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La falta de una ley antiterrorista integral dilata la investigación del ataque a la AMIA que ya lleva 26 años

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Dirigentes de la comunidad judía, legisladores, especialistas en derecho internacional y expertos en lavado de activos analizan las herramientas legales que surgieron en estos años y las que aún faltan para avanzar en la causa

A 26 años del atentado a la AMIA la extensa investigación judicial que se abrió en la Argentina sufrió idas y vueltas, profundos estancamientos y escándalos. Pero también hubo a lo largo de estos años una acumulación de herramientas legales que aportaron a la causa y otras que aún están a mitad de camino para que se avance de una vez en la acusación a los responsables del ataque terrorista que le costó la vida a 85 personas en 1994.

La incorporación de la agrupación libanesa Hezbollah en el Registro de grupos terroristas, la creación de la figura del arrepentido, una mayor persecución de los movimientos financieros de grupos extremistas o la aparición del agente encubierto formaron parte de algunas herramientas que ayudaron a profundizar la investigación judicial por la causa AMIA. Pero aún quedan pendientes otras herramientas legales tantas que encuentran resistencia política o jurídica en el país.

Ariel Eichbaum, presidente de AMIA y Miguel Bronfman, abogado de la entidad judía, coinciden en señalar que desde el atentado de 1994 hasta ahora hubo “parches legales” en la Argentina. Lo atribuyen a un tema que va al fondo de la cuestión: la ausencia de una ley antiterrorista completa y extensa como tienen muchos países avanzados para investigar a los grupos extremistas.

¿Por qué en la Argentina no hay una ley antiterrorista a 26 años del ataque a la AMIA?, preguntó Infobae a Bronfman.

“Hace muchos años que desde la AMIA reclamamos una ley antiterrorista integral pero aun hay resistencias a dar ese debate, temor a que se pueda incurrir en falta de libertades o porque quizás sea más cómodo seguir con un Código Penal que está lleno de parches”, respondió el abogado de AMIA.

En ese largo listado de “parches legales” que se dieron hubo salvedades que hicieron posible algunos avances judiciales: la figura del arrepentido en el proceso, el agente encubierto por causas de terrorismo o narcotráfico y el testigo de identidad reservada, enumeraron Bronfman y Eichbaum. Pero ambos coinciden en que todas estas figuras son “parches aislados” y que la Argentina se debe aun el debate por una ley antiterrorista moderna y eficaz.

Otro de los cuestionamientos que se hacen desde la AMIA es que los pedidos de alertas rojas de Interpol a los cinco iraníes acusados de perpetrar el atentado están vigentes pero por “trabas burocráticas” nunca se aplicaron de manera efectiva.

“Parece ser que la agenda diplomática debería estar más activa y ágil para poner en marcha los mecanismos de detención inmediata de alguno de los acusados”, explicó Eichbaum.

El resultado de estas trabas burocráticas de la diplomacia argentina o extranjera están a la vista: durante los últimos 26 años en varias oportunidades salieron de Teherán varios de los funcionarios iraníes acusados por el ataque terrorista a visitas oficiales en Bolivia, Rusia, Venezuela, Azerbaiyán, Malasia o Líbano pero nunca se los pudo capturar.

Por ejemplo, los funcionarios iraníes Ali Akbar Velayati y Ahmad Vahidi están acusados por la justicia de ser los cerebros del atentado terrorista a la AMIA y en más de una oportunidad salieron al exterior sin ser capturados a pesar de tener alertas rojas de Interpol. “Siempre llegamos tarde. Esto debería cambiar y corregirse”, señaló resignado el presidente de AMIA.

El polémico memorándum con Irán que impulsó el gobierno de Cristina Kirchner también fue eje de disputas y duros cuestionamientos. Luego de un largo derrotero jurídico y político esa herramienta legal que en el kirchnerismo creían la “tabla de salvación” para enjuiciar a los iraníes acusados del atentado, se desactivó por declararse inconstitucional en la Justicia.

“Aún no sabemos cuál era el objeto político que perseguía en el fondo ese memorándum. Pero lo importante es que caducó”, recordó Bronfman.

Registro de grupos terroristas

Durante los últimos meses de mandato de Mauricio Macri se incorporó al Registro de grupos terroristas que tiene la Argentina a la agrupación libanesa Hezbollah y esto permitió avanzar con el congelamiento de activos de ese grupo que tuvo conexiones directas con el atentado a la AMIA, según consta en la investigación judicial.

