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La Justicia resolvió que Amado Boudou regrese a la cárcel: cuáles son los principales argumentos del fallo

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Daniel Obligado, el mismo que le había otorgado en abril la prisión domiciliaria al ex vicepresidente, revocó ahora ese beneficio. Pero dejó abierta la posibilidad de una apelación

Al filo del comienzo de la feria judicial, el juez Daniel Obligado decidió revocar la prisión domiciliaria de Amado Boudou, un beneficio que él mismo le había otorgado en el mes de abril. ¿Qué cambió? Según la resolución judicial, la condena por el caso Ciccone ahora está firme, ya que la Corte Suprema rechazó todos los recursos a comienzos de diciembre, y además los hijos del ex vicepresidente pueden estar a cargo de su madre, la ex diputada mexicana Mónica García de la Fuente. El magistrado también tuvo en cuenta la situación económica de la familia y las condiciones en las que viven, que también se modificaron durante la cuarentena.

Efectivamente, a comienzos de diciembre, la Corte Suprema rechazó todos los recursos presentados en el caso Ciccone y dejó firme la condena de 5 años y 10 meses para Amado Boudou que había dictado un tribunal oral en 2018. El ex vicepresidente está cumpliendo el arresto domiciliario desde abril: comenzó en un departamento del barrio de Barracas y luego pidió permiso para mudarse a una casa en Avellaneda.

Esa es la primera diferencia importante: la sentencia quedó firme. “Uno de los principios rectores por los cuales se concediera la morigeración en el caso se ha visto superado -el estado de inocencia de la persona- y resta sólo el contralor de la condena impuesta”, dice el juez en la resolución.

Segundo elemento: el contexto de la pandemia por el COVID-19 ya no es el mismo de abril, más allá del aumento de los casos positivos en los últimos días. Obligado midió sus palabras pero se encargó de aclarar que “el instituto de la prisión domiciliaria constituye una alternativa de carácter excepcional como forma de cumplimiento de una condena”.

Tercer argumento: según el juez Obligado, la familia de Boudou cuenta con recursos económicos suficientes. En la resolución se menciona el alquiler de un departamento del ex vicepresidente, y de otra propiedad en México, el sueldo de su mujer como asesora en el Senado, la pensión que recibe Boudou como ex vicepresidente, y el “apoyo económico de familiares y compañeros de la política”.

Cuarto. El juez también tuvo en cuenta las condiciones habitacionales de la familia de Boudou, que en septiembre pasado se mudó a una casa en el partido de Avellenada, que cuenta con jardín, pileta, quincho, cinco dormitorios y hasta ascensor propio.La casa de Avellaneda en la que vive Amado Boudou (Franco Fafasuli)La casa de Avellaneda en la que vive Amado Boudou (Franco Fafasuli)

Quinto. Todos los miembros de la familia “gozan de buen estado salud” y tienen cobertura médica.

Sexto. Obligado también menciona que actualmente la mujer de Boudou puede contar con la ayuda de una empleada doméstica para cuidar a sus hijos.

Por todos esos motivos, el juez consideró que los hijos de Boudou “no se encuentran en una situación de desamparo, de manera tal que deba ceder el interés social de resguardo de los derechos de los menores por sobre el interés punitivo del Estado en efectivizar la condena impuesta”.

En abril, el juez había argumentado que la mujer de Boudou estaba sola y no tenía ayuda para cuidar a sus dos mellizos. La defensa del ex vicepresidente había profundizado esa línea de argumentación. De hecho, el defensor de menores que representa los intereses de los dos hijos de Boudou se había expresado a favor de la domiciliaria.

El juez Daniel ObligadoEl juez Daniel Obligado

Sin embargo, Obligado ahora sostiene que las condiciones cambiaron y que los menores “están contenidos material, moral y afectivamente”. Además, opinó que los mellizos podrían visitar a su padre en la cárcel, si efectivamente regresa a un penal: “El vínculo paterno-filial, que bien advirtieran en los informes aludidos, se viera fortalecido en este período de convivencia, puede ser mantenido como hicieran previamente, toda vez que las visitas sociales a los establecimientos carcelarios han sido reanudadas”.

El martes, los fiscales Guillermina García Padín y Marcelo Colombo habían argumentado que los hijos de Boudou podían quedar a cargo de su madre. “Las actuaciones obrantes en la presente incidencia que han sido largamente detalladas, dan cuenta de que los menores se hallan contenidos desde el punto de vista afectivo y material, cuentan con el sólido cuidado y acompañamiento de su madre; el grupo familiar tiene ingresos que le permiten cubrir, sin dificultad alguna, todas las necesidades habitacionales, alimentarias, sanitarias, educativas; y cuentan con el acompañamiento y apoyo de una red de familiares, amigos y allegados”, detallaron en su dictamen.

