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La Justicia puso la lupa sobre la búsqueda del ARA San Juan y ordenó varias indagatorias

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La tragedia del submarino ARA San Juan generó un inesperado coletazo judicial. El juez federal Marcelo Martínez De Georgi citó a indagatoria a cuatro miembros de la comisión evaluadora que intervino en la primera licitación convocada por el Ministerio de Defensa para intentar dar con los restos de la embarcación desaparecida en noviembre del año pasado.

Las personas que podrán ejercer su derecho de defensa ante la Justicia Federal son Gustavo Dip, Rogelio Alfredo García Battista, Héctor Horisberger y Alberto Longhi (único civil).

Fue en el mes de abril, tras el operativo internacional de búsqueda y rescate del submarino y en medio de un insistente reclamo de los familiares de los 44 tripulantes, cuando el Ministerio de Defensa convocó a una “contratación directa” internacional en el marco de lo regulado por el decreto 1023/01 que es el que enmarca las compras y contrataciones del Estado Nacional.

Si bien por el monto involucrado en los servicios hubiera correspondido una licitación pública internacional, “la urgencia del caso ameritó recurrir a la calificación de contratación directa, lo que no evita la compulsa de precios entre distintos oferentes, pero acorta sensiblemente los plazos que median entre el llamado a cotizar y la adjudicación“, explicaron especialistas en contrataciones de la cartera que conduce Oscar Aguad.

Fue así que 9 firmas entre locales y extranjeras se presentaron a la contienda, utilizando el sistema web montado por la Oficina Nacional de Contrataciones. El 2 de mayo se efectuó la apertura de ofertas (económicas y técnicas) y se dio paso a la etapa de control cruzado entre los propios oferentes a quienes la ley habilita a presentar objeciones e impugnaciones respecto a las ofertas de cada participante.

También fruto de la necesidad de evitar dilaciones innecesarias, se recurrió a un recurso que el sistema de contrataciones del Estado permite y que consiste en solicitar a quien impugna la constitución de un depósito equivalente al 3% de la oferta impugnada. Si la impugnación resulta procedente, el importe es reintegrado al impugnante. Pero si la impugnación resulta infundada o fue meramente realizada con el propósito de dilatar los tiempos de adjudicación, el monto en caución no es devuelto.

En poco más de una semana, los pliegos de oferta fueron analizados por la comisión evaluadora que funciona en el Ministerio de Defensa. La misma está integrada por funcionarios civiles y militares. Para el caso de los uniformados, sus miembros provienen de las distintas fuerzas que son destinadas por un periodo de tiempo determinado.

La labor de cualquier comisión evaluadora consiste en: analizar técnica y administrativamente los pliegos presentados por los oferentes, desestimar aquellas ofertas que no reúnan los requisitos exigidos, convocar a aquellos oferentes que presentan defectos de forma en sus ofertas para que los subsanen a la brevedad y finalmente confeccionar un “orden de mérito” entre las propuestas que hubieran superado la etapa de preselección.

Del análisis de los antecedentes técnicos y propuestas económicas de los 9 oferentes, la comisión evaluadora del Ministerio de Defensa recomendó adjudicar las tareas a la firma española Igeotest Geosciencies SL. Cotizó un monto global de US$ 10.700.000.-

Fue en este punto donde la abogada Valeria Carreras (que representa a varias familias de los marinos desaparecidos junto con el San Juan) encontró lo que consideró una irregularidad que derivó en el actual llamado a indagatoria para los funcionarios que recomendaron la contratación. La firma pre adjudicada era una persona jurídica distinta a la que había sido inscripta para participar de la compulsa.

“Igeotest Geosciencies y exploraciones” es la razón social de la firma española que retiro los pliegos de licitación en forma virtual y que comenzó a transitar el camino para lograr la adjudicación. Pero es una persona jurídica distinta a “Igeotest Geosciencies SL” la empresa finalmente preadjudicada.

Ambas integran un pool de empresas españolas cuya cabeza visible es el argentino Marcelo Devincenzi, quien de acuerdo a lo que investiga la justicia en algún momento del proceso licitatorio cambió el número de registro de la firma (el equivalente al CUIT argentino) y pasó a operar con una empresa de nombre casi idéntico a la primera. La razón para este cambio obedeció a que la firma originalmente utilizada estaba en concurso de acreedores en España, lo que podría haber sido una causa de desestimación según la ley argentina.

Desde el Ministerio de Defensa y ante la requisitoria de Infobae destacan: “La irregularidad detectada por  Carreras es totalmente acertada. Al no tratarse de una firma radicada en el país, el artilugio utilizado por el dueño de ambas razones sociales, pasó inadvertido a los ojos de los evaluadores“.

También indican: “Lo que hay que resaltar es que los dictámenes de cualquier comisión evaluadora luego son auditados por la dirección de asuntos jurídicos que tiene cada dependencia del Estado y recién luego de ello, las recomendaciones de adjudicación son elevadas a la firma de la autoridad de adjudica”.

“La alerta surgida a partir de la denuncia de Carreras y de las propias observaciones planteadas desde la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, determinaron que se elevara el expediente a consideración de la Oficina Nacional de Contrataciones, la que como autoridad máxima en la materia, dictaminó que la oferta de “Igeotest” presentaba errores insalvables que ameritaban darla por desestimada” completan desde Defensa.

Por otra parte, no escapa al análisis de las autoridades militares consultadas que está situación debería ser resuelta en forma urgente. “Si la resolución judicial, libera de responsabilidad penal a los militares involucrados dentro de 5 años, sus carreras militares están terminadas. No pueden ascender mientras sean parte de un expediente judicial. Es algo que la justicia debería tomar en cuenta para que si son realmente inocentes, no sufran un daño irreparable en su vida laboral”, explicaron.