De esta manera, a la lista de agrupaciones terroristas que sugiere Naciones Unidas para perseguir a nivel mundial la Argentina agregó a Hezbollah. Con la llegada de Alberto Fernández al poder había dudas respecto de la continuidad de ese registro pero finalmente el Presidente optó por mantener a Hezbollah en el listado de grupos terroristas y esto fue bien recibido tanto en la comunidad judía de la Argentina como en Israel y Estados Unidos.

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El ex presidente de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) durante la gestión de Macri, Mariano Federici, explicó a Infobae que “las herramientas legales que hay ahora en la Argentina están relativamente bien”. Pero hizo una salvedad: “Lo que no está claro es la voluntad política”.

“Después de varios errores en el pasado, como la ley que promovió a fines de la década pasada tipificando como delito de terrorismo solo aquel que cometiera una organización y dejando por fuera al terrorista aislado, o lobo solitario, la cosa hoy está bastante subsanada y la ley capta todo lo esencial”, dijo Federici.

El ex titular de la UIF cree que actualmente habría que modificar los siguientes puntos de la legislación argentina para avanzar contra los grupos terroristas y las causas que investigan los ataque a la embajada de Israel o el atentado a la AMIA:

1- Ajustar la ley y para captar el tema de los Foreign Terrorist Fighters (combatientes terroristas extranjeros), que es una obligación del nuevo estándar internacional y la Argentina aún no lo tiene incorporada. “Aunque el riesgo es bajo y es más para los países desde los que emigran combatientes para sumarse a las filas de organizaciones terroristas, gran problema en países musulmanes, este es un cambio que se tiene que hacer, pero el riesgo operativo de no hacerlo resulta bajo.

2- La UIF tiene las facultades de congelamiento para los casos de financiación del terrorismo y se demostró su aplicación en el clan Barakat en la Triple Frontera con sus lazos con Hezbollah. Pero aun así, para Federici “el gran tema que está faltando es la tipificación del delito de proliferación de armas de destrucción masiva y el delito de financiación de dicha proliferación. Eso no lo tenemos”.

3- Con la tipificación de esos delitos haría falta ajustar el marco regulatorio para que la UIF pueda recibir Reportes de Operaciones Sospechosas relacionadas con este tema de la proliferación y su financiación y congelar activos en relación al mismo, asegura Federici. Y el registro que creó la agrupaciones terroristas también debería ajustarse para poder registrar a las personas y organizaciones que se vinculan con estos delitos de proliferación y su financiación, según el ex presidente de la UIF.

No opina lo mismo Félix Marteau, abogado de los familiares de Hernán Mendoza víctima del ataque terrorista en Manhattan de 2017 y ex coordinador nacional de políticas anti lavado en los gobiernos de Kichner y Macri. Este abogado de larga trayectoria en temas de lucha contra el terrorismo señaló a Infobae que “la lucha contra el terrorismo global supone una decisión sobre los enemigos concretos que estamos dispuestos a combatir. Esto no tiene nada que ver con los discursos banales sobre el terrorismo en abstracto que pronuncian a menudo nuestros dirigentes en fechas dolorosas”.

Así, Marteau propuso que “a Hezbollah hay que hostigarlo por ser una agrupación agresora de nuestra Nación y porque conspira contra nuestros aliados. Bajo la inspiración de ISIS asesinaron a nuestros ciudadanos en los Estados Unidos”, dijo y automáticamente se preguntó. “¿Qué más necesitamos para tomar posición contra el extremismo violento? Seamos sinceros, nuestro sistema normativo e institucional de inteligencia, investigación y represión del terrorismo atrasa tres décadas”, dijo.

Como abogado de uno de los rosarinos muertos en el ataque terroristas de Nueva York, Marteau señaló que tampoco en la Argentina existe hoy un programa de ayuda a las víctimas de este flagelo. “La última administración, que declamaba republicanismo, dejó en evidencia que el Estado está tomado por facciones que erosionan una agenda nacional en la materia: mientras los gerentes a cargo de los organismos especializados (como la UIF) no se perdían un solo meeting internacional, internamente bloqueaban la coordinación interna, la actualización legal, la intervención en los canales clandestinos de dinero, y la evaluación nacional riesgos de financiación del terrorismo. Es penoso, pero es la realidad”, dijo.