Boudou ya estuvo detenido tres veces. La primera vez fue el 3 de noviembre de 2017, cuando la Prefectura lo sorprendió en su departamento de Puerto Madero con una orden del juez Ariel Lijo. Luego volvió a la cárcel en agosto de 2018, tras la condena del Tribunal Oral Federal 4 por el caso Ciccone. Ese período se extendió hasta el 11 de diciembre de ese año, cuando ese mismo tribunal, con otra composición, decidió otorgarle la excarcelación tras el pago de 1 millón de pesos y la colocación de una tobillera electrónica con GPS. Su tercer paso por el complejo penitenciario de Ezeiza arrancó el 18 de febrero del año pasado, luego de un fallo de la Cámara de Casación que decidió revocar su excarcelación.

Aunque el Código Procesal es muy claro en estos casos, la orden judicial para que Boudou vuelva a la cárcel no se hará efectiva en las próximas horas. Con apenas tres palabras, “firme que sea”, el juez dejó abierta la puerta a que la apelación ante la Cámara de Casación interrumpa la ejecución de la sentencia. Ese artilugio legal descolocó a propios y extraños.

La apelación se puede presentar dentro de los primeros días del año. En ese caso interviene la Sala de Feria. Pero si no hay un pedido concreto para habilitar la feria, pasará al mes de febrero y actuará la Sala IV.

Con ese escenario, Boudou podrá festejar el Año Nuevo en su casa.

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Corte Suprema, Consejo de la Magistratura y juicios por jurados: los proyectos de reforma judicial que anunció Alberto Fernández

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Una iniciativa será crear un tribunal especial por debajo de la Corte. Otra que los juicios por corrupción sean juzgados por ciudadanos. Le pidió al Congreso avanzar con la reforma federal. No hizo mención del pliego de Rafecas como procurador

El presidente Alberto Fernández anunció hoy una serie de proyectos de reformas de la Justicia que incluyen cambios en el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura de la Nación y la aplicación del juicio por jurados. “El Poder Judicial de la Nación está en crisis”, dijo en el Congreso en la apertura de las sesiones legislativas del año.

Para enmarcar sus críticas, el jefe de Estado habló de “hechos llamativos que día a día asoman en el mundo judicial y que de modo muy cuidadoso los grandes medios de comunicación ocultan”. Y enumeró algunas sin nombrar a sus protagonistas: el procesamiento por espionaje y extorsión del fiscal federal Carlos Stornelli (“A él no se le aplica aquella doctrina que recomendaba la detención preventiva de personas cuando su ´poder residual´ pudiera afectar la investigación. Es cierto. Su poder no es residual. Está vigente”, dijo el Presidente); la visita a la Casa Rosada del juez de Casación Federal Gustavo Hornos para reunirse con el entonces presidente Mauricio Macri pocos días antes que procesara a Cristina Kirchner; la aceptación de la Corte Suprema del per saltum de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi por sus traslados, a los que calificó de “dos jueces ignotos”.

“Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la Justicia, que terminan dañando a la democracia y a la confianza ciudadana porque todo se trastoca. Asistimos a condenas mediáticas instantáneas y sin posibilidades serias de revisión. Sufrimos la discrecionalidad de los jueces expresada en demoras inadmisibles de procesos judiciales que afianzan el clima de impunidad. Padecemos la manipulación de decisiones jurisdiccionales en función de intereses económicos o partidarios que conducen a medir los hechos con distintas varas”, sostuvo.

Los jueces de la Corte Suprema siguieron el discurso por videoconferenciaLos jueces de la Corte Suprema siguieron el discurso por videoconferencia

Propuestas y pedidos

Alberto Fernández le pidió a la Cámara de Diputados que trate y apruebe dos proyectos de reforma judicial que cuentan con media sanción del Senado y que son resistidos por la oposición. Uno es la reforma al fuero federal en el que amplía la cantidad de juzgados de Comodoro Py, donde se investigan las causas de corrupción, con la unificación del fuero penal económico y una parte de la Justicia nacional de instrucción. “Con eso estaríamos dando un primer paso en favor de mejorar la administración de justicia”, sostuvo.