Luego de este intento fallido, el Ministerio de Defensa comisionó a la propia Armada para que lleve adelante un segundo llamado de licitación internacional. Esta nueva compulsa no recibió ninguna objeción, resultando ganadora la firma “Ocean Infinity” que actualmente se encuentra en plena operación de búsqueda.

La desaparición del San Juan cumplirá un año el próximo 15 de noviembre, fecha elegida casualmente por Martínez De Georgi para comenzar a indagar a los funcionarios del Ministerio de Defensa.

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El Senado Nacional, convirtió en ley el proyecto sobre Educación Ambiental Integral

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La Cámara de Senadores de la Nación aprobó este viernes por la madrugada, por unanimidad, la nueva normativa crea un organismo especial para funcionar como “principal instrumento de la política” para la enseñanza de esta materia “en todo el territorio nacional”

Que es la EAI (Educación Ambiental Integral).

El objetivo de la ley es asegurar un piso mínimo de actividades y contenidos por medio de una educación más abierta y dinámica, como pilar fundamental en la creación de esta conciencia ambiental, donde existe la necesidad de establecer procesos educativos que visualicen la crisis ambiental y sus alternativas post-pandemia”.

El Profesional, Lic. Matias Aciar, nos deja una breve reseña sobre la Ley de EAI (Educación Ambiental Integral)

Hablemos todo el mismo idioma.

(No es Medio Ambiente) – El “medio ambiente” no existe, su uso es una desviación idiomática que genera confusión, pero es bien aplicada la palabra “MEDIO” cuando se quiere identificar o definir: suelo, agua y aire, porque separadamente forman un “medio”, y es en su conjunto con otros componentes como conforman el AMBIENTE.

Qué dice la ley

La EAI (Educación Ambiental Integral), propone “un proceso educativo permanente con contenidos temáticos específicos y transversales, que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental. A su vez, se incorpora al artículo 92 de la Ley 26.206 de Educación Nacional que formará parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones: “La toma de conciencia de la importancia del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, su respeto, conservación, preservación y prevención de los daños”.

Es objeto de la presente ley definir la política de educación ambiental conforme lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución.

La Ley General del Ambiente N° 25675, Artículo 14 dispone que la educación ambiental constituye el instrumento básico para generar en los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población.

La educación ambiental y los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)

“De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.”

“El tema de la educación ambiental integral es una piedra basal en el mundo que se viene”.

#LeyDeEducacionAmbientalYA.

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Cuánto necesitó una familia Mendocina para no ser pobre ni indigente

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Según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE), las líneas de pobreza e indigencia para una familia compuesta por dos adultos y dos menores fueron, el mes pasado, de $52.578,10 y $20.947,45 respectivamente.

Una vez más la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE) dio a conocer las cifras que, oficialmente, determinan cuándo alguien es pobre o indigente. Y lamentablemente, una vez más también, los números están lejos de ser alentadores.

Tomando como referencia una familia tipo 2, que está compuesta por “un jefe de 35 años, un cónyuge de 31, una hija de 8 y un hijo de 5”, el organismo estatal informó que para no caer en la pobreza sus ingresos deben superar los de $52.578 mensuales. Y, para no ser indigentes, percibir al menos $20.947 cada mes.

Los números de la DEIE provienen de la llamada Canasta básica de alimentos (CBA), que definen como “el conjunto de bienes que satisfacen las necesidades nutricionales de las personas, teniendo en cuenta los hábitos de consumo de una población determinada. Por lo tanto, los hogares que cuenten con un ingreso menor al valor de la CBA, que fue de $ 20.947,45 en febrero, se consideran pobres extremos o indigentes”.

También, la mencionada Dirección local define cada mes el valor de la denominada Canasta Básica Total (CBT), que grafica “el conjunto de bienes y servicios que satisfacen las necesidades comunes de la población, teniendo en cuenta los hábitos de consumo de una población determinada. Por lo tanto, los hogares que cuenten con un ingreso menor al valor de la CBT, que fue de $ 52.578 en febrero, se consideran pobres.

 

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IMPORTANTE DONACIÓN DE INSUMOS RECIBIÓ EL HOSPITAL DE USPALLATA

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El Hospital de Uspallata recibió una importante donación de insumos por parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, a este acto concurrieron integrantes de la Iglesia, autoridades del Hospital de Uspallata y Delegación Municipal Uspallata.
La entrega se realizó en la Iglesia ubicada en Calle Las Heras, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Adrián Sidan, quien destacó la labor solidaria que cumplen en el mundo entero, llegando en esta oportunidad al valle de Uspallata, por su parte el Director del Nosocomio agradeció el gesto de la donación las que manifestó desde mañana mismo será parte de los insumos que servirán a los profesionales para afrontar esta pandemia.
• Camisolines SMS 45 grs – Cajón x 100u.
• Barbijos quirúrgicos tricapa – Cajón de 2000 u.
• Antiparras Fravida M.1702 – Caja x 30 u.
• Protectores faciales Apolo 11 – Caja x 1 unidad
• Guantes descartables (Cajón x 1000u) grande
• Guantes descartables (Cajón x 1000u) mediano
• Guantes descartables (Cajón x 1000u) chico
• Termómetro infrarrojo
• Alcohol en gel, 5L (Caja x 4 Bidones)

Finalizado el acto de entrega dialogamos con el representante de la Iglesia y Director del Nosocomio

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