El diputado radical, Luis Petri, fue uno de los principales impulsores del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET) y por ello cree que eso “ha sido el principal avance en la lucha contra el terrorismo con implicancias en todas la región, permitiendo la cooperación y articulación con el mundo en su lucha”.

No obstante, este legislador de la UCR que sigue de cerca la causa AMIA y la lucha contra el terrorismo en la Argentina expresó a Infobae que “los retrocesos han sido varios y son los que explican los 26 años de impunidad. Entre ellos, la firma del Memorándum sin dudas y el asesinato del Fiscal Nisman a cargo de la causa AMIA son de los momentos más oscuros desde el atentando”, dijo.

Ariel Gelblung, Director del Centro Wiesenthal para América Latina es mucho más pesimista en términos de análisis de los aciertos y desaciertos en términos de herramientas legales en la Argentina. “Hubo algunos avances, como la designación de Hezbollah como organización terrorista y retrocesos enormes como el Memorándum. Pero en términos generales seguimos mal. Las declaraciones de funcionarios de gobierno y de la justicia de ese entonces apuntaban a no saber ni tener elementos para investigar un acto terrorista. Si tuviese lugar hoy, creo que escucharíamos las mismas excusas. La justicia no solo no se modernizó sino que está igual o peor”, expresó Gelblung.

Como ejemplo concreto de un avance firme y rápido de la justicia en casos de terrorismo el representante del Centro Wiesenthal recordó que en los Estados Unidos Sayfullo Saipov que mató en un atentado en Nueva York en 2017 a cinco rosarinos, fue detenido en el acto y de no haber sido por la parálisis que se generó por la pandemia del COVID-19 ya habría sido juzgado y estaría cumpliendo condena.

Ali Akbar Velayati y Ahmad Vahidi estan acusados por la justicia por ser los cerebros del atentado terrorista a la AMIA y en más de una oportunidad salieron al exterior sin ser capturadosAli Akbar Velayati y Ahmad Vahidi estan acusados por la justicia por ser los cerebros del atentado terrorista a la AMIA y en más de una oportunidad salieron al exterior sin ser capturados

Juicio en ausencia

La otra herramienta legal que está en debate en la Argentina y que no se pudo siquiera tratar aun en el Congreso es el juicio en ausencia para los acusados iraníes que no quieren presentarse en la Justicia argentina y escapan de los pedidos de detención de Interpol.

Desde la DAIA se impulsó en el Congreso junto con otras fuerzas políticas este proyecto de ley. Pero en los últimos años hubo resistencias. “Hay diferencias por el juicio en ausencia tanto en la oposición como en el oficialismo. Nadie se pone de acuerdo sobre una herramienta legal que nosotros hoy vemos necesaria”, dijo el titular de la DAIA, Jorge Knoblovits.

Desde la AMIA no están convencidos de que el juicio en ausencia sea una herramienta que ayude a cerrar la causa del atentado. “Necesitamos que los acusados iraníes cumplan su condena”, señaló tajante el abogado de la entidad judía.

No opina lo mismo el abogado Raúl Woscoff de la Fundación B’nai B’rith, quien cree que una ley de juicio en ausencia en la Argentina “sería importante para destrabar la inercia que hay actualmente en la causa AMIA y avanzar con la investigación de temas de mayor alcance como el tráfico de armas y terrorismo que hoy se dan en la región”.

Woscoff destacó que en países de la Unión Europea se avanzó en el juicio en ausencia para investigar causas de lesa humanidad con notable éxito. No sólo esto. El abogado de la fundación judía recordó un antecedente curioso de la historia argentina para el juicio en ausencia: la condena a Juan Manuel de Rosas en su exilio británico.

“Luego de la batalla de Caseros, y la huída del Juan Manuel de Rosas a Inglaterra, los unitarios clamaban venganza y justicia, si es que ambas cosas pueden ir juntas. La ley se sanciona, se determinan los delitos y avanza el proceso. Con arrepentidos y todo que habían colaborado con el principal imputado. Rosas es juzgado en ausencia, un antecedente que seguramente nutre el incipiente debate como rareza y testimonio de que no todo resulta tan nuevo bajo el sol”, dijo Woscoff.