Lo mismo planteó con la reforma al Ministerio Público Fiscal que aprobó el Senado y está en Diputados. Allí se busca ganar con una mayoría simple de votos la elección del procurador general y su destitución. El Presidente no hizo referencia a la postulación del juez Daniel Rafecas como jefe de los fiscales. Fernández lo propuso en diciembre de 2019, apenas asumió, y desde entonces su pliego está congelado.

El mandatario también anunció que a lo largo del año enviará al Congreso proyectos basados en las recomendaciones que le hizo la comisión de juristas que convocó para analizar el funcionamiento de la Justicia.

Una de esas iniciativas, adelantó, será la creación de un Tribunal Federal de Garantías que estará por debajo de la Corte Suprema “que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario”. Y agregó: “De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”.

La decisión implica que el máximo tribunal solo intervendrá cuando se plantee la inconstitucionalidad de alguna norma y el nuevo tribunal en los restantes aspectos, entre ellos, las apelaciones por condenas penales. La creación de ese tribunal será consultada con los gobernadores del país.

El Consejo de la Magistratura de la Nación (Matías Baglietto)El Consejo de la Magistratura de la Nación (Matías Baglietto)

Otro será la revisión del artículo 280 Código de Procedimientos Civil y Comercial. Se trata del articulo que le permite a la Corte Suprema rechazar cualquier pedido por considerarlo arbitrario. Fue el que utilizó para confirmar la condena al ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone, lo que generó críticas en el oficialismo.

También anunció una reforma en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales. “Debemos despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”, sostuvo. El Consejo está integrado por 13 miembros, de los cuales siete son representantes de la política.

Por último adelantó que enviará al Congreso un proyecto para aplicar el juicio por jurados para delitos federales. Eso significa que la culpabilidad o inocencia en causas como corrupción, narcotráfico y otros delitos de crimen organizado será decidida por ciudadanos. El juicio por jurados se aplica en varias provincias pero nunca a nivel federal a pesar de que está en la Constitución Nacional desde 1853.

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Tras la condena por lavado, la Justicia investiga más nexos comerciales entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner

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Lo hace a través del área de recupero de activos, en una causa paralela donde se busca determinar si el empresario K adquirió propiedades como testaferro de la vicepresidenta.

Tras la condena de Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado, un expediente pone el foco en los presuntos negocios del empresario con Cristina Kirchner y su familia. En la mira, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan tienen una serie de intercambios comerciales, compra y ventas de inmuebles entre otras transacciones que vinculan a los Báez y los Kirchner. El expediente es el 2146/2019 y allí el empresario K condenado y la vicepresidenta están imputados por lavado de dinero.

El expedientes viene avanzando a paso firme y allí Marijuan y Casanello buscan determinar si los bienes por más de 205 millones de dólares que adquirió el contratista K son producto de un ilícito y si actuó como testaferro de los ex presidentes. Esta semana después de la dura condena contra Báez, se sumó nueva documentación al caso.

Lázaro Báez aún no se recupera de la sentencia dictada el miércoles pasado por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), que lo acusó de haber lavado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Lo condenaron a doce años de prisión. Sus cuatro hijos también fueron condenados con penas diferentes.

Esa causa, conocida como la Ruta del Dinero K, tuvo entre sus ejes centrales la determinación de a cuánto ascendía el patrimonio de Lázaro Báez. Hubo un paralelismo que se investigó: mientras su firma insignia Austral Construcciones recibía licitaciones viales del gobierno kirchnerista, parte de esos fondos los volcó a las maniobras de lavado. Las mismas incluyeron la compra compulsiva de propiedades y diversos bienes: 1.412 en ocho distritos diferentes.

Muchas de esas compra ventas de casas, terrenos y negocios celebrados comercialmente, se realizaron con Austral Construcciones, piedra angular de las operaciones investigadas en la Ruta del Dinero. Pero a su vez, muchas de esa adquisición de propiedades, como la venta de otras, se concretaron con la familia Kirchner.

Por ese motivo y a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) de la gestión macrista, se abrió una nueva investigación que se desprendió de la causa principal cuyo juicio oral concluyó el miércoles pasado. El expediente actual se concentra exclusivamente en la fortuna del empresario K.

En la causa sólo están imputados Báez y Cristina Kirchner por decisión del fiscal Guillermo Marijuan y se investigan las operaciones “de adquisición de bienes en el país mediante sociedades del Grupo Báez” como también a título personal.

