanto es necesario que haya una ley que la regule.
Lipovetzky también se refirió a otros puntos importantes del proyecto: la actualización anual del valor del alquiler. El diputado macrista puntualizó que la ley prohíbe la indexación. Por eso se decidió atar el monto del aumento anual, en parte, al aumento de los salarios. “Si dividimos a la población en quintiles, en los más bajos es imposible que una persona pueda alquilar; pero en el tercer quintil, la población media, un alquiler medio implica un 35 por ciento del ingreso de esa persona”, precisó.
En el debate en particular, hubo planteos en distintos sentidos. Algunos querían una actualización semestral para que los inquilinos no tuvieran que afrontar “saltos importantes” en el valor. Otros, propusieron cambiar la fórmula actualizadora. La votación en particular ratificó la actualización anual por más de un centenar de votos, 18 en contra y 40 abstenciones.
El kirchnerismo, todavía como bancada opositora, acompañó el proyecto. En nombre del bloque, Grana expresó su “satisfacción de que, a pesar de las demoras, las idas y vueltas, hoy podamos estar dando nuevamente la media sanción para poder llegar a colaborar de alguna manera a construir a una Argentina con mayor justicia social”. “Hay familias que se convierten en familias nómades, porque no pueden terminar de asentarse en un barrio o inclusive en una provincia –continuó–. Cuando hablamos de previsibilidad, no hablamos de una cuestión menor, estamos hablando de una cuestión central. Previsibilidad para arraigarse, afianzarse, poder construir identidad”.
Grana reivindicó “la tenacidad de las organizaciones de inquilinos que no han cesado de pedirnos los consensos necesarios” para avanzar con la norma y señaló que éste ha sido un “debate federal” porque “esta no es una realidad de las grandes ciudades, sino del conjunto de nuestro territorio”.
Otros bloques también respaldaron la iniciativa. “Es una ley que todo el tiempo está buscando evitar los abusos”, sostuvo la radical Brenda Austin y destacó como el punto “más importante” el establecimiento del ajuste anual en base a un índice que combina inflación y salarios.
El aliado de Cambiemos, Martín Lousteau (Evolución), se refirió a la problemática del acceso a la vivienda y detalló que “menos del 5 por ciento de los asalariados formales tiene ingresos suficientes para acceder a un crédito para comprar un (departamento) dos ambientes”. “En este caso estamos dándole prioridad al derecho más importante y a la vez el más débil: el derecho a moderar lo máximo posible la incertidumbre acerca del lugar donde se vive y donde se establece un proyecto de vida, versus la incertidumbre con respecto a los flujos de fondos futuros de los propietarios”, afirmó el diputado porteño que a partir del diez de diciembre ocupará una banca en el Senado.
En tanto, Marco Lavagna (Consenso Federal) estimó que “alrededor de 11 millones de personas no tienen casa propia”, por lo que “esta ley es de gran impacto social”. Luego aseveró que “es bueno tener una previsibilidad respecto de cómo se van a ajustar los alquileres” porque en algunos casos aumentan por debajo de la inflación y en otros, por encima. Aunque se despide como diputado, Lavagna insistió sin suerte durante todo el debate en particular (que extendió el debate por otras casi dos horas) en introducir modificaciones al texto consensuado. No lo logró.