El presidente de DAIA cree que en lugar de ello la Argentina debería avanzar en un futuro inmediato en una agenda tendiente a “internacionalizar la causa AMIA”. Esto implicaría que se investigue en el ámbito de la ONU con especialistas y diplomáticos una causa que en el país aparece trabada en la actualidad.

El diputado del PRO, Waldo Woff, es mucho más pesimista que aquellos que plantean salidas alternativas o herramientas legales para llegar a la verdad en la investigación del atentado a la AMIA.

“Más allá de las herramientas que se pongan en discusión, lo que hay que tener en cuenta es que cuando la instrucción sobre la escena del hecho está mal hecha es muy difícil saber después qué pasa. La investigación del atentado a la AMIA es una matriz que nace con el molde mal hecho. Después esta todo mal”, dijo Wolff a Infobae.

En este sentido, el diputado del PRO remarcó que “no es casualidad” que en la Argentina no se haya podido resolver ninguno de los ataques terroristas, ni el memorándum con Irán o la muerte del fiscal Alberto Nisman. “Cuando la instrucción de la causa sobre la escena del hecho se hace mal, con torpeza y sabotaje después los argentinos escribimos un tango de por vida donde cada uno opina una cosa y pagan los inocentes”, concluyó.

La causa del atentado a la AMIA lleva 26 años con una larga lista de avances y retrocesos legales mientras que los familiares de las 85 víctimas fatales siguen reclamando justicia cada año que pasa.

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Scioli se reunió con Bolsonaro para buscar una solución al conflicto por el trigo: “La exportación a Brasil está garantizada”

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El embajador aseguró que el presidente brasileño se comprometió a mantener el comercio con la Argentina

exportaciones de maíz tuvieran alguna relación con este hecho. “Son dos cosas que van por caminos separados. Además, lo del trigo ya viene de antes”, sostuvo.

Bolsonaro y Scioli, este mediodíaBolsonaro y Scioli, este mediodía

El embajador argentino cumplió 64 años hoy y por eso Bolsonaro le obsequió una botella de cachaza, la tradicional bebida brasileña, como regalo. Scioli había mantenido un diálogo el martes en Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, con Pedro Miguel da Costa, secretario de negociaciones bilaterales y Mercosur, para tratar el decreto de la discordia. Allí no había conseguido que se destrabara demasiado la situación.

Luego también se juntó con los dirigentes de ABITRIGO (Asociación Brasileña de la Industria del Trigo), la cámara empresarial que agrupa a los principales molinos de Brasil y que preside Rubens Barbosa. De allí sí se había llevado buenas sensaciones y compromisos de la compra del cereal argentino.

Scioli publicó un tuit en su cuenta donde manifestó su satisfacción por el resultado de su reunión con el jefe de Estado brasileño. “Agradezco al presidente @jairbolsonaro nuestro encuentro y el regalo en el día de mi cumpleaños. Me manifestó que vamos a seguir profundizando nuestra relación y me dio la tranquilidad que están garantizadas las exportaciones de todo el trigo argentino a Brasil”, escribió en Twitter.

El lunes pasado Scioli había expresado su preocupación por el Decreto 10.557 de Brasil en el que se habilitaba una cuota de importación mínima, de forma permanente, de 750 mil toneladas de trigo por fuera del Mercosur con un arancel de importación del 0%, un beneficio reservado a los países del bloque regional. Esto venía ocurriendo en la práctica desde 2019 por un compromiso que Bolsonaro había asumido ante el presidente estadounidense Donald Trump, pero de forma extraordinaria.

Las exportaciones de trigo a Brasil representan el 15% del total para Argentina, aunque en el último año decayó la participación argentina en cantidad de toneladas de 5,4 millones en 2019 a 4,3 millones en 2020. A Scioli le aseguraron que, por este decreto, Argentina no perderá terreno frente a otros competidores como Canadá o Estados Unidos.

Por otro lado, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, recibió hoy al nuevo embajador de Brasil en Buenos Aires, Reinaldo José de Almeida Salgado, con quien mantuvo una reunión en la que se abordaron temas de la agenda bilateral y del Mercosur.

Coincidieron en la relevancia que el Mercosur tiene para ambos países y la necesidad de aunar los esfuerzos para consolidar y profundizar el proceso de integración en un contexto regional e internacional complejo, producto de la crisis sanitaria por covid-19, que impactó en las economías de los dos países.