La fiscalía pidió a los colegios de Escribanos de al menos ocho provincias que remitan toda la documentación vinculada a la compra de propiedades por parte de Austral Construcciones, los dueños de la misma y demás integrantes de la compañía. La documentación comenzó a llegar la semana pasada, confirmaron fuentes judiciales a Clarín.

No descartan, desde la investigación, que el patrimonio de Báez sea aún mayor como también que aparezcan más nexos y operaciones cruzadas con la familia Kirchner.

El análisis de la documentación, estará a cargo del área de Recupero de Activos, dependiente de la Procuración, y tiene como finalidad determinar la cantidad de nexos entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez respecto al acervo patrimonial y así poder llegar a responder el planteo central de este expediente: el origen de los bienes adquiridos y si el empresario K actuó como una “persona interpuesta”, es decir, como un testaferro, en esta caso, de la ex Presidenta.

La Justicia determinó que la fortuna de Báez en bienes registrados y detectados por la fiscalía asciende a 205.134.525 dólares, que “fueron adquiridos con dinero desviado de las arcas del Estado mediante maniobras de asignación irregular de obra pública, siendo Lázaro Báez, testaferro del matrimonio Kirchner”, remarcó la UIF al pedir la investigación.

Para determinar los puntos que dieron origen a la causa, el fiscal Marijuan inició un relevamiento de todos los bienes registrados a nombre de Báez como de su grupo empresarial. “No se descarta que la fortuna supere los 205 millones de dólares, y que aparezcan más propiedades que deberán tasarse”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.

Ese cuantioso y millonario patrimonio quedó decomisado por orden del TOF 4 al entender que Báez lavó 60 millones de dólares, que debe afrontar una multa de 480 millones de dólares y además, otra correspondiente Austral Construcciones por 120 millones de dólares.

Ahora el área especializada de la Procuración, realiza los entrecruzamientos entre los nexos que tienen el empresario K y la vicepresidenta. Para ello, se requirió información a áreas de catastro de diferentes lugares, principalmente Santa Cruz, para determinar bien las fechas de las operaciones, quiénes intervinieron en las mismas, los montos implicados y de dónde provino el dinero comprometido.

El patrimonio de Báez se compone de terrenos, casas, departamentos, cocheras, hoteles, empresas, estancias, locales comerciales, estaciones de servicio, galpones, edificios, aviones, vehículos y maquinaria vial. Las propiedades están distribuidas en diez localidades de Santa Cruz, también en las provincias de Chubut, Buenos Aires, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco y Santiago del Estero, además de Capital Federal. Además, se contabilizaron en 972 vehículos y maquinaria vial perteneciente a Austral Construcciones.

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Eduardo Duhalde: “Soy parte de una generación fracasada… no somos el modelo de nadie”

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El ex presidente habló en un ciclo de charlas de la Universidad Católica Argentina. No hizo alusión al vacunatorio vip del que fue beneficiario junto a su familia y se calificó al también ex mandatario Fernando de la Rúa como “empastillado”

En el marco de una charla organizada por la Universidad Católica Argentina que se lleva adelante en este momento y lleva por título “El Diálogo Argentino, lecciones para el presente” –de la que también participan el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Beliz, el senador nacional Martín Lousteau, el neurocirujano Facundo Manes (que reapareció luego de su internación por COVID-19) y el secretario de Relaciones Institucionales del Gabinete y dirigente del Movimiento Evita Fernando “Chino” Navarro, entre otros–, el ex presidente Eduardo Duhalde señaló con crudeza: “Soy parte de una generación fracasada, de una generación que les echa la culpa a otros permanentemente. Que los jóvenes, que son nuestra expectativa, sepan que no somos modelo para nadie”. Sin hacer alusión al escándalo de las vacunas ni a su papel en el affaire del vacunatorio VIP que funcionaba en el Ministerio de Salud, su presentación giró en torno a la gestación del Movimiento Argentino Productivo junto a Raúl Alfonsín.

La semana pasada se conoció que tanto Duhalde (de 79 años) como su esposa Chiche y sus hijas María Eva y Juliana fueron inoculados con la vacuna Sputnik V en su domicilio de Lomas de Zamora en un hecho irregular. Ginés González García, el ministro que fue echado al descubrirse los pormenores del vacunatorio, fue el titular de esa cartera durante su presidencia. Según Clarín, ante una consulta puntual sobre cómo fue el mecanismo mediante el que se aplicó la vacuna, se desligó de cualquier responsabilidad: “Yo no gestioné nada, el que tiene que dar explicaciones es el Gobierno”.

