La Justicia puso la lupa sobre la búsqueda del ARA San Juan y ordenó varias indagatorias

Si bien por el monto involucrado en los servicios hubiera correspondido una licitación pública internacional, “la urgencia del caso ameritó recurrir a la calificación de contratación directa, lo que no evita la compulsa de precios entre distintos oferentes, pero acorta sensiblemente los plazos que median entre el llamado a cotizar y la adjudicación“, explicaron especialistas en contrataciones de la cartera que conduce Oscar Aguad.

Fue así que 9 firmas entre locales y extranjeras se presentaron a la contienda, utilizando el sistema web montado por la Oficina Nacional de Contrataciones. El 2 de mayo se efectuó la apertura de ofertas (económicas y técnicas) y se dio paso a la etapa de control cruzado entre los propios oferentes a quienes la ley habilita a presentar objeciones e impugnaciones respecto a las ofertas de cada participante.

También fruto de la necesidad de evitar dilaciones innecesarias, se recurrió a un recurso que el sistema de contrataciones del Estado permite y que consiste en solicitar a quien impugna la constitución de un depósito equivalente al 3% de la oferta impugnada. Si la impugnación resulta procedente, el importe es reintegrado al impugnante. Pero si la impugnación resulta infundada o fue meramente realizada con el propósito de dilatar los tiempos de adjudicación, el monto en caución no es devuelto.

En poco más de una semana, los pliegos de oferta fueron analizados por la comisión evaluadora que funciona en el Ministerio de Defensa. La misma está integrada por funcionarios civiles y militares. Para el caso de los uniformados, sus miembros provienen de las distintas fuerzas que son destinadas por un periodo de tiempo determinado.

La labor de cualquier comisión evaluadora consiste en: analizar técnica y administrativamente los pliegos presentados por los oferentes, desestimar aquellas ofertas que no reúnan los requisitos exigidos, convocar a aquellos oferentes que presentan defectos de forma en sus ofertas para que los subsanen a la brevedad y finalmente confeccionar un “orden de mérito” entre las propuestas que hubieran superado la etapa de preselección.

Del análisis de los antecedentes técnicos y propuestas económicas de los 9 oferentes, la comisión evaluadora del Ministerio de Defensa recomendó adjudicar las tareas a la firma española Igeotest Geosciencies SL. Cotizó un monto global de US$ 10.700.000.-

Fue en este punto donde la abogada Valeria Carreras (que representa a varias familias de los marinos desaparecidos junto con el San Juan) encontró lo que consideró una irregularidad que derivó en el actual llamado a indagatoria para los funcionarios que recomendaron la contratación. La firma pre adjudicada era una persona jurídica distinta a la que había sido inscripta para participar de la compulsa.

“Igeotest Geosciencies y exploraciones” es la razón social de la firma española que retiro los pliegos de licitación en forma virtual y que comenzó a transitar el camino para lograr la adjudicación. Pero es una persona jurídica distinta a “Igeotest Geosciencies SL” la empresa finalmente preadjudicada.

Ambas integran un pool de empresas españolas cuya cabeza visible es el argentino Marcelo Devincenzi, quien de acuerdo a lo que investiga la justicia en algún momento del proceso licitatorio cambió el número de registro de la firma (el equivalente al CUIT argentino) y pasó a operar con una empresa de nombre casi idéntico a la primera. La razón para este cambio obedeció a que la firma originalmente utilizada estaba en concurso de acreedores en España, lo que podría haber sido una causa de desestimación según la ley argentina.

Desde el Ministerio de Defensa y ante la requisitoria de Infobae destacan: “La irregularidad detectada por  Carreras es totalmente acertada. Al no tratarse de una firma radicada en el país, el artilugio utilizado por el dueño de ambas razones sociales, pasó inadvertido a los ojos de los evaluadores“.

También indican: “Lo que hay que resaltar es que los dictámenes de cualquier comisión evaluadora luego son auditados por la dirección de asuntos jurídicos que tiene cada dependencia del Estado y recién luego de ello, las recomendaciones de adjudicación son elevadas a la firma de la autoridad de adjudica”.

“La alerta surgida a partir de la denuncia de Carreras y de las propias observaciones planteadas desde la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, determinaron que se elevara el expediente a consideración de la Oficina Nacional de Contrataciones, la que como autoridad máxima en la materia, dictaminó que la oferta de “Igeotest” presentaba errores insalvables que ameritaban darla por desestimada” completan desde Defensa.

Por otra parte, no escapa al análisis de las autoridades militares consultadas que está situación debería ser resuelta en forma urgente. “Si la resolución judicial, libera de responsabilidad penal a los militares involucrados dentro de 5 años, sus carreras militares están terminadas. No pueden ascender mientras sean parte de un expediente judicial. Es algo que la justicia debería tomar en cuenta para que si son realmente inocentes, no sufran un daño irreparable en su vida laboral”, explicaron.

Luego de este intento fallido, el Ministerio de Defensa comisionó a la propia Armada para que lleve adelante un segundo llamado de licitación internacional. Esta nueva compulsa no recibió ninguna objeción, resultando ganadora la firma “Ocean Infinity” que actualmente se encuentra en plena operación de búsqueda.

La desaparición del San Juan cumplirá un año el próximo 15 de noviembre, fecha elegida casualmente por Martínez De Georgi para comenzar a indagar a los funcionarios del Ministerio de Defensa.