Ambos funcionarios, además, conversaron sobre la conmemoración de los 30 años del Mercosur que se cumplirán el 26 de marzo y analizaron los temas de la agenda prioritaria regional. También concordaron en avanzar en la profundización del bloque en el presente año 2021 durante las presidencias pro témpore del bloque regional que liderarán Argentina y Brasil en el primero y segundo semestre del año, respectivamente.

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Vacunas contra el COVID-19: Alberto Fernández negociará con Moderna y espera que Pfizer acepte su última propuesta legal

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Mientras tanto, la cartera de Salud regatea el precio final de la Sinopharm china. Además, en Balcarce 50 aguardan que la segunda dosis de la Sputnik V rusa llegue a Buenos Aires en una semana

Alberto Fernández iniciará esta semana una inesperada negociación con la empresa farmacéutica Moderna, que recibió de la Casa Blanca cerca de 1.000 millones de dólares para producir un antídoto eficaz contra el COVID-19. La vacuna de Moderna ya fue aprobada en los Estados Unidos, es efectiva en los grupos de riesgo de mayores de 60 años y su precio ronda los 35 dólares.

El Presidente lideró conversaciones con AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm y el Fondo Ruso de inversión Directa, pero no estaba en su agenda abrir una negociación con la compañía Moderna. Sin embargo, el contacto institucional se produjo la semana pasada y ahora hay una posibilidad de cerrar la provisión de una vacuna eficaz que ya fue vendida a la Unión Europea, Japón, Canadá, Reino Unido e Israel.

Moderna compite a nivel global con Pfizer y observó que esta empresa asociada a BioNtech protagoniza una fuerte pulseada legal con la Casa Rosada que trabó la provisión de miles de vacunas, las cuales podrían haber llegado a principios de enero. En este contexto, Moderna se movió rápido y la audiencia con Alberto Fernández se dará esta semana en Balcarce 50.

“Yo quiero vacunas. Y me voy a sentar conversar con Moderna. Ya fue aprobada en Estados Unidos y tiene contratos con todo el mundo”, dijo el presidente en Olivos.

Alberto Fernández, la secretaria Carla Vizzoti y la asesora presidencial Cecilia Nicolini recibieron a dos asesores de Andrés Manuel López Obrador que lideran la lucha contra el COVID-19 en MéxicoAlberto Fernández, la secretaria Carla Vizzoti y la asesora presidencial Cecilia Nicolini recibieron a dos asesores de Andrés Manuel López Obrador que lideran la lucha contra el COVID-19 en México

Mientras aguarda que se confirme el día y la hora de su reunión con Modena, el jefe de Estado espera una respuesta del departamento jurídico de Pfizer. La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, remitió a Estados Unidos la última propuesta del Gobierno para lograr un equilibrio entre las necesidades de inmunidad que pretende Pfizer y los derechos soberanos de la Argentina.

Todavía no llegó la réplica de la compañía de los Estados Unidos, pero Alberto Fernández ya sospecha que no sólo se trata de un asunto jurídico. El Presidente recibió a dos altos funcionarios de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la conclusión que quedó después del encuentro es que Pfizer está en dificultades para cumplir con sus contratos de provisión de vacunas.

En este contexto, se entiende la visita fugaz a Buenos Aires de Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, y Efraín Guadarrama Pérez, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

López-Gatell Ramírez y Guadarrama Pérez le pidieron al Presidente un contacto con el Fondo Ruso de Inversión frente al virtual incumplimiento de contrato de Pfizer. Los asesores de AMLO revelaron a Alberto Fernández que tienen pocas vacunas de Pfizer -en relación al contrato vigente- y que necesitaban acercar posiciones con el Fondo Ruso para lograr una rápida provisión de la vacuna Sputnik V.

La vacuna rusa, embarcada en un avión de Aerolíneas Argentina rumbo a Buenos Aires (Presidencia)La vacuna rusa, embarcada en un avión de Aerolíneas Argentina rumbo a Buenos Aires (Presidencia)

El jefe de Estado tiene relación personal con López Obrador y puso a disposición a Cecilia Nicolini y Carla Vizzotti que protagonizaron las negociaciones con el Fondo Ruso para que llegaran las primeras 300.000 dosis de la Sputnik V. La asesora presidencial y la secretaria de Salud ya le abrieron la puerta del Fondo Ruso a los enviados mexicanos y la negociación ya se inició entre AMLO y Vladimir Putin.