La exposición de Duhalde se remontó a los primeros años de la democracia y su llegada al poder después de la renuncia de Fernando de la Rúa, para quien no ahorró duros epítetos, diciendo que estaba “empastillado” y que “no estaba en sus cabales”.

El entonces presidente Eduardo Duhalde junto a su ministro de Salud, Ginés González GarcíaEl entonces presidente Eduardo Duhalde junto a su ministro de Salud, Ginés González García

“Los consensos no se logran de un día para el otro –comenzó diciendo–. Buscar consenso y un clima de amistad entre los dirigentes es muy importante. Encontré en mi camino a un gran presidente, el Dr. Raúl Alfonsín. Descubrí una cosa, esa mentira tan común de Perón y Balbín: el que gana gobierna y el que pierde acompaña. Mentiras, mentiras. Yo viví que quien ganaba intentaba gobernar, y el que perdía intentaba que no gobierne. Lo viví en el gobierno del Dr. Alfonsín. A los dos meses ya vinieron a proponerme ser parte de un golpe de Estado. “Hay que echar a los zurdos”, me dijeron. Lo saqué patitas para arriba al coronel (no lo nombró) y con su tarjeta al otro día fui a ver al presidente y le conté lo que había pasado. Tomó el bastón, caminó detrás mío, habrá sido uno o dos minutos, yo pensé que habían sido uno o dos años. ‘Le agradezco, intendente’. No, doctor, no vengo a contarle, vengo a hacer una denuncia por escrito. Al otro día me llamó Alfonsín y me dijo ‘no levantemos la perdiz’, estamos trabajando…’”.

Más adelante, expresó: “Fuimos teniendo una confianza con el Dr. Alfonsín que se materializa en 1991. Soy elegido gobernador, lo convoco, le muestro un compromiso ético de 10 puntos. El primero era eliminar la corrupción estructural. Lo leyó, le parecía bien… ‘y para qué me lo muestra’. Quiero que gobernemos juntos. ¿Y cómo es eso? Yo administro fondos y ustedes controlan. ¿Qué? Todo, creado o a crearse del Estado provincial, parlamento y todos los municipios de la provincia. Y comenzó otro paradigma. El que gana gobierna y el que pierde también gobierna. Son los consensos mayores. Gobernar juntos”.

Luego, recordó: “Pierdo la elección del 99 con el Dr. De la Rúa y a finales del 2001 pasa lo que todos sabemos. Para entonces con el Dr. Alfonsín creamos –trabajamos juntos en todo– el Movimiento Productivo Argentino, junio del 2001. ¿Para qué? Para llevarle al Dr. De la Rúa una salida distinta a la que estaba empeñado. El Dr. De la Rúa no estaba en sus cabales, estaba empastillado, se burlaban periodistas de él. Estaba herido en un ala con la salida de Chacho Álvarez y no se recuperó. Me llama el Dr. Alfonsín nueve veces el 31 de diciembre de 2001. Yo estaba escondido, sabía que me querían hacer presidente. Le dije a Chiche ‘si llama de nuevo, lo atiendo’. Me dijo: ‘Lo llamé 15 veces, usted va a ser responsable de una matanza si no asume mañana la presidencia. Le doy dos horas pero no acepto el no como respuesta’. Dos horas después le dije que tenía razón pero que no alcanzaba con el 90% de los votos del PJ y la UCR. Si no viene gente del Frepaso, no voy a asumir. Vinieron y asumimos con gran consenso. Pero la gente no creía en nosotros. ‘Que se vayan todos’ era el grito de guerra. Dije en mi discurso que iba a convocar a la Iglesia para que prestara su ámbito físico y espiritual para llamar a un diálogo. Estuvieron las religiones, la gente de campo, industria, comercio, los piqueteros que eran invitados. Setenta y cinco agrupaciones participaron, más de mil personas interactuaron. Enviamos proyectos productivos y venían mejorados”.

Por último, señaló: “Quiero decirles a los jóvenes que soy parte de una generación fracasada, de una generación que les echa la culpa a los otros permanentemente. Que los jóvenes, que son nuestra expectativa, sepan que no somos modelo para nadie. Y finalmente, que tengo una esperanza absoluta. Las cosas son más fáciles, es copiarse de Europa, ¡por favor! ¿Cómo sale Europa de las crisis? No con tantos estudios, laburando, trabajando. Generando eso. Y acá no se hace porque los dirigentes argentinos no tienen ADN productivo. Eso es lo que hace falta. Poner en marcha la enorme potencialidad de un país que ha sido bendecido por Dios o por la naturaleza”.

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