-¿Cuándo llega la segunda dosis de la vacuna Sputnik V?-, le preguntaron anoche a Alberto Fernández.

El 15 de enero estarían llegando las 300.000 segundas dosis…-, contestó el Presidente.

-¿Y el resto prometido?

-Entre el 21 y el 31 de enero estarían llegando 4 millones de la primera dosis y un millón de la segunda. En febrero estarían entrando 6 millones de la primera dosis y 9 millones de la segunda. Y en marzo, otras diez millones de dosis. Ese es el cronograma que tenemos acordado con el Fondo Ruso.

Las 300.000 unidades de la segunda dosis de la Sputnik V serán transportadas por Aerolíneas Argentinas desde Moscú a Buenos Aires. Pero aún se desconoce el origen del resto de las vacunas prometidas por Alberto Fernández. Pueden provenir de Rusia, Corea del Sur o la India. Este dato todavía es una incógnita.

En tanto, las negociaciones emprendidas entre Ginés González García y la empresa Sinopharm aún continúan abiertas. La compañía china, que responde a las órdenes directas de Xi Jinping, propone un precio cercano a los 35 dólares por vacuna. Un número que el Ministerio de Salud aún regatea a la espera de una decisión política ejecutada por el presidente del gigante asiático.

Alberto Fernández asume que China pretende vender su vacuna por razones geopolíticas más que en términos de una disputa de market share en América Latina. Y por eso aguarda que Xi Jinping acepte cambiar cierto peso regional por un beneficio económico que siempre sería menor al softpower obtenido en un área de influencia que pertenece a los Estados Unidos.

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Amado Boudou espera una “solución política pronta” para los kirchneristas condenados y aclara: “Yo nunca pedí un indulto”

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Habló el mismo día que se publicó una solicitada para pedir su libertad. Atacó a la Corte y dijo que la “democracia está condicionada” por los jueces.

El mismo día que salió la solicitada para reclamar por la libertad de Amado Boudou, el exvicepresidente aseguró que nunca pidió un indulto ante la condena ratificada por la Corte por corrupción, pero insistió con reclamar “una solución política pronta” para los kirchneristas que están condenados o con procesos abiertos. Fue horas después de que el presidente Alberto Fernández asegurara en una entrevista con Clarín que no aplicará ningún indulto.

Boudou, asimismo, se manifestó contra la resolución del juez Daniel Obligado que el 30 de diciembre revocó su prisión domiciliaria. En ese contexto, dijo que detrás de esa decisión hubo un intento de tapar la agenda oficial del proyecto del aborto legal, la llegada de la vacuna rusa y la ley del cambio de movilidad jubilatoria.

“Había que tapar esto y recurrieron a un viejo nombre para hacerlo el último dia del año. Es tapar una agenda además de continuar con la persecución. Lo mismo va a pasar este año. No tengo ninguna duda de que la agenda electoral para este año va a estar opacada por la agenda judicial sobre la vicepresidenta“, señaló Boudou en una entrevista de más de una hora con radio El Destape.

“Yo será una anécdota más en una historia -siguió el exfuncionario- estoy preparado para enfrentar todo lo que tenga que enfrentar sin arrepentirme nada de lo que hice, pero el problema político es severo y tiene que ver con que si el Gobierno va a poder gobernar o no, o solo va administrar”,

Añadió: “Nunca pedí un indulto; lo que dije siempre es que me gustaría que hubiera un juicio para demostrar que fue armado, que el juez (Pablo) Bertuzzi fue una especie de juez Moro en la Argentina, que se disfrazan de jueces para jugar a la política”.

Consultado sobre las palabras del presidente sobre el indulto, Boudou señaló: “Yo no soy quién para decir cuál es la herramienta idónea para resolver esta situación que el presidente ya dijo que es una catástrofe (…) No tengo nada que decir sobre esta expresión; necesitamos que Argentina recupere un sistema de administración de leyes razonable y no el partido de la oligarquía que comanda hoy el sistema judicial”.

La Corte Suprema​

En ese sentido, Boudou le apuntó duramente al poder judicial. Dijo que con “las persecuciones políticas” y lawfare “el objetivo final está en que la Corte Suprema se convierta en garante de los poderes oligárquicos, de los poderes concentrados y minoritarios”.

Y consideró que “las condenas que provoca el poder judicial o las detenciones son la convalidación institucional de sentencias y condenas mediáticas”.

De este modo, Boudou le apuntó a los medios de comunicación por la resolución del 30 de diciembre: “Dos tapas de Clarín fueron suficientes para que el juez cambiaria, sin argumentos, su punto de vista que había tenido varios meses antes, y sin esperar los informes que había pedido al Servicio Penitenciario Federal”.

“Una democracia condicionada”

¿Imaginás una salida política pronta al tema de los “presos políticos”?, le preguntaron al exministro de Economía. Boudou respondió: “Yo espero que sí, no por mi caso, imaginate que ya pasé 3 años preso y 8 años de persecución permanente, sino por la democracia argentina”.

Completó: “Un país donde la principal perseguida política es la vicepresidenta elegida hace un año es una democracia condicionada que no tiene ningún destino porque es un mecanismo para que los gobiernos no puedan ejercer la representación popular”.

Mauricio Macri y la “mesa judicial”

Boudou, en ese marco, le apuntó duramente al gobierno de Mauricio Macri tanto desde el plano judicial como desde el económico. El economista consideró que fue un “gobierno orwelliano”, que fue la etapa “con menos independencia del poder judicial” que hubo en Argentina y le apuntó al ex ministro Germán Garavano.

Garavano tenía un conjunto de personas para articular o apretar con jueces o fiscales. Apretaron a camaristas para que dejen su lugar o los corrieron por decreto para poner personas que le servían a sus objetivos de persecución como el caso de Bertuzzi que fue el juez que me condenó a mi”, dijo.

Agregó: “Y después cuando este hombre (Bertuzzi) tiene que ir al Congreso a hacer el trámite constitucional decide no ir porque no puede explicar lo que hizo. De diez pliegos que envió el Presidente al Congreso, solo tres no fueron, los que no podían explicar por qué estaban ahí, cómo estaban ahí y qué habían hecho”.

Concluyó sobre el tema: “La pelea de que sigan ahi hoy es porque son los garantes de la impunidad de Macri. Hay una cobertura y arreglo de impunidad de estas personas sobre la figura de macri y su equipo”.

Respecto al plano económico, Boudou dijo que en el Congreso tiene que haber una investigación con consecuencias políticas y penales respecto a la deuda tomada en el gobierno de Macri.

Macri provocó que argentina sea el peor pais del mundo en deuda con el FMI. No se están diciendo las cosas como son y cuando no se dicen después no nos quejemos si personajes como estos pueden volver a tener lugares relevantes en el futuro”.

El Frente de Todos

Boudou reivindicó distintas medidas del gobierno de Fernández como el manejo de la pandemia, el IFE (“debe seguir”, dijo), la ley de las grandes fortunas (celebró el proyecto compartido de Máximo Kirchner y Carlos Heller), la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la de movilidad jubilatoria.

“La postpandemia no existe, el momento para tomar decisiones estructurales es este, pero entiendo que nuestro frente hay muchos puntos de vista y uno no se puede ofender, sino aportar en términos propositivos y cariñosos a sostener la unidad”, dijo. Entre esas decisiones, Boudou consideró que deben estatizarse ahora los servicios públicos.

Al referirse por otra parte a las escuchas judiciales en la cárcel y esa causa en curso, dijo que no veía a los “republicanos” escandalizarse por eso. Y añadió: “No veo que nadie se escandalice demasiado por algo que es escandaloso ni siquiera nuestro gobierno”.

¿Volvería a ejercer la función pública?

En otro tramo del reportaje le preguntaron a Boudou si volvería a ejercer un cargo público en caso de que se cayera su condena  por Ciccone que lo inhabilita para hacerlo.

“A mi me interesa ser un militante y eso no me lo van a sacar con ninguna ley, podés ser militante desde la cárcel, tu casa y desde un cargo público también. No me van a callar, doblar, cambiar, ni siquiera sacar la alegría de trabajar y pelear por las cosas que siento y nuestro espacio tiene, que es amor e igualdad. Yo estoy para estar en el lugar que mis compañeros y compañeras y el pueblo piensen que puedo servir para algo. La respuesta es sí, claro que sí”